el bloque sindical desafía el rumbo socioeconómico neoliberal del país
“Desde la óptica sindical, el Acuerdo Arizona implica un programa de desregulación del Estado, debilitamiento de la negociación colectiva y transferencia de poder hacia actores empresariales, lo que explica la magnitud y la unidad de la movilización”.
30 de noviembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y miembro del Consejo de Edición de KontraPortada.
Bélgica vivió esta semana una de las mayores movilizaciones sindicales de la última década. Las tres principales confederaciones del país, la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC-ACV), la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB-ABVV) y la Confederación General de Sindicatos Liberales (CGSLB), convocaron una huelga nacional de tres días, que se realizó del 24 al 26 de noviembre, en protesta contra una serie de reformas socioeconómicas impulsadas por el gobierno federal y que, según los sindicatos, amenazan el tradicional “contrato social” belga.
Las acciones coordinadas afectaron escalonadamente al transporte ferroviario, al transporte urbano, a los servicios públicos y, finalmente, a la totalidad del sector privado en una jornada de paro interprofesional el día 26 de noviembre. El impacto se sintió en todas las regiones del país y obligó a reorganizar la movilidad de millones de personas, paralizando aeropuertos, escuelas, hospitales y servicios administrativos.
La unidad sindical no es un fenómeno menor en Bélgica. La coexistencia de centrales sindicales cristianas, socialistas y liberales ha sido, históricamente, el reflejo de la fragmentación política e ideológica del país. Pero cuando las tres marchan juntas, suele ser señal de un quiebre profundo.
Los sindicatos, desde que se anunció la conformación del gobierno de ultraderecha alrededor del acuerdo Arizona, acusan al gobierno de emprender una agenda de “ajuste estructural encubierto” mediante reformas que incluyen: restricciones a la indexación salarial, aumento progresivo de la presión fiscal sobre la renta del trabajo, flexibilización de horarios y normas laborales, reformas al sistema de pensiones, reducción del financiamiento de la seguridad social, recortes presupuestales en ciertos servicios públicos fundamentales.
Para las confederaciones, estas medidas erosionan décadas de conquistas laborales y diluyen uno de los pilares del modelo belga: un equilibrio entre competitividad económica y protección social.
“La reciente reforma presupuestaria vuelve a cargar el coste sobre quienes trabajan, mientras las grandes fortunas y el capital financiero siguen siendo ampliamente protegidos por el gobierno De Wever”, ha dicho la FGTB en su comunicado de convocatoria.
“A pesar de todos los bellos discursos sobre la llamada compasión, temo que volvamos a caer en la intransigencia y que el espectáculo político de las buenas noticias se convierta en una ducha fría para los trabajadores”, afirmó Marie-Hélène Ska, secretaria general de la CSC.
Mientras que la CGSLB insiste en que, “lo que la economía ha perdido hoy es lo que los trabajadores producen a diario. Es sumamente lamentable que el gobierno ignore esto. Su silencio es atroz”.
El primer día de la huelga estuvo marcado por una fuerte afectación en el transporte ferroviario, con la SNCB/NMBS operando solo un porcentaje reducido de trenes. En algunas provincias, apenas una fracción de las líneas funcionó con normalidad.
En Bruselas, la red urbana STIB/MIVB operó con fuertes limitaciones, lo que obligó a miles de trabajadores a teletrabajar o a modificar sus horarios. En ciudades como Lieja, Charleroi y Amberes, la movilidad se vio igualmente perturbada.
Uno de los puntos más críticos fue aeropuerto de Bruselas, donde para el 26 de noviembre fueron cancelados todos los vuelos de salida, según reportes publicados por Reuters. La terminal advirtió días atrás a los pasajeros sobre retrasos y cancelaciones, y varias aerolíneas habilitaron cambios gratuitos de reservas.
La parálisis del transporte tiene un efecto político poderoso: hace visible la magnitud de la protesta. Y para los sindicatos, ese impacto es parte del mensaje.
La huelga llegó en un momento de tensión social. Bélgica enfrenta desde hace meses un aumento sostenido del costo de la vida, tarifas energéticas elevadas y un debate público encendido sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar.
