las conexiones detrás del escándalo sexual y los intereses políticos que buscan ocultarse.

“La antigua vinculación de la abogada de Deicy Jiménez con la firma de Abelardo de la Espriella abre nuevos interrogantes sobre el uso político del escándalo, mientras Colombia enfrenta negociaciones con el FMI, cuestionamientos al Fondo Milagro y una controvertida reforma tributaria”.

 

15 de noviembre de 2026

Por: Hugo René Orejuela. KontraPortada / Artículo de opinión /

 

El escándalo sexual que involucra al expresidente Gustavo Petro ha adquirido una dimensión política que merece ser examinada más allá de las fotografías, los videos y las acusaciones que alimentan diariamente el espectáculo mediático. Lo que comenzó como una denuncia sobre presuntas relaciones sexuales vinculadas a contratos públicos se ha convertido en un instrumento para desacreditar a uno de los principales adversarios del gobierno de Abelardo de la Espriella. La controversia coincide con decisiones económicas que comprometen el futuro del país, mientras una parte de la discusión pública parece más interesada en juzgar la intimidad de Petro que en investigar las actuaciones del poder político y económico.

Un nuevo elemento permite profundizar en las conexiones que rodean el caso. Dina Luz Malo Andrade, abogada de Deicy Alejandra Jiménez, trabajó anteriormente en De la Espriella Lawyers, la firma jurídica vinculada al actual presidente de Colombia. Según una investigación publicada por el diario El País de Cali el 5 de noviembre de 2026, la propia oficina de abogados identificó públicamente a Malo como integrante de su equipo en publicaciones de febrero de 2023. La penalista aparece posteriormente vinculada a DW Lawyers S.A.S., donde también figura otra profesional que había trabajado para la firma de De la Espriella.

Este antecedente no puede despacharse como una simple curiosidad profesional. La mujer que acusa al principal referente de la oposición está representada por una abogada que perteneció a la firma jurídica del actual mandatario. La relación laboral anterior no constituye una prueba de conspiración, pero establece una conexión concreta que justifica investigar cómo se organizó la representación jurídica de Jiménez, quien asumió sus costos y si existieron contactos entre personas del entorno gubernamental y quienes participaron en la difusión pública de las acusaciones.

La pregunta sobre quién financia y promueve determinadas controversias políticas adquiere especial relevancia cuando estas terminan beneficiando a quienes ejercen el poder. El propio Petro ha denunciado la posible existencia de intereses vinculados al gobierno de De la Espriella detrás de la exposición de su vida íntima. Hasta ahora, esa acusación requiere pruebas que permitan identificar responsables. Sin embargo, la trayectoria profesional de la abogada de Jiménez introduce un antecedente verificable que merece ser investigado, sin atribuirle por ello actuaciones que no han sido demostradas.

La denuncia presentada por Deicy Jiménez sostiene que habría recibido contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con Petro. Se trata de una acusación grave que debe ser esclarecida por las autoridades competentes. Si se demuestra que el expresidente utilizó su autoridad para condicionar contratos, obtener favores sexuales o vulnerar derechos, deberá responder por esas actuaciones. Pero la existencia de contratos estatales y la difusión de imágenes íntimas no prueban automáticamente que se haya producido un intercambio de beneficios administrativos por relaciones sexuales.

Precisamente allí comienza la manipulación política. La publicación de un video en el que Petro aparece besándose con Jiménez ha sido utilizada para construir un juicio moral sobre su conducta personal, como si las imágenes bastaran para demostrar las acusaciones. Una relación íntima entre adultos pertenece a su esfera privada cuando existe consentimiento libre. Si hubo presiones, abuso de autoridad o condicionamientos laborales, corresponde investigarlos. Lo que resulta inadmisible es sustituir esa investigación por una condena anticipada alimentada por insinuaciones y prejuicios.

La controversia también permite examinar la hipótesis de una posible “trampa de miel”, expresión utilizada para describir operaciones en las que una relación íntima se aprovecha para comprometer políticamente a una persona. La aparición de imágenes privadas, su circulación en un momento de confrontación política y el vínculo profesional anterior de la abogada de la denunciante con la firma del actual presidente justifican preguntas sobre la procedencia del material y los intereses involucrados en su difusión. ¿Ninguno de esos elementos demuestra que Jiménez haya actuado inocentemente para comprometer a Petro?. No debería descartarse una investigación sobre el posible aprovechamiento organizado del escándalo.

