La Europa que ya no cree en sus gobiernos:

“Cuando el Estado solo ofrece orden público, la legitimidad ya se ha agotado: una radiografía de la crisis que puede entregarle Europa a la ultraderecha”

 25 de octubre de 2026.

Por: Hugo René Orejuela./KontraPortada

I. Las manifestaciones y sus causas: cuando la queja se convierte en diagnóstico.

En lo transcurrido de octubre de 2026, Europa ha vivido una de esas coyunturas que la historia archiva bajo el rótulo de punto de inflexión. Francia, Bélgica, Italia, Portugal y Albania registraron manifestaciones masivas, disturbios, incendios de edificios públicos, saqueos y miles de detenciones. En Francia, el Ministerio del Interior contabilizó 550.000 manifestantes, mientras los sindicatos reportaron más 800.000 y más de 2.000 detenidos en una sola jornada, con cerca de 1.000 agentes heridos entre el 16 y 17 de octubre.

Las movilizaciones duran ya más de un mes y habían llegado a congregar a 266.000 personas en un solo día. El símbolo más elocuente no fue una cifra, sino una imagen, el ayuntamiento de Limoges, un edificio del siglo XIX que sobrevivió a dos guerras mundiales, ardió hasta los cimientos.

La pregunta que un analista debe formular no es qué demandaban los manifestantes, porque lo dijeron con claridad, vivienda asequible, salarios dignos, servicios públicos funcionales, energía a precios soportables, una escuela que funcione. La pregunta es por qué esas demandas, acumuladas durante años, estallaron ahora con esta intensidad.

El detonante inmediato fue la energía, el precio del diésel superó los 2,3 euros por litro en Italia a finales de septiembre, tras el vencimiento de las exenciones fiscales y el encarecimiento del crudo por el conflicto en Oriente Medio. La inflación energética en la eurozona alcanzó el 18,9% en septiembre, y los precios de los alimentos son entre un 20% y un 57% más altos que a finales de 2019.

Pero reducir el análisis a la factura energética sería un error de perspectiva. Detrás de esas cifras hay una acumulación que las familias sienten como una asfixia lenta, la vivienda inalcanzable, el salario que no alcanza, la sanidad que tarda meses en atender, la escuela que pierde profesores mientras se destinan miles de millones al rearme.

II. El impacto político y el déficit presupuestario: la trampa fiscal de la respuesta estatal

La respuesta de los gobiernos europeos osciló entre la condena moral y la represión selectiva. El ministro del Interior belga calificó los disturbios como «violencia pura y simple, organizada y repetida con el objetivo de desestabilizar nuestra sociedad». La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los actos violentos sin abordar las causas materiales. En Francia, el gobierno desplegó la fuerza antiterrorista «Sentinel» y decretó toques de queda locales.

Esta respuesta revela una dificultad estructural para distinguir entre la protesta legítima y la violencia instrumental, y una tendencia a tratar ambas con el mismo repertorio coercitivo. Cuando un Estado solo responde con la policía a demandas que son fundamentalmente económicas y sociales, envía el mensaje de que no tiene nada más que ofrecer. La coerción aparece ahí donde la negociación se ha agotado. Es la paradoja del Estado que conserva el monopolio de la violencia pero ha perdido el monopolio de la solución.

Esa paradoja no es solo política, es también fiscal. Francia tiene un déficit proyectado del 5,1% del PIB y una deuda pública del 118,1%. La Unión Europea en su conjunto prevé una deuda del 84,2% del PIB para 2026, y el Tribunal de Cuentas europeo advierte que podría alcanzar el billón de euros en 2027. El envejecimiento poblacional presiona el gasto sanitario y de pensiones, mientras las reglas fiscales europeas limitan la capacidad de estímulo.

Los gobiernos están atrapados entre la exigencia ciudadana de protección y la disciplina presupuestaria que ellos mismos han contribuido a institucionalizar. Esa trampa es, en buena medida, la trampa de la propia construcción europea, una unión monetaria sin unión fiscal, un mercado sin un Estado social que lo compense, una política exterior que es la suma de las prioridades de otros.

