¿quién pagará la factura del rearme?
"Del aumento del gasto militar a la presión sobre los salarios, las pensiones y los servicios públicos: una investigación sobre el futuro del Estado social europeo".
11 de octubre de 2026.
Por Hugo René Orejuela. KontraPortada
Europa atraviesa una transformación que va mucho más allá de sus presupuestos militares. En nombre de la seguridad, la defensa y la necesidad de responder a un escenario internacional cada vez más inestable, los gobiernos europeos están reconsiderando sus prioridades económicas.
El rearme ocupa un lugar creciente en las decisiones políticas, mientras las sociedades enfrentan dificultades para mantener su poder adquisitivo, financiar sus sistemas de protección social y garantizar servicios públicos de calidad.
La pregunta fundamental no es si Europa tiene derecho a defenderse. Por supuesto que lo tiene. Tampoco se trata de desconocer la guerra en Ucrania, las tensiones con Rusia o la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la seguridad europea. La cuestión es otra, ¿cómo se financiará esta transformación militar y quién asumirá realmente sus costes?
Porque aumentar el gasto militar no es solamente comprar armamento. Significa decidir cómo se distribuyen los recursos públicos, qué sectores económicos recibirán nuevas inversiones, qué compromisos financieros asumirán las próximas generaciones y qué lugar ocuparán los derechos sociales dentro de las nuevas prioridades del continente.
Para responder con rigor debemos distinguir tres cuestiones: cuánto está aumentando el gasto militar, qué está ocurriendo realmente con los presupuestos sociales y hasta qué punto existe una transferencia de costes hacia los trabajadores y las familias.
No basta con observar que aumentan las inversiones militares mientras se producen protestas sociales. La coincidencia no demuestra por sí sola que una cosa financie directamente a la otra. Necesitamos examinar presupuestos, reformas fiscales, evolución de salarios, pensiones, deuda pública y decisiones concretas de los gobiernos.Pero tampoco sería razonable analizar estas decisiones como si pertenecieran a mundos independientes. Los recursos públicos son limitados y las prioridades presupuestarias expresan decisiones políticas.
Lo que revelan las estadísticas europeas
Los datos oficiales confirman que Europa está entrando en una etapa de expansión acelerada del gasto militar.
Según el Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros gastaron 418.000 millones de euros en defensa durante 2025. Para 2026 se estima una cifra de 454.000 millones, un aumento del 8,6 % en un solo año y del 75,3 % respecto a 2021. El gasto representaría aproximadamente el 2,4 % del PIB europeo en 2026.
No estamos, por tanto, ante un ajuste menor. Estamos ante una modificación sostenida de las prioridades presupuestarias.La Comisión Europea ha diseñado, además, el programa ReArm Europe / Readiness 2030, que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros mediante distintas vías de financiación y flexibilidad fiscal. Dentro de ese esquema figura SAFE, un instrumento de hasta 150.000 millones en préstamos para inversiones conjuntas en defensa. Conviene aclarar que los 800.000 millones representan una capacidad prevista de movilización, no dinero ya desembolsado.
El cambio adquiere una dimensión todavía mayor al examinar el compromiso de la OTAN de 2025. Sus miembros acordaron alcanzar en 2035 un gasto equivalente al 5 % del PIB en defensa y seguridad, distribuido entre un mínimo del 3,5 % para necesidades militares fundamentales y hasta un 1,5 % para infraestructura, resiliencia y otras necesidades relacionadas con la seguridad.
Estas cifras expresan una transformación estratégica. Pero su importancia económica reside en una pregunta que rara vez ocupa el centro de los discursos oficiales: ¿de dónde saldrán los recursos para sostener durante años semejante expansión? La respuesta no puede limitarse a decir que Europa simplemente dejará de financiar pensiones, hospitales o escuelas.
De hecho, Eurostat registró en 2024 un gasto de aproximadamente 4,925 billones de euros en prestaciones de protección social, equivalente al 27,3 % del PIB de la Unión Europea, un aumento del 6,9 % respecto al año anterior. Esto demuestra que el Estado social europeo sigue siendo una parte central de las finanzas públicas.
