¿Silenciar la paz?

KontraPortada23 de agosto de 2026.Diez años después de la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, una decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella ha abierto una nueva controversia sobre el futuro de su implementación. Desde el martes 18 de agosto, las 20 Emisoras de Paz dejaron de producir y transmitir su programación territorial habitual y fueron conectadas a una señal centralizada desde Bogotá dedicada fundamentalmente a emitir música. La orden habría sido impartida por la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, quien asumió el cargo pocos días antes. Hasta ahora no se ha informado públicamente cuánto durará la medida ni cuáles serán los criterios utilizados para revisar los contenidos.

No estamos ante veinte emisoras públicas ordinarias cuya parrilla pueda analizarse exclusivamente como una decisión administrativa de un nuevo gobierno. Las Emisoras de Paz nacen directamente del Acuerdo Final de 2016.

El numeral 6.5 estableció la creación de 20 estaciones FM de interés público en las regiones más afectadas por el conflicto. Su misión quedó definida: hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo, informar sobre los avances de su implementación y, progresivamente, abrir espacios a víctimas, organizaciones comunitarias y actores de los territorios para promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz. Ese origen jurídico y político cambia la naturaleza de la controversia.

De la guerra a la palabra

Las emisoras fueron instalándose lentamente desde 2019. Chaparral, Ituango, Arauquita, Bojayá, Tumaco, San Vicente del Caguán, Puerto Leguízamo, Buenaventura, Tierralta y otros municipios escogidos tienen algo en común: son territorios que conocen directamente lo que significa la guerra colombiana.

Allí ocurrieron masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos y enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. En muchas de esas regiones la presencia institucional ha sido históricamente débil y la conectividad digital continúa siendo limitada. Precisamente por eso el Acuerdo entendió la comunicación como parte de la construcción de paz.

En diciembre de 2024 quedaron instaladas las cuatro estaciones que faltaban y Colombia completó las veinte previstas. La Unidad de Implementación del Acuerdo presentó entonces ese resultado como cumplimiento del 100 % de este componente del punto 6.5.

Pero existe una diferencia fundamental entre tener veinte transmisores encendidos y tener veinte Emisoras de Paz funcionando conforme a su misión. El propio Ministerio TIC informó en su balance correspondiente al primer trimestre de 2026 que las veinte estaciones continuaban produciendo contenidos en 18 departamentos y generaron 6.963,5 horas al aire durante esos tres meses, con unas 43 horas semanales de programación local por emisora. Los contenidos abordaban desde implementación del Acuerdo hasta cultura indígena, participación de las mujeres y construcción de paz en los territorios.  Cinco meses después, esa producción territorial ha sido interrumpida.

El impacto no puede medirse solamente en horas de radio

La decisión afecta a una audiencia potencial superior a 463.000 personas, según la información recogida por Rolling Stone, entre ellas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes asentadas en municipios PDET.Para una persona que vive en Bogotá, Medellín o Cali, sustituir una emisora local por música puede parecer un cambio menor. Para una comunidad rural del Chocó, Cauca, Putumayo o Arauca, la situación es diferente.

La radio informa sobre carreteras, problemas de servicios públicos, situaciones de seguridad, actividades comunitarias, proyectos productivos y acontecimientos que difícilmente encuentran espacio en los grandes medios nacionales. Pero las Emisoras de Paz añadieron otra dimensión: permitieron que territorios históricamente narrados desde afuera comenzaran también a narrarse a sí mismos.

El ejemplo de Ituango resulta revelador. En una región atravesada por las masacres de La Granja y El Aro y por décadas de confrontación armada, la emisora produjo contenidos sobre población campesina, cultura, medio ambiente y vida comunitaria. La construcción de paz dejaba entonces de ser exclusivamente el discurso de funcionarios desde Bogotá y adquiría la voz de quienes habían vivido la guerra. Centralizar esa programación significa perder precisamente esa característica.

¿Una decisión administrativa o un incumplimiento del Acuerdo?

Aquí aparece el problema político y jurídico. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), junto con la Misión de Observación Electoral y AMARC, rechazó la suspensión y advirtió que restringe el acceso a información local y puede desconocer obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz. La FLIP recordó además que el Acto Legislativo 02 de 2017 obliga a las instituciones del Estado a actuar de buena fe en el cumplimiento de lo pactado.

El senador Iván Cepeda anunció una acción de tutela contra el Ministerio TIC e Inravisión por considerar vulnerados los derechos a la información, la libertad de expresión y la paz.

El Gobierno, por su parte, ha anunciado una transformación más amplia del sistema de medios públicos y sostiene que pretende construir medios independientes y al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, hasta el momento no ha explicado específicamente por qué para realizar esa revisión era necesario interrumpir simultáneamente la programación territorial de las veinte Emisoras de Paz. Ese vacío resulta central.

Un gobierno tiene facultades para revisar la administración de los medios públicos. Puede auditar contratos, examinar gastos, evaluar contenidos y modificar procedimientos. Lo que está en discusión es si esas facultades permiten vaciar temporalmente de contenido una herramienta creada expresamente para cumplir un compromiso del Acuerdo de Paz.

Una señal preocupante para la implementación

La controversia adquiere todavía mayor importancia porque estas emisoras pertenecen al punto 6 del Acuerdo Final: implementación, verificación y refrendación. No constituyen una concesión política de Gustavo Petro que el gobierno siguiente pueda simplemente deshacer por considerarla parte del proyecto de su antecesor. Su origen es anterior al gobierno Petro.

Funcionaron durante las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro y las últimas cuatro fueron inauguradas en diciembre de 2024. El Estado colombiano las presentó internacionalmente como un compromiso cumplido.

Por eso su suspensión plantea una pregunta incómoda: ¿puede considerarse cumplido un punto del Acuerdo porque existen las antenas y las frecuencias si desaparece la programación para la cual fueron creadas?

Formalmente las estaciones continúan transmitiendo. Materialmente, una parte esencial de su función está suspendida. Y esa diferencia importa. La paz territorial no se construye únicamente mediante desarme, reincorporación o inversión pública. También necesita información, memoria, reconocimiento de las víctimas y espacios donde comunidades que durante décadas fueron objeto de la guerra puedan convertirse en sujetos de la conversación pública.

Apagar esas voces mientras los transmisores continúan encendidos puede terminar siendo una forma particularmente paradójica de silenciar las Emisoras de Paz. La discusión, por tanto, no debería reducirse a si el Gobierno puede cambiar una parrilla radial. Lo que Colombia tendrá que determinar es si la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella constituye una reorganización temporal de los medios públicos o el comienzo del desmonte de una de las herramientas territoriales expresamente pactadas para implementar el Acuerdo de Paz.

Y esa respuesta dependerá, en buena medida, de lo que ocurra después de la suspensión: si regresan los periodistas y las comunidades a los micrófonos o si las veinte frecuencias permanecen encendidas mientras las voces para las que fueron creadas desaparecen de ellas.