A diez años del Acuerdo de Paz: las comunidades llevan sus reclamos al Consejo de Seguridad de la ONU
Un petitorio reclama protección de líderes y firmantes, fortalecimiento de la JEP y la UBPD, Reforma Rural Integral, cumplimiento del Capítulo Étnico y continuidad de la verificación internacional.
Cuando Colombia se aproxima a los diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, organizaciones sociales, víctimas, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como instancias vinculadas al impulso y seguimiento del Acuerdo, preparan un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la comunidad internacional no reduzca su atención sobre el proceso de paz colombiano.
El documento no presenta el décimo aniversario únicamente como una fecha conmemorativa. Lo convierte en un momento de balance y, fundamentalmente, de exigencia.
Su mensaje de fondo podría resumirse de una manera sencilla: diez años después de la firma, la paz continúa siendo una construcción inconclusa y existen compromisos estructurales del Acuerdo que todavía no han logrado materializarse plenamente en los territorios.
El petitorio parte de una realidad que sus firmantes consideran particularmente grave: continúan los asesinatos, amenazas, desplazamientos y situaciones de riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas y étnicas y firmantes de paz. Por ello reclaman fortalecer los mecanismos de prevención y protección colectiva y preservar instrumentos humanitarios destinados a proteger a la población civil.
La preocupación no se limita a la seguridad. El documento advierte que la persistencia de distintos grupos armados, economías ilícitas y disputas territoriales demuestra que el final de la confrontación con las FARC-EP no significó automáticamente el final de las violencias que afectan a numerosas regiones colombianas. Frente a ello, sus autores reivindican uno de los principios fundamentales del propio Acuerdo: la seguridad debe acompañarse de presencia integral del Estado y de condiciones materiales que permitan una vida digna en los territorios.
Otro de los llamados más significativos está dirigido a la protección del sistema de justicia transicional. El petitorio expresa preocupación frente a anuncios de reducción presupuestaria para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Para los firmantes, garantizar presupuesto, legitimidad institucional y condiciones de funcionamiento de estas instituciones es indispensable para proteger los derechos de las víctimas y desarrollar las sanciones restaurativas, la búsqueda de desaparecidos y las garantías de no repetición.
Pero posiblemente uno de los aspectos políticamente más importantes del documento sea la Reforma Rural Integral. Diez años después, los firmantes sostienen que este componente estructural continúa sin alcanzar su cumplimiento. Reconocen avances del gobierno anterior en acceso a tierras y señalan la incorporación de más de 800.000 hectáreas al Fondo de Tierras, pero contrastan esa cifra con la meta de tres millones de hectáreas prevista en el Acuerdo. También advierten que algunos procesos administrativos no culminaron con adjudicación y titulación definitiva, dejando situaciones de inseguridad jurídica para potenciales beneficiarios.
El planteamiento va más allá de entregar hectáreas. El documento recuerda que una verdadera transformación del campo requiere crédito, asistencia técnica, infraestructura, vías, comercialización y servicios públicos. Reclama además vincular la Reforma Agraria con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)y garantizar la participación de organizaciones campesinas y autoridades de pueblos étnicos.
Especial alarma genera para los firmantes la situación del Capítulo Étnico y del enfoque de Género, Mujer, Familia y Generación. El petitorio sostiene que se encuentran entre los componentes más retrasados y estima su implementación en un nivel no superior al 20 %. Esa es una cifra presentada por los autores del documento y deberá contrastarse periodísticamente con los indicadores oficiales y los sistemas independientes de seguimiento antes de presentarla como una medición consolidada.
El problema de las drogas ocupa igualmente un lugar central. Los firmantessostienen que este es uno de los puntos más débiles de la implementación y defienden la sustitución de cultivos y una perspectiva internacional frente al narcotráfico, en contraposición a una política concentrada exclusivamente en la denominada guerra contra las drogas.
El documento cuestiona particularmente los anuncios que atribuye al nuevo Gobierno sobre un posible regreso a la aspersión aérea con glufosinato. Sus autores advierten sobre potenciales consecuencias sociales, ambientales y de derechos humanos y argumentan que una política de erradicación que no construya alternativas económicas para las comunidades productoras dejaría intactas las causas estructurales del problema.
El petitorio introduce finalmente una dimensión que atraviesa todo el documento, la implementación del Acuerdo como mecanismo de profundización democrática.
Para sus promotores, pese a sus dificultades, el Acuerdo abrió espacios para que diferencias políticas e históricas que durante décadas se tramitaron mediante la violencia puedan resolverse dentro de la institucionalidad democrática. Desde esa perspectiva, seguridad, reforma agraria, participación política, derechos de las víctimas, justicia transicional, sustitución de cultivos y protección de pueblos étnicos no deberían entenderse como agendas independientes, sino como componentes de un mismo proceso de construcción de paz.
A continuación se reproduce el comunicado disponible en https://forms.gle/Yd83wbqEJUp2FEAS6 para la suscripción por parte de las organizaciones intervinientes
H.E. Mrs. Aglaia Balta
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of Greece to the United Nations Security Council, October 2026
New York.
