La hegemonía como instrumento de dominación:

"La hegemonía, tal como la definió Gramsci, comienza a desmoronarse cuando los ciudadanos dejan de aceptar como naturales decisiones que contradicen sus propios intereses".

16 de agosto de 2026

Por Hugo René Orejuela. KontraPortada

Cuando se habla de hegemonía, muchos piensan en el poder económico, la superioridad militar o la capacidad de un Estado Potencia para imponer sus decisiones sobre otros países. Sin embargo, el concepto es mucho más complejo. Antonio Gramsci, uno de los pensadores marxistas más influyentes del siglo XX, desarrolló una definición que sigue siendo fundamental para comprender el funcionamiento del poder en el mundo contemporáneo.

Para Gramsci, la hegemonía no consiste únicamente en el dominio ejercido mediante la fuerza. Una clase social o una potencia alcanzan la hegemonía cuando consiguen que sus intereses particulares sean aceptados como si representaran el interés general de toda la sociedad.Ese es el gran aporte del pensador italiano.

El poder no se sostiene exclusivamente mediante la coerción. También necesita el consentimiento.Por eso, Gramsci dedicó buena parte de su obra a estudiar el papel de la escuela, la Iglesia, los medios de comunicación, el sistema educativo, la producción cultural y los intelectuales. La dominación no se construye únicamente en los cuarteles o en los parlamentos. Se construye en el terreno de las ideas.

Carlos Marx había formulado anteriormente una observación que serviría de base para el desarrollo posterior del concepto. En La ideología alemana, escribió que las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes. Gramsci llevó ese razonamiento un paso más allá y explicó cómo una sociedad puede llegar a aceptar como naturales decisiones que, en realidad, favorecen a grupos específicos de poder.Ese mecanismo puede observarse claramente en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

Durante décadas se ha defendido la idea de que el mercado es más eficiente que el Estado, que la reducción del gasto público es una necesidad económica y que la privatización constituye una solución para garantizar el crecimiento.Sin embargo, cuando los grandes grupos financieros atraviesan una crisis, el discurso cambia radicalmente. Las ganancias continúan siendo privadas, pero las pérdidas dejan de ser responsabilidad de quienes las generaron.

Entonces aparecen los rescates financieros, los programas de austeridad, las reformas fiscales y el aumento del endeudamiento público. Los costos son transferidos a toda la sociedad.

Se reducen los presupuestos destinados a la salud, la educación y la protección social. Se incrementan los impuestos. Se congelan los salarios. Se recortan los programas públicos. Y todo ello suele justificarse como un sacrificio necesario para proteger la estabilidad económica.La paradoja es evidente.

El mismo sistema que rechaza la intervención del Estado para garantizar derechos sociales reclama la participación estatal cuando los grandes grupos económicos necesitan ser rescatados.Gramsci explicaría este fenómeno como una expresión de la hegemonía.

La sociedad termina aceptando políticas que, en muchos casos, afectan directamente sus propias condiciones de vida porque esas políticas han sido presentadas como inevitables.

La hegemonía funciona cuando la población deja de percibir los intereses particulares de una élite económica y comienza a interpretarlos como intereses colectivos.La lógica sigue siendo la misma.

Se construye un enemigo. Después se justifica la expansión del aparato de seguridad. Finalmente, se normalizan medidas que, en otras circunstancias, habrían sido consideradas incompatibles con el Estado de derecho.

La hegemonía funciona precisamente así. No necesita imponer permanentemente su autoridad mediante la fuerza.

Necesita convencer a la sociedad de que determinadas decisiones responden al interés general.

La consecuencia más peligrosa es que las personas terminan defendiendo políticas contrarias a sus propios intereses. Aceptan la reducción del gasto social porque consideran que el Estado es ineficiente y la política dura anti migratoria, con la persecución, encarcelamiento, abusos de la fuerza y expulsiones masivas, aún por aquellos migrante cuya situación esta legalmente definida.

Respaldan la privatización porque creen que el mercado resolverá los problemas que el propio mercado ha contribuido a crear. Aprueban el endeudamiento porque les han enseñado que no existe otra alternativa.Y aceptan la pérdida gradual de derechos porque se les ha convencido de que la seguridad justifica cualquier sacrificio. La verdadera batalla por la hegemonía no se libra únicamente en los parlamentos, en los mercados financieros o en los campos de batalla. Se libra en el terreno de las ideas.

Este debate adquiere una dimensión internacional cuando analizamos la política exterior de Estados Unidos. La economía estadounidense continúa siendo la más grande del planeta. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva internacional. Sin embargo, distintos organismos y centros de análisis vienen advirtiendo sobre el deterioro de los indicadores fiscales del país.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos ha señalado que la trayectoria fiscal es insostenible y que la deuda pública continúa creciendo más rápidamente que la economía. Según ese organismo, la deuda en manos del público alcanzó los 31,3 billones de dólares en abril de 2026, una cifra equivalente al tamaño de toda la economía estadounidense. Además, el pago de los intereses de la deuda ya supera el presupuesto destinado a la defensa.

