2 de febrero de 2025.
Por Saín Jeí, politólogo.
Hoy propongo recuperar el concepto de raison d’État, traducido al español como razón de Estado. Las nociones que dieron forma a esta idea son tan antiguas como el germen mismo del Estado moderno. Ya en Maquiavelo, aunque no de manera explícita, y en Giovanni Botero, quien en 1589 publicó Della Ragion di Stato, encontramos la formulación de este concepto que, más que representar una anomalía, terminó expresando un factor sustancial e incluso fundante de las formas y prácticas del Estado y de la representación político-estatal moderna. Si bien sus primeras conceptualizaciones emergieron en la temprana teoría política moderna italiana, su materialización, incluso performática, se produjo en el Estado francés; de allí que usualmente este concepto sea usado en esa lengua.
En un plano más contemporáneo, Bob Jessop, politólogo marxista y profesor de la Universidad de Lancaster, retoma en su libro ‘El Estado: pasado, presente y futuro’ (2017) la razón de Estado como uno de los modos de representación del Estado moderno. Para Jessop, este refiere al proceso mediante el cual el Estado, o quienes lo gobiernan, intervienen en la realidad social sin pasar necesariamente por canales formales de representación, como el parlamento o los sistemas de participación. Dicha intervención suele legitimarse mediante la apelación a amenazas contra la seguridad del Estado o al llamado interés general de la nación, derivando incluso en actos ultra vires, es decir, acciones en las que el Estado excede sus propias competencias. En ese contexto, con frecuencia se confunden los intereses del Estado con los de quienes lo gobiernan.
La razón de Estado se materializa así en mecanismos informales de poder, en redes transversales a los canales formales de representación que operan en zonas grises donde resulta difícil establecer dónde comienza y dónde termina el Estado, o incluso la legalidad misma. La razón de Estado implica, en este sentido, una fetichización del orden estatal, donde actores no estatales pueden encarnar funciones propias del Estado en su sentido práctico, actuando en defensa de aquello que se asume como su racionalidad fundamental.
En el mundo contemporáneo, la razón de Estado puede rastrearse más allá de las fronteras del Estado nación y expresarse a escala global. A nivel internacional, se observa en la llamada lucha del Norte Global contra el terrorismo y el narcotráfico, que puede materializarse tanto en intervenciones militares de carácter imperialista como en prácticas represivas hacia su propia población, como ocurre con el accionar de ICE en Estados Unidos.
En el caso colombiano, el paramilitarismo se ha configurado como una de las expresiones más visibles de esta lógica. La socióloga colombiana Vilma Franco lo denominó, en clave gramsciana, como bloque de poder contrainsurgente. Donde, más allá del paramilitarismo como fenómeno, la formación social y el bloque de poder dominante que lo originó desborda su encarnación en estructuras específicas como lo fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo que puede tener múltiples formas de expresarse en la realidad.
El paramilitarismo y el bloque de poder contrainsurgente han sido una red que opera dentro y fuera del Estado e influyen en el cómo se moldean sus formas de funcionamiento y representación. Ello revela, en realidad, los modos de construcción de la estatalidad por parte de un sector significativo del bloque de poder dominante colombiano. Es en ese marco donde puede leerse la manera en que la razón de Estado ha encontrado formas concretas de materialización en Colombia.
Así, el uribismo y la extrema derecha son un producto de esas formas históricas de representación y acción política del bloque de poder dominante, el cual oscila entre sectores oligárquicos y actores económicos regionales que se mueven en la frontera entre la legalidad, como la ganadería por ejemplo, y economías abiertamente ilegales, como el narcotráfico. Allí se ha configurado también el eje narrativo que legitima su ejercicio del poder.
