y el Desmantelamiento del Estado de Bienestar Social del Sistema de Salud Belga y Europeo: Una Reflexión Crítica
“Es imperativo que reconozcamos la importancia de mantener la salud pública como un derecho fundamental y trabajemos incansablemente para preservar y fortalecer nuestro Estado de bienestar social”.
27/07/2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y del equipo de edición de KontraPortada
El sistema de salud belga, reconocido por su accesibilidad universal teórica y la alta calidad de la atención médica, se encuentra actualmente en una encrucijada crítica. La percepción de una «evolución regresiva» no es infundada; De hecho, refleja un proceso más amplio y sutil: la privatización silenciosa y el avance de políticas neoliberales que están erosionando los cimientos del estado de bienestar social, no solo en Bélgica, sino en gran parte de Europa.
Tradicionalmente, Bélgica ha operado bajo un modelo de seguro social obligatorio, financiado por cotizaciones sociales y subsidios gubernamentales, con una fuerte participación de las mutuales. Este modelo, aunque no es un sistema de salud completamente público al estilo del informe Beveridge en Inglaterra que proclama a mediados del siglo pasado por primera vez “el estado benefactor”, que se ha caracterizado por su solidaridad y aspiración a la equidad. Sin embargo, en los últimos 15 o 20 años, se observa una deriva preocupante.
La «privatización silenciosa» no implica necesariamente la venta masiva de hospitales públicos a entidades privadas, aunque esto ocurre en algunos contextos. En Bélgica y Europa, la privatización toma formas más insidiosas, como el sistema de cotización, que es quizás la manifestación más directa y palpable. La lógica neoliberal dicta que el usuario debe ser más «responsable» de sus costos sanitarios para contener el gasto público.
El incremento de las cotizaciones y las «facturas ocultas» empuja a los ciudadanos a costear una parte cada vez mayor de su atención médica. Esto crea una barrera de acceso significativa para los ciudadanos con menos recursos, para quienes una visita al médico, un medicamento o una estancia hospitalaria pueden convertirse en una carga financiera insostenible. La salud deja de ser un derecho garantizado para convertirse, progresivamente, en un bien de consumo al que se accede según la capacidad económica.
A medida que las cotizaciones aumentan y la cobertura del seguro obligatorio se percibe como insuficiente, crece la presión y la «necesidad» de contratar seguros privados complementarios para cada tipo de tratamiento, a menudo ofrecidos por las mismas mutuales o por aseguradoras privadas. Esto genera un sistema de salud de dos velocidades: uno para quienes pueden permitírselo y otro para quienes no, contradiciendo el principio de igualdad de acceso y solidaridad. La sanidad privada deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad de acceder a una atención rápida y completa.
Los hospitales públicos, obligados a operar con presupuestos ajustados y con lógicas de eficiencia empresarial, a menudo copiadas del sector privado, se ven presionados a priorizar la rentabilidad sobre el servicio. Esto puede llevar a la reducción de personal, la concentración de servicios rentables y el cierre de otros menos lucrativos pero socialmente necesarios. La gestión hospitalaria se «profesionaliza» bajo una lógica neoliberal, donde el paciente se convierte en «cliente» y el derecho a la atención en «servicio».
Cada vez más, servicios no esenciales, como la limpieza, el catering, la seguridad, la gestión informática e incluso algunos servicios médicos específicos son entregados a empresas privadas. Si bien puede argumentarse una mayor eficiencia, esto a menudo se traduce en peores condiciones laborales para los trabajadores y una menor supervisión sobre la calidad del servicio, además de una fuga de recursos públicos hacia el sector privado.
La privatización silenciosa no es un accidente, sino una consecuencia directa de un marco de pensamiento neoliberal dominante en las políticas económicas y sociales europeas, especialmente desde la crisis financiera de 2008, donde la obsesión por reducir la deuda pública y el déficit, bajo la influencia de instituciones supranacionales y la ortodoxia económica, ha llevado a recortes persistentes en el gasto social, incluyendo la salud. La lógica es que el Estado debe «gastar menos» y que el mercado puede ser más «eficiente».
Se promueve la desregulación y la mercantilización de los servicios públicos, bajo la premisa de que la competencia y la lógica del beneficio impulsarán la «innovación» y la «eficiencia». Esto, en la práctica, puede cumplir la misión social y universalista de los sistemas de salud. Sin embargo, las políticas neoliberales tienden a desplazar la responsabilidad del Estado al individuo. En salud, esto se traduce en culpar al «estilo de vida» o la «falta de previsión» del individuo por los problemas de salud, en lugar de reconocer los determinantes sociales, económicos y sistémicos de la enfermedad y el acceso a la atención.
Aunque Bélgica ha sido un Estado complejo, la descentralización de competencias en salud, que trata la Sexta Reforma del Estado, motivada por lógicas políticas internas, también encaja en la narrativa neoliberal de «reducir el tamaño del gobierno central» y «acercar la gestión al ciudadano», pero en la práctica ha generado una mayor burocracia, disparidades regionales y una coordinación deficiente, como se evidenció crudamente durante la pandemia del COVID-19.
El efecto acumulativo de estas tendencias es un menoscabo progresivo del Estado de bienestar social, donde la salud se convierte en un factor más de desigualdad, donde los más pudientes acceden a una atención de mayor calidad y rapidez, mientras que los más vulnerables enfrentan obstáculos crecientes.
por otro lado, el modelo solidario, donde los sanos contribuyentes para los enfermos y los ricos para los pobres, se debilita a medida que la financiación se desplaza hacia pagos directos y seguros privados.
La presión por la eficiencia y el control de costos a menudo se traduce en la sobrecarga laboral, salarios estancados y condiciones de trabajo precarias para el personal sanitario, lo que contribuye a la escasez de profesionales y al agotamiento. A largo plazo, estas dinámicas pueden socavar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, lo que debilita el contrato social del Estado de bienestar.
La «evolución regresiva» del sistema de salud belga no es una anomalía, sino un reflejo de las tensiones inherentes entre un modelo solidario de bienestar y la creciente presión de las políticas neoliberales. Reconocer esta «privatización silenciosa» es el primer paso hacia una reflexión crítica necesaria. El desafío reside en reafirmar la salud como un derecho fundamental y universal y movilizar la voluntad política para revertir estas tendencias. Es crucial fortalecer la financiación pública, reducir las barreras económicas al acceso y garantizar una atención equitativa y de calidad para todos, como pilar esencial de un verdadero Estado de bienestar social.
Esta reflexión debe servir como un llamado a la acción tanto para los profesionales de la salud como para los responsables políticos y la población en general. Debemos trabajar juntos para proteger y revitalizar nuestro sistema de salud público, asegurándonos de que siga siendo accesible para todos, independientemente de su situación económica. La salud es un derecho, no un privilegio, y debemos luchar para que así se mantenga.
Solo mediante un compromiso renovado con los principios de equidad y solidaridad podremos asegurar un sistema de salud verdaderamente universal y efectivo. Es imperativo que reconozcamos la importancia de mantener la salud pública como un derecho fundamental y trabajemos incansablemente para preservar y fortalecer nuestro Estado de bienestar social.
Esta lucha no solo beneficia a aquellos que necesitan atención médica hoy, sino que también garantiza un futuro más justo y saludable para las generaciones venideras. La salud, después de todo, es uno de los pilares básicos de una sociedad próspera y equitativa. Así que, hagamos todo lo posible para protegerla y promoverla.
