la economía debe estar al servicio de los pueblos

“La visita del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú reabre el debate sobre la justicia social, la desigualdad y las políticas económicas de los gobiernos latinoamericanos”.

15 de noviembre de 2026.

KONTRAPORTADA | REPORTAJE DE ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL

La gira del papa León XIV por América Latina ha dejado un mensaje que supera las fronteras de la Iglesia católica y entra directamente en uno de los debates políticos más sensibles de la región: ¿debe la economía estar al servicio de los seres humanos o deben los pueblos sacrificar sus derechos y condiciones de vida para satisfacer las exigencias de los mercados? La respuesta del pontífice, que ha insistido en la dignidad humana, el trabajo y la justicia social, adquiere especial relevancia en países donde las políticas de ajuste económico, la concentración de la riqueza y las desigualdades siguen provocando tensiones sociales.

La visita a Uruguay, Argentina y Perú tiene un significado particular porque León XIV ha llevado sus reflexiones a sociedades con experiencias políticas diferentes, pero atravesadas por una misma discusión sobre la distribución de la riqueza y las responsabilidades del Estado. Su mensaje ha adquirido una dimensión especialmente polémica en Argentina, gobernada por Javier Milei, y en Perú, bajo la presidencia de Keiko Fujimori, dos figuras identificadas con proyectos políticos favorables al mercado y a la inversión privada. Frente a esas orientaciones, el pontífice ha defendido una economía que reconozca los derechos de los trabajadores y garantice condiciones de vida dignas.

La visita del papa León XIV a Argentina adquiere una dimensión política y moral particular por el contraste entre el discurso de confrontación que ha caracterizado a Javier Milei y el mensaje de justicia social, solidaridad y fraternidad que defiende el pontífice. Mientras el mandatario argentino ha recurrido frecuentemente a insultos y descalificaciones contra sus adversarios políticos, organizaciones sociales y sectores críticos de su gobierno, León XIV reivindica el respeto a la dignidad humana, el diálogo y la responsabilidad colectiva frente a las desigualdades. Son dos maneras profundamente diferentes de entender las relaciones humanas, el ejercicio del poder y el lugar que deben ocupar los más vulnerables en la sociedad.

El enfrentamiento entre estas concepciones tiene un antecedente especialmente revelador. Antes de llegar a la presidencia, Javier Milei dirigió ataques verbales contra el papa Francisco, su compatriota, a quien llegó a calificar como «el representante del maligno en la Tierra», acusándolo de promover el comunismo por sus posiciones sobre la justicia social. Aquellas expresiones, que pueden caracterizarse como parte de una retórica de odio y descalificación, resultaron particularmente agresivas porque estaban dirigidas contra una autoridad religiosa que defendía el diálogo, la solidaridad y los derechos de los excluidos. La discrepancia ideológica fue llevada al terreno de la demonización personal, donde el adversario deja de ser alguien con quien se discuten ideas para convertirse en una figura que merece desprecio.

Los ataques contra Francisco no fueron un episodio aislado del estilo político de Milei. Su ascenso a la presidencia estuvo acompañado de una retórica que divide frecuentemente a la sociedad entre quienes considera defensores de la libertad y aquellos a quienes identifica como enemigos de su proyecto político. Expresiones como «casta política», utilizadas para desacreditar a sus adversarios, y sus reiteradas confrontaciones verbales con periodistas, sindicalistas y dirigentes opositores han contribuido a un clima de polarización. La crítica política, legítima en cualquier democracia, adquiere otra dimensión cuando se transforma en insulto sistemático o pretende despojar al adversario de su legitimidad para participar en el debate público.

Este lenguaje tiene consecuencias que van más allá de las disputas personales. Cuando desde la presidencia se presenta a determinados sectores sociales como obstáculos para el progreso económico, existe el riesgo de que sus reivindicaciones sean tratadas como amenazas y no como demandas legítimas. Los jubilados que protestan por sus ingresos, los estudiantes que reclaman financiación para las universidades públicas o los trabajadores que se movilizan contra las reformas laborales ejercen derechos reconocidos en una sociedad democrática. Sus posiciones pueden ser discutidas, pero no deberían convertirse en motivo de estigmatización por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar para toda la población.

