Migración.

15 de febrero de 2026

Diana Marcela Martínez Martínez
Mujer política y migrante colombiana.
Candidata a la Cámara de representantes Internacional de Colombia
Redes: marcelamartinezcurul
Correo: marcelam.lacolombiaexterior@gmail.com

La migración se ha convertido en uno de los principales campos de disputa política del siglo XXI. En un mundo atravesado por crisis económicas, conflictos sociopolítico-armados, genocidios, colapsos climáticos/ambientales y desigualdades estructurales. Los movimientos migratorios no son una anomalía, sino una consecuencia directa del orden global vigente. Sin embargo, las ultraderechas del mundo han optado por construir un relato simplificador y peligroso: presentar a la migración como culpable de las crisis, desviando la atención de las verdaderas responsabilidades del sistema económico.

Este discurso se sostiene, en gran medida, sobre la aporofobia: rechazando no al extranjero en sí, sino al pobre. La migración no se percibe de la misma manera cuando quien migra es multimillonario, inversionista o empresario, que cuando lo hace una persona trabajadora empobrecida. La criminalización no recae principalmente sobre la nacionalidad, sino sobre la condición económica. Este doble estándar revela que el problema no es la migración, sino la desigualdad social. Se crean discursos que buscan enfrentar a la clase trabajadora del país con la población migrante, haciéndoles creer que compiten por empleos y recursos, cuando en realidad ambos sectores son víctimas de un mismo modelo de explotación.

Ese movimiento migrante empobrecido, de gente trabajadora, a su vez, se compone principalmente de mujeres, así como de personas racializadas como no blancas, que, en el caso de países como Estados Unidos y Europa occidental, incluye también a quien se percibe o es percibida como blanca en su país de origen, siendo “latina”, “sudaca”, etc.

Figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y múltiples fuerzas de extrema derecha en Europa han reforzado esta narrativa, promoviendo políticas de expulsión, cierre de fronteras y discursos de odio. Además de una oleada de persecución a las personas migrantes, incluso arrestando niños y niñas, creando un pánico colectivo que puede dejar como consecuencia inmediata su salida del sistema escolar. En EE. UU. nos encontramos con 1.360 niños y niñas que nunca se han reunido con sus madres y padres, seis años después de haber sido separados forzadamente en la frontera de Estados Unidos para “disuadir la migración”.

Frente a este escenario, los sectores progresistas debemos impulsar un diálogo profundo y democrático sobre la migración. Este no puede limitarse a los espacios institucionales; conscientes de la incapacidad que tiene la jurisdicción internacional de frenar vía la ONU o el Consejo de Seguridad ataques contra la población en general y contra la migración en particular. De allí, que es necesario abrir el debate dentro de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las organizaciones barriales y comunitarias. Todos conocemos a alguien que ha migrado, o hemos migrado nosotros mismos. La migración debe estar presente como discusión política en cada país, como parte de nuestra vida cotidiana y de nuestras luchas colectivas.

La migración, lejos de ser una amenaza, representa un aporte económico, productivo y cultural: mano de obra formada en otros países y una transferencia de capacidades. Sin embargo, también implica desafíos, como la migración de talento sin protección social, pues la inversión educativa realizada por un país suele ser aprovechada por otros que, en muchos casos, ni siquiera garantizan a las personas migrantes acceso pleno a sus sistemas de seguridad social.

Además, es clave reconocer que cuando los gobiernos mejoran las condiciones económicas y sociales, las personas migran menos por necesidad y al mismo tiempo convierten al país en un destino para quienes buscan mejores oportunidades, lo cual es positivo y enriquecedor si se gestiona con políticas públicas claras.

En este sentido, resulta urgente pensar rutas concretas desde el Estado para la acogida. Colombia debe contar con protocolos sólidos, a través de Migración Colombia y otras instituciones, para recibir dignamente a los connacionales que están siendo deportados. La deportación masiva no puede significar abandono por parte del Estado ni la estigmatización social.

Así mismo, es urgente impulsar una campaña, con apoyo del Estado, que visibilice la diversidad del digno pueblo colombiano que ha migrado, que en su gran mayoría no está vinculado con las transnacionales del narcotráfico y otras economías ilegales; que mientras estén en el exterior siguen siendo parte de Colombia y la representan en todas sus potencialidades.

El futuro de la migración debe pensarse desde la solidaridad, la justicia y la dignidad humana. La pregunta no es si la migración continuará, sino si seremos capaces de construir una política global que la entienda como un derecho y no como una amenaza.