La Herencia Macroeconómica del Cambio: Balance Técnico y Apuestas Fiscales del Sector Hacienda

12 julio 2026

El cierre de un ciclo de gobierno e inicio de otro siempre trae consigo un debate intenso sobre el estado real de las finanzas y la dirección de la economía del país. En este escenario de transición, el presente escrito se basa estrictamente en el empalme ante el pueblo del sector hacienda presentado por el gobierno de Gustavo Petro, un ejercicio liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Con el propósito de desmentir diagnósticos infundados y delimitar las responsabilidades fiscales, el equipo técnico de la cartera expuso de manera pormenorizada los avances, los obstáculos normativos y los cambios estructurales ocurridos en el cuatrienio. Este informe sintetiza de forma ordenada las cifras macroeconómicas más relevantes, los desafíos presupuestales heredados y el impacto de las políticas públicas en el bienestar social, constituyendo un insumo clave para la evaluación de la realidad económica nacional.

Ejes Macroeconómicos y de Mercado Laboral

Crecimiento económico: Entre 2023 y 2026, la economía colombiana registró un crecimiento sostenido que alcanzó una tasa del 2,6% para el año 2026. Esta cifra sitúa al país en una fase de permanente recuperación y por encima del promedio proyectado para América Latina (2,3%), superando a naciones como México (1,6%), Brasil (1,9%) y Chile (2,4%). Además, se destaca la diversificación sectorial, con un cumplimiento que rebasó las metas del Plan Nacional de Desarrollo: las actividades artísticas y de entretenimiento crecieron al 31,2% (frente al 9,4% proyectado); la agricultura aumentó un 11,2% (frente al 7,0% proyectado); las actividades financieras llegaron al 13,1%; y la administración pública junto con educación y salud crecieron al 14,1%.
Salario mínimo: Durante los cuatro años del gobierno se mejoró de forma notable la capacidad adquisitiva de la población mediante la política del «salario vital». Esto se tradujo en un incremento acumulado del salario real de 30 puntos porcentuales. Este comportamiento se evidencia al observar que el crecimiento anual del salario real pasó de una tasa del 6,7% en el año 2023 a un significativo 17% en el año 2026, una vez descontado el efecto de la inflación.
Tasa de desempleo: El país logró registrar la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo. Mientras que Colombia inició el siglo con un desempleo del 15%, la actual gestión consiguió reducir este indicador hasta situarlo en el 8,1%. Esta cifra superó positivamente la meta establecida originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, la cual se había fijado en el 8,8%.
Creación de empleo: El mercado laboral experimentó una expansión histórica al pasar de 22’032.000 personas ocupadas al inicio del gobierno a un total de 24’528.000 empleos al cierre del cuatrienio, lo que equivale a la creación de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo (superando la proyección inicial de 1,7 millones). El cumplimiento de la meta global de empleo fue del 147%. Asimismo, se desmintió que se tratara de ocupaciones informales, ya que el empleo formal alcanzó un cumplimiento del 141% con la creación de 2 millones de puestos formales (frente a los 1,4 millones proyectados), logrando una reducción de la tasa de informalidad del 55,4% al 54,3%.
Inflación: La inflación total del país experimentó un descenso significativo a lo largo de los cuatro años, cayendo desde un preocupante 13,3% inicial hasta de un 5,8% para finales del periodo (específicamente registrando un 5,84% en mayo de 2026). Uno de los logros más destacados fue la reducción de la inflación de alimentos, la cual pasó del 27% en el año 2022 al 5% actual, aliviando de forma directa el bolsillo de los hogares con menores recursos. En junio de 2026, la inflación impactó menos a los sectores vulnerables (6,06%) y a los pobres (5,93%) en comparación con los sectores de altos ingresos (6,14%).  
 