Alguna vez un amigo me contó una historia. Como muchos profesionales de las ciencias sociales en Colombia, él trabajaba en temas humanitarios y de derechos humanos. En el marco de su labor visitó una cárcel de alta seguridad, una de tantas que permanecen hacinadas. Durante una actividad con personas privadas de la libertad que habían participado en distintos actores del largo y complejo conflicto armado colombiano, coincidieron un exjefe paramilitar del Caribe y un exguerrillero que esperaba ser amnistiado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
El debate entre ambos transcurría con un tono moderado, más cercano al de quienes discuten en una cantina cualquiera, que al de hombres que habían hecho de la guerra su cotidianidad. Lo que mi amigo encontró verdaderamente paradójico y anecdótico fue el tema de la discusión: qué debía hacer el entonces recién llegado gobierno de izquierda frente a las bandas urbanas. El exparamilitar, molesto con que dichas bandas fueran catalogadas como sucesoras del paramilitarismo, sostenía que era necesario acabar con la delincuencia y que el Estado debía ser quien subordinara la ilegalidad mediante la mano dura, para lo cual, podría servirse de otros grupos que sí comprendían lo que implicaba ser “autodefensa” (revindicando así el proyecto de las extintas AUC). Aunque mi amigo nunca supo con precisión a qué grupos se refería aquel señor, la idea quedó resonando: para los paramilitares, unos actores ilegales podían ser utilizados para eliminar a otros actores ilegales y, de ese modo, restaurar el orden estatal.
Desde hace décadas, la ciencia política ha advertido que los fenómenos políticos pueden abigarrar características que, en principio, pertenecerían a polos normativamente opuestos. De allí surge, por ejemplo, la noción de anocracia, particularmente significativa para el caso colombiano[1]: regímenes formalmente democráticos que albergan prácticas propias de sistemas burocrático-autoritarios, más cercanos a estados de excepción permanentes, como dictaduras, que a democracias.
Aun contando con estas herramientas interpretativas, a varios sectores de la ciencia política colombiana les ha resultado difícil comprender cómo, en la realidad, se conjugan la ilegalidad, como el paramilitarismo, y la legalidad estatal, y cómo esta relación ayuda a explicar tanto el tipo de Estado colombiano como la persistencia del conflicto armado. Donde, en últimas, la posición del exjefe paramilitar expresa esta situación con claridad.
Hace algunos años, en el marco de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana, Cuba, con las entonces FARC-EP, el comisionado y padre jesuita Javier Giraldo describió esta situación como la esquizofrenia del Estado colombiano, señalando que:
“Para afrontar este problema, desde hace mucho tiempo la misma imagen del Estado y de sus responsabilidades, asimilada por sus agentes, sufre una escisión profunda, similar a la que sufren en su Yo los pacientes de esquizofrenia: se ha construido un “Yo estatal” legal e ideal, emanado del Estado de Derecho, a cuyos postulados y exigencias afirman ajustarse los agentes en sus desempeños, al lado de un “No-Yo estatal”, constituido por las prácticas perversas y criminales toleradas y asumidas por el Estado en acuerdos clandestinos, pero cuyos agentes y comportamientos son rotundamente negados como apoyados o relacionados de alguna manera con el Estado, a pesar de su real imbricación en su acción omisiva y aquiescente. Se llega así a la paradoja corriente en la cual, mientras un brazo estatal desplaza y masacra, otro brazo estatal denuncia, abre procesos judiciales inútiles y aprueba leyes de asistencia a las víctimas. Los dos brazos no entran en conflicto gracias a la escisión esquizofrénica del Yo estatal.”
Esta noción de esquizofrenia estatal se constituye como una expresión del abigarramiento producido en el sistema político colombiano, donde el Estado articuló elementos en apariencia opuestos, reflejando su carácter anocrático. Donde, la cuestión legalidad-ilegalidad se queda en la superficie jurídica de un fenómeno más profundo: el abigarramiento entre violencia autoritaria y mecanismos de representación democrática formal. De allí que, no resulta casual que el eslogan del mayor proyecto estratégico del Estado colombiano en el siglo XXI sintetice esta contradicción: la seguridad democrática.
Esto nos llevaría a pensar que lo dicho por aquel exparamilitar, y reproducido a lo largo y ancho de la narrativa propagandística de la derecha colombiana, no es solamente producto de la hipocresía. Realmente creen en eso. Es la manifestación de una razón de Estado a la colombiana, una fetichización del orden estatal según la cual actores estatales y no estatales actúan en defensa permanente de los fundamentos del Estado-nación moderno: la propiedad privada, aun cuando sea ilegal, y el control militar del territorio, aun cuando no se ejerza mediante un monopolio efectivo de la fuerza.
