El milagro del despojo: sacrificio de la justicia ambiental y tributaria.

Redacción: Revista KontraPortada, 15 de noviembre de 2026

Introducción

 La configuración económica y normativa del país bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y las recientes apuestas legislativas han inaugurado una fase de neoextractivismo. Este modelo redefine las prioridades del estado colombiano para subordinarlas a la seguridad de materias primas de EE.UU., poniendo en tensión los principios constitucionales de la justicia ambiental y tributaria. A través de una convergencia de acuerdos geopolíticos bilaterales, incentivos fiscales corporativos, desregulación institucional y restricciones a la participación ciudadana y étnica, se consolida una arquitectura normativa que prioriza el capital transnacional por encima de la soberanía nacional y la integridad de los ecosistemas.

1. Minerales estratégicos a la medida extranjera

La piedra angular de la actual política minero-energética descansa en la articulación formal entre compromisos diplomáticos internacionales y actos de gobierno de carácter interno. Por un lado, se destaca la suscripción del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Estados Unidos, pactado en el marco de las reuniones bilaterales celebradas en los acuerdos de Barranquilla el 8 de septiembre. Este instrumento diplomático compromete al país a otorgar prioridad y preferencia a los capitales y corporaciones estadounidenses en el acceso, exploración y aprovechamiento de los minerales críticos del subsuelo colombiano.

Para materializar este acuerdo en el ordenamiento interno, el Gobierno Nacional publicó la propuesta de resolución y los lineamientos del Consejo Directivo (Acuerdo No. 007 del 28 de septiembre de 2026) de ampliación de minerales estratégicos, que eleva de 17 (establecidos mediante resolución 1006 de 2023) a 28, coincidiendo con los elementos considerados de interés prioritario para la seguridad industrial y tecnológica de EE.UU. Este listado incluye minerales sobre los cuales el Servicio Geológico Colombiano carece de estudios técnicos concluyentes, de información geológica detallada o de confirmación formal de reservas comerciales en el territorio nacional (tal es el caso del litio y otros metales de transición).

Con esta jugada regulatoria, el gobierno de ADLE no solo subordina la soberanía económica colombiana a una agenda extranjera, sino que vulnera el principio de planeación técnica al declarar estratégicos recursos cuya existencia en el subsuelo nacional es incierta, que sumado al memorando de entendimiento y la posterior socialización de proyectos en ruedas de negocios (como los 168 presentados en escenarios internacionales de inversión), relegan los mecanismos de contratación competitiva, licitación y subasta pública consagrados en el Código de Minas (Ley 685 de 2001).

2. Privilegios fiscales al extractivismo: El impacto regresivo del rugido del tigre

En el plano fiscal, la apuesta extractivista se articula con la propuesta de Ley de Rescate Fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella y la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), un mecanismo que otorga contratos de estabilidad jurídica y tributaria por 16 años a las grandes inversiones minero-energéticas. Mientras el proyecto de ley traslada el peso del recaudo fiscal a los hogares, la clase trabajadora y la canasta básica.

El RUGE beneficia a las corporaciones extractivistas reduciendo la tarifa general del impuesto de renta del 32 % proyectado al 20 % y fijando un techo diferencial del 8 % en el cobro de dividendos para inversionistas extranjeros. La política extractiva promovida por el actual gobierno, encuentra su correlato fiscal en una abierta contradicción con los principios de progresividad y equidad tributaria.

En contraste, durante la administración de Gustavo Petro, la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social) propuso corregir asimetrías históricas introduciendo la prohibición de deducir el valor de las regalías del impuesto sobre la renta para las empresas extractivas; bajo la premisa de que dichas regalías correspondían al pago de la explotación de un activo público no renovable y no a un costo ordinario de producción.

Sin embargo, la Sentencia C-489 de 2023 de la Corte Constitucional, declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías. Según los cálculos presentados por el Ministerio de Hacienda y la DIAN, durante el trámite del incidente de impacto fiscal -analizado posteriormente en el Auto 948 de 2024-, la decisión tendría repercusiones financieras de gran magnitud, pues se estimaba un recaudo adicional de $2,7 billones para 2023 y de $2,2 billones para 2024.