Lo que sí resulta evidente es su utilidad política. Petro continúa siendo una figura central de la oposición y un adversario del proyecto encabezado por De la Espriella. Desacreditarlo mediante acusaciones sobre su vida sexual permite desplazar la discusión desde sus posiciones políticas hacia un terreno dominado por el escándalo, la moral religiosa y el sensacionalismo. Es una forma de confrontación que reduce el debate democrático a la destrucción de la reputación personal del adversario.

El tratamiento mediático de este episodio recuerda además las diferencias con que se examinan las controversias relacionadas con otros expresidentes colombianos. Andrés Pastrana aparece mencionado en documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales. Los contactos conocidos entre Pastrana y el entorno de Epstein merecen investigación periodística, aunque no constituyen prueba de participación en los delitos cometidos por este último. Pastrana ha negado cualquier responsabilidad delictiva.

La cuestión es determinar por qué la intimidad de Petro se convierte en un espectáculo permanente mientras otros vínculos documentados de figuras políticas reciben tratamientos diferentes. No se trata de equiparar hechos que tienen naturaleza distinta, sino de exigir criterios periodísticos coherentes. La prensa debería investigar con igual determinación las actuaciones de todos los dirigentes, sin convertir sus preferencias políticas en una medida de la intensidad del escrutinio.

Pero el aspecto más preocupante del escándalo aparece cuando se observa el momento político y económico que atraviesa Colombia. Mientras las imágenes íntimas de Petro dominan buena parte de la controversia pública, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiación de gran magnitud. Las informaciones conocidas durante noviembre han situado la cifra de referencia alrededor de 15.000 millones de dólares, aunque el monto definitivo y las condiciones de un eventual acuerdo requieren confirmación oficial.

La discusión sobre el FMI debería ocupar un lugar central en la agenda nacional. Colombia necesita conocer qué compromisos económicos está dispuesto a asumir el Gobierno, cuáles serían los costos del endeudamiento y qué consecuencias podrían tener las condiciones del préstamo sobre el presupuesto público. La experiencia latinoamericana demuestra que los programas de ajuste fiscal pueden afectar directamente a trabajadores, pensionados y familias de bajos ingresos cuando incluyen recortes sociales o aumentos tributarios regresivos.

Resulta políticamente conveniente para el Gobierno que la opinión pública concentre su atención en la vida sexual de Petro mientras se discuten compromisos financieros capaces de condicionar las políticas económicas durante varios años. La pregunta sobre quién organizó inicialmente el escándalo permanece abierta, pero su aprovechamiento político merece una crítica directa. El espectáculo de la intimidad compite por el espacio informativo con decisiones que afectan los ingresos y los derechos sociales de millones de colombianos.

A esta controversia se suma el caso del Fondo Milagro, creado para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Las informaciones publicadas sobre su estructura administrativa han provocado cuestionamientos por las remuneraciones de altos funcionarios, el número de cargos previstos y la lentitud en la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción. El contraste entre una burocracia costosa y las necesidades urgentes de las familias damnificadas exige explicaciones del Gobierno y de quienes participaron en el diseño y funcionamiento de la entidad.

La renuncia de funcionarios o la modificación de sus remuneraciones no resuelve por sí sola las responsabilidades administrativas. Es necesario establecer quién aprobó la estructura burocrática, bajo qué criterios se fijaron los salarios y por qué la ejecución de los recursos avanzaba lentamente. Son cuestiones relacionadas directamente con la utilización del dinero público. Mientras tanto, el escándalo sexual contra Petro continúa ofreciendo una controversia capaz de ocupar titulares sin exigir el mismo esfuerzo de investigación sobre contratos, presupuestos y decisiones administrativas.