III. La Generación Z y Omega: los protagonistas que la crónica oficial no nombró

Cuando el ayuntamiento de Limoges ardió, los titulares hablaron de disturbios, de violencia, de caos. Pero la imagen que mejor resume lo ocurrido no es la del fuego, sino la de las edades de quienes estaban frente a él. Las movilizaciones no las lideraron los partidos ni los sindicatos tradicionales, las lideraron estudiantes de secundaria.

Damiano Fusa tiene 18 años, ocupó su instituto en Roma, el primero de una decena de centros educativos italianos que siguieron el ejemplo. «Nos quedaremos en la calle para arrancarle nuestro futuro a las clases dirigentes que nos lo han confiscado», declaró. Soan Rauch, uno de los organizadores de las protestas en Lille, tiene 14.

En Milán, ocho de cada diez detenidos durante los disturbios del fin de semana eran menores de edad, hasta el punto de que el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, los describió como «niños». Un joven de 15 años perdió una mano por el impacto de una granada de aturdimiento; otro de 14 sufrió graves lesiones en la mandíbula por el impacto de un artefacto de gas lacrimógeno dirigido contra su rostro.

No fue una protesta generacional más. Fue la irrupción de la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, como sujeto político central en Europa, en vísperas de un superciclo electoral que decidirá los gobiernos de cuatro de los cinco países más poblados de la Unión. Y con ellos, una generación aún más joven, la que algunos llaman Omega, la que ha crecido escuchando que será la primera que vivirá peor que sus padres y la última que aún podría evitar el colapso climático.

El lema que se repitió en las pancartas lo decía sin rodeos, «La Generación Z somos los últimos». El sociólogo Albert Julià lo resume con precisión: «El contexto actual se caracteriza por un profundo desajuste entre las expectativas personales de los jóvenes y las barreras que encuentran para desarrollar sus trayectorias vitales. Esto explica que afloren sentimientos de descontento, frustración y enfado de forma cada vez más generalizada». Su colega Ilaria Pitti, de la Universidad de Bolonia, añade otra seña de identidad de esta ola: «la fuerte desconfianza hacia las respuestas ofrecidas por las instituciones estatales y europeas y las promesas del sistema económico neoliberal».

IV. La ruptura del pacto social: cuatro pilares que se agrietaron a la vez

Para entender por qué esa generación salió a la calle con esta intensidad, hay que recordar qué prometía el contrato social europeo y qué encontró en su lugar. La Europa de posguerra construyó su legitimidad sobre una convicción, que la democracia solo se sostiene si el Estado garantiza un mínimo de seguridad material a quienes viven de su trabajo. Empleo estable, sanidad universal, educación gratuita, pensiones dignas, vivienda accesible. Durante medio siglo, ese pacto funcionó. La Generación Z es la primera que lo recibe agrietado por los cuatro costados.

El trabajo, dejó de ser el mecanismo por el que una generación transmitía a la siguiente la posibilidad de un futuro propio. La desregulación, la externalización y la conversión del empleo en variable de ajuste convirtieron la estabilidad en excepción. La irrupción de la inteligencia artificial en las tareas de entrada no ha hecho más que agravar esa incertidumbre para quienes buscan su primer empleo.

El bienestar, pasó de conquista a gasto a contener. La sanidad tarda meses en atender, los servicios sociales se externalizan, y la disciplina fiscal impuesta desde Bruselas limita cualquier respuesta expansiva.

La vivienda, es el pilar que más visiblemente se ha roto. En España, el alquiler medio alcanzó los 1.176 euros mensuales, el 98,7% del salario medio de un joven. En la UE, el 26,9% de los jóvenes de entre 15 y 29 años vive en hogares superpoblados. La vivienda dejó de ser el mecanismo por el que una generación transmitía a la siguiente la posibilidad de un futuro propio, y se convirtió en un activo financiero cuyo rendimiento depende precisamente de que los jóvenes no puedan comprarla.

