Entre la firma del acuerdo con Mercosur y la oposición de sus agricultores
Lo ocurrido el 18 de diciembre en Bruselas no fue un accidente ni un exceso. Fue una advertencia. Ignorarla sería seguir empujando a Europa y a América Latina, hacia un modelo ya conocido que beneficia a pocos y precariza a muchos.
21 de diciembre de 2025.
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y miembro del Consejo de Edición de KontraPortada.
El 18 de diciembre de 2025, Bruselas volvió a ser escenario de una imagen que se repite con creciente frecuencia: tractores rodeando el barrio europeo, agricultores enfrentando a la policía, gases lacrimógenos y una sensación generalizada de ruptura entre las instituciones de la Unión Europea y los territorios que dicen representar.
No se trató de una protesta aislada ni de un estallido corporativo. Fue una señal política clara del malestar profundo que atraviesa al mundo rural europeo frente a una Unión que, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, avanza decididamente hacia una agenda cada vez más alineada con intereses de mercado, grandes corporaciones y lógicas de competencia global, incluso a costa de su propio contrato social.
La protesta contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no puede leerse únicamente como un rechazo técnico a cuotas de carne, cereales, granos o aranceles. Es, ante todo, una reacción al modelo de integración que hoy promueve Bruselas: una integración subordinada a la lógica neoliberal, donde el comercio se impone sobre la protección social, ambiental y productiva, y donde los sectores más vulnerables, en este caso, los agricultores, son tratados como variables de ajuste.
Desde su llegada a la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha encabezado un proceso de derechización progresiva del proyecto europeo. No se trata necesariamente de un giro ideológico explícito, sino de una práctica política concreta: priorizar la competitividad, la seguridad y la disciplina fiscal por encima de la cohesión social, el equilibrio territorial y la justicia económica.
El acuerdo con el Mercosur encaja perfectamente en esta lógica. Se presenta como un instrumento “estratégico” para fortalecer la posición global de la UE en un mundo multipolar, pero en la práctica reproduce una vieja receta: abrir mercados, reducir barreras, facilitar el flujo de mercancías y confiar en que los costos sociales se absorberán con el tiempo. La historia reciente demuestra que esa promesa rara vez se cumple.
Mientras Bruselas impone a sus propios agricultores normas cada vez más estrictas en materia ambiental, sanitaria y de bienestar animal a su producción, muchas de ellas necesarias, al mismo tiempo negocia acuerdos que permiten la entrada de productos que no cumplen esos mismos estándares. No es solo una contradicción técnica; es una incoherencia política que erosiona la confianza y alimenta el resentimiento.
Los agricultores que se movilizaron en Bruselas no rechazan el comercio internacional por principio. Rechazan, con razón, competir en condiciones desiguales.
Rechazan que se les exija producir más caro, más limpio y con más controles, mientras se abre la puerta a importaciones más baratas que presionan los precios hacia la baja.
Rechazan, sobre todo, sentirse abandonados por una Unión Europea que parece escuchar más a los lobbies industriales y financieros que a quienes garantizan la soberanía alimentaria.
Esta desconexión es peligrosa. Alimenta el discurso de la extrema derecha, que se presenta como defensora del “campo olvidado”, aunque luego vote sistemáticamente contra políticas de apoyo social y ambiental.
La paradoja es evidente: la derechización de la política europea, impulsada desde el centro institucional, termina fortaleciendo a las fuerzas que dicen combatir.
Del otro lado del Atlántico, el acuerdo tampoco es la panacea que algunos gobiernos y sectores empresariales del Mercosur anuncian. Si bien puede beneficiar a grandes exportadores agroindustriales, difícilmente traerá mejoras estructurales para los pequeños y medianos productores latinoamericanos.
El riesgo es conocido: profundizar la reprivatización de las economías, concentrar la tierra y la renta, y aumentar la presión sobre territorios y ecosistemas ya frágiles.
Además, el discurso europeo sobre sostenibilidad pierde credibilidad cuando se traslada la huella ambiental fuera de sus fronteras. Externalizar impactos no es combatir el cambio climático; es desplazarlo geográficamente.
América Latina no puede seguir siendo el “patio trasero verde” que abastece de materias primas baratas a un Norte que predica transición ecológica puertas adentro.
El conflicto en torno al acuerdo UE–Mercosur revela algo más profundo: la crisis de legitimidad del proyecto europeo tal como se está gestionando hoy. Una Unión que habla de valores, pero decide en función de balances comerciales. Que invoca la sostenibilidad, pero sacrifica productores. Que teme al avance de la extrema derecha, pero adopta su marco económico.
Si la Unión Europea quiere evitar una fractura mayor con sus ciudadanos y con sus socios del Sur, necesita revisar no solo este acuerdo, sino el rumbo político que lo hace posible. Sin justicia social, sin coherencia ambiental y sin participación real de los territorios, no hay tratado que sea verdaderamente estratégico.
Lo ocurrido el 18 de diciembre en Bruselas no fue un accidente ni un exceso. Fue una advertencia. Ignorarla sería seguir empujando a Europa y a América Latina, hacia un modelo ya conocido que beneficia a pocos y precariza a muchos.