09 de agosto de 2026. KontraPortada.

Rueda de Prensa del Presidente Gustavo Petro: Declaración ante medios nacionales e internacionales. https://www.youtube.com/live/GmUES4o-lQA?si=Jhwta2VDMXQoaYdb o https://www.youtube.com/watch?v=GmUES4o-lQA&t=3s

La intervención del presidente Gustavo Petro, en una Rueda de Prensa ante medios nacionales e internacionales en la Casa de Nariño, tiene una característica que la diferencia de sus anteriores denuncias sobre las elecciones presidenciales de 2026. Esta vez no se limitó a expresar sospechas sobre el resultado ni a cuestionar políticamente a las autoridades electorales. Presentó una hipótesis concreta sobre el mecanismo mediante el cual, según sostiene, habría sido manipulada la información electoral para favorecer a Abelardo de la Espriella y alterar el resultado que, de acuerdo con su conclusión, habría dado la victoria a Iván Cepeda.

Lo expuesto por Petro constituye una denuncia sustentada, según explicó, en evidencias recopiladas y analizadas por equipos ciudadanos especializados. Que esas evidencias demuestren jurídicamente un fraude, que la metodología estadística utilizada resista una revisión independiente y que las anomalías detectadas permitan probar una alteración suficiente para cambiar el ganador son cuestiones que todavía requieren comprobación pericial y decisión de las autoridades competentes.

Petro comenzó haciendo una precisión que resulta central para comprender la naturaleza de la presentación. Reconoció que no fue él quien realizó el análisis informático y estadístico y anunció que serían los especialistas quienes explicarían sus resultados. Según el mandatario, convertir conceptos de programación, estadística y análisis de datos en evidencia jurídicamente utilizable requiere además la participación de abogados capaces de traducir esos hallazgos a una eventual acción judicial. 

A partir de allí formuló su acusación: sostiene que el conjunto de evidencias recogidas demostraría la existencia de un «fraude electoral algorítmico sistemático», ejecutado sobre un volumen considerable de votos y favorable a Abelardo de la Espriella. Es la conclusión del presidente.

Petro sitúa uno de sus antecedentes en una decisión de 2018 del Consejo de Estado. Según su interpretación, aquella decisión exigía modificar el esquema tecnológico electoral para disponer de un software propiedad del Estado que no pudiera ser alterado ni interna ni externamente. El presidente sostiene que esa disposición fue desacatada y relaciona ese incumplimiento con las vulnerabilidades que ahora denuncia. 

Su segundo cuestionamiento apunta directamente al software electoral, propiedad de los hermanos Bautista, representantes legales de la firma Thomas Greg & Sons que tiene un contrato con la Registraduría Nacional por el valor de 2 billones de pesos. Petro afirmó que no hubo una auditoría ciudadana experta suficiente sobre el programa utilizado y cuestionó que parte del proceso tecnológico permaneciera bajo responsabilidad de esa empresa privada. Según su relato, el software no estuvo disponible en condiciones que permitieran a especialistas independientes examinarlo antes de las elecciones. 

El formulario E-14 registra los resultados que los jurados consignan después de contar los votos en cada mesa. Ese documento físico posteriormente es digitalizado y publicado. Petro sostiene que en elecciones anteriores existía un mecanismo de seguridad “hash” asociado a esos documentos digitales y que posteriormente fue retirado. En términos informáticos, un “hash” es una huella calculada sobre un archivo: si el archivo cambia, su hash también cambia. Sirve, por tanto, para comprobar la integridad; no impide por sí mismo que alguien modifique un PDF, pero permite detectar que el contenido ya no coincide con aquel sobre el cual se calculó originalmente la huella.

Esta precisión técnica es importante porque el propio Petro utiliza la expresión «candado hash». Su acusación consiste en que, al desaparecer ese mecanismo de verificación, los PDF correspondientes a los E-14 digitales quedaron susceptibles de modificación sin conservar, según su tesis, una prueba verificable de su integridad original. También afirmó que el código presentado por la Registraduría como “candado hash” sería en realidad un identificador del formulario y no una huella criptográfica destinada a comprobar que el documento permaneció inalterado.

Petro llevó la acusación todavía más lejos: aseguró que alrededor de 120.000 documentos electorales carecieron de ese mecanismo de seguridad y relacionó esa circunstancia con obligaciones jurídicas e internacionales que, según su interpretación, exigían preservar la integridad de los documentos digitales. 

