Tres trabajadoras narran el impacto que una decisión del Gobierno tuvo sobre sus ingresos y la estabilidad de sus hogares.

20 Septiembre 2026

El bloqueo presupuestario que atraviesa la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ya deja consecuencias directas sobre sus trabajadores, decenas de personas se  han quedado sin empleo en distintas regiones del país.

La suspensión de contratos ocurre en medio de una crisis de recursos que afecta el funcionamiento de la entidad y golpea directamente a quienes dependen de estos empleos para sostener sus hogares.

La falta de presupuesto llevó a la ARN a suspender, desde el 1 de septiembre de 2026, el contrato nacional de seguridad y vigilancia privada. La medida dejó sin trabajo a los celadores encargados de custodiar las sedes de la entidad.

El origen de la crisis está en el bloqueo de $68.266 millones destinados a la agencia. De ese monto, $53.000 millones corresponden a recursos retenidos en procesos contractuales generales y $15.266 millones permanecen congelados sin la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

Para los trabajadores afectados, las consecuencias van más allá de la suspensión de un contrato. La pérdida repentina de sus ingresos pone en riesgo la estabilidad económica de hogares que, en muchos casos, dependen principalmente del salario de quienes trabajaban como vigilantes.

En Bogotá, una de las trabajadoras afectadas cuenta cómo recibió la noticia y las consecuencias que tiene para ella y su hogar quedarse sin esta fuente de ingresos.