01 de noviembre de 2026. Por Comité Editorial Revista KontraPortada

1. La geopolítica mundial y la metáfora del castigo de Sísifo

La revista KontraPortada presenta en esta edición un análisis detallado sobre los problemas contemporáneos de la democracia. Es importante destacar que las guerras actuales redefinen la geopolítica global y cuestionan el poder unilateral norteamericano frente al surgimiento de potencias como Rusia y China. En este escenario donde los Estados redefinen sus áreas de influencia a través del conflicto armado, se cumple la premisa de que en la guerra la verdad es la primera sacrificada; y en las disputas de poder en la multipolaridad la democracia es la primera víctima.

Estas redefiniciones de época y el uso de la guerra para resolver las crisis de los centros de poder impulsan la búsqueda de nuevas multipolaridades o configuraciones multinodales. Esta coyuntura permite abordar la democracia como un problema comparable al castigo de Sísifo: aquel rey castigado por los dioses a empujar repetidamente una enorme piedra ladera arriba, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que estaba a punto de alcanzar la cumbre.

La democracia enfrenta este mismo dilema histórico. Cuando una sociedad alcanza ciertos niveles de democratización interna o logra consolidar bloques democráticos, las dinámicas geopolíticas terminan desplazando a la democracia de su lugar prioritario. Los juegos de la geopolítica generan crisis, pero la estructura misma sobre la que se asienta la democracia parece cargar con todas las crisis posibles.

2. El neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado de bienestar y el modelo de China

La fase reciente de las crisis de Occidente comenzó, paradójicamente, tras su victoria geopolítica de la derrota del socialismo histórico. Después de que la administración de Reagan, logró debilitar la posición geopolítica de la Unión Soviética, junto con Margaret Thatcher promovieron el neoliberalismo como una estrategia para achicar el Estado, despojándose de sus funciones sociales primarias y reduciéndolo a un papel de simple regulador. El modelo neoliberal impulsó una economía de mercado capitalista extrema que atacó directamente a los estados de bienestar, que se habían desarrollado exitosamente en Europa y EEUU.

Los teóricos y políticos de esta corriente sostenían que los estados de bienestar concedían demasiadas reivindicaciones al movimiento obrero, tales como la reducción de la jornada laboral, beneficios sociales y diversos mecanismos de redistribución de la riqueza nacional. Y esa concepción del bienestar dista del modelo neoliberal de Estado capitalista que promovían. Buscaron un esquema donde los ciudadanos aumentaran su productividad, extendieran la edad de jubilación y desarrollaran patrones de consumo para dinamizar el mercado.

Tras la disolución de la Unión Soviética, pensadores como Francis Fukuyama proclamaron el «fin de la historia», argumentando que las experiencias socialistas carecían de eficacia y que la economía de mercado era la única vía de desarrollo viable. Bajo este argumento, la ofensiva contra los estados de bienestar ya no se justificaba por la lucha contra el comunismo, sino por el principio liberal de que las garantías sociales impedían el desarrollo máximo del capitalismo. Esta perspectiva descalificó entre otros asuntos, el incremento de los ingresos populares, la superación de la pobreza extrema y la consolidación de las clases medias, equiparando estas conquistas sociales con el socialismo.

Curiosamente, China ha perfeccionado los resultados de una economía mixta, mientras Occidente disminuye los avances tecnológicos y productivos alcanzados en Europa y EEUU tras la Segunda Guerra Mundial, priorizando el gasto militar en los preparativos y el desarrollo de la guerra en Ucrania que deviene en una crisis del suministro energético y de los procesos industriales derivados del petróleo.

Las autoridades chinas promovieron el desarrollo de sus fuerzas productivas y construyeron una economía de mercado fuerte al estilo occidental —superando a la URSS que en su momento no concretó este desarrollo y fue uno de los motivos de su disolución—, combinando la producción masiva con una redistribución activa desde el Estado. Este modelo dual funciona porque ofrece oportunidades para el emprendimiento, fomenta el crecimiento económico y respeta la iniciativa privada sin descuidar las aspiraciones de equidad y participación ciudadana.

Esta equidad distributiva constituye la base de su modelo económico, que como resultado es altamente eficaz, sacando 900 millones de chinos de la pobreza extrema. En contraste, la consolidación del neoliberalismo en Occidente provocó el empobrecimiento de millones de personas, quienes vieron disminuidos sus ingresos, sus oportunidades vitales y su calidad de vida a pesar de los discursos oficiales sobre la libertad y la democracia.