La situación no parece estar mejorando. El déficit acumulado durante el año fiscal de 2026 alcanzó los 1,799 billones de dólares antes de concluir el ejercicio presupuestario, superando el déficit total registrado en 2025. Este escenario coincide con el avance de un mundo más competitivo, en el que China, los BRICS y otras potencias disputan espacios económicos, tecnológicos y geopolíticos que durante décadas estuvieron bajo la influencia casi exclusiva de Washington.

En este contexto, América Latina vuelve a ocupar un lugar central. No es una casualidad. La región concentra enormes reservas de petróleo, litio, cobre, agua, biodiversidad y minerales estratégicos indispensables para el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Controlar el acceso a esos recursos significa garantizar ventajas económicas y geopolíticas durante las próximas décadas.

Por eso, la política exterior de Donald Trump y Marco Rubio merece un análisis más profundo. El segundo gobierno de Donald Trump pretende recuperar el hemisferio occidental como una prioridad estratégica. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos reconoce que la nueva administración ha colocado a América Latina en el centro de su política exterior y ha reforzado su intención de limitar la influencia de potencias extrarregionales, especialmente China y Rusia.

Marco Rubio ha sido uno de los principales arquitectos de esa estrategia. En su comparecencia ante el Senado estadounidense afirmó que la política exterior debía orientarse nuevamente a la defensa de los intereses nacionales estadounidenses, entendidos como la protección del pueblo, el territorio, la soberanía y la civilización de Estados Unidos.

Su estrategia no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia el conservadurismo de extrema derecha. Existe un componente geopolítico evidente.

La Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el principio de «América para los americanos», estableció el hemisferio occidental como un espacio de influencia privilegiado para Estados Unidos.

Dos siglos después, esa doctrina parece adquirir una nueva configuración. Ya no se trata de intervenciones militares convencionales ni de golpes de Estado como los que caracterizaron gran parte del siglo XX.

Los instrumentos han cambiado. La cooperación militar, las alianzas estratégicas, las sanciones económicas, la dependencia tecnológica, los acuerdos comerciales, el control de la información y la presión diplomática han sustituido, en muchos casos, los mecanismos tradicionales de intervención.

El denominado Escudo de las Américas, cuyo protocolo fue firmado recientemente por Abelardo de la Espriella como jefe de Estado de Colombia, debe analizarse dentro de este contexto. La seguridad se ha convertido en el nuevo lenguaje de la política hemisférica. La lucha contra el narcotráfico, la inmigración, el terrorismo y el crimen organizado son presentados como objetivos comunes que requieren respuestas coordinadas.

Sin embargo, detrás del discurso de la seguridad aparecen preguntas inevitable. ¿Quién define las amenazas? ¿Quién establece las prioridades? ¿Quién controla los mecanismos de cooperación?

La historia latinoamericana demuestra que el concepto de seguridad ha sido utilizado en numerosas ocasiones para justificar intervenciones externas y restringir derechos políticos.

Desde la Guerra Fría, el enemigo interno y externo ha sido el comunismo. En la actualidad, la categoría del enemigo se ha ampliado, al inmigrante, el narcotráfico, el activista, el dirigente social y los movimientos políticos identificados con la izquierda aparecen cada vez con mayor frecuencia en discursos que los presentan como amenazas para el orden social.

El ascenso de gobiernos de derecha y ultraderecha en distintos países de América Latina debe interpretarse también dentro de esta dinámica. Argentina, Ecuador, El Salvador, Chile Bolivia y Colombia representan procesos políticos diferentes, pero comparten algunos elementos, el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, el endurecimiento del discurso contra la oposición, la reducción del papel del Estado y la defensa de políticas económicas orientadas hacia la liberalización del mercado.

La hegemonía necesita aliados. Y esos aliados no siempre son construidos mediante la fuerza. Gramsci sostenía que la hegemonía requiere una red de instituciones capaces de reproducir una determinada visión del mundo.

Hoy esa red incluye medios de comunicación, plataformas digitales, empresas tecnológicas, centros financieros, organismos internacionales, sistemas educativos y estructuras políticas que contribuyen a consolidar determinadas formas de entender la economía, la seguridad y el poder.

Ese es el verdadero desafío para América Latina. La discusión no debería limitarse a elegir entre izquierda y derecha. Las preguntas son mucho más profunda. ¿Quién define el modelo de desarrollo? ¿Quién controla los recursos estratégicos? ¿Quién decide qué es la democracia? ¿Quién establece los límites de la soberanía?

La hegemonía, tal como la definió Gramsci, comienza a desmoronarse cuando los ciudadanos dejan de aceptar como naturales decisiones que contradicen sus propios intereses.

Quizá esa sea la gran lección que el pensador italiano sigue ofreciendo casi un siglo después, el poder no se mantiene únicamente porque controla las instituciones. Se mantiene porque consigue convencer a las personas de que no existe otra alternativa. Y precisamente ahí comienza la responsabilidad del pensamiento crítico.