Memoria, paz, dignidad y resistencia: lección política de Bojayá

16 de agosto de 2026. Por Redacción Revista KontraPortada.

El 12 agosto de 2026, en el marco del Festival Internacional por los Derechos Humanos, se proyectó el documental “Bojayá, la verdad desde adentro” dirigido por el sociólogo Ramón Valencia, que visibiliza el trasegar de la comunidad víctima para encontrar la verdad, medidas de reparación y no repetición en un escenario donde la paz es inconclusa y persiste la fragilidad del Estado en los territorios del pacífico.

Los protagonistas del documental María Pascuala Palacios, Heidy Palacios Conchave y Ever Murillo Rivas, son víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002, quienes fueron elegidos por sus comunidades para develar los hechos de violencia y generar un espacio de reparación colectiva. De acuerdo con el informe oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Bojayá: La guerra sin límites, durante un enfrentamiento entre el Frente 57 de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, la guerrilla lanzó un cilindro bomba contra la iglesia parroquial de Bellavista, donde se refugiaba la población civil. El saldo oficial documentado por el CNMH fue de al menos 79 personas muertas (entre ellas 48 menores de edad) y más de 100 heridos.

El documental presenta una escena donde víctimas y victimarios, cara a cara, conversan sobre los hechos de la masacre. A la pregunta ¿Por qué atacaron la población civil?, no hay respuesta, y en el silencio se concluye que son los desastres de la guerra. A la pregunta ¿Por qué Bojayá? La respuesta es descarnada: Por qué es un territorio estratégico que NO tiene control estatal. Uno de los protagonistas del documental perdió cinco familiares en la masacre de Bojayá y quedó con una discapacidad permanente, sin embargo, expresó que el ejercicio de memoria le permitió transformar su propia realidad y la desesperanza. Fue aleccionador: Si bien, tendrían motivos suficientes para guardar rencor y rechazar cualquier salida negociada al conflicto, son las víctimas de la guerra como la comunidad de Bojayá, quienes con una respuesta colectiva desarman esa lógica de odio.

Al revisar las cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los comicios históricos y recientes en el municipio de Bojayá, se evidencia una apuesta contundente por la política de la paz:

• Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016): Mientras el país rechazaba el Acuerdo por un estrecho margen (50,21% por el NO frente al 49,78% por el SÍ), en Bojayá la votación a favor de la paz alcanzó un histórico 95,78% de respaldo al SÍ.
• Elecciones Presidenciales (2022): En la segunda vuelta del 19 de junio de 2022, las cifras oficiales registraron que el proyecto progresista de Gustavo Petro obtuvo en Bojayá el 87,03% de los votos (2.195 sufragios) frente a opciones conservadoras y de derecha radical, que obtuvieron respaldos marginales cercanos al 4%.
• Elecciones Presidenciales (2026): Durante la contienda electoral de 2026, la candidatura encabezada por Iván Cepeda Castro ratificó de forma contundente la vocación de paz del territorio. En la segunda vuelta presidencial en el municipio de Bojayá, la votación superó el 90% a favor de la propuesta de Iván Cepeda, mientras que las candidaturas de sectores de derecha radical no alcanzaron el 5% de la votación local.

Los discursos de ultraderecha pretenden justificar estos resultados bajo la narrativa del «voto fusil», tesis que no tiene sustento fáctico; y al contrario, en el caso de Bojayá refleja una necesidad y un deseo auténtico de paz y de justicia social.

En el conversatorio, los sobrevivientes recordaron con añoranza el período comprendido entre 2016 y 2017. Según los informes de verificación del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, los dos primeros años posteriores a la firma registraron los índices más bajos de confrontación armada en el Chocó en tres décadas. Para Bojayá, el Acuerdo de Paz fue un oasis de tranquilidad.

Sin embargo, la posterior «orfandad» política afectó severamente este proceso. Durante el gobierno de Iván Duque, bajo la política de «Paz con Legalidad», el Instituto Kroc y la Contraloría General de la República señalaron desaceleraciones en la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). La falta de una presencia estatal integral —militar, social y judicial— para consolidar los territorios controlados por las antiguas FARC permitió la rápida incursión de nuevos actores armados ilegales, principalmente el Clan del Golfo (EGC) y el ELN.

Con el gobierno de Gustavo Petro y la implementación de la «Paz Total» (Ley 2272 de 2022), renació la esperanza, sin embargo, el territorio no logró sustraerse al fenómeno transnacional del narcotráfico. De acuerdo con las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la falta de unidad de mando en las estructuras criminales y las disputas por el control de economías ilegales provocaron una ineficacia parcial de la estrategia de acuerdos de sometimiento a la justicia, sin lograr sustraer a la población civil de episodios de confinamiento y desplazamientos forzados en el Chocó.

A pesar de las dificultades y de la persistencia de la violencia armada, Bojayá volvió a apostar mayoritariamente en las urnas por proyectos políticos defensores del Acuerdo de Paz e impulsados por sectores progresistas y de izquierda democrática. Resulta profundamente preocupante que, desde el centro del país, respaldados en una posición de privilegio o en la ignorancia de las realidades territoriales, se estigmatice la posibilidad de paz para quienes habitan los territorios de frontera y apartados.

Las palabras en política tienen consecuencias reales. Promover discursos de «aniquilamiento» deshumaniza el conflicto. Las crisis sociales y la violencia no discriminan por ideología política: afectan a la población en general. Mientras hoy persisten ataques contra la población civil en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) o el Pacífico colombiano, los medios de comunicación del establecimiento optan por la estigmatización, la desinformación o el silenciamiento. La percepción de seguridad cambia según el territorio desde el cual se mire: para el centro es una bandera de debate electoral; para Bojayá es una cuestión de supervivencia humana.