Comercio Exterior, Reservas y Política Monetaria

Exportaciones: El modelo de comercio exterior se transformó para reducir la dependencia de los sectores extractivos minero-energéticos. Las exportaciones no tradicionales pasaron de representar el 50,7% al inicio del periodo a un 66,1% actual, superando la meta del 60% del plan de desarrollo. En términos monetarios, estas ventas externas no tradicionales crecieron un 26,3% entre 2022 and 2025, subiendo de 21.000 a 26.600 millones de dólares, impulsadas por incrementos en el sector agropecuario (aceites y grasas vegetales al 75,4%, carne al 33,8%) y manufacturero (equipo de transporte al 170,2%). A su vez, las exportaciones de servicios aumentaron un 39,8%, pasando de 14.000 a 19.600 millones de dólares, jalonadas por el dinamismo del turismo, cuyos ingresos crecieron un 52,3%.
Reservas internacionales: Las reservas internacionales brutas de Colombia se expandieron de manera histórica, logrando un crecimiento del 16,3%. Con este incremento, el saldo acumulado de las reservas se ubicó en un equivalente al 14,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con el balance del Ministerio, este nivel récord funciona como un blindaje financiero suficiente para contrarrestar vulnerabilidades y absorber choques externos de la economía.
Tasa de interés del Banco de la República: El Ministerio criticó fuertemente la política contraccionista del Banco de la República por mantener la tasa de referencia en un elevado 12,75%. Se argumenta que la junta del Emisor incrementó de forma equivocada la tasa en 275 puntos básicos en los últimos meses, abriendo una brecha de 6 puntos de tasa de interés real frente a una inflación que ya venía cayendo. Este encarecimiento contrasta con la prudencia de la Reserva Federal de EE.UU. o el Banco Central Europeo (con aumentos de 150 y 130 puntos básicos respectivamente ante inflaciones proporcionales) e impacta directamente el costo y el esfuerzo del gobierno por cubrir la deuda interna.
 

Situación Fiscal, Inflexibilidades y Deuda

Situación fiscal: El país afronta un desfase estructural de las finanzas públicas que responde a una tendencia de los últimos ocho años y no exclusivamente a la gestión actual. Desde el año 2018, los ingresos totales del gobierno pasaron del 15,1% al 18,1% del PIB, mientras que los gastos totales aumentaron a un ritmo mucho más acelerado, escalando desde el 18,2% hasta representar el 24,3% del PIB en el año 2026.
Gasto inflexible: Uno de los principales retos fiscales es la alta inflexibilidad presupuestal exigida por mandatos constitucionales y legales, que impide reducir el gasto social. Esta inflexibilidad pasó del 87,5% en 2024 al 93,7% en 2026, lo que significa que de un presupuesto aprobado de 546,9 billones de pesos, 512,4 billones corresponden a compromisos obligatorios. Entre estos rubros inflexibles destacan el servicio de la deuda pública con un 18,4% (100,45 billones); las transferencias del Sistema General de Participaciones a las regiones con un 16,2%; el sistema de pensiones con un 15,3% (83,8 billones); los gastos de personal con un 11,3% (62 billones, de los cuales el 81% financia a las Fuerzas Militares, Policía y sector judicial); y el aseguramiento en salud con un 9,4% (51,3 billones). Esto deja al Estado con un margen de gasto discrecional de apenas el 6,3% (34,5 billones de pesos).
Decisiones judiciales y legislativas que agudizan la crisis fiscal: El ministro denunció la existencia de una estrategia de «asfixia económica» contra el gobierno, propiciada por fallos de las altas cortes y determinaciones del Congreso que restaron un total de 61,9 billones de pesos a los ingresos de la República. Este impacto acumulado se divide en: 6,7 billones por suspensiones de la reforma tributaria de 2022 por parte de la Corte Constitucional; 12 billones por la negación de la ley de financiamiento en 2025; 16,6 billones debido a que el Congreso aprobó un presupuesto para 2026 condicionado a una ley de financiamiento que luego rechazó; 9,6 billones por la inexequibilidad de los decretos de emergencia económica de 2025; 7 billones por la suspensión provisional del decreto de retenciones en la fuente por el Consejo de Estado; y una reducción forzosa del presupuesto general de 2026 por 10 billones de pesos.
Presiones fiscales heredadas: La actual administración tuvo que asumir pesadas obligaciones financieras contratadas por el gobierno anterior, las cuales sumaron más de 130 billones de pesos en esfuerzos presupuestales. Esto incluye el pago de 83,9 billones de pesos para sanear el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPEC), debido a que se congeló el precio interno de la gasolina mientras el internacional subía. Asimismo, se destinaron 26,7 billones de pesos para cubrir los subsidios de energía y gas ante la eliminación de fuentes de cofinanciación en el Congreso, y se liquidaron 23,1 billones de pesos (11,6 billones en 2024 y 11,5 billones en 2025) para amortizar la Línea de Crédito Flexible por 5,500 millones de dólares adquirido a muy corto plazo con el FMI.
Deuda pública: Se aclaró que la deuda pública neta no creció de forma desmedida en este periodo, sino que se estabilizó tras un incremento histórico del 33,2% del PIB en 2012 al 60,7% en la prepandemia, recibiéndose en un 60%. El actual gobierno la redujo al 53,4% en 2023, situándola en 58,5% en 2025 y en 57,9% en 2026. El crecimiento de la deuda en el cuatrienio fue del 43,97%, una cifra notablemente inferior en comparación con los gobiernos de Juan Manuel Santos (71%) e Iván Duque (76,97%). Adicionalmente, una estrategia activa de manejo de deuda externa redujo el costo de intereses en bonos globales y banca comercial de 37.000 millones de dólares en enero de 2025 a 24.000 millones en abril de 2026, y con la banca multilateral de 9,900 a 6,400 millones de dólares, diversificando los compromisos en dólares, euros y francos suizos para mitigar riesgos cambiarios.
 

