tensiones, poder y el futuro de la relación Colombia–EE.UU.
“Lo que Petro defenderá en la Casa Blanca no es una ruptura con Estados Unidos, sino algo más desagradable para Washington: una relación entre Estados soberanos que no aceptan imposiciones unilaterales”.
01 de febrero de 2026.
Hugo René Orejuela. KontraPortada
La reunión prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump representa uno de los momentos más delicados y reveladores de la relación binacional en las últimas décadas. No se trata de una cita protocolaria ni de un intento rutinario de “normalización” diplomática. Es, en esencia, un choque de visiones sobre el papel de Colombia en el hemisferio, los límites del poder estadounidense y la posibilidad, o no, de una relación basada en el respeto mutuo.
La antesala del encuentro ha estado marcada por una escalada de presiones sin precedentes recientes: amenazas arancelarias, descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la inclusión del presidente colombiano en la denominada “lista Clinton”. Estas decisiones, lejos de responder exclusivamente a criterios técnicos, evidencian una lógica política de advertencia y disciplinamiento. Washington ha optado por enviar el mensaje de que la disidencia estratégica tiene costos.
En este marco, la pregunta central no es qué concesiones hará Colombia, sino qué busca realmente Trump. La respuesta parece clara: reafirmar la primacía de Estados Unidos en América Latina y frenar cualquier intento de autonomía política que cuestione sus pilares tradicionales: seguridad, drogas, migración y alineamiento geopolítico. La administración Trump concibe la relación con Colombia no como una asociación entre iguales, sino como un vínculo jerárquico en el que Bogotá debe cumplir un rol funcional dentro de la arquitectura de seguridad regional diseñada en Washington.
El discurso sobre el narcotráfico es ilustrativo. La descertificación no apunta únicamente a los resultados en reducción de cultivos, sino a forzar un retorno a esquemas militarizados, de erradicación forzada y subordinación operativa. Petro ha cuestionado abiertamente ese paradigma, señalando su fracaso histórico y defendiendo un enfoque integral que ataque las causas estructurales del problema. Para Trump, esta postura no es una diferencia metodológica: es una amenaza al control político de la agenda antidrogas.
La tensión se profundizó con la militarización del mar Caribe, presentada oficialmente como lucha contra el narcotráfico, pero percibida en la región como una demostración de fuerza geopolítica. Para el gobierno colombiano, este despliegue no solo incrementa la inestabilidad regional, sino que revive una lógica de seguridad hemisférica que ignora la soberanía de los Estados y prioriza el control estratégico sobre el diálogo político.
El punto de mayor fricción, sin embargo, ha sido la invasión militar estadounidense a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Petro calificó la operación como una violación flagrante del derecho internacional y exigió públicamente a Washington la devolución de Maduro a Venezuela para que sea juzgado por sus tribunales. Esta exigencia marca un quiebre histórico en la relación Bogotá- Washington: por primera vez, un presidente colombiano interpela de forma directa y pública a Estados Unidos por una acción militar en la región.
La respuesta de Trump ha sido tajante: Maduro debe ser juzgado en Estados Unidos. Esta postura refleja una concepción extraterritorial del poder judicial y militar, que Petro rechaza de plano por sentar un precedente peligroso para toda América Latina. Para el mandatario colombiano, aceptar ese criterio implicaría legitimar un orden internacional basado en la fuerza y no en normas compartidas.
A este conflicto se suman otras diferencias de fondo. Petro ha criticado con firmeza la política migratoria estadounidense, especialmente las deportaciones de colombianos en condiciones degradantes; ha cuestionado la agenda climática regresiva de Trump; y ha condenado el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, que ha calificado como complicidad con el genocidio del pueblo palestino. Estas posiciones no son retóricas aisladas: forman parte de una doctrina de política exterior que busca reposicionar a Colombia como un actor con voz propia en el escenario internacional.
El factor electoral no puede desligarse de este encuentro decisivo para ambos mandatarios. En Estados Unidos, Trump enfrenta las elecciones intermedias al Congreso, un momento clave que definirá su capacidad de gobernar, aprobar presupuestos y sostener su agenda política. En ese contexto, la política exterior se convierte en una herramienta de consumo interno. Mostrar dureza frente a gobiernos progresistas puede movilizar a su base más radical, pero un exceso de confrontación con un aliado democrático como Colombia también entraña riesgos políticos y diplomáticos.
En Colombia, el panorama es igualmente determinante. El país se encamina hacia elecciones legislativas y presidenciales en las que el progresismo no solo busca defender sus reformas, sino que tiene posibilidades reales de continuar en la Presidencia. Petro no es un mandatario aislado ni en retirada. Por el contrario, ha consolidado una base política y social que ve en su liderazgo una ruptura con la subordinación histórica a Washington. Por ello, Trump no puede tratarlo de manera despectiva, como lo hizo recientemente con Emmanuel Macron en Davos, cuando sugirió que el mandatario francés estaba “de salida” de su mandato. Petro no está políticamente amortizado; su proyecto sigue en disputa y con opciones reales de continuidad.
Si el propósito de Trump fuera simplemente restablecer relaciones pragmáticas con el aliado colombiano para asegurar cooperación en narcotráfico y comercio, la lógica de la reunión sería tangible y esperable. Pero si, por el contrario, su intención es enviar mensajes políticos a audiencias domésticas, tanto republicanas como internacionales, entonces la reunión podría ser un escenario para demostrar fuerza, disciplina ideológica y un “dominio” sobre la agenda hemisférica, en lugar de avanzar en una cooperación basada en respeto reciproco.
En este contexto, la llamada telefónica del 7 de enero, calificada por Trump como “productiva y diplomática”, introdujo un matiz relevante. El tono bajó, las amenazas públicas cesaron y se abrió el canal formal de diálogo. Este giro no debe interpretarse como una rectificación de fondo, sino como un ajuste táctico. Trump entiende que una confrontación abierta con Colombia, aliado histórico, socio comercial clave y actor regional, puede resultar costosa y contraproducente.
Así, la reunión del 3 de febrero se perfila como un cara a cara decisivo. Trump buscará reafirmar líneas rojas: cooperación antidrogas bajo sus términos, control migratorio alineado a su agenda, contención de proyectos políticos autónomos en la región y respaldo implícito a su política de fuerza. Petro, por su parte, llegará a Washington con objetivos claros: defender la soberanía colombiana, rechazar la lógica de sanciones y castigos, exigir respeto al derecho internacional y sostener una relación bilateral que no esté basada en la subordinación.
Lo que Petro defenderá en la Casa Blanca no es una ruptura con Estados Unidos, sino algo más desagradable para Washington: una relación entre Estados soberanos que no aceptan imposiciones unilaterales. Lo que Trump intentará preservar no es solo influencia sobre Colombia, sino un modelo de hegemonía regional que hoy muestra fisuras evidentes.
En última instancia, esta reunión pondrá a prueba si la relación Colombia-Estados Unidos puede transitar hacia un nuevo equilibrio o si quedará atrapada en una lógica de presión y resistencia. No será un encuentro de gestos amables ni de comunicados vacíos. Será un pulso político y estratégico donde se define si el vínculo binacional se rige por el poder desnudo o por el respeto mutuo.