El riesgo de que Colombia ingrese en la era del lawfare
¿Justicia o revancha? El riesgo de que Colombia ingrese en la era del lawfare
“Las democracias maduras investigan cuando existen pruebas; las democracias debilitadas anuncian condenas desde los escenarios mediáticos antes de que actúen las instituciones judiciales competentes”.
2 de agosto de 2026
Por Hugo René Orejuela
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Las recientes declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella y de algunas de las figuras políticas que lo acompañarán en el próximo gobierno, anunciando la posibilidad de promover acciones judiciales contra el presidente saliente Gustavo Petro Urrego, no pueden interpretarse como un hecho menor dentro de la dinámica democrática colombiana.
Más allá de la confrontación política propia de toda alternancia en el poder, dichas manifestaciones abren un debate de enorme trascendencia institucional: ¿se pretende investigar eventuales responsabilidades dentro del marco constitucional o se está preparando el terreno para convertir la justicia en un instrumento de confrontación política?
La pregunta no es caprichosa. América Latina ha sido escenario, durante las dos últimas décadas, de una serie de procesos judiciales dirigidos contra algunos de los principales dirigentes progresistas del continente. Cada uno de esos casos posee particularidades jurídicas y políticas que deben analizarse individualmente; sin embargo, en conjunto han alimentado un intenso debate académico y político sobre el fenómeno conocido como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales e institucionales como una herramienta para neutralizar adversarios políticos que no pudieron ser derrotados o marginados exclusivamente por la vía electoral.
Ahí están los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien fue condenado e inhabilitado antes de que el Supremo Tribunal Federal anulara posteriormente sus condenas por irregularidades procesales; Dilma Rousseff, destituida mediante un juicio político que continúa generando profundas controversias; Cristina Fernández de Kirchner, inmersa en diversos procesos judiciales que ella y sus seguidores consideran parte de una estrategia de persecución política.
Rafael Correa, condenado en ausencia y obligado a permanecer en exilio fuera del Ecuador; Evo Morales, quien también ha sido víctima de investigaciones y procesos jurídicos con motivaciones políticas; Pedro Castillo, detenido y judicializado tras la crisis institucional peruana; y Jorge Glas, convertido para amplios sectores del correísmo en el símbolo más visible de la confrontación política ecuatoriana. Entre otros casos.
Podemos afirmar que muchos de esos procesos carecen de fundamento jurídico. También sostener que muchas investigaciones contra dirigentes de izquierda han constituido automáticamente un acto de persecución.
Es verdaderamente preocupante, que en numerosos casos, las decisiones judiciales han terminado produciendo efectos políticos de enorme magnitud: impedir candidaturas, alterar procesos electorales, fragmentar movimientos políticos o excluir de la vida pública a dirigentes con un amplio respaldo popular.
Ese precedente regional obliga a Colombia a actuar con extrema prudencia.Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, la confrontación con sectores económicos, políticos, judiciales y mediáticos fue permanente. Sus reformas fueron objeto de múltiples bloqueos en el Congreso de la República y demandas ante las altas cortes, varias decisiones del Ejecutivo fueron suspendidas por los tribunales y numerosos funcionarios de su administración enfrentan investigaciones. Todo ello hace parte del funcionamiento normal de un Estado de derecho.
Sin embargo, otra cosa muy distinta sería que, terminado el mandato presidencial, el objetivo pasara de controlar la legalidad de los actos de gobierno a convertir al expresidente en el principal objetivo político de la nueva administración. Las democracias maduras investigan cuando existen pruebas; las democracias debilitadas anuncian condenas desde los escenarios mediáticos antes de que actúen las instituciones judiciales competentes. Lo que preocupa de algunos pronunciamientos recientes no es únicamente la posibilidad de que Gustavo Petro sea investigado, sino el tono de revancha política que parecen transmitir ciertas declaraciones públicas. La justicia deja de percibirse entonces como un poder independiente para convertirse en un instrumento de persecución política .
Pero existe un elemento adicional que merece una reflexión profunda.Abelardo de la Espriella ha manifestado públicamente su admiración por el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Nadie puede desconocer que ese modelo ha obtenido resultados ampliamente reconocidos en la reducción de la violencia atribuida a las pandillas. Sin embargo, también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos y Relatores especiales de Naciones Unidas debido a las detenciones masivas, las restricciones al debido proceso y el prolongado régimen de excepción.
La inquietud surge cuando el discurso de la "mano dura" comienza a trascender la lucha contra las estructuras criminales y se proyecta hacia la confrontación política. La historia latinoamericana demuestra que la doctrina del "enemigo interno", utilizada durante décadas para justificar la represión política, suele ampliarse progresivamente hasta incluir no solo a organizaciones armadas o criminales, sino también a dirigentes sociales, periodistas críticos, organizaciones populares y opositores políticos.
Este episodio no es nuevo en Colombia, donde se diseñaron y ejecutaron planes contra insurgentes supuestamente para acabar con las guerrillas, pero deliberadamente incluyeron la persecución política de la oposición y de lideres sociales, que concluyo en asesinatos selectivos de dirigentes y militantes políticos de oposición, lideres sociales, masacres en todo el territorio colombiano, desplazamientos masivos y el genocidio contra el partido de izquierda Unión Patriótica. Algo semejante ha sido objeto de debate en Ecuador durante el gobierno de Daniel Noboa.