Esto nos permite entender que la reproducción del sistema político colombiano, y el tipo de Estado que tenemos, se garantiza por un bloque de poder dominante compuesto por actores que, aunque en ocasiones puedan entrar en conflicto (no es una junta de conspiración formalizada), resguardan los fundamentos del ‘ser’ estatal colombiano y el tipo específico razón de estado producido históricamente.
De allí se desprenden al menos dos reflexiones. La primera es que estas redes grises de poder constituyen un factor explicativo de muchos de los límites que enfrentó el gobierno de Gustavo Petro en los últimos cuatro años: acceder a un mecanismo formal de representación estatal, como la Presidencia de la República, no deshace el abigarramiento históricamente construido; de allí que, aunque la izquierda seamos gobierno, la oposición busca seguir representando al Estado y sus intereses. La segunda, aunque incómoda, es que, el conflicto que tenemos no es por ausencia del Estado en algunos territorios, sino por el contrario, nuestro conflicto se (re)produce por el tipo de Estado que tenemos. Cuando incluso desde la izquierda se afirma que el conflicto (o las violencias) posteriores a 2016 se explican por los “territorios vacíos” dejados por las FARC y no “llenados” por el Estado, no se hace otra cosa que reproducir la misma razón de Estado. Olvidando que el Estado colombiano interviene selectiva y estratégicamente, se hace presente para ciertos fines y se omite para otros.
Esta configuración del poder estatal, y de sus fundamentos como la propiedad privada, incluso cuando es ilegal, resulta funcional a la reproducción de la formación social existente: un sistema extractivista con una enorme acumulación de capital. Las dinámicas de la frontera agraria, donde se expanden los cultivos ilícitos, no producen grandes riquezas para los territorios ni para quienes los habitan; se expresan, más bien, en la acumulación del capital ‘lícito’ financiero en Bogotá y Miami, en la especulación inmobiliaria constante y en una ganadería extensiva poco productiva que, a su vez, sostiene estructuras de poder político, militar y electoral a escala regional, es decir, sostiene también mecanismos formales de representación política. Allí es donde las fronteras de lo legal y lo ilegal se difuminan.
En este contexto, aun si la izquierda vuelve a ganar la Presidencia como mecanismo formal de intervención estatal, persistirá esta contradicción que debemos vislumbrar para no perder de vista el objetivo de transformar el país y, con ello, el modelo estatal que lo sostiene. Allí, el pensar constituyente emerge como una alternativa fundamental, el cual no se trata solo de reformar la Constitución (en lógica constitucional), sino de constituir nuevos sujetos políticos capaces de intervenir en la realidad (en lógica constituyente).
Que primero Gustavo Petro, quien develó el entramado electoral del paramilitarismo en el Congreso de la República, y ahora Iván Cepeda, también develador de ese entramado y representante de las víctimas de la razón de Estado, lideren la participación de la izquierda en los mecanismos formales de representación puede ofrecernos un parte de tranquilidad. Sin embargo, la responsabilidad también recae en el campo popular en su conjunto, donde, frente al reto que representa el Estado colombiano, debemos pensar en coordenadas políticas que no reproduzcan el fetichismo estatal ni las formas históricas de la razón de Estado en Colombia.
En últimas, para terminar, el problema del conflicto armado nunca ha sido la debilidad del Estado, sino su forma histórica de hacerse presente. No como ausencia, sino como una razón que, en nombre del orden, ha aprendido a convivir con la ilegalidad para garantizar su propia reproducción. Frente a lo cual, estamos llamados a constituir procesos organizativos y políticos capaces de imaginar y crear la política que, no sólo transforme el tipo de Estado que tenemos, sino que, en clave de poder constituyente abierto sepa ir más allá de este.
Notas finales:
[1]Se recomienda la lectura del trabajo del profesor José Francisco Puello-Socarrás entorno a la caracterización del sistema político colombiano como una anocracia.
