“entre la diplomacia y los pueblos, la CELAC-UE busca su rumbo común”
Santa Marta, laboratorio de un nuevo diálogo birregional: poder, pueblo y promesa.
“Santa Marta 2025 quedará en la memoria no solo por la declaración que 58 países firmaron, sino por las muchas voces que, sin micrófono oficial, recordaron que la integración sin los pueblos no es integración, sino protocolo”.
10 de noviembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y miembro del Consejo de Edición de KontraPortada.
Entre el 7 y 10 de noviembre de 2025, Santa Marta se convirtió en el epicentro político del continente. La ciudad caribeña, bañada por los vientos de la Sierra Nevada y por siglos de mestizaje, acogió a jefes de Estado, diplomáticos, activistas y organizaciones sociales de ambos lados del Atlántico para la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC-UE. Durante esos días, el puerto natural de Colombia se transformó en una metáfora: un punto de encuentro entre dos mundos que, aunque distantes en historia y poder, comparten desafíos comunes.
Pero esta cumbre no se limitó al brillo de los salones oficiales. A su alrededor floreció un entramado de voces: el Foro de la Sociedad Civil ALC-UE (7-8 de noviembre) y la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe (8-9 de noviembre). Tres escenarios, una misma pregunta: ¿puede la integración birregional traducirse en justicia social, cooperación real y memoria histórica?
Los días 9 y 10 se desarrolló la plenaria de jefes de Estado de la CELAC (33 países) y la Unión Europea (27 miembros). Con la presencia de 58 delegaciones firmantes, la “Declaración de Santa Marta” se presentó como un manifiesto de renovación del vínculo birregional: defensa del multilateralismo, cooperación para la transición verde y digital, reformas al sistema financiero global, lucha contra la desigualdad y la criminalidad transnacional.
Sin embargo, el entusiasmo diplomático no fue unánime. Venezuela y Nicaragua se negaron a firmar el documento final, marcando una fisura formal del encuentro. Las razones, según trascendió, giraron en torno a párrafos alusivos al respeto de la democracia y a referencias implícitas a la guerra en Ucrania. En otras palabras, la geopolítica global volvió a atravesar la mesa birregional, dejando en evidencia que la unidad entre los dos bloques sigue siendo una mera aspiración más que una realidad.
Aun así, la cumbre consiguió avances concretos: el compromiso europeo de movilizar 7 000 millones de euros en inversiones a través del programa Global Gateway, y el anuncio de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina de aportar 40 000 millones de dólares para proyectos verdes. Un capital simbólico y financiero que, si se concreta, podría traducir la retórica en desarrollo sostenible.
Dos días antes del encuentro presidencial, el Foro de la Sociedad Civil ALC-UE había tomado la palabra. Convocado en el mismo marco, reunió a más de mil representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, redes feministas, juventudes, comunidades locales, pueblos indígenas y académicos de ambas regiones.
En sus debates se abordaron temas que rara vez logran espacio en las cumbres oficiales:
- La necesidad de una transición ecológica justa, que no repita las asimetrías históricas.
- La urgencia de una gobernanza digital inclusiva, que proteja datos y derechos.
- El reclamo por democracias reales, no formales, donde la participación ciudadana pese más que la lógica partidista.
- El llamado a igualdad de género, justicia social y fortalecimiento de los derechos humanos.
La declaración final del Foro, dirigida a los líderes reunidos en la cumbre principal, instó a que la cooperación birregional deje de ser un ejercicio de elites y se fundamente en la participación efectiva de las sociedades. En palabras de sus voceros, “la integración no se decreta: se construye con las comunidades”.
Este foro, aunque sin poder vinculante, actuó como termómetro moral del proceso: midió la temperatura social de una alianza que, si aspira a ser sostenible, deberá incluir a sus pueblos en la toma de decisiones. Sin esa dimensión participativa, el riesgo es claro: una integración sin ciudadanía es solo diplomacia comercial.
Mientras los gobiernos ultimaban acuerdos, en espacios alternativos de Santa Marta se celebraba la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Allí, movimientos campesinos, sindicales, indígenas y afrodescendientes articularon un manifiesto de relevancia más allá de los micrófonos oficiales.
Su Declaración Política, ampliamente difundida en redes sociales, fue tajante: “No habrá integración justa si se mantiene un modelo económico que excluye, destruye la naturaleza y reproduce desigualdades”.
El documento insistió en la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, en el derecho a una América Latina y el Caribe como zona de paz, en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la injerencia política en los asuntos internos de los países, la agresión política y mediática, así como la amenaza militar contra Venezuela, las medidas coercitivas y bloqueos económicos y comerciales, las políticas migratorias, laborales, educativas y la solidaridad internacional con los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y el pueblo palestino ante el genocidio de Israel. También denunció la violencia política y las violaciones a derechos humanos.
En esencia, la Cumbre Social expresó lo que los gobiernos no dicen en público: la necesidad de una transformación estructural del sistema global, no solo ajustes diplomáticos.
Un hecho singular distinguió esta edición: en paralelo a la agenda diplomática, el Gobierno de Colombia realizó el acto de reconocimiento oficial del genocidio de la Unión Patriótica (UP). El presidente Gustavo Petro, frente a más de mil quinientas víctimas y familiares, pidió perdón en nombre del Estado colombiano: “Este país debe reconocer que mató a su esperanza política”.
El gesto trascendió fronteras, no fue solo un acto de memoria, sino una declaración de política internacional. En medio de una cumbre de cooperación birregional, Colombia ofrecía una lección sobre reconciliación, responsabilidad y verdad. La memoria se convirtió en diplomacia ética.
En conjunto, los tres espacios —la cumbre de gobiernos, el foro ciudadano y la cumbre social— dibujaron un panorama de luces y sombras, entre lo positivo se destaca:
- El retorno del diálogo birregional tras años de distancia.
- La incorporación de temas emergentes: digitalización, economía verde, igualdad.
- La apertura, aunque incipiente, a la voz social y territorial.
Las Sombras:
- Las ausencias de algunos mandatarios europeos y las divergencias internas, como las de Nicaragua y Venezuela.
- La brecha entre el discurso y la acción: muchos compromisos aún carecen de plazos, presupuestos o mecanismos de verificación.
- El riesgo de que los foros sociales se conviertan en “decorado participativo” para legitimar el foro oficial, sin que se tenga una incidencia real.
En términos simbólicos, Santa Marta mostró dos caras: una diplomacia que busca reacomodarse en el tablero global y una sociedad que exige ser escuchada. Ambas parecen hablar el mismo idioma, pero no siempre se entienden.
Las cumbres suelen medirse por sus comunicados y sus fotos. Pero la verdadera medida de la IV Cumbre CELAC-UE y de sus eventos paralelos será lo que ocurra después: si los acuerdos firmados se traducen en proyectos concretos; si los foros sociales logran continuidad; si la ciudadanía percibe que la cooperación birregional mejora su vida cotidiana.
El Caribe colombiano, escenario de estos encuentros, nos dejó una imagen elocuente:
mientras en los hoteles de lujo se firmaban acuerdos de miles de millones, en los barrios y auditorios populares resonaban cantos y consignas por una integración “desde abajo”.
Esa convivencia, a veces tensa, a veces esperanzadora, es precisamente el retrato del momento que vive América Latina y el Caribe, un continente que busca en la cooperación con Europa no subordinación, sino reciprocidad.
Santa Marta 2025 quedará en la memoria no solo por la declaración que 58 países firmaron, sino por las muchas voces que, sin micrófono oficial, recordaron que la integración sin los pueblos no es integración, sino protocolo.
