y los eufemismos en el contexto de la guerra y la seguridad.
“El Derecho Internacional Humanitario (DIH), compuesto por las cuatro Convenciones de Ginebra y sus Protocolos, obliga a todas las partes en conflicto a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución: no se puede atacar a civiles, y los periodistas se consideran civiles salvo que participen directamente en hostilidades”.
28/09/2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y del equipo editor de KontraPortada.
En el campo de batalla de las comunicaciones, las palabras pueden ser armas más poderosas que las balas. La deshumanización y el uso de eufemismos en el contexto de la guerra y la seguridad han sido tácticas eficaces que Estados Unidos e Israel han empleado para justificar acciones que podrían considerarse ilegales o inmorales. Estos países han utilizado etiquetas y la manipulación del lenguaje para normalizar la violencia y evadir la rendición de cuentas.
El lenguaje no solo describe la realidad; también clasifica y deshumaniza. Durante años, Estados Unidos ha empleado prácticas como los «signature strikes» ataques contra personas por patrones de conducta sin identificación nominal y criterios que cuentan a los «barones en edad militar» como combatientes, diluyendo la categoría de civil a efectos de bajas y rendición de cuentas. Estas tácticas han sido documentadas tanto por la prensa como por investigaciones independientes, lo que evidencia cómo la semántica oficial reduce el escrutinio sobre muertes de no combatientes.
La construcción del «enemigo interno» o el “otro desechable” es una estrategia históricamente utilizada para justificar la violencia estatal o paraestatal. La figura del terrorista, narcotraficante o infiltrado se erige como una amenaza omnipresente, permitiendo a los gobiernos implementar políticas represivas con aparente respaldo popular. Un claro ejemplo de esto es la guerra contra las drogas en América Latina, donde los cárteles son presentados no solo como criminales, sino como enemigos de la nación, justificando así la militarización y las violaciones a los derechos humanos.
En septiembre de este año, la retórica dio un salto aún más preocupante cuando la Casa Blanca enmarcó un ataque letal a una lancha en el Caribe dentro de la “guerra contra el narcotráfico ”, calificando a las víctimas de “narcotraficantes”. Expertos en derecho internacional advirtieron que no había un conflicto armado aplicable ni un caso claro de autodefensa inminente; por tanto, invocar el lenguaje de guerra para una operación antidrogas erosiona las barreras legales que prohíben matar fuera del marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o del derecho penal.
En Gaza y más recientemente en Yemen, organizaciones de libertad de prensa y expertos de la ONU han señalado un patrón sin precedentes de muertes de periodistas y personal de medios, con Israel como actor responsable de la mayoría de los asesinatos de reporteros en 2024, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y agencias internacionales. La acusación central es que Israel redefine a los periodistas como “operativos” o “propagandistas” para legitimar ataques contra ellos.
El 10 de septiembre de 2025, un bombardeo israelí contra un complejo periodístico en Saná mató al menos a 31 periodistas y trabajadores de medios, el segundo ataque más letal contra periodistas del que se tenga registro. Israel alegó que atacaba centros de “guerra psicológica” hutíes; sin embargo, CPJ y otros observadores denunciaron la violación de la protección especial que el DIH confiere a periodistas como civiles.
La Comisión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en septiembre de 2025 un informe que atribuye a Israel actos constitutivos de genocidio en Gaza, citando patrones de ataque contra civiles y bloqueos a la ayuda humanitaria, lo que intensifica las obligaciones de prevenir y sancionar conforme a la Convención de 1948. Israel rechaza las acusaciones, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas provisionales en 2024 ordenando a Israel prevenir actos prohibidos por la Convención y permitir el acceso humanitario.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), compuesto por las cuatro Convenciones de Ginebra y sus Protocolos, obliga a todas las partes en conflicto a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución: no se puede atacar a civiles, y los periodistas se consideran civiles salvo que participen directamente en hostilidades.
El Artículo 79 del Protocolo Adicional I consagra la protección de los periodistas; la costumbre del DIH refuerza estos estándares incluso fuera del tratado. El Consejo de Seguridad (Res. 2222) exige una protección efectiva de los periodistas y combate la impunidad por ataques contra ellos. Asimismo, el personal médico y humanitario goza de protección específica, y su ataque puede constituir crimen de guerra.