En España, el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, fue la chispa que encendió la mecha. En Lisboa y Oporto, cientos de jóvenes desafiaron órdenes de desalojo y pasaron la noche acampados en plazas céntricas para exigir vivienda asequible.

Y la escuela, el cuarto pilar, ha sido el detonante silencioso en Francia. El sistema educativo, durante décadas uno de los más igualitarios de Europa, arrastra un deterioro que se mide en aulas deterioradas, profesores ausentes y miles de vacantes sin cubrir al inicio de cada curso.

Los estudiantes bloquearon las entradas de sus institutos con contenedores de basura para denunciar la falta de profesores y el estado de los edificios. «Facciamo come in Francia»(hagamos como en Francia), coreaban en Italia; «Dinero para la escuela, no para la guerra», gritaban en Roma, Milán y Turín. La crisis educativa no es un problema sectorial, es la prueba de que el mecanismo que supuestamente garantizaba la igualdad de oportunidades ha dejado de funcionar.

Cuando esos cuatro pilares se agrietan a la vez, el contrato social no se rompe de golpe, se vacía de contenido. El ciudadano sigue pagando impuestos, sigue cumpliendo las normas, sigue creyendo, cada vez con menos convicción, que el sistema le devolverá algo. Pero descubre que ya no hay nada al otro lado del mostrador.

V. El riesgo central: cuando la legitimidad se sustituye por la autoridad

La consecuencia más preocupante de esta coyuntura no es la violencia callejera en sí, sino lo que revela sobre la salud de las democracias europeas. En Francia, el 74% de los votantes menores de 30 años afirma que la clase política no les representa ni les escucha. Esa cifra no es un dato menor, es el termómetro de una fractura en el vínculo representativo. Cuando una generación entera deja de creer que el sistema político procesa sus demandas, el espacio que deja libre no tarda en ser ocupado por quienes ofrecen una respuesta simple y peligrosa: orden a cambio de libertad, identidad a cambio de solidaridad, muros a cambio de derechos.

La ultraderecha europea lleva años capitalizando ese descontento con el argumento de que las élites han abandonado a los trabajadores y a las clases medias. Si los gobiernos de centroizquierda y centroderecha responden a la crisis de la vivienda, de la escuela y del costo de vida con recortes y represión, estarán entregando a esas fuerzas el argumento más potente que pueden esgrimir, la demostración empírica de que el sistema no funciona para la mayoría. La paradoja es amarga, las políticas de austeridad que se aplican para cumplir con las reglas fiscales y financiar el rearme son precisamente las que alimentan la desafección que luego se canaliza hacia proyectos autoritarios.

Pero sería un error reducir a esta generación a la condición de víctima propiciatoria de la ultraderecha. La Generación Z no es un sujeto pasivo que espera a que alguien le ofrezca un salvavidas. Es la generación que ha tumbado gobiernos en Bangladés, Nepal y Madagascar, la que ha aprendido a organizarse en redes transnacionales, la que comparte consignas y estrategias de un país a otro.

Como dijo la vicepresidenta del principal sindicato estudiantil francés, Alice de Brito: “Veo muchas más similitudes que diferencias. Todos hablamos de la necesidad de invertir en educación, en las universidades, en la juventud en general. Pero también hablamos del costo de vida, de la vivienda”. Esa capacidad de articular un malestar común más allá de las fronteras es, a la vez, su mayor fortaleza y el mayor desafío para un sistema político que sigue operando en clave nacional.

VI. La ruptura de la confianza euroatlántica: el acuerdo de diésel entre Trump y Putin

Sobre ese sustrato material se superpone una dimensión que los análisis tecnocráticos suelen pasar por alto: la elección geopolítica. Los gobiernos europeos cortaron los vínculos con la energía rusa barata y, al mismo tiempo, no se opusieron eficazmente a la guerra estadounidense-israelí contra Irán. El resultado es una ecuación perversa, Europa paga la energía a precios de crisis mientras aumenta su gasto militar por compromisos con la OTAN, y financia esa combinación recortando precisamente los servicios sociales que las clases medias y trabajadoras necesitan.