La diferencia con el mensaje de León XIV aparece precisamente en la manera de reconocer al otro. La doctrina social de la Iglesia sostiene que la dignidad humana no depende de la riqueza, la posición política, la nacionalidad o la capacidad de una persona para competir en el mercado. Desde esa perspectiva, la solidaridad no representa una debilidad de la sociedad ni un obstáculo para la libertad individual, sino una responsabilidad que permite proteger a quienes enfrentan situaciones de desigualdad. El amor al prójimo, principio fundamental del cristianismo, adquiere así una expresión concreta en la defensa de los trabajadores, los pobres, los migrantes y las comunidades excluidas.

Esta diferencia moral está estrechamente relacionada con las políticas económicas. El gobierno de Milei ha convertido la reducción del gasto público, la disciplina fiscal y la desregulación en los pilares de su programa, argumentando que son condiciones necesarias para recuperar la estabilidad económica. Sin embargo, las medidas de austeridad han generado fuertes conflictos con organizaciones sindicales, jubilados, universidades y movimientos sociales que denuncian sus consecuencias sobre los ingresos y los servicios públicos. Frente a esas controversias, el pontífice plantea que la economía debe estar al servicio de las personas y que sus resultados deben juzgarse también por las condiciones de vida de quienes soportan sus costos.

La cuestión no consiste en negar la necesidad de administrar responsablemente los recursos públicos. El problema aparece cuando el equilibrio de las cuentas del Estado se convierte en un objetivo que parece justificar cualquier sacrificio social. Una política económica puede reducir el déficit fiscal y, al mismo tiempo, agravar las dificultades de determinados sectores de la población. Para la doctrina social católica, la propiedad privada, la actividad empresarial y la libertad económica están vinculadas a obligaciones con el bien común. La dignidad de los trabajadores y el derecho a condiciones de vida justas no pueden quedar subordinados indefinidamente a la expectativa de que los beneficios del crecimiento económico lleguen algún día a toda la sociedad.

León XIV también recupera una tradición que reconoce la organización popular como expresión legítima de la participación democrática. Los derechos laborales, la protección social y numerosas conquistas ciudadanas fueron resultado de prolongadas luchas sindicales y movilizaciones colectivas. Cuando los trabajadores y las comunidades se organizan para defender sus intereses, ejercen derechos que forman parte de la vida democrática. Esta visión contrasta con los discursos que presentan sistemáticamente la protesta social como una perturbación del orden o un impedimento para el funcionamiento de la economía.

El pensamiento del actual pontífice mantiene una continuidad reconocible con el legado de Francisco, quien defendió las reivindicaciones de tierra, techo y trabajo y sostuvo encuentros con movimientos populares de diferentes países. El papa argentino consideraba que los pobres debían participar activamente en las decisiones que afectaban sus vidas y cuestionó reiteradamente una economía que excluye a millones de personas. Fue precisamente esa defensa de la justicia social la que provocó parte de los ataques de Milei antes de convertirse en presidente.

Posteriormente, el mandatario argentino moderó su posición, reconoció el carácter inapropiado de sus declaraciones y mantuvo un encuentro cordial con Francisco en el Vaticano, en febrero de 2024. Aquel acercamiento permitió superar públicamente los agravios personales, aunque no resolvió las diferencias ideológicas. La recepción oficial ofrecida ahora a León XIV demuestra que las relaciones institucionales pueden mantenerse incluso entre dirigentes con posiciones opuestas. Sin embargo, el respeto protocolario hacia una autoridad religiosa no elimina las contradicciones entre los principios que esta defiende y las decisiones adoptadas por un gobierno.

Conviene precisar que León XIV no ha convertido su visita en una campaña partidista contra Javier Milei. Su mensaje procede de la doctrina social de la Iglesia y se dirige a la sociedad en su conjunto. Pero sus principios permiten cuestionar tanto las consecuencias sociales de las políticas de austeridad como una forma de ejercer el poder basada en la confrontación permanente. La firmeza de las convicciones políticas no exige humillar al adversario, y la defensa de la libertad individual resulta difícil de conciliar con un lenguaje que desacredita sistemáticamente a quienes piensan diferente.