La reforma tributaria impulsada por el gobierno de De la Espriella añade otro motivo de preocupación. Las propuestas de modificar el IVA y establecer nuevas cargas sobre determinados bienes y servicios han provocado rechazo entre organizaciones sociales y sectores de la oposición. La discusión sobre quién debe contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas resulta especialmente sensible cuando los ingresos de numerosas familias son insuficientes para cubrir sus necesidades fundamentales.

La contradicción es evidente. Mientras se argumenta que el Estado necesita mayores ingresos y disciplina presupuestaria, aparecen cuestionamientos sobre los salarios y la estructura administrativa de una entidad destinada a atender una emergencia humanitaria. Al mismo tiempo, se negocia financiación internacional cuyas condiciones todavía deben explicarse al país. Esas controversias merecen una vigilancia periodística permanente, porque sus consecuencias no pertenecen a la intimidad de un dirigente, afectan directamente al conjunto de la sociedad.

Desde mi perspectiva, el escándalo sexual contra Petro está siendo utilizado como un recurso de desgaste político que favorece al gobierno de De la Espriella. La antigua relación profesional entre la abogada de Jiménez y la oficina de abogados del presidente refuerza la necesidad de investigar las conexiones entre quienes intervienen en el caso, Aunque sería precipitado presentar esa relación como demostración de una operación organizada, este hecho si causa mucha perspicacia.

También debe preservarse el derecho de Deicy Jiménez a denunciar cualquier posible abuso. Su testimonio no pierde legitimidad por la trayectoria profesional de su abogada. Si existen hechos que comprometen la responsabilidad de Petro, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. La misma exigencia corresponde a quienes eventualmente hayan utilizado imágenes privadas o información personal para desarrollar operaciones de presión política.

La Constitución colombiana reconoce el derecho a la intimidad en su artículo 15 y la presunción de inocencia en su artículo 29. Ninguno de esos derechos desaparece cuando una persona ejerce la Presidencia o se convierte en dirigente de la oposición. La libertad de prensa tampoco autoriza a transformar acusaciones pendientes de esclarecimiento en condenas públicas anticipadas.

El periodismo colombiano enfrenta una responsabilidad que va mucho más allá de reproducir denuncias y divulgar imágenes. Debe investigar quién obtiene el material privado, quién lo difunde, qué intereses intervienen en su circulación y qué relaciones existen entre sus protagonistas. Pero también debe examinar las decisiones económicas del Gobierno con una intensidad proporcional a sus consecuencias para la sociedad.

El vínculo profesional anterior de Dina Luz Malo Andrade con De la Espriella Lawyers introduce un nuevo interrogante que merece respuestas. No demuestra que el presidente haya intervenido en las denuncias contra Petro, pero justifica investigar posibles conexiones que hasta ahora no han sido esclarecidas. Esa investigación debe desarrollarse con pruebas, documentos y testimonios verificables, sin recurrir a los mismos mecanismos de insinuación que se critican en el tratamiento mediático del expresidente.

Colombia tiene asuntos demasiado importantes para permitir que su debate político quede reducido a un espectáculo sexual. Las negociaciones con el FMI, los cuestionamientos al Fondo Milagro y la reforma tributaria pueden tener consecuencias económicas y sociales durante años. Las responsabilidades que eventualmente existan en el caso Petro deberán establecerse mediante investigaciones independientes, pero no deberían servir para desplazar el escrutinio sobre quienes gobiernan actualmente.

La pregunta que corresponde formular es quiénes están aprovechando políticamente este escándalo, cómo se organizó su difusión y por qué ha adquirido semejante protagonismo precisamente cuando el Gobierno enfrenta decisiones económicas controvertidas. Mientras esas preguntas esperan respuestas, los colombianos tienen derecho a conocer qué compromisos está adquiriendo el Estado, cómo se administran los recursos públicos y quién terminará pagando las consecuencias de las reformas anunciadas.

La vida privada de Gustavo Petro no puede convertirse en una cortina de humo que oculte las responsabilidades públicas del gobierno de Abelardo de la Espriella. El país necesita investigaciones serias sobre las denuncias sexuales, pero también un periodismo dispuesto a hacerle seguimiento al dinero público, examinar las relaciones de poder y confrontar las decisiones económicas que afectan a millones de ciudadanos.