Presupuesto y Destinación Social

Presupuesto general de la nación: Bajo los lineamientos del plan de desarrollo del presidente Petro, el Presupuesto General de la Nación (excluyendo el rubro de la deuda) se incrementó en un 62% entre el año 2022 y el año 2026. En términos absolutos, el monto presupuestal pasó de un nivel de 280,9 billones de pesos al inicio de la gestión hasta alcanzar los 455,2 billones de pesos asignados para la vigencia fiscal de 2026.
Prioridades de gasto público: El crecimiento del presupuesto se focalizó en los sectores sociales estratégicos. El sector educación fue priorizado con un incremento del 39%, pasando de 63,6 a 88,2 billones de pesos para garantizar la gratuidad pública. El presupuesto de salud se expandió un 45% (de 54,3 a 78,7 billones de pesos) para fortalecer la atención primaria y los requerimientos de las EPS. Por su parte, el sector trabajo creció un 28% (de 44,2 a 56,8 billones); inclusión social y reconciliación subió un 38% (de 29,9 a 41,2 billones) enfocado en las pensiones de vejez; el sector de minas y energía se elevó un 81% (de 7,4 a 13,7 billones) para sostener los subsidios de servicios públicos; mientras que el sector de defensa y policía tuvo un crecimiento más moderado del 21% (de 54,2 a 65,7 billones de pesos).
Pobreza y desigualdad: El informe destaca como el mayor logro de la administración la salida de 5 millones de colombianos de la pobreza monetaria y de 2 millones de la pobreza monetaria extrema. En términos estadísticos, la pobreza monetaria moderada se redujo en 11,7 puntos porcentuales al bajar del 39,7% in 2021 al 28% en 2025. A su vez, la pobreza monetaria extrema se redujo del 13,7% al 9,6%, y la pobreza multidimensional retrocedió 6,1 puntos, pasando del 16% al 9,9%. Respecto a la equidad social, el coeficiente de Gini (indicador de desigualdad) mejoró notablemente al descender de 0,563 a 0,531 en el año 2025, marcando una ruptura en la tendencia histórica de desigualdad del país.
Crecimiento de la clase media: Las políticas del gobierno promovieron una dinámica positiva de movilidad social mediante la transferencia de la población en condiciones de pobreza hacia los sectores económicos intermedios. El segmento de la población calificado como pobre se contrajo del 39,7% registrado en 2021 al 31,8% en 2026. Paralelamente, los ciudadanos pertenecientes a la clase media se incrementaron significativamente del 27,9% al 34,4% en 2025, consolidando hogares con ingresos razonables y con mayor capacidad de gasto y generación de opciones económicas. Por último, la clase alta experimentó una variación del 2,6% al 3,3%.
 

Apuesta de Reforma del Gobierno Saliente

Propuesta de reforma tributaria (Ley de Financiamiento): Ante las evidentes dificultades de liquidez provocadas por la estrategia de asfixia y la rigidez del gasto, el gobierno saliente formuló de manera responsable una nueva propuesta de reforma tributaria o ley de financiamiento para ser radicada ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Esta iniciativa busca recaudar de forma escalonada 21,8 billones de pesos en 2027, 32,7 billones en 2028, 34,9 billones en 2029 y 37 billones de pesos en el año 2030. El ministro enfatizó en que se trata de un proyecto de naturaleza estrictamente progresiva, diseñado para que el mayor esfuerzo fiscal recaiga exclusivamente sobre los patrimonios e ingresos más altos del país, protegiendo en su totalidad los recursos de las personas de estratos bajos y medios.
 

Conclusión

El balance entregado por Germán Ávila devela una economía con claroscuros marcados: por un lado, exhibe una notable resiliencia y éxito en materia de indicadores sociales —donde la histórica reducción de la pobreza y la consolidación de la clase media son los pilares más visibles— junto con un manejo técnico responsable de la deuda externa. Por el otro, el informe deja al descubierto una asfixiante encrucijada fiscal derivada del bajo margen de maniobra presupuestal y de las tensiones institucionales con el Congreso y las cortes judiciales. La propuesta final de radicar una nueva ley de financiamiento tributaria progresiva subraya que la sostenibilidad del modelo socializador dependerá, en última instancia, de la capacidad institucional para corregir el desbalance estructural entre los ingresos de la nación y sus gastos rígidos.

Por Comité de redacción KontraPortada