Distinguido Embajador:
Nosotros y Nosotras, Instancias de Impulso y Seguimiento al Acuerdo de Paz, personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, líderes y lideresas y autoridades de procesos sociales, Campesinado, de Pueblos Indígenas , Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, urbanos, y quienes seguimos viviendo en zonas donde se continúa desarrollando el conflicto armado en Colombia; así como las víctimas y supervivientes del conflicto armado acreditados ante el sistema de justicia transicional, nos dirigimos a ustedes nuevamente para compartir nuestras observaciones en el contexto de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado de Colombia y las ya disueltas FARC-EP, ratificado por el Congreso de la República de Colombia el 30 de noviembre de ese mismo año y, posteriormente, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Su excelencia H.E. Mrs. Aglaia Baltay Distinguido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentaremos nuestras consideraciones en relación con cada punto del Acuerdo resaltando su importancia para La Paz en Colombia.
1. Fin del Conflicto: Urge la Protección a líderes sociales, defensores, comunidades campesinas, étnicas y firmantes de Paz.
La persistencia de asesinatos, amenazas, perfilamientos y desplazamientos demuestra la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo., por ello es importante , promover el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección colectiva. para líderes sociales, defensores de derechos humanos, mujeres lideresas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, jóvenes y firmantes de paz. Es urgente respetar y proteger los Mecanismos Humanitarios y Acuerdos Humanitarios, Pactos por la Vida, Caravanas Humanitarias entre otras, con el fin de proteger a la población civil, sus territorios, sus bienes y exigir el cumplimiento del DIH
10 años después de la firma del Acuerdo de Paz, persiste el conflicto armado, la existencia de distintos grupos armados, economías de uso ilícito y disputas territoriales que continúan afectando especialmente a zonas históricamente golpeadas por el conflicto. La respuesta a esta situación requiere como lo dice el Acuerdo combina seguridad con presencia integral del Estado y oportunidades para la vida digna de las comunidades.
3. Sistema Integral de Verdad, Justicia y Garantía de no Repetición: Son graves los anuncios de reducir los presupuestos de funcionamiento de la JEP y la UBPD.
El Estado colombiano debe garantizar los derechos a la búsqueda y a la justicia, además de los presupuestos, se deben garantizar las condiciones de legitimidad para el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos UBPD y la Justicia Especial para la Paz JEP y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Las sanciones propias de la JEP así como las funciones de la UBDP han sido un gran avance y representan una oportunidad para avanzar simultáneamente en justicia, reparación, reconciliación y no repetición. Su implementación requiere condiciones institucionales, financieras y de seguridad adecuadas. En ese sentido es importante garantizar los recursos y condiciones necesarios para ejecutar las sanciones restaurativas. Mantener a las víctimas en el centro de los proyectos de reparación es fundamental. De cara al nuevo gobierno llamamos al fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Garantía de No Repetición y establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones y su impacto en las comunidades.
3. Profundizar y fortalecer la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral.
La Reforma Rural Integral continúa siendo un componente estructural del Acuerdo de Paz que en 10 años no ha logrado su cumplimiento. La entrega y formalización de tierras debe estar acompañada de condiciones que permitan a las comunidades permanecer dignamente en sus territorios y en este escenario no se han implementado los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral que son componente estructural de La Paz.
Durante el gobierno anterior se registraron avances significativos en materia de acceso a tierras para sujetos de reforma agraria, con la incorporación de más de 800 mil hectáreas al Fondo de Tierras. Sin embargo, esta cifra aún se encuentra distante de la meta de tres millones de hectáreas establecida en el Acuerdo Final para la conformación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. A esta brecha se suma que, debido a los tiempos y dificultades de los procedimientos administrativos y agrarios, una parte de los procesos no logró culminar con la adjudicación y titulación definitiva de los predios a sus beneficiarios. Esta situación genera, en algunos casos, escenarios de inseguridad jurídica para las personas y organizaciones que, pese a haber sido beneficiarias de procesos de acceso a tierras, aún no cuentan con un título de propiedad debidamente formalizado.
Es primordial vincular la Reforma Agraria en el impulso a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET priorizando los derechos de las víctimas, campesinos sin tierra, mujeres rurales y comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes. El Acuerdo estipula que se debe acompañar la entrega de tierras con crédito, asistencia técnica, infraestructura, vías, comercialización y servicios públicos u con estrategias de seguridad y desarrollo territorial, garantizando la participación de las organizaciones campesinas y autoridades de los Pueblos Étnicos. La protección de líderes, la reducción de la violencia, la implementación de las sanciones de la JEP y la Reforma Rural Integral no son procesos aislados. Forman parte de una misma estrategia de construcción de paz.
4. Implementación Integral del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y el enfoque de Género, Mujer, Familia y Generación.
El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el enfoque y medidas transversales específicas de Género, Mujer, Familia y Generación son los más retrasados en su implementación con un estimado no superior al 20%, sobre todo en asuntos administrativos. Este bajo nivel de cumplimiento profundiza las brechas históricas en la atención a la población indígena, afrocolombiana, a las mujeres y diversidades de Colombia, reconocidas en el Acuerdo como las más afectadas por el conflicto armado.