Su política de seguridad frente al narcotráfico ha sido acompañada de una intensa polarización política y de controversias alrededor de procesos judiciales que afectan a dirigentes vinculados al correísmo. Mientras el gobierno sostiene que se trata del funcionamiento normal de la justicia frente a presuntos delitos, los sectores correístas denuncian una estrategia sistemática para debilitar a la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición.
Esa disputa refleja precisamente la complejidad del fenómeno del lawfare en América Latina. Desde esta perspectiva, algunos analistas sostienen que la región atraviesa una nueva etapa geopolítica en la que las estrategias de seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la confrontación política tienden a entrelazarse.
Según esta interpretación, el discurso de la seguridad termina ampliando el concepto de “enemigo interno” hasta incorporar a quienes representan proyectos políticos alternativos.
Es precisamente en este contexto donde deben leerse las amenazas de judicialización contra Gustavo Petro. Si Colombia llegara a recorrer nuevamente ese camino, no solo estaría repitiendo experiencias propias y las ya vividas por otros países latinoamericanos, sino que correría el riesgo de profundizar una peligrosa espiral de polarización institucional.
Hoy podría tratarse de un expresidente de izquierda; mañana podría ser cualquier dirigente perteneciente a otra corriente política. Cuando la justicia deja de ser un árbitro independiente para convertirse en un instrumento de confrontación política, pierde legitimidad el sistema democrático en su conjunto.
Existe además un aspecto jurídico que no puede ignorarse. La Constitución Política de Colombia no deja al arbitrio del gobierno de turno el eventual juzgamiento de quien ha ejercido la Presidencia de la República. Los artículos 174 y 175 establecen un fuero constitucional especial para los actos realizados durante el ejercicio de la función presidencial y asignan al Congreso competencias específicas dentro del procedimiento correspondiente.
Este diseño institucional no constituye un privilegio personal del mandatario, sino una garantía creada por el constituyente para impedir que cada cambio de gobierno derive automáticamente en una persecución judicial contra el anterior presidente. Ello no significa que un expresidente sea inmune frente a la ley. Significa que el Estado colombiano definió un procedimiento constitucional específico precisamente para proteger la estabilidad institucional y evitar que la justicia pueda instrumentalizarse como un mecanismo de revancha política.
Por ello, cualquier intento de desconocer ese procedimiento o de promover investigaciones al margen de las garantías previstas por la Constitución abriría un profundo debate sobre el respeto al Estado social de derecho. Las reglas constitucionales existen precisamente para limitar el ejercicio del poder.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse si Colombia se encuentra frente al riesgo de reproducir un patrón regional en el que la alternancia democrática deja de significar el reemplazo de un proyecto político por otro y comienza a convertirse en una sucesión de procesos judiciales contra los gobernantes salientes.
Desde una lectura geopolítica más amplia, diversos analistas consideran que estas dinámicas no pueden entenderse de manera aislada.
Las disputas entre proyectos progresistas y gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina se desarrollan en medio de una competencia internacional por la influencia política, económica y estratégica sobre la región. Desde esa perspectiva, algunos interpretan el fortalecimiento de determinadas políticas de seguridad, el recurso creciente a la judicialización de líderes políticos y el debilitamiento de fuerzas progresistas como parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el equilibrio político regional.
Esa interpretación forma parte del debate político contemporáneo y continúa siendo objeto de controversia, pero refleja una preocupación presente en amplios sectores de la región. Colombia enfrenta hioy una decisión histórica.
El goberno que iniciará funciones tendrá la oportunidad de demostrar que la alternancia democrática puede construirse sobre el respeto a la Constitución, la independencia judicial y el pluralismo político, de lo contrario habrá un desequilibrio institucional bajo un gobierno de tinte totalitarista que querrá pasar por encima de la Carta Magna y de todas las instituciones democráticas de poder, debilitando deliberadamente el Estado Derecho.
Si existen hechos que ameriten investigaciones, estas deberán adelantarse con absoluto respeto por el debido proceso y por el procedimiento constitucional establecido. Si, por el contrario, la justicia termina siendo utilizada como el escenario donde se prolonga la confrontación política e ideológica, el país podría ingresar en un ciclo de confrontaciones del que muy pocas democracias salen fortalecidas. Las democracias no mueren únicamente mediante golpes de Estado.
También pueden erosionarse lentamente cuando los tribunales sustituyen el debate público como principal escenario de la lucha política, cuando el adversario deja de ser un contradictor democrático para convertirse en un enemigo interno que debe ser eliminado físicamente o mediante expedientes judiciales, y cuando la Constitución deja de ser el límite del poder para convertirse en un obstáculo que algunos gobernantes intentan Ignorar.
El verdadero desafío de Colombia no consiste en decidir quién ocupará el banquillo de los acusados. El verdadero desafío consiste en demostrar que el Estado de derecho es suficientemente sólido para investigar cuando existan fundamentos jurídicos, pero también suficientemente independiente para impedir que la justicia sea utilizada como el instrumento de la revancha política.
Ese será, quizás, el desafío más importante de la democracia colombiana en los próximos 4 años.