Cuando un Estado reclasifica periodistas o paramédicos como “terroristas” sin pruebas verificables, no satisface el estándar jurídico: la carga es demostrar participación directa en hostilidades caso por caso. Alegatos genéricos o documentos no auditables no bastan para perder la inmunidad civil. La discusión de 2024–2025 sobre supuestos vínculos de periodistas con grupos armados subraya la necesidad de evidencia pública, verificable y revisable; en ausencia de ello, los ataques son ilegales.
Trasladar la gramática de la “guerra contra el terrorismo” a la “guerra contra el narcotráfico” no crea un conflicto armado ni transforma a presuntos contrabandistas en objetivos militares. Según análisis jurídicos recientes, el ataque de Estados Unidos en el Caribe carece de base en DIH y tampoco cumple el umbral de legítima defensa; fuera de esas vías, la fuerza letal se rige por el derecho penal (incluidos delitos como homicidio en alta mar). Llamar “narco-terroristas” y asesinar con misiles a los ocupantes de una lancha no sustituye el debido proceso ni la prueba y se convierte en ejecuciones extrajudiciales, según expertos de Naciones Unidas.
La cobertura institucional cuando ocurren estas muertes suele recurrir a eufemismos (“objetivo legítimo”, “infraestructura terrorista”, “daños colaterales”) y a la culpabilización póstuma (“eran militantes”), lo que colapsa la presunción de civilidad y desplaza la conversación desde la legalidad hacia la narrativa. Los datos de CPJ sobre los años 2023–2025 —los más mortales para la prensa, concentrados en Gaza— muestran que el marco discursivo no es inocuo: normaliza una excepcionalidad permanente y debilita la rendición de cuentas.
Tanto en la “guerra contra el terror” como en su derivación “narco-terrorista”, y en el genocidio de Gaza, el recurso a etiquetas y eufemismos ha funcionado como un atajo político que desplaza obligaciones jurídicas claras: proteger a civiles, periodistas y personal sanitario, investigar muertes y rendir cuentas. La práctica de llamar “terroristas” a víctimas tras su muerte, sin prueba pública, no crea legalidad, la erosiona. Frente a ello, el periodismo profesional debe reclamar evidencia, nombrar normas (Ginebra, resoluciones del CSNU) y desmontar el lenguaje que pretende naturalizar lo inaceptable.
La dimensión global de estas prácticas no puede ser subestimada. Organismos internacionales, gobiernos aliados y corporaciones transnacionales a menudo sostienen regímenes y políticas represivas en nombre del “libre mercado” o la “lucha antiterrorista”. La complicidad internacional y los intereses del capital refuerzan la capacidad de los estados para implementar políticas represivas sin rendir cuentas.
El neoliberalismo ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de Estados más represivos y medios más concentrados. La liberalización económica y la privatización erosionan la capacidad de los estados para proteger los derechos humanos, mientras que la presión por maximizar ganancias lleva a la concentración mediática y a la propagación de desinformación y noticias falsas.
La cobertura mediática de conflictos armados a menudo refleja los intereses económicos y geopolíticos de las potencias mundiales, más que un compromiso con la verdad y la justicia. La censura de prensa y medios, las amenazas a medios y periodistas, el bombardeo y asesinato de periodistas, tratan de ocultar la verdad de las causas y los hechos, reemplazadas por narrativas que desdibujan la realidad a favor del represor.
El periodismo crítico juega un papel esencial en desmantelar la propaganda y la guerra psicológica, exponiendo las verdaderas consecuencias de las políticas represivas y amplificando las voces silenciadas. Es imperativo fomentar una ética del periodismo que priorice la verdad y la justicia sobre los intereses del poder y el capital. Solo así se podrá revertir la tendencia hacia la censura y autocensura en el periodismo y garantizar una cobertura mediática justa y responsable de los conflictos armados y las protestas sociales.
Promover estas prácticas no solo es una responsabilidad profesional, sino también un compromiso ético con la defensa de los derechos humanos y la democracia.
