La disputa por el pasado evidencia que la memoria no es ajena al presente: también influye en cómo una sociedad comprende sus conflictos y proyecta su futuro.

Retirar del Museo Nacional de Colombia piezas que documentan la violencia política, los procesos de paz y las luchas sociales de las poblaciones históricamente excluidas plantea interrogantes sobre la libertad de expresión, los derechos culturales y la preservación de la memoria histórica.

La decisión del Gobierno, ejecutada el 15 de octubre en Bogotá, ha sido cuestionada como un posible acto de censura estatal y ha reabierto el debate sobre las garantías de no repetición en un país marcado por décadas de violencia. La intervención incluyó el desmonte de más de 30 obras, fotografías y objetos de las salas “Hacer Sociedad” y “Memoria y Nación», espacios dedicados a representar procesos de organización ciudadana, diversidad, resistencia y transformación política.

Entre las piezas retiradas se encuentran el llamado “Balígrafo”, utilizado durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016; la bandera del orgullo LGBTIQ+ donada por la activista Elizabeth Castillo; material de campaña del dirigente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, y objetos relacionados con Carlos Pizarro, excomandante del M-19, también asesinado ese año.

El retiro abarcó, además, documentos vinculados con la Séptima Papeleta y la Constitución de 1991, publicaciones históricas de organizaciones de diversidad sexual, materiales de colectivos feministas y registros fotográficos de las luchas sociales en Colombia. También, fueron desmontadas piezas artísticas que abordaban las tensiones políticas y las realidades sociales del país.

En conjunto, estos elementos permitían aproximarse a distintas experiencias históricas, desde las reivindicaciones por derechos civiles hasta las transformaciones relacionadas con la participación política y la búsqueda de la paz.

La memoria histórica, en disputa

La controversia va más allá de la presencia o ausencia de determinados objetos en una exposición. La memoria histórica permite reconocer las experiencias de las víctimas, comprender las causas y consecuencias de la violencia y visibilizar las luchas de quienes han reclamado participación, igualdad y garantías de derechos.

Desde esa perspectiva, retirar representaciones de estos procesos puede limitar las oportunidades de conocer relatos que resultan fundamentales para comprender los conflictos y las transformaciones de la sociedad colombiana.

Los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa, por ejemplo, forman parte de una historia atravesada por el asesinato de dirigentes y la persecución política. Su presencia en un museo no implica necesariamente una exaltación de una figura, sino que también puede contribuir a documentar las circunstancias históricas en las que se desarrollaron estos acontecimientos.

La discusión se relaciona, asimismo, con las garantías de no repetición, entendidas como medidas dirigidas a evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a ocurrir. La preservación de archivos, testimonios y expresiones culturales puede contribuir a reconocer los hechos, transmitirlos a nuevas generaciones y fortalecer la reflexión pública sobre sus causas.

El argumento del Gobierno

Desde la perspectiva oficial, la revisión de las exposiciones busca evitar que los espacios estatales promuevan una interpretación ideológica de la historia. Sin embargo, la controversia está en los criterios utilizados para determinar qué piezas deben permanecer expuestas, qué interpretación se les atribuye y si las decisiones curatoriales responden a argumentos técnicos e históricos o, en cambio, responden a diferencias políticas.

El desafío de un museo nacional consiste en contextualizar los acontecimientos, incluso cuando involucran actores, organizaciones y procesos controvertidos. Exponer un objeto histórico no equivale necesariamente a respaldar las acciones de quien lo utilizó; puede permitir examinar sus significados, las circunstancias de su época y las consecuencias de los hechos asociados con él.

Diversidad y derechos culturales

Otro de los puntos sensibles de la intervención es el retiro de materiales que documentan la historia de las personas LGBTIQ+, las organizaciones feministas y las reivindicaciones por los derechos reproductivos. Entre ellos se encontraban ejemplares de la revista “La Ventana Gay”, documentos de colectivos, fotografías de las primeras movilizaciones por el reconocimiento de la ciudadanía plena y publicaciones relacionadas con las luchas de las mujeres.

Estas piezas permiten reconocer que la historia nacional no se limita a los acontecimientos institucionales ni a las figuras tradicionalmente consideradas protagonistas. También comprende las experiencias de comunidades que han tenido que organizarse para reclamar reconocimiento, enfrentar la discriminación y ampliar sus derechos.

La Constitución Política de 1991 establece principios como la igualdad, la libertad de expresión y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. En ese contexto, las críticas al retiro plantean si la exclusión de estas representaciones reduce la pluralidad de voces presentes en una institución pública.

Se ha interpretado el desmonte como una forma de invisibilización simbólica. Desde su perspectiva, retirar estas piezas de las salas permanentes puede transmitir la idea de que ciertas luchas y experiencias tienen menor legitimidad para formar parte de la historia compartida.

 

El sector cultural cuestiona la decisión

El retiro también abrió un debate sobre la autonomía curatorial y el papel de las instituciones culturales frente a los cambios de Gobierno. Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín expresaron conjuntamente su preocupación por la decisión y por la posibilidad de que las exposiciones sean modificadas por razones ideológicas.

La discusión gira alrededor de la responsabilidad de los museos de conservar, investigar, contextualizar y presentar el patrimonio desde perspectivas que permitan comprender la complejidad histórica.

Una exposición puede ser objeto de revisión académica y actualización curatorial, pero los criterios empleados para modificarla deben justificarse mediante criterios transparentes, argumentos documentados y procedimientos institucionales claros, especialmente cuando las piezas retiradas representan procesos de violencia, reivindicación social y ampliación de derechos.

En este escenario, la autonomía técnica de los equipos responsables de las colecciones adquiere importancia para evitar que las transformaciones de una exposición dependan exclusivamente de las preferencias políticas de cada administración.

Protestas frente al museo

Tras el retiro de las piezas, el sábado 17 de octubre artistas, ciudadanos y colectivos se congregaron frente al Museo Nacional para manifestar su rechazo. Durante la jornada, algunas personas instalaron reproducciones de las obras retiradas en la fachada del edificio, como una forma de devolver simbólicamente al espacio público aquello que había desaparecido de las salas.

Las manifestaciones escalaron durante la noche y se registraron disturbios y enfrentamientos que derivaron en la intervención policial. Las concentraciones continuaron el domingo, mientras se difunden pronunciamientos de diferentes sectores políticos y culturales sobre las implicaciones de la medida.

El Museo Nacional es un espacio de conservación y divulgación del patrimonio, pero también un lugar desde el cual se presentan interpretaciones de la historia. Por eso, las decisiones sobre sus exposiciones tienen una dimensión pública, ya que, inciden en los relatos que encuentran visibilidad, en cómo se contextualizan los acontecimientos y las herramientas que tienen las nuevas generaciones para conocer los procesos que marcaron al país.

Lo ocurrido deja abierta una pregunta que trasciende el debate entre sectores políticos:

¿Cómo puede Colombia avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición si las memorias que permiten comprender su historia se convierten en objeto de disputa ideológica?

La respuesta exige algo más que decidir sobre lo que permanece en una pared, requiere garantizar que el pasado pueda conocerse, discutirse y cuestionarse sin que las experiencias de las víctimas y las luchas por los derechos desaparezcan del relato colectivo.

Por: Laura Urbano

Periodista KP