La reversión de la medida generó una presión de caja inmediata por $3,4 billones en devoluciones y saldos a favor correspondientes a pagos anticipados del sector extractivo. Asimismo, para la vigencia de 2024 se generó un hueco fiscal de $3,3 billones por menores retenciones y anticipos, déficit que obligó al Ejecutivo a plantear ajustes mediante recortes al gasto estructural por $1,6 billones y la adquisición de nueva deuda pública por $1,7 billones.

El RUGE y la Sentencia C-489 de 2023 de la Corte Constitucional, consolidan un esquema donde las empresas del sector extractivo quedan exoneradas de cargas impositivas justas; ante la reducción de los ingresos fiscales netos de la Nación, se termina compensando el déficit financiero mediante una mayor presión tributaria sobre las clases medias y populares.

3. La desregulación ambiental al servicio de la extracción

La materialización extractiva requiere la desregulación ambiental: en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (2026-2030) se introduce una preocupante reforma al licenciamiento operado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al incorporar la configuración del silencio administrativo positivo. Esta figura legal establece que, vencidos los plazos perentorios otorgados a la entidad para evaluar solicitudes de proyectos de interés nacional, la licencia se entenderá aprobada automáticamente. Este mecanismo desnaturaliza la función de control técnico y preventivo del Estado, generando un escenario perverso para la aprobación exprés de megaproyectos a costa del principio de precaución ambiental.

En consonancia con esta visión, las declaraciones públicas de funcionarios como el ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, han reorientado la política pública hacia la supresión de trámites, bajo la premisa de que el ambiente debe dejar de ser una limitante sectorial para subordinarse a la estrategia general del Estado. El enfoque desregulador adoptado por la administración de Abelardo de la Espriella marca un contraste drástico frente a la promoción de la función ecológica y social de la propiedad, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Mediante la revisión y derogatoria de actos administrativos clave, expedidos en el cuatrienio anterior, la Patria Milagro ha reconfigurado las determinantes ambientales del ordenamiento territorial para subordinar los derechos ambientales, étnicos y agroalimentarios a la expansión de proyectos minero-energéticos. A continuación, se presentan cuatro casos emblemáticos, frente a medidas reglamentarias revocadas y los cambios institucionales que proporcionan un viraje de 180 grados:  

Las APPA. Durante el gobierno de Gustavo Petro, en desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) como un instrumento para priorizar la soberanía alimentaria sobre otros usos del suelo en más de un millón de hectáreas de suelos fértiles en al menos 48 municipios (incluyendo zonas estratégicas del Suroeste antioqueño como Jericó, Tolima, La Guajira, Cundinamarca y Córdoba).

En contraste, desde agosto y septiembre de 2026, el gobierno de De la Espriella inició la derogatoria progresiva de estas resoluciones (comenzando con el levantamiento de restricciones sobre las primeras 15.800 hectáreas y ordenando el desmonte de la figura en el Suroeste antioqueño), bajo el argumento de eliminar lo que califican como una «excesiva regulación» que vulnera la autonomía municipal y frena la inversión. Organizaciones campesinas han denunciado que esta medida constituye una «contrarreforma agraria» diseñada específicamente para liberar territorios de alta vocación agrícola y permitir el avance de proyectos de megaminería que antes estaban restringidos.

El Bioma Amazónico. En octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anuló la Resolución 0961 de 2026, expedida al cierre del gobierno de Gustavo Petro, que declaraba la totalidad del bioma amazónico colombiano como reserva natural libre de nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos. El ejecutivo justificó la revocatoria alegando presuntos vicios de procedimiento por la falta de culminación de la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Sin embargo, organizaciones ambientales (como Derecho Vivo) advirtieron que dicha decisión dejó sin protección ambiental definida al 26 % del territorio amazónico, utilizando como excusa un trámite participativo pendiente, por lo que el que bioma queda vulnerable a la explotación de petróleo, cobre y tierras raras requeridas en acuerdos con EE.UU.

El Páramo de Santurbán. En agosto y septiembre de 2026, el Ministerio de Ambiente revocó las últimas resoluciones emitidas por la administración Petro con las que se buscaba adoptar la nueva delimitación del páramo de Santurbán y ampliar su área de protección. La derogatoria eliminó la protección directa sobre cerca de 1.500 hectáreas de alta sensibilidad hídrica y retrotrajo el ordenamiento a delimitaciones anteriores menos restrictivas. Esta decisión agudizó el conflicto socioambiental con las comunidades de Bucaramanga y Santander, quienes advierten que esta reversión abre nuevamente la puerta a la exploración y explotación minera a gran escala en un ecosistema vital para el abastecimiento de agua de millones de habitantes.