3. Conflicto en Europa, militarización y las reflexiones de Tocqueville

Las recientes estrategias occidentales orientadas a debilitar a la Federación Rusa han derivado en una acelerada carrera armamentista. El incentivo para que Ucrania solicitara su ingreso en la OTAN cruzó una línea roja para la seguridad nacional del gobierno de Vladimir Putin, que rechazaba la presencia militar defensiva y ofensiva de la alianza en sus fronteras directas. Este factor desencadenó una guerra prolongada en la que los gobiernos europeos se empecinan en mantener el conflicto. Como consecuencia directa, el Estado de bienestar europeo se encuentra debilitado y la metáfora de la piedra de Sísifo cobra vigencia al retroceder sus avances que hacían posible el ejercicio democrático.

En este punto resulta relevante citar a Alexis de Tocqueville, quien analizó la democracia estadounidense y concluyó que los pueblos, una vez que alcanzan ciertas reivindicaciones y estándares de bienestar, se niegan a regresar a niveles anteriores y exigen conservar o incrementar sus conquistas sociales. Sin embargo, hoy en Occidente los recursos económicos excedentes —que deberían financiar la educación, la vivienda, la innovación tecnológica y la agroindustria para garantizar el progreso social— se destinan a sostener directa o indirectamente el esfuerzo bélico. Este fenómeno ha militarizado la relación entre el Estado y la sociedad.

En el caso colombiano, el paramilitarismo vinculado al narcotráfico ha sido instrumentalizado por sectores políticos hegemónicos para capturar la estructura del Estado. Los regímenes políticos de derecha se apoyan en una alianza donde la economía responde a métricas neoliberales favorables a actores que concentran la riqueza, en detrimento de los avances de la sociedad en su conjunto.

La eficacia electoral de estos regímenes radica en su capacidad para movilizar a sectores populares, medios y marginados a pesar de la precarización social, en controlar los partidos, en manejar el estado profundo a favor de sus intereses, copar el congreso y los organismos de control del estado, tercerizar la administración de los bancos de datos a través de los cuales se manejan los procesos electorales. Incluso recurrir al genocidio para mantener el poder.

4. El escenario político en Colombia: el país político y el país nacional

El triunfo de Gustavo Petro prometió una transformación estructural en Colombia donde la izquierda democrática no había sido opción de gobierno a nivel nacional. Aunque su administración logró avances en la reorientación del modelo económico, enfrentó marcadas limitaciones en el terreno político y comunicacional manejado por el statu quo. La estrategia de la «paz total» no trascendió a la escala nacional y se generalizó en la opinión pública una percepción de deterioro en la seguridad ciudadana. Asimismo, los resultados económicos del gobierno no alcanzaron a resolver las demandas estructurales de toda la población debido a las deficiencias acumuladas durante años de administraciones orientadas por una concepción meramente electoral de la democracia.

La democracia debe generar logros en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales. En Colombia, los gobiernos del mutante régimen del Frente Nacional que termina radicalizado a la ultra derecha con De la Espriella -que le pone el cascabel al gato y también los va “a detripar”-, redujeron la democracia al plano representativo y electoral, desvinculando los compromisos de campaña a favor de las clases populares de la gestión efectiva de gobierno. Esta situación hace indispensable recuperar las tesis de Jorge Eliécer Gaitán sobre la distinción entre el país político y el país nacional. El país nacional abarca la cultura, la producción, las expresiones religiosas y los modos de vida del pueblo, mientras que el país político engloba los acuerdos institucionales, las dinámicas del Estado y la movilidad de las élites.

El enfoque gaitanista ofrece tanto un horizonte de gobierno como una metodología de análisis. La economía política por sí sola no explica cómo una nación preserva su cohesión en medio de la diversidad. La democracia requiere conciliar dos principios esenciales: el acuerdo en la diferencia y la unidad en la diversidad. Estos conceptos fundamentan el poder popular y la soberanía del constituyente primario, quien adicionalmente delega el poder en representantes revocables. La vitalidad democrática no emana únicamente de las dinámicas de los partidos políticos, sino del grado de movilización y organización de las clases medias, obreros y campesinos y los sectores marginados o de las clases populares como las llamaba el sacerdote Camilo Torres. Como sostuvo Abraham Lincoln, el gobierno legítimo debe ser «del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

5. Concentración del poder, liderazgos hegemónicos y teocracias políticas

En el plano internacional, las disputas geopolíticas han impulsado regímenes con alta concentración de poder. En China, el Partido Comunista hegemoniza las Fuerzas Armadas, el gobierno y las organizaciones sociales mediante el centralismo democrático y un sistema de partido único que controla el ascenso de la clase media. En Rusia, Vladimir Putin ejerce un liderazgo prolongado de cinco mandatos respaldado por una clase media emergente y un nacionalismo arraigado en el concepto de la «Madre Rusia» y en la convicción de que occidente quiere desmembrar su Federación y su estado nación; no solo es un poder militar altamente sofisticado, sino que representa la posibilidad histórica de dar continuidad a su modelo de sociedad.

