El III Conversatorio ¿Fin del conflicto? A diez años del Acuerdo Final de Paz, organizado por la Mesa por la Verdad en la Universidad Santo Tomás, reunió a diversas voces de la sociedad civil, las regiones y la academia para reflexionar sobre la trayectoria del proceso de paz en Colombia. El panel contó con la participación de destacados líderes e investigadores como Camilo González Posso (presidente de INDEPAZ), junto a voceros de comunidades rurales del Pacífico y representantes de los procesos de reincorporación de los exfirmantes de las FARC-EP. El objetivo del encuentro no fue restar mérito a los consensos alcanzados, sino examinar críticamente la brecha entre lo pactado en La Habana y las complejas realidades de violencia y desprotección que persisten en los territorios.

Para comprender la magnitud de esta evaluación a diez años, resulta indispensable trazar el recorrido histórico del acuerdo. Tras su firma en 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia inauguró una etapa de alta expectativa social e internacional orientada a la dejación de armas y la transformación del campo, no sin antes enfrentar la crisis generada por la pérdida del plebiscito por la paz.

La posterior llegada de la administración de Iván Duque (2018-2022) estuvo marcada por la doctrina de «Paz con Legalidad», cuestionó la implementación de la JEP, desfinanció pilares clave, desaceleró la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no logró control territorial.ñ, lo que derivó en aumentó de inseguridad en las zonas rurales y de borde. Posteriormente, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) buscó reactivar el compromiso institucional mediante la política de «Paz Total», intentando articular la implementación del Acuerdo de 2016 con nuevas negociaciones paralelas; sin embargo, esta estrategia enfrentó obstáculos institucionales y el fenómeno de la trasnacionalización del crimen organizado y disputas entre grupos armados ilegales.

En el plano comunitario y cotidiano, las intervenciones durante el conversatorio remarcaron que la paz trasciende la simple ausencia de confrontación armada; se consolida mediante la dignidad, la reconciliación y el desarrollo socioeconómico en los territorios. Para las comunidades rurales y étnicas, la paz representa la libertad de habitar y transitar sin temor, apoyada por una pedagogía efectiva que erradique los estigmas sociales que aún obstaculizan el perdón genuino y la reincorporación social y laboral de los firmantes. Por su parte, la perspectiva analítica expuesta por Camilo González Posso permitió evidenciar que, si bien indicadores históricos de violencia como homicidios, desplazamientos masivos y secuestros registraron reducciones de más del noventa por ciento respecto a décadas anteriores, las dinámicas de agresión han mutado hacia estructuras macrocriminales que continúan coaccionando a las comunidades y a los liderazgos sociales.

Conclusión: Los desafíos del Acuerdo ante el gobierno de Abelardo de la Espriella

A diez años de la firma, el Acuerdo de Paz se enfrenta a una coyuntura crítica e incierta tras la llegada de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La orientación política del nuevo ejecutivo, centrada en un enfoque de seguridad de mano dura, el desmantelamiento de los diálogos de paz y el severo recorte presupuestal a los programas de reincorporación y desarrollo territorial, pone en riesgo directo las garantías mínimas de los firmantes y la sostenibilidad social en las regiones golpeadas por el conflicto. Frente al retorno de un discurso bélico e institucionalmente confrontacional, el principal reto de la sociedad civil, las organizaciones de base y la comunidad internacional radicará en defender lo construido, exigir el cumplimiento de los compromisos de Estado y evitar que la desfinanciación margine nuevamente a los territorios que apostaron por la construcción de una paz digna.

Por: Comite de redacción KontraPortada