Mas que una guerra contra el narcotráfico, una guerra por el petróleo.
“Si algo dejó claro Irak, es que las guerras por el petróleo jamás se presentan como tales. Se disfrazan de cruzadas por la libertad, batallas contra el mal y operaciones humanitarias”.
23 de Noviembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y miembro del Consejo de Edición de KontraPortada.
La reciente advertencia de Washington sobre una “creciente actividad militar” en el espacio aéreo de Venezuela ha reabierto un debate incómodo: ¿hasta dónde se parece la presión actual contra el gobierno de Nicolás Maduro al camino que llevó a la invasión de Irak en 2003? Las diferencias históricas y geopolíticas son evidentes, pero hay un factor que vuelve inevitable la comparación: el petróleo. Tanto Irak como Venezuela comparten una característica que pesa tanto como cualquier argumento de “seguridad” o “democracia”: son países sentados sobre enormes reservas de crudo.
En 2003, mientras se hablaba de “armas de destrucción masiva” y “terrorismo internacional”, Irak era uno de los grandes productores de hidrocarburos del planeta. No era solo una “amenaza” en el relato oficial de la Casa Blanca; era también una pieza clave del tablero energético mundial. Tras la invasión, el país quedó devastado, pero sus campos petroleros pasaron a ser objeto de disputa entre grandes compañías, contratos millonarios y reconfiguración del mercado. La guerra dejó un saldo dramático de muertos, desplazados y destrucción, pero también consolidó una verdad incómoda: el crudo fue, si no la única razón, al menos un incentivo estructural de primer orden.
Venezuela, por su parte, no es cualquier país en el mapa. Posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y durante décadas fue proveedor estratégico para Estados Unidos. El conflicto político con el chavismo, las nacionalizaciones y la pérdida de control de empresas extranjeras sobre sectores clave del negocio energético marcaron un punto de quiebre. Desde entonces, el discurso de Washington se endureció al mismo ritmo que se deterioraban las relaciones comerciales y se imponían sanciones dirigidas precisamente al corazón económico del país: su industria petrolera.
Aquí aparece el paralelismo más incómodo. En ambos casos, la “preocupación” por la democracia, los derechos humanos o la seguridad internacional avanza de la mano de una disputa por el control de recursos estratégicos. En Irak, la retórica habló de liberar a un pueblo oprimido de un dictador peligroso; en Venezuela, de restaurar la “democracia” frente a un gobierno considerado ilegítimo. Pero detrás de las palabras, en los dos escenarios hay una misma pregunta de fondo: ¿quién debe controlar y beneficiarse de esas enormes reservas de petróleo?
La construcción de la amenaza sigue un patrón reconocible. En Irak, se fabricó el miedo a un régimen que supuestamente poseía armas capaces de desatar el caos global. En Venezuela, se teje la imagen de un “narco-régimen” aliado de potencias rivales, que desestabiliza la región y pone en riesgo la seguridad hemisférica. En ambos casos, el enemigo no es solo interno, sino global: un dictador que no solo oprime a su pueblo, sino que amenaza al mundo. Y en ambos, casualmente, ese enemigo controla una llave energética que Estados Unidos considera vital.
Al mismo tiempo, la comparación tiene límites. Irak venía de una historia de guerras, poseía un ejército numeroso y había utilizado armas químicas en el pasado. Venezuela no tiene esa trayectoria ni esa capacidad militar ofensiva.
La amenaza que encarna no es la de un ejército que pueda atacar a otros países, sino la de un gobierno que, para Washington, altera el equilibrio de poder en una región donde el petróleo, el gas y los minerales críticos serán cada vez más determinantes en la transición energética global.
La diferencia también está en el contexto internacional. Cuando se invadió Irak, el mundo unipolar dominado por Estados Unidos parecía indiscutible. Hoy, el escenario es otro: Rusia, China e Irán tienen presencia en Venezuela, ya sea en inversiones, acuerdos energéticos o cooperación militar. Una intervención directa contra Caracas ya no sería solo un asunto interno de la política estadounidense; correría el riesgo de convertirse en el punto caliente de una disputa abierta entre potencias. Es decir, lo que en Irak fue una guerra “lejana”, en Venezuela podría convertirse en una chispa hemisférica y global.
Sin embargo, que una invasión abierta sea menos probable no significa que la lógica de presión haya desaparecido. Al contrario: se ha sofisticado. Las sanciones petroleras estrangulan la economía venezolana; los bloqueos financieros limitan la capacidad del Estado de gestionar sus recursos; las advertencias militares, como las alertas sobre el espacio aéreo, refuerzan la imagen de un país peligroso, inestable, casi “intocable” para la aviación civil y para los negocios. Es una forma de guerra menos espectacular que los bombardeos de 2003, pero que golpea con la misma constancia: día a día, sobre la población y sobre la soberanía económica del país.
Lo que une a Irak y Venezuela no es solo el petróleo como recurso, sino el petróleo como argumento silencioso. Mientras los discursos hablan de democracia, libertad o estabilidad regional, las decisiones clave giran alrededor de quién controla el flujo de crudo, quién fija las condiciones de explotación, quién define el destino de las rentas. En este sentido, los fantasmas de Bagdad planean sobre Caracas: se repiten las campañas de demonización, las apelaciones selectivas a los derechos humanos, los movimientos militares “preventivos” y las presiones para forzar un cambio de gobierno.
Venezuela no es Irak, y Nicolás Maduro no es Saddam Hussein. Pero el peligro está en que se repita el guion de fondo: convertir un conflicto político complejo, con raíces internas e históricas, en una cruzada “moral” dirigida desde fuera y motivada por intereses estratégicos sobre el petróleo. Las consecuencias de esa receta ya son conocidas: destrucción del tejido social, fractura regional, debilitamiento del derecho internacional y, al final, un país rico en recursos convertido en territorio de disputa y saqueo.
La verdadera pregunta que debería hacerse hoy la comunidad internacional no es si caerá Maduro ni cuándo, sino a qué costo y bajo qué condiciones. Porque una cosa es que un pueblo, por vías democráticas y soberanas, redefina su destino y la gestión de su petróleo; y otra muy distinta es que el futuro de esa riqueza se decida entre sanciones, maniobras militares, “alertas” aéreas y amenazas veladas de intervención por potencias extranjera.
Si algo dejó claro Irak, es que las guerras por el petróleo jamás se presentan como tales. Se disfrazan de cruzadas por la libertad, batallas contra el mal y operaciones humanitarias. Que Venezuela no se convierta en el capítulo siguiente de esa historia dependerá, en buena medida, de la capacidad de la región y del mundo de ver más allá de la retórica y reconocer lo que está en juego: no solo un gobierno, sino el derecho de un país a decidir sobre sus recursos sin la sombra permanente de los portaaviones y las sanciones.