Por su parte EEUU, en el último mandato de Donald Trump ha consolidado una hegemonía electoral amplía al imponerse en estados tradicionalmente demócratas mediante el uso intensivo de medios de comunicación y tecnologías de la información. Su oferta de Paz en la guerra Rusia-Ucrania se ha cumplido de manera pírrica; y en contraste inicia la guerra contra Irán, decisión que los anteriores gobiernos no había querido asumir, porque seguramente tenían el conocimiento de los grandes acumulados militares de este país, para sobrellevar una guerra asimétrica.

En Europa, las protestas sociales se han presentado en varios países, especialmente en los que más han apoyado la guerra de Ucrania, siendo la más notoria la de Francia. Macron atribuye el estallido social protagonizado por los jóvenes y adolescentes a la agitación de la izquierda, ignorando que el descontento deriva de la desigualdad social y del uso de recursos públicos hacia el gasto militar. En Alemania el partido de ultraderecha AfD logra triunfos significativos restando poder al canciller Merz, con la exigencia de poner fin al envío de armas a Ucrania, levantar las sanciones a Rusia y reanudar la importación de energía rusa.

Por otro lado, la influencia de factores religiosos ha dado lugar a teocracias funcionales. Mientras Rusia apela a la Iglesia Ortodoxa y Estados Unidos al protestantismo, en Colombia los sectores evangélicos movilizan caudales electorales masivos orientados por liderazgos religiosos conservadores. Estos actores promueven discursos anticomunistas e ideológicos heredados de la Guerra Fría. Frente a estas plusvalías políticas de la derecha, las fuerzas alternativas enfrentan el reto de disputar el terreno cultural e interpretar las identidades populares.

6. Integridad electoral, el péndulo latinoamericano y la democracia como fin

Los procesos electorales recientes a nivel global han estado marcados por acusaciones de manipulación tecnológica y corrupción. La ampliación de las adhesiones al Escudo de las Américas no habría sido posible sin la injerencia de Trump y su secretario de estado en las elecciones internas de los países de América Latina, las Antillas y el Caribe, y el apoyo de las corporaciones tecnócratas que a través de las redes sociales generan opinión pública y tendencias.

Mientras los candidatos del espectro progresista denuncian fraude electoral con granjas de bots y alteración del algoritmo como en el caso de Perú, Ecuador y Colombia; por su parte los candidatos del espectro de ultraderecha hacen lo propio cuando con su arsenal tecnológico y comunicacional, no logran el triunfo esperado para alimentar las filas del Escudo de las Américas.

Un ejemplo claro de estas dinámicas ocurrió cuando el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, tras viajar a Estados Unidos a pesar de enfrentar medidas cautelares impuestas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil (como la entrega de su pasaporte), se pronunció desde Miami denunciando un supuesto fraude electoral. El enturbiamiento de los procesos electorales compromete la estabilidad institucional y hace rodar nuevamente la piedra de Sísifo.

Una de las promesas de la democracia es la alternancia en el poder. Está por verse si los embates a este sistema de gobierno, frena o no el péndulo hacia gobiernos progresistas en América Latina, el Caribe y las Antillas. La primera ola del progresismo latinoamericano accedió al gobierno mediante victorias electorales contundentes en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, consolidando el uso de la democracia representativa para transformar la correlación de fuerzas. Posteriormente, líderes como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, junto a Lula da Silva en Brasil, y Petro en Colombia -a pesar de la derrota de la continuidad del progresismo- demostraron la eficacia de movilizar a los sectores populares, medios e industriales para sostener proyectos de cambio.

Sin embargo, en la transición del mundo unipolar al multipolar, y particularmente en América Latina con el Escudo de las Américas, la cooptación de los estados nación hacia ideologías de extrema derecha, la profundización de la dependencia entre EEUU y el continente Americano, la pérdida de independencia de los pesos y contrapesos del estado social de derecho, la persecución y criminalización del disenso deja pocos espacios para la democracia.

Volviendo al modelo ideal, las disputas de poder deberían librarse en el terreno democrático, superando tanto las doctrinas de seguridad militarizada de la derecha como la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. Las fuerzas alternativas deben fortalecer su presencia en el Congreso, los gobiernos locales y las gobernaciones para estructurar alternativas sólidas.

La democracia no debe concebirse únicamente como un instrumento para construir aparato estatal, sino como un fin sustantivo en sí mismo. Aunque economías centralizadas como la China, reportan un alto crecimiento económico, la ausencia de libertades democráticas limita el desarrollo pleno de la sociedad. Por ello, las sociedades requieren instancias independientes de control popular, veedurías ciudadanas y contrapesos efectivos.