El fracking. Mientras el gobierno de Gustavo Petro suspendió los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) y promovió en el Congreso la prohibición de los Yacimientos No Convencionales (YNC), el gobierno de Abelardo de la Espriella dio un giro apoyándose en la vigencia del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. En noviembre de 2026, la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en cabeza de Sergio Piñeros, anunció el cronograma para publicar nuevos términos de referencia destinados a habilitar directamente la explotación comercial mediante fracking (particularmente en la cuenca del Magdalena Medio), eliminando la obligatoriedad de transitar por etapas previas de investigación piloto. A esto se suma la articulación de trámites simultáneos y la propuesta de incorporar el silencio administrativo positivo para evitar lo que el Gobierno denomina un «tren de requisitos», subordinando así el principio de precaución ambiental y la estabilidad climática a la urgencia de multiplicar las reservas de gas y petróleo.

4.  Territorios sin voz: De las consultas populares bloqueadas a la consulta previa exprés

La ofensiva extractivista encuentra un respaldo institucional clave en la contención histórica de la resistencia local. Ante el auge democrático que en la década pasada llevó a municipios enteros a votar masivamente en las urnas para prohibir la minería y defender sus fuentes hídricas, la jurisprudencia constitucional impuso un freno categórico con hitos como la Sentencia SU-411 de 2020.

Al dictaminar que las entidades territoriales no poseen un poder de veto sobre los recursos del subsuelo (cuya titularidad recae exclusivamente en la Nación), la Corte subordinó la autonomía de los municipios al centralismo macroeconómico y vació de contenido vinculante a las consultas populares, reemplazándolas por instancias de coordinación profundamente asimétricas.

Sobre la base de este cierre institucional, el asalto al territorio promovido por el gobierno de Abelardo de la Espriella avanza mediante el desmantelamiento de las garantías de participación de los pueblos étnicos. Con el propósito de acelerar la ejecución de los megaproyectos extractivos, la actual administración ha diseñado la propuesta de tramitar la licencia ambiental en paralelo con la consulta previa, imponiendo además un límite perentorio de seis meses a los procesos consultivos.

Como lo han advertido organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, sujetar la consulta a plazos rígidos y superponerla con la evaluación técnica de la ANLA vulnera los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT y reduce este derecho a un mero requisito burocrático de trámite.

En conjunto, esta arquitectura normativa consolida un preocupante déficit de justicia ambiental y un régimen de exclusión democrática. Al despojar tanto a las comunidades locales como a los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales y Rrom de su poder de incidencia real sobre el ordenamiento de sus territorios, las poblaciones pasan de ser decisoras legítimas a convertirse en receptoras de pasivos ambientales y zonas de sacrificio, lo que aumenta la conflictividad social que el ejecutivo pretende contener mediante la penalización de la protesta.

Este escenario de opacidad y recorte de garantías deja en el aire un interrogante sobre la vigencia y aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia: ¿cómo garantizar el acceso a la información, la participación pública incidente, la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales cuando el propio Estado institucionaliza la celeridad extractiva por encima de la democracia territorial?

Conclusión

Las políticas implementadas y proyectadas bajo el panorama de la Patria Milagro exponen una crisis de la justicia ambiental y tributaria en Colombia. Al subordinar el ordenamiento territorial, el régimen fiscal y la regulación ecológica y territorial a los intereses de la seguridad de recursos de potencias extranjeras, el Estado desnaturaliza su rol de garante del interés general.

El andamiaje normativo compuesto por el RUGE, el memorando preferencial de minerales, la flexibilización de la ANLA, el regreso del fracking, el desmantelamiento de las salvaguardas en ecosistemas y despensas agropecuarias, y el cercenamiento de la consulta previa consolida un modelo de carácter neocolonial. Este esquema no solo profundiza la desigualdad distributiva y fiscal mediante una regresividad impositiva inocultable, sino que condena a las regiones a asumir una degradación ecológica irreversible, evidenciando que sin soberanía democrática y justicia ambiental no puede existir un verdadero desarrollo de la patria.

Bibliografía

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