Pero la ruptura no estalló por una causa económica, sino por una revelación política. El 9 de octubre de 2026, Donald Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin por el cual Rusia suministrará a Estados Unidos más de 300.000 toneladas de diésel de inmediato, otras 500.000 en noviembre y un millón adicional en una fase posterior. Para hacerlo posible, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza la importación de diésel ruso hasta abril de 2027, levantando temporalmente las sanciones que pesaban sobre el combustible ruso.

Lo extraordinario no es solo el volumen, sino el contexto, Trump había firmado apenas un mes antes una ley de sanciones severas contra Rusia, destinada precisamente a ahogar los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania. La lógica que explica esta pirueta no es geopolítica, sino electoral, el precio del diésel en Estados Unidos se había disparado hasta los 6,28 dólares por galón, un máximo histórico, y a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, el presidente Trump necesitaba un gesto que aliviara la presión sobre los transportistas y los votantes.

La reacción europea fue de indignación contenida. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, lo expresó sin matices: «Nuestro mensaje a Estados Unidos es que solo la presión funciona con Rusia. Vemos que están relajándola concluyendo acuerdos, y vemos cómo Rusia responde, atacando más y jugando a la escalada». El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó de «impensable» que Europa emulara el acuerdo, y reafirmó que «Rusia solo negociará en serio bajo presión». Pero esa firmeza retórica no ocultaba la realidad, Europa seguía aplicando sanciones que su socio transatlántico acababa de perforar.

Lo que se quebró ese día no fue solo la unidad transatlántica. Fue la lógica misma del sacrificio. Durante cuatro años, Bruselas y las capitales nacionales pidieron a sus ciudadanos sacrificios energéticos, aceptaron la inflación y justificaron el deterioro de los servicios públicos en nombre de la solidaridad con Ucrania y la defensa del orden liberal internacional.

Cuando Washington decidió, sin consultar y por cálculo electoral, que ese sacrificio ya no le resultaba rentable, la promesa quedó al descubierto como lo que era, una construcción retórica que dependía de la buena voluntad de un aliado que acababa de demostrar que no la tenía. Para una generación que ya desconfiaba de las instituciones, la confirmación de que las reglas no son las mismas para todos fue el empujón definitivo.

VII. Conclusión: el mismo foco de una crisis que no es solo económica

Si algo revela la coyuntura de octubre de 2026 es que todos los hilos conductores, la calle, el déficit, la generación que protesta, el pacto social roto, la confianza transatlántica que se deshilacha, no son problemas separados, sino manifestaciones del mismo foco de crisis. La protesta no fue un estallido de violencia sin causa, fue el síntoma de un contrato social que se ha vaciado por dentro.

El déficit no es solo una restricción técnica, es la excusa que impide reconstruir los servicios que sostenían ese contrato. La Generación Z no es un actor secundario, es la generación que ha interiorizado, antes que nadie, que el pacto ya no se cumple, y que ha decidido actuar en consecuencia. Y el acuerdo de diésel entre Trump y Putin no es un dato periférico, es la prueba empírica de que las élites europeas construyeron su legitimidad sobre una promesa que dependía de un aliado que ya no la sostiene.

La protesta de octubre es un espejo, que devolvió una imagen incómoda, la de una Europa que ha conservado las formas del contrato social, las elecciones, los parlamentos, los discursos sobre los valores, pero ha dejado vacío su contenido material. Los gobiernos que rompan este espejo en lugar de mirarse en él podrán ganar unos meses de calma aparente. Pero gobernarán sobre un pacto roto, y un pacto roto no se sostiene con la fuerza.

La historia no juzgará a Europa por haber atravesado la crisis, sino por haber decidido, cuando aún tenía margen, si la salida era reconstruir el contrato o administrar su ruina. Y serán los jóvenes, los que ocuparon los institutos, los que acamparon frente a las inmobiliarias, los que perdieron una mano por una granada de aturdimiento, quienes, en última instancia, juzguen si esa decisión estuvo a la altura de lo que ellos ya habían entendido, que el futuro no se hereda, se arranca.