La presencia de León XIV en Argentina deja así una contradicción que merece ser examinada. El presidente que en otro tiempo llegó a presentar al papa Francisco como representante del maligno recibe hoy a su sucesor, portador de un mensaje de justicia, solidaridad y amor al prójimo. Mientras Milei ha hecho de la confrontación verbal una característica de su liderazgo, el pontífice insiste en el diálogo y el reconocimiento de la dignidad de cada persona. La diferencia no reside únicamente en sus concepciones económicas, sino en la responsabilidad ética que corresponde a quienes ejercen autoridad sobre millones de seres humanos.

El verdadero alcance de este encuentro no se medirá por los honores oficiales ni por las fotografías del presidente junto al pontífice. Se medirá por la disposición del poder político a reconocer que quienes reclaman salarios dignos, pensiones suficientes, educación pública y protección social no son enemigos de la nación. Son ciudadanos con derechos. Y cuando una sociedad comienza a tratar a sus sectores más vulnerables como adversarios, el llamado cristiano al amor, la justicia y la fraternidad deja de ser una fórmula religiosa para convertirse en una exigencia dirigida a quienes gobiernan.

La etapa peruana de la gira posee un significado personal y político todavía mayor. Antes de llegar al Vaticano, Robert Francis Prevost, hoy León XIV, vivió y desarrolló buena parte de su actividad religiosa en Perú. Como religioso agustino y posteriormente obispo de Chiclayo, conoció de cerca las realidades de comunidades populares, las dificultades de las familias campesinas y las desigualdades que separan a los grandes centros urbanos de numerosas regiones rurales. Su regreso como pontífice representa el reencuentro con una sociedad que formó parte de su trayectoria humana y religiosa.

Pero el Perú que recibe a León XIV es también un país marcado por profundas contradicciones. Su riqueza minera y su capacidad exportadora conviven con desigualdades territoriales, empleo informal y conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales. Las comunidades campesinas e indígenas han reclamado durante décadas una participación más justa en los beneficios de las actividades extractivas y mayores garantías para sus territorios. La existencia de importantes recursos económicos no ha significado automáticamente mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.

En este escenario, el discurso social del pontífice adquiere una lectura política inevitable frente al gobierno de Keiko Fujimori. La tradición del fujimorismo ha defendido un modelo económico favorable a la inversión privada y a la apertura de los mercados, acompañado de una concepción fuerte del orden y la autoridad estatal. Sus partidarios consideran que ese enfoque favorece la estabilidad y el crecimiento. Sus críticos cuestionan las desigualdades persistentes y el legado autoritario asociado al gobierno de Alberto Fujimori. La defensa papal de la dignidad humana y la participación de las comunidades obliga a confrontar el crecimiento económico con sus resultados sociales.

La contradicción se vuelve particularmente evidente cuando se examina la situación de las poblaciones indígenas y campesinas. Durante décadas, numerosas comunidades peruanas han reclamado protección de sus fuentes de agua, respeto a sus territorios y mecanismos efectivos de consulta frente a proyectos extractivos. La cuestión fundamental consiste en determinar quién recibe los beneficios de la explotación de los recursos y quién soporta sus costos ambientales y sociales. Desde la perspectiva defendida por León XIV, ninguna política de desarrollo puede considerarse justa si excluye de sus beneficios a las poblaciones directamente afectadas.

La visita a Uruguay introduce otra dimensión de esta discusión. Aunque el país cuenta con una tradición institucional y de protección social diferente de la argentina y la peruana, también enfrenta debates sobre salarios, educación, empleo y sostenibilidad de sus sistemas de bienestar. La insistencia del pontífice en la formación humana y la responsabilidad colectiva recuerda que la educación no puede reducirse a preparar trabajadores para las necesidades inmediatas del mercado. También debe contribuir a formar ciudadanos capaces de participar en la vida democrática y defender sus derechos.