El objetivo central de la revista KontraPortada es promover una reflexión profunda que permita conectar el país político con el país nacional, garantizando que la democracia transite hacia una transformación social, económica y cultural. La paradoja histórica, es que ni el socialismo realmente existente, ni el neoliberalismo han logrado un modelo de sociedad más equitativo y con mayor bienestar. La sociedad del futuro, podría estar en el balance entre una democracia profunda y una economía de mercado regulada que en el ciclo de la producción, distribución, cambio y consumo.

Adenda sobre las medidas del ejecutivo en Colombia y su impacto en la democracia

Previo al triunfo electoral de ADLE en Colombia, existieron serios cuestionamientos y denuncias alrededor de su campaña. El Consejo Nacional Electoral CNE rechazó las revocatorias y recursos asociados al  aval del movimiento “Defensores de la Patria”, argumentando que cumplió con el mínimo de firmas requeridas, a pesar que la Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó el 62% de las firmas recolectadas. En contraste el mismo CNE impidió la consulta de la “Alianza por la Vida”, generando obstáculos para la confluencia de las fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda democrática, adicional a las talanqueras para la inscripción del partido Pacto Histórico.

En el curso de la campaña, la Fiscalía General de la Nación omitió las denuncias sobre el discurso de odio “de destripar a la izquierda” de ADLE y la proliferación de noticias falsas, calumniosas e injuriosas contra el candidato Iván Cepeda. Tras los comicios presidenciales se presentaron demandas de nulidad electoral contra la elección presidencial 2026-2030 las cuales se encuentran en trámite en el Consejo de Estado, sin embargo no se admitió la medida cautelar sobre el acto de posesión presidencial el 7 de agosto de 2026. 

Una vez posesionado como presidente, se ha impuesto un estilo de presidencialismo autoritario, que ni siquiera gobierna con su bancada del Congreso en el que tiene mayorías. Entre otras medidas de gran relevancia, firmó un acuerdo de entendimiento con el gobierno de EEUU sobre minerales estratégicos en la visita de Marco Rubio a Colombia; se realizó acuerdo de cooperación con tropas norteamericanas, hecho conocido por las declaraciones del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; se expidió por decreto el presupuesto 2027, por lo que entre otros aspectos no se materializaron los acuerdos de gobernabilidad avanzados en el Congreso.

En relación con la dirección del estado, pretende que se le otorguen facultades especiales para suprimir y fusionar entidades y a su vez volverlas a crear, escenario en el que el fortín político burocrático tendría gran manejo por parte del ejecutivo, en contravía del principio constitucional del mérito para el acceso al empleo público. Por el momento, ha nombrado en puestos directivos a su exesposa, a sus antiguos socios de las firmas de abogados y a amigos personales, con o sin currículum; orienta el recaudo de donaciones del terremoto a la ONG de su esposa, sobre la que existe falta total de transparencia.

Además, anunció que no va a renovar el contrato de fiducia mercantil entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Fiduprevisora S. A., esta última es una empresa de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado vinculada al Ministerio de Hacienda; dentro de la noticia no se informa cuál será la nueva entidad financiera que asumirá la administración de los cuantiosos recursos.

Varias medidas adoptadas por el ejecutivo (derogatoria de decretos sobre las APP, sobre el páramo de Santurbán, sobre las medidas de regulación de los derechos laborales),  o que se encuentran en trámite de proyectos de ley -como la de Rescate Financiero o la de sometimiento a la justicia-, están orientadas a favorecer los negocios inmobiliarios, la concentración de la tierra y la contrarreforma agraria, la legalización de dineros de economías ilegales, el extractivismo, el rescate de las EPS, la acumulación en el sector financiero y la disminución de impuestos a los sectores que concentran mayor riqueza. El bienestar de la sociedad queda aplazado, así como las medidas de equidad y de disminución de la pobreza. 

En lo que corresponde a las Altas Cortes, a la fecha ha prevalecido el silencio, argumentando que se debe garantizar los tiempos procesales y el debido proceso. Por el momento el gobierno de ADLE aprovecha esta calma chicha, expidiendo el Decreto 1446 del 28 de septiembre de 2026, firmado por el ministro de Justicia Iván Cancino que modifica el reparto de las acciones de tutela, determinando que las que se interpongan contra el presidente de la República en primera instancia serán competencia exclusiva del Consejo de Estado, exceptuando las dirigidas contra políticas o estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que continuarán siendo conocidas en primera instancia por los jueces de circuito. La democracia del estado colombiano solo queda en una simulación.