En un año, sin que la Misión de Verificación haya visitado los territorios haciendo seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz han sido asesinados 50 líderes y lideresas de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos y la implementación del Acuerdo de Paz no avanza en estos territorios. Se ha sentido como una ausencia profunda en la protección de los derechos humanos ese acompañamiento que desplegó la Misión durante pasados periodos y que se unía a los esfuerzos institucionales locales, departamentales y regionales para la construcción de Paz en el país. En este sentido instamos respetuosamente a que se recupere ese carácter principal de la Misión de Verificación en este en esta renovación de mandato y retomar la verificación de las medidas contempladas en el Capítulo Étnico, el Enfoque de Género, Mujer, Familia y Generación y el Plan Marco de Implementación 2017-2031 del Acuerdo de Paz como principal y no subsidiario.
5. Solución al Problema de Drogas Ilícitas con perspectiva global.
El Acuerdo presenta mecanismos nacionales con perspectiva transnacional para la Solución al Problema de Drogas Ilícitas incluida la Sustitución de Cultivos que deben ser implementados para afrontar esta problemática más allá de la política altamente cuestionada de guerra contra las drogas. Este punto estructuralmente es uno de los más débiles en su implementación y exige una acción decidida impulsada desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para encontrar una solución estructural al narcotráfico entendido como problema global y donde Colombia, sus comunidades y territorios son las principales víctimas.
Los anuncios del nuevo Gobierno de volver a la aspersión aérea con “glufosinato” aún por encima de la sentencia de la Corte Constitucional, puede incrementar los factores de violencia y vulneración de los Derecho Humanos en las regiones, además pone en riesgo la vida de las comunidades campesinas indígenas, afrodescendientes que viven en estas regiones no solo por las consecuencias biológicas que trae el uso de fungicidas que afectan la salud pública , sino también porque incrementa la conflictividad social y no aborda las causas reales del problema de las drogas, dejando por fuera alternativas económicas que sustituya la economías ilìcitas y su realidad transfronteriza.
6. Participación Política para la profundización de la democracia.
Colombia avanza en una transición democrática donde la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, reconocido a nivel mundial como uno de los más robustos y completos, incluyendo a la Misión de Verificación, es fundamental. Si bien el punto de Participación Política al igual que los demás del Acuerdo tienen dificultades en su implementación han abierto posibilidades amplias del trámite de las diferencias ideológicas e históricas desigualdades en Colombia, más allá de las armas. Hechos puntuales que nos llevan a la esperanza.
Es por ello, que en el marco de su mandato, recomendamos que el Consejo de Seguridad mantenga una atención sostenida sobre las garantías de la implementación integral del Acuerdo de Paz, retome el seguimiento a las medidas contempladas en el Capítulo Étnico y la Jurisdicción Especial para la Paz, fortaleciendo el acompañamiento internacional y priorizando los territorios y comunidades que continúan enfrentando mayores niveles de violencia y exclusión. La consolidación de la paz en Colombia requiere convertir los compromisos del Acuerdo de 2016 en transformaciones concretas en los territorios para la vida digna y la permanencia en los territorios y el apoyo integral del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la renovación y fortalecimiento del Mandato de la Misión de Verificación en Colombia es una prioridad.
Agradecemos sinceramente el apoyo firme y constante del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas en la defensa de la plena aplicación del Acuerdo de Paz. Cumplir con el acuerdo de 2016 y escuchar a las víctimas en el proceso de restauración y reconciliación constituye la base sólida para construir la paz con dignidad y garantizar la no repetición.
Con respeto.
Primeros Firmantes
- Intancia Especial de Alto Nive con Pueblos IEANPE para la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz
- Instancia de Mujeres para el Seguimiento al Enfoque de Género del Acuerdo de Paz por confirmar.
- CSIVI -Comunes
- Corporación Humanitaria Reencuentros
- CNR-C – por confirmar
- Centro de Pensamiento y Diálogo Político- CEPDIPO
- Consejo Permanente de Dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos – Confirmado CONPI y Comunes y por confirmar Conafro y otros para que sea más amplio)
- AMOR
- Equipo Claretiano ante la ONU- confirmado
- Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI
- Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT
- Fundación Hasta Encontrarlos
- Coordinación Étnica Nacional de Paz (por confirmar)
- CONAFRO (por confirmar)
- FEDEMICHOCO (por confirmar)
- Mesa Técnica de la subdirección de la UNP- por confirmar
- Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesina- ANZORC
- ACVC RAM – Por confirmar
- CONAMU
- SOMOS TIERRA
- Confederación de Economías Sociales y Solidarias del Común Jacobo Arenas
- Red Étnica por la Paz
- Asociación Nacional de Firmantes Étnicos de Colombia – ANFEC – Cacica o Yojan
- Movimiento Juvenil por la Paz
- Red Nacional de Derechos Humanos y Paz- TEJAR PAZ
- Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales Étnicas y Campesinas del Caquetá- COORDOSAC
- Coordinadora Política y Social Marcha Patriótica- MAPA