más allá de la lucha contra el narcotráfico
“El narcotráfico ha sido utilizado por Estados Unidos como pretexto legitimador de intervenciones en América Latina, pero los motivos reales están ligados a la geopolítica y a sus intereses económicos”.
07 de septiembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y del equipo editor de KontraPortada.
La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha estado históricamente permeada por la narrativa de la “guerra contra las drogas”, utilizada como pretexto para legitimar intervenciones militares y políticas en la región. Bajo este pretexto, Washington ha desplegado intervenciones, programas de cooperación y operaciones coercitivas que responden a intereses geopolíticos, estratégicos y económicos.
Varios episodios ilustran este patrón: la invasión de Panamá en 1989, el Plan Colombia en el año 2000 y la actual militarización del Caribe frente a Venezuela en 2025. En todos los casos, el narcotráfico aparece como argumento legitimador, mientras las causas subyacentes remiten al control de territorios, recursos y equilibrios de poder.
La invasión de Panamá, denominada “Operación Causa Justa”, fue justificada por EE.UU. con la necesidad de capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el trasfondo fue otro: garantizar el control estratégico del Canal de Panamá en el contexto del fin de la Guerra Fría y reafirmar la hegemonía estadounidense en el continente. El discurso antidrogas legitimó una intervención militar directa que dejó miles de víctimas civiles y la instalación de un gobierno alineado con Washington.
El emblemático Plan Colombia firmado por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton en el 2000, concebido ostensiblemente como un programa de cooperación antidrogas, que en realidad fue un plan de lucha contra insurgente después de terminar el proceso de paz del Caguán, se centró en el fortalecimiento del aparato militar colombiano y en influir en su conflicto interno. Una parte significativa de los más de diez mil millones de dólares invertidos por Washington se destinó principalmente a la compra de helicópteros, armas, entrenamiento y asesoría militar. Este enfoque permitió a Estados Unidos consolidar su influencia en un país clave de América del Sur, asegurando el acceso a recursos estratégicos y debilitando significativamente a los grupos guerrilleros, especialmente a las FARC.
El resultado del Plan Colombia fue una profunda militarización del territorio colombiano, dando lugar a fumigaciones aéreas con glifosato, desplazamientos forzados y numerosas violaciones de derechos humanos. Un efecto colateral importante fue el fortalecimiento de los grupos paramilitares, que expandieron su poder territorial y militar, creando un clima donde las comunidades rurales eran estigmatizadas como “colaboradoras de la guerrilla”. La colaboración entre militares y paramilitares exacerbó el conflicto armado interno y las tensiones civiles prolongadas.
Un cuarto de siglo después, durante la administración de Donald Trump, la justificación de un despliegue naval en el Caribe frente a Venezuela bajo el pretexto del combate al narcotráfico revela una política que responde a intereses estratégicos más amplios.
Esta designación facilitó el despliegue de buques de guerra, marines y submarinos nucleares frente a las costas de Venezuela. La verdadera intención es ejercer presión política directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, reforzar la influencia de EE.UU. como potencia dominante en el hemisferio y enviar un mensaje contundente a actores extrarregionales como China y Rusia.
Esta estrategia resalta un cambio en el enfoque estadounidense: de una interacción basada en la influencia política sutil y las alianzas estratégicas encubiertas, a tácticas de confrontación abierta y exhibiciones de poder. A través de estos movimientos, la administración Trump no solo intenta debilitar al gobierno chavista, sino también posicionarse como un actor decisivo en los destinos políticos y económicos de la región, utilizando la narrativa del narcotráfico para legitimar la intervención militar.
Otro elemento adicional que explica la dureza de la postura de EE.UU. Frente a Venezuela, no es el narcotráfico, sino el reto económico que supone el comercio petrolero sin dólares. El gobierno de Maduro ha profundizado acuerdos con China, Rusia, Irán y otros países para vender crudo en yuanes, rublos u otras monedas o incluso la utilización del trueque, intercambio de petróleo por alimentos, medicina y productos de primera necesidad para el pueblo venezolano, debilitando la hegemonía del petrodólar.
Para la administración Trump, esta práctica constituye una amenaza estratégica para sus intereses económicos, pues si se expande erosiona la capacidad de Washington de financiar su economía a través de la demanda global de dólares.
La comparación de estos tres episodios revela un patrón consistente: el narcotráfico ha sido utilizado por Estados Unidos como pretexto legitimador de intervenciones en América Latina, pero los motivos reales están ligados a la geopolítica y a sus intereses económicos. En Panamá, el control del canal y la reafirmación de la hegemonía; en Colombia, la consolidación de la influencia militar y el debilitamiento de las insurgencias; en Venezuela, la presión contra un adversario político fuerte y el rechazo al desafío que supone el comercio petrolero fuera del dólar.
Así, la “guerra contra las drogas” aparece menos como un objetivo en sí mismo y más como un instrumento de política exterior, donde la seguridad hemisférica se confunde con los intereses estratégicos de Washington. La militarización de la región en nombre del narcotráfico refleja un orden internacional en disputa, donde América Latina sigue siendo un espacio de confrontación entre soberanía nacional y hegemonía estadounidense.
Para entender las causas subyacentes del interés de Estados Unidos en el acoso militar contra Venezuela, es crucial reconocer estas dinámicas de poder, donde la lucha contra el narcotráfico se convierte en un peón dentro de un juego político mayor. La historia muestra un patrón consistente de instrumentalización de la seguridad regional para avanzar en agendas específicas de influencia y dominio geopolítico. Mientras no se revisen estas estrategias y se aborden las raíces del problema desde una perspectiva integral, los esfuerzos para estabilizar realmente la región seguirán siendo limitados y, a menudo, contraproducentes.
Se debe exigir que se respete las soberanías y la libre determinación de los pueblos, tal como lo consagra el derecho internacional y carta de Naciones Unidas y además que se haga cumplir la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobado por la CELAC, en La Habana, 2014, que reafirma la soberanía, la no intervención y la libre determinación.