La posición de León XIV se inscribe en una tradición histórica que la Iglesia católica comenzó a desarrollar de manera sistemática con la encíclica Rerum novarum, publicada por León XIII en 1891, cuando las transformaciones industriales y los conflictos laborales obligaron al Vaticano a pronunciarse sobre las condiciones de los trabajadores. Desde entonces, la doctrina social católica ha defendido el derecho de asociación, la remuneración justa y las responsabilidades sociales de la propiedad y del Estado.

En América Latina, esa orientación adquirió una dimensión particular durante las conferencias episcopales de Medellín, en 1968, y Puebla, en 1979. En medio de dictaduras militares, pobreza y fuertes conflictos sociales, sectores de la Iglesia acompañaron procesos de organización campesina, defensa de los derechos humanos y reivindicación de las comunidades populares. Sacerdotes, religiosas y laicos asumieron compromisos que en numerosos casos les costaron persecuciones, encarcelamientos e incluso la vida.

Sin embargo, la historia de la Iglesia latinoamericana también contiene contradicciones. Mientras algunos de sus integrantes defendieron a las víctimas de la represión y acompañaron las luchas populares, otros sectores eclesiásticos mantuvieron relaciones estrechas con gobiernos autoritarios y élites económicas. Por eso, el discurso social de León XIV representa igualmente una exigencia de coherencia para la propia institución religiosa. Defender la dignidad humana implica actuar frente a los abusos de poder, escuchar a las víctimas y garantizar transparencia dentro de sus propias estructuras.

El pontífice tampoco propone sustituir el sistema económico por un programa partidista determinado. Su planteamiento cuestiona una concepción del desarrollo que convierte los resultados financieros en la medida principal del éxito gubernamental. El crecimiento económico, la inversión y la estabilidad fiscal pueden contribuir al bienestar colectivo, pero su legitimidad social depende de cómo se distribuyen sus beneficios y de las condiciones en que viven quienes producen la riqueza.

Esta discusión adquiere una dimensión continental cuando se considera la influencia de los organismos financieros internacionales, las políticas de endeudamiento público y las exigencias de ajuste presupuestario que han condicionado durante décadas las decisiones de numerosos gobiernos latinoamericanos. Las restricciones fiscales pueden responder a problemas económicos reales, pero sus consecuencias dependen de qué sectores soportan los recortes, qué privilegios permanecen intactos y cuáles son las prioridades establecidas por los gobiernos.

En sociedades donde millones de personas dependen de sus salarios, pensiones o pequeños ingresos para sobrevivir, una política económica no puede evaluarse exclusivamente por la confianza de los inversionistas o la reacción de los mercados financieros. También debe responder por el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la protección de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Es precisamente allí donde el mensaje de León XIV encuentra su mayor contenido político.

La repercusión de esta gira no dependerá únicamente de las declaraciones del pontífice. Los gobiernos de Milei y Fujimori difícilmente modificarán sus programas económicos por una exhortación religiosa. Sus decisiones responden a proyectos políticos, alianzas institucionales y compromisos con determinados sectores económicos. Sin embargo, las palabras del papa pueden fortalecer el debate público y ofrecer respaldo moral a organizaciones sociales que reclaman una distribución más equitativa de los recursos y mayor participación en las decisiones del Estado.

También pueden abrir una discusión dentro de los sectores católicos que respaldan políticas económicas restrictivas mientras reivindican públicamente los valores cristianos. La doctrina social de la Iglesia establece obligaciones respecto de los trabajadores, los pobres y el bien común que no pueden desaparecer cuando se pasa del discurso religioso a la administración del poder político.

León XIV ha elegido América Latina, una región que conoce por su experiencia pastoral, para recordar que la economía es una actividad humana y que sus resultados deben juzgarse por las condiciones de vida que produce. Su mensaje llega en momentos de confrontación entre proyectos políticos que defienden diferentes concepciones del Estado, el mercado y los derechos sociales.

La visita deja una cuestión concreta para los gobiernos que lo han recibido con honores: hasta qué punto están dispuestos a incorporar la justicia social, la dignidad del trabajo y la participación de las comunidades en sus decisiones económicas. Porque recibir al papa en los palacios presidenciales y aplaudir sus discursos resulta mucho más sencillo que responder a las demandas de los pueblos a los que ha invitado a organizarse para defender sus derechos.