¡La autonomía no se legisla!
3 agosto 2026
Un proyecto impulsado por congresistas conservadores busca prohibir la IVE y reabre el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La autodenominada Bancada Pro-Vida radicó este 29 de julio en el congreso de la república un proyecto para prohíbir Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia.
La iniciativa impulsada y respaldada por 16 congresistas de sectores conservadores y cristianos, reabre el debate sobre un derecho ya reconocido por la Corte Constitucional.
La misma fue encabezada por David Cote, quien asumió la vocería de una reforma sobre un derecho que recae directamente sobre las mujeres.
Frente a ello, colectivos feministas cuestionan que quienes promueven estas iniciativas hablen desde posiciones de privilegio, ajenas a las condiciones de vulnerabilidad que el aborto legal busca atender.
La reforma propone que el derecho a la vida sea protegido desde la fecundación o concepción.
Esto significa para las mujeres la pérdida de autonomía para decidir sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida, la posible afectación en los casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante e inviabilidad fetal, así como, el regreso de escenarios de criminalización para quienes decidan interrumpir un embarazo.
Puesto que restringir el acceso legal al aborto no elimina su práctica, sino que incrementa los procedimientos clandestinos e inseguros, afectando especialmente a mujeres en condiciones de pobreza, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y habitantes de territorios donde el acceso a servicios de salud ya es limitado.
Sin embargo, mientras se promueven iniciativas para obligar a continuar los embarazos, no existen estrategias suficientes para asegurar acceso efectivo a salud, educación, alimentación, cuidado y protección integral para madres e hijos en dichos contextos.
La radicación de este proyecto se suma a una preocupante tendencia global de retrocesos en los derechos de las mujeres, impulsada por sectores conservadores que buscan restringir derechos sexuales y reproductivos.
Para las organizaciones feministas, poner nuevamente en discusión garantías ya conquistadas representa, por sí mismo, un paso atrás en la protección de los derechos de las mujeres.
La propuesta deberá superar ocho debates en el Congreso. Mientras tanto, la Sentencia C-055 de 2022 sigue vigente y las EPS deben garantizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y bajo las tres causales sin límite de tiempo.
Por: Laura Urbano
Periodista KontraPortada
