Lawfare en Ecuador:

“De la condena por “influjo psíquico” de Rafael Correa a la prisión preventiva de Luisa González. Una hoja de ruta de cómo el aparato judicial se convirtió en el principal instrumento de exclusión política en el país andino”.

25 de octubre de 2026.

Crónica del Lawfare en Ecuador/Kontraportada/Américas.

La siguiente cronología no es una simple sucesión de sentencias. Es el mapa de una estrategia. Desde que Rafael Correa dejó la presidencia en 2017, Ecuador ha sido escenario de un proceso sistemático de desmantelamiento del movimiento político que gobernó durante una década. Lo que sigue reconstruye, año por año, cómo el “lawfare” , el uso del aparato judicial para fines políticos, se convirtió en la herramienta central para neutralizar a la oposición más grande del país.

2017: la caída del heredero

El punto de partida es la detención de Jorge Glas. En octubre de 2017, apenas unos meses después de que Lenín Moreno asumiera la presidencia, el entonces vicepresidente fue detenido en el marco del caso Odebrecht. En diciembre fue condenado a seis años de prisión. La velocidad del proceso fue la primera señal de alarma en un sistema que, hasta entonces, se caracterizaba por su lentitud. Glas se declaró perseguido político y víctima de “lawfare”. Años después, en 2022, la Corte Nacional de Justicia anularía esa sentencia, pero para entonces el daño político era irreversible: el correísmo había perdido a su hombre fuerte en el Ejecutivo.

2018-2020: la invención del “influjo psíquico”

El golpe definitivo contra el liderazgo de Correa se articuló en torno al caso “Sobornos”, una investigación sobre el financiamiento irregular de su movimiento entre 2012 y 2016. Lo que distingue a este proceso no es solo su resultado, una condena a ocho años de cárcel y 25 de inhabilitación política, sino la categoría penal que lo sustentó.

Correa fue condenado como autor mediato por “influjo psíquico”, una figura que, según los propios informes de organismos de derechos humanos, era desconocida en la jurisprudencia ecuatoriana hasta esa sentencia. Se consideró que, por su sola condición de presidente, tenía la capacidad de influir psicológicamente en otros para que cometieran delitos. La condena se emitió en 2020, a tiempo para impedir que Correa pudiera presentarse como candidato en las elecciones de 2021.

2022-2023: el asilo y el asalto a la embajada

En marzo de 2022, Bélgica reconoció a Correa el estatuto de refugiado, aceptando que existía una persecución política materializada en procesos penales. Para entonces, los procesos abiertos contra el expresidente ya superaban la cuarentena, e incluían acusaciones que iban desde la traición a la patria hasta el genocidio.

La situación de Glas era aún más extrema. Tras una breve liberación, se refugió en la Embajada de México en Quito en diciembre de 2023, solicitando asilo político. El 5 de abril de 2024, la policía ecuatoriana asaltó la sede diplomática para detenerlo, un hecho que provocó un repudio internacional generalizado y que constituye una violación flagrante de la Convención de Viena. Glas fue recluido en una prisión de máxima seguridad, y la justicia siguió sumando causas en su contra.

2026 (I): la proscripción del partido

El año 2026 marca una escalada cualitativa. Ya no se trataba solo de inhabilitar a líderes individuales; se trataba de sacar del tablero al partido. El 6 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a Revolución Ciudadana del registro oficial por nueve meses, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero en la campaña de 2023 (caso *Caja Chica*). La suspensión, solicitada por el gobierno de Daniel Noboa, impedía al partido inscribir candidatos para las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

En julio, la Corte Constitucional rechazó de manera definitiva la acción de protección presentada por el movimiento para anular la medida, dejando en firme la sanción administrativa. Rafael Correa denunció la decisión como un acto “sin ley, sin hechos, sin información”, y comparó la suspensión con prácticas de “las más burdas dictaduras”. El cerco se estrechaba sobre el espacio político que podría disputar el poder a Noboa en 2027.

2026 (II): la detención de Luisa González

El eslabón más reciente, y quizás el más revelador, se produjo el 22 de octubre de 2026. Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada en su domicilio de Canuto, Manabí. La acusación se enmarca en el caso “Laberinto”, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2023. Según la Fiscalía, se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar unos 500.000 dólares destinados a publicidad electoral al margen de los aportes declarados.

La investigación se sustenta, según las propias autoridades, en el testimonio de Santiago Díaz, un ex asambleísta que afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela por orden de Correa. La defensa y el correísmo han señalado que no existen pruebas que respalden esa versión. Un juez dictó prisión preventiva contra González y otras dos personas el 23 de octubre. Fue recluida en la cárcel de Riobamba esa misma noche. La detención se produjo a escasas cinco semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre, comicios a los que González ya había sido inhabilitada para presentarse.

El patrón, más allá de la anécdota

Leída en conjunto, la secuencia no es una sucesión de casos aislados. Es un método. Primero se deslegitima y encarcela al número dos (Glas, 2017), con una sentencia que luego sería anulada pero que cumplió su función de neutralizarlo políticamente. Luego se construye una causa emblemática contra el líder (Sobornos, 2020), con una figura penal “ad hoc”, el “influjo psíquico”  y una velocidad procesal que la propia ONU documenta como anómala, para inhabilitarlo justo antes de unas elecciones. Finalmente, se pasa de la persecución individual a la proscripción de la estructura organizativa (la suspensión de Revolución Ciudadana en 2026) y a la detención de la dirigente que encarnaba la continuidad electoral (González, octubre de 2026).

Cada eslabón tiene una coartada formal: una acusación, un tribunal, una ley. Eso es, precisamente, lo que distingue al “lawfare” de la represión clásica. No necesita tanques ni estados de excepción permanentes; le basta con fiscales dóciles, jueces apresurados y una opinión pública saturada de titulares que equiparan oposición con delito.

El correísmo es un movimiento político donde sus dirigentes han sido señalados por casos de corrupción que no pueden reducirse a una conspiración. Pero la acumulación de más de cuarenta procesos contra un mismo expresidente, la invención de una categoría penal para condenarlo y la suspensión de un partido mayoritario de oposición a pocas semanas de unos comicios configuran un cuadro que excede la lucha legítima contra la impunidad. Configuran la construcción de un adversario fuera de la ley, y con ello, la clausura de una parte del espacio democrático ecuatoriano.