la disputa por el poder más allá de las urnas
“El lawfare no busca necesariamente condenar judicialmente a un líder; le basta con erosionar su credibilidad. Y en tiempos electorales, esa erosión puede ser tan decisiva como un resultado en las urnas”.
21 de marzo de 2026.
Por Hugo René Orejuela. KontraPortada.
En la historia reciente de América Latina, pocas herramientas han resultado tan eficaces para reconfigurar el mapa político como el lawfare, esa combinación de judicialización selectiva, presión mediática y construcción de narrativas que buscan erosionar liderazgos incómodos sin necesidad de derrotarlos exclusivamente en las urnas. Colombia no parece ajena a ese fenómeno, y el momento político actual así lo sugiere.
El presidente Gustavo Petro atraviesa un punto de inflexión en su mandato. Contra muchos pronósticos iniciales, su gobierno mantiene niveles de favorabilidad cercanos al 54,5%, al 1 de marzo del presente año, según el Centro Nacional de Consultorías, una cifra significativa en un país históricamente adverso a sus propios mandatarios. Esta percepción positiva no surge en el vacío: para amplios sectores sociales, su administración representa un intento real, aunque tensionado, de transformación estructural en temas como justicia social, derechos laborales y democratización del Estado.
Sin embargo, ese capital político se ha construido en medio de una fuerte resistencia institucional. Varias de las reformas más ambiciosas de su programa han sido bloqueadas en el Congreso, especialmente en el Senado, mientras decisiones ejecutivas orientadas a mejorar las condiciones de vida, como el debate alrededor del salario mínimo vital, han sido objeto de controversias jurídicas. En ese contexto, la disputa por el poder se ha desplazado progresivamente hacia otros terrenos: el mediático y el judicial.
Es precisamente allí donde resurgen las acusaciones que vinculan al presidente Petro con supuestos acuerdos con narcotraficantes. Señalamientos que, más allá de su gravedad, aparecen en un momento políticamente sensible: el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que el Pacto Histórico llega fortalecido tras consolidarse como una de las principales fuerzas políticas del país en las legislativas del 8 de marzo.
La pregunta no es menor: ¿se trata de investigaciones con sustento sólido o de una ofensiva política revestida de legalidad? Más aún cuando, según declaraciones del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, no existe hasta ahora una notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses que confirme tales investigaciones. En contraste, la difusión mediática ha sido intensa, constante y, en muchos casos, presentada como un hecho consumado más que como una hipótesis en verificación.
Este tipo de dinámicas no es nuevo en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien fue encarcelado durante años en el marco de la operación Lava Jato para luego ser absuelto y regresar a la presidencia, es quizás uno de los ejemplos más emblemáticos. Lo mismo ocurre con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, perseguido judicialmente y obligado al exilio, o con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, inhabilitada en procesos altamente cuestionados por su trasfondo político.
Incluso episodios más recientes, como el del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido tras una intervención sin precedentes en la embajada de México en Quito, evidencian hasta qué punto la judicialización de la política puede desbordar los marcos institucionales y tensionar el derecho internacional.
En este contexto, las versiones que apuntan a una supuesta intervención de agencias como la DEA en investigaciones contra el presidente colombiano abren un nivel aún más delicado de análisis: el de la injerencia externa en los procesos democráticos de América Latina. No se trata únicamente de establecer la veracidad o no de las acusaciones, sino de entender el momento político en que estas emergen y el efecto que buscan producir en la opinión pública en plena contienda electoral.
La historia reciente ofrece precedentes inquietantes. En países como Honduras, procesos electorales marcados por controversias, denuncias de irregularidades y cuestionamientos internacionales terminaron favoreciendo a sectores alineados con intereses geopolíticos tradicionales de Estados Unidos.
En ese sentido, resulta legítimo preguntarse si estamos ante una simple coincidencia o frente a una estrategia más amplia de presión indirecta, donde el uso de investigaciones, filtraciones o narrativas mediáticas puede incidir en la percepción ciudadana y, en última instancia, en el resultado electoral.
Más aún cuando el proyecto político en disputa plantea transformaciones que podrían alterar equilibrios históricos en la región. Porque, más allá de Petro, lo que está en juego es el efecto político sobre la candidatura del senador Iván Cepeda Castro, quien se perfila como una de las principales cartas del progresismo colombiano. Si el actual presidente logra mantener una imagen favorable de su gestión, el escenario podría asemejarse al caso mexicano, donde el alto respaldo a Andrés Manuel López Obrador facilitó la llegada al poder de su sucesora, Claudia Sheinbaum.
De ahí que la disputa no sea únicamente por el presente, sino por la continuidad de un proyecto político. Para sectores de la derecha y la ultraderecha, el riesgo no es solo la permanencia de Petro en el imaginario político, sino la posibilidad de que ese capital simbólico se traduzca en una nueva victoria electoral del progresismo.
En ese tablero, los medios de comunicación juegan un rol determinante. No solo informan: también construyen sentido, jerarquizan agendas y, en ocasiones, amplifican narrativas que pueden inclinar la balanza de la percepción pública. Cuando una acusación se repite lo suficiente, puede instalarse como verdad, incluso antes de ser verificada.
Por eso, en el debate de fondo trasciende la figura de un presidente o de un candidato. Se trata de la calidad de la democracia colombiana y de la capacidad de sus instituciones para garantizar que las disputas políticas se resuelvan en el terreno electoral, y no mediante la deslegitimación sistemática o eliminación fisica del adversario. En un país donde la violencia política a dejado fuertes presedentes.
En últimas, el lawfare no busca necesariamente condenar judicialmente a un líder; le basta con erosionar su credibilidad. Y en tiempos electorales, esa erosión puede ser tan decisiva como un resultado en las urnas.
Colombia enfrenta, entonces, una disyuntiva silenciosa pero profunda: definir si su democracia se juega en los votos de sus ciudadanos o en las narrativas que otros construyen sobre ellos.