La indexación automática de salarios, un mecanismo histórico del país que ajusta los ingresos al ritmo de la inflación, se ha convertido en un campo de batalla.
Mientras el sector patronal denuncia un aumento de los costos laborales, los sindicatos defienden con razón la indexación como escudo contra el empobrecimiento de la clase trabajadora.
La presión también se siente en sectores públicos esenciales: enfermería, educación, transporte y administración han advertido que la sobrecarga laboral y la falta de inversión ponen en riesgo la calidad de los servicios.
La huelga no surge en el vacío: es la respuesta más contundente hasta ahora al Acuerdo Arizona, la plataforma programática del actual gobierno de ultraderecha. Este pacto, suscrito por partidos abiertamente orientados hacia un modelo socioeconómico neoliberal, persigue una transformación estructural del Estado social belga.
Entre sus ejes están: recortes presupuestales, flexibilización extrema del mercado laboral, privatizaciones selectivas, límites a la indexación salarial, austeridad en servicios públicos, y una transición hacia un sistema de bienestar cada vez más reducido.
Para las confederaciones sindicales, este acuerdo constituye un intento de sustituir el tradicional modelo de bienestar europeo por un modelo mercantilizado y competitivo, favoreciendo al sector privado en detrimento de la protección social que históricamente ha caracterizado a Bélgica.
Desde la óptica sindical, el Acuerdo Arizona implica un programa de desregulación del Estado, debilitamiento de la negociación colectiva y transferencia de poder hacia actores empresariales, lo que explica la magnitud y la unidad de la movilización.
El gobierno federal ha adoptado una línea de comunicación prudente. Por una parte, reconoce el derecho a la protesta; por otra, sostiene que las reformas son necesarias para equilibrar las cuentas públicas y modernizar el mercado laboral.
Sin embargo, la huelga evidencia un desgaste político creciente. Las tensiones entre sindicatos y autoridades se han acumulado a lo largo del último año, y esta movilización de tres días es interpretada por algunos analistas como una advertencia directa al gobierno: “la agenda socioeconómica no puede avanzar sin un diálogo real”.
Estimar el costo económico exacto es complejo, pero economistas consultados por la prensa belga coinciden en que una huelga de esta magnitud puede generar pérdidas millonarias: paralización del transporte y logística, interrupciones en cadenas de suministro, cancelaciones de vuelos, deterioro del sector turístico y reducción de productividad en el sector privado.
Pero más allá del impacto inmediato, la protesta podría reconfigurar el clima social. Si el gobierno decide profundizar las reformas, la conflictividad laboral podría intensificarse. Por el contrario, si abre la puerta a negociaciones sustantivas, podría desescalar la tensión.
El programa de gobierno que emana del Acuerdo Arizona y que marca la ruta de la actual coalición de extrema derecha, plantea una redefinición profunda del rol del Estado.
La narrativa oficial insiste en la necesidad de “modernizar” las estructuras públicas y “dinamizar” la economía belga, pero para los sindicatos estos eufemismos encubren un proceso acelerado de neo liberalización, en el que el costo de la “eficiencia” recae sobre los trabajadores, familias de ingresos medios y sectores dependientes de servicios públicos esenciales.
La movilización de tres días refleja así no solo un rechazo a medidas puntuales, sino una defensa del modelo social europeo frente a una ofensiva ideológica que busca reconfigurar la arquitectura del bienestar belga.
La protesta del 24, 25 y 26 de noviembre no fue solo una demostración de fuerza sindical. Fue también un síntoma de un país que debate su futuro social: ¿está Bélgica dispuesta a reducir su histórico modelo de bienestar en nombre de la competitividad económica? ¿O defenderá el equilibrio entre economía y justicia social construido durante más de medio siglo?
La respuesta aún no está clara. Pero la huelga ha hecho evidente que una parte significativa de la sociedad no acepta un repliegue de derechos sin resistencia. Y que el “modelo belga”, tantas veces citado como ejemplo europeo, vive un momento decisivo.
Referencias:
https://fgtb.be/presse/l-accord-budgetaire-aucune-perspective-pour-les-gens
https://www.cgslb.be/fr/articles/les-syndicats-affichent-une-determination-intacte