Aseguró que alrededor de 70.000 testigos digitales participaron en la recopilación y preservación de documentos electorales. Los describió como ciudadanos con conocimientos profesionales o autodidactas de programación que comenzaron a ejercer una vigilancia que los testigos electorales tradicionales, formados principalmente para observar el conteo físico y los procedimientos jurídicos, no estaban técnicamente preparados para realizar. 

Esta afirmación cambia el terreno de la controversia. La denuncia ya no plantea únicamente si los votos fueron correctamente contados delante de los jurados. Pregunta qué ocurrió después de ese conteo, cuando el resultado escrito en papel pasó al ecosistema digital.

En palabras sencillas, la hipótesis que plantea Petro podría reconstruirse de esta manera: el ciudadano votó físicamente; los jurados contaron esos votos y los consignaron en el E-14; el documento fue digitalizado; a partir de allí comenzó una cadena informática de almacenamiento, publicación, procesamiento y consolidación. La presunta manipulación, según esta hipótesis, habría ocurrido dentro de esa cadena digital y no necesariamente delante de los testigos presentes en las mesas.

El propio Petro lo explicó al señalar que los testigos presenciales podían observar el conteo y el formulario original, pero no estaban en condiciones de detectar lo que eventualmente sucediera cuando ese E-14 entraba en el sistema informático. 

Identificó dos fuentes independientes de investigación, denominadas Testigos Digitales y Frente Digital, cuyos resultados posteriormente habrían sido integrados. Según explicó, el análisis llegó a 1.350 puestos electorales y utilizó, entre otras herramientas, el denominado “test de rachas”, un procedimiento estadístico destinado a examinar si una secuencia presenta características compatibles con aleatoriedad o exhibe patrones que merecen explicación. 

Según Petro, los especialistas habrían encontrado «bloques» o secuencias anormalmente ordenadas en la distribución de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El mandatario sostiene que esos comportamientos afectarían puestos que, considerados conjuntamente, representan alrededor de siete millones de votos y que el patrón observado respondería a una fórmula matemática previamente determinada y no al comportamiento aleatorio esperado de los electores.

Añadió otras anomalías, entre ellas municipios donde, según afirmó, el censo electoral superaría la población, mesas calificadas como atípicas y mecanismos tradicionales como la compra de votos. A partir de la suma de esos elementos concluyó que la votación que otorgó la victoria a De la Espriella «no existe» y afirmó directamente que el ganador habría sido Iván Cepeda.

A partir de ese momento, la rueda de prensa abandonó parcialmente el terreno técnico y entró en el político y geopolítico. Petro sostuvo que personas extranjeras, utilizando recursos provenientes del exterior, habrían intervenido en la manipulación. Posteriormente vinculó su denuncia con Israel y afirmó que existirían otros casos internacionales de presunta manipulación electoral mediante un software israelí. 

La dimensión internacional explica también el tono utilizado por Petro. Para él, una eventual intervención extranjera en la determinación del presidente colombiano convertiría el problema electoral en una cuestión de soberanía nacional. Su razonamiento es que, si actores externos consiguieron alterar mediante tecnología la decisión de los ciudadanos, estaría comprometido uno de los fundamentos de la República: que el poder político emane de la voluntad popular. 

La controversia podría resumirse en una pregunta mucho más precisa que «¿hubo fraude?»: ¿es posible reconstruir, sin vacíos y de manera independiente, la trazabilidad del resultado consignado en cada mesa desde el E-14 original hasta la cifra incorporada al escrutinio definitivo?

Si esa trazabilidad existe y demuestra correspondencia entre los documentos originales y el resultado proclamado, la hipótesis de Petro sufriría un golpe decisivo. Si, por el contrario, una auditoría independiente encontrara modificaciones sistemáticas de documentos, pérdida injustificada de integridad digital y alteraciones estadísticamente consistentes que terminaron incorporadas al resultado oficial, Colombia estaría frente a una crisis electoral que ya no podría resolverse mediante declaraciones políticas.

Petro cerró su intervención ampliando todavía más el alcance de su denuncia. Según él, lo ocurrido en Colombia demostraría que las elecciones de cualquier país pueden quedar expuestas a sistemas informáticos capaces de manipular la voluntad popular.