La contradicción es más compleja. El gasto social puede aumentar en términos nominales y, al mismo tiempo, determinados servicios sufrir presiones presupuestarias. Las pensiones pueden crecer mientras se endurecen las condiciones de jubilación. Los presupuestos sanitarios pueden aumentar mientras los hospitales enfrentan costes superiores y escasez de personal. Los salarios pueden subir mientras el alquiler, la energía o la alimentación absorben buena parte de esa mejora.
Por eso no basta con comparar cifras absolutas. Necesitamos analizar el gasto real, su evolución por habitante, su proporción del PIB y sus efectos concretos sobre las condiciones de vida.
El rearme y la presión sobre las finanzas públicas
La propia Comisión Europea reconoce que el incremento del gasto militar tendrá consecuencias fiscales. En sus simulaciones económicas, un aumento gradual del gasto en defensa de hasta 1,5 puntos del PIB podría elevar la actividad económica europea, pero también situar la relación deuda pública/PIB aproximadamente dos puntos porcentuales por encima del escenario sin ese incremento hacia 2028. La Comisión advierte asimismo que, una vez finalizada la flexibilidad fiscal temporal, sostener niveles superiores de gasto militar exigirá nuevas decisiones de financiación y reorganización presupuestaria.
El Banco Central Europeo también ha analizado los efectos de estas inversiones sobre el crecimiento, la deuda y la capacidad productiva. Su evaluación recuerda que la inversión militar no tiene un impacto uniforme: depende del origen de los suministros, de la capacidad industrial europea y de las condiciones de financiación.
Este es el punto donde la discusión adquiere su verdadera dimensión política. Los gobiernos tienen varias opciones para financiar el rearme: aumentar impuestos, emitir deuda, estimular el crecimiento económico, reorganizar otras partidas presupuestarias o combinar esos mecanismos. Cada opción tiene consecuencias distributivas diferentes.
No es lo mismo financiar nuevas inversiones mediante impuestos progresivos sobre rentas altas y grandes patrimonios que mediante impuestos al consumo. Tampoco es lo mismo recurrir temporalmente al endeudamiento que reducir prestaciones sociales. Y no es indiferente que los contratos militares fortalezcan cadenas industriales europeas o se conviertan principalmente en importaciones.
La factura del rearme no tiene por qué recaer sobre los trabajadores. Pero puede terminar recayendo sobre ellos si las decisiones fiscales y presupuestarias distribuyen los costes de manera regresiva. Ahí se encuentra el verdadero conflicto político.
Francia, Bélgica y Alemania: tres ejemplos de la transformación europea
Francia ofrece uno de los ejemplos más claros de la tensión entre austeridad y rearme. Su presupuesto de 2026 contempló aproximadamente 9.000 millones de euros en ahorros presupuestarios, mientras el Ministerio de Defensa recibió un incremento de 6.500 millones. Esto no demuestra que cada euro ahorrado en otros sectores haya sido transferido directamente a la defensa, pero sí revela que el Gobierno decidió proteger y ampliar la inversión militar mientras restringía otras partidas.
En septiembre de 2026, el Gobierno francés planteó un esfuerzo de ahorro de 54.000 millones de euros para el presupuesto de 2027, en medio de protestas sociales, tensiones por los precios energéticos y presiones para controlar el déficit. La movilización de estudiantes, docentes y familias por las condiciones de la educación pública se ha convertido en una nueva expresión del descontento social.
Bélgica presenta otra dimensión del problema. El país enfrenta simultáneamente una deuda pública elevada, compromisos crecientes de defensa y reformas económicas que han provocado una importante oposición sindical.
Según la Comisión Europea, la deuda pública belga alcanzó el 107,9 % del PIB al cierre de 2025 y se proyectaba en el 110,5 % para 2026.El 9 de octubre de 2026, unas 50.000 personas participaron en Bruselas en una movilización contra las medidas presupuestarias del Gobierno de Bart De Wever. Los sindicatos denunciaron que los trabajadores, pensionistas y hogares de menores ingresos estaban soportando una parte injusta del esfuerzo de ajuste. El Gobierno defendió sus medidas como necesarias para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
La coincidencia entre estas reformas y el aumento de las obligaciones militares es políticamente relevante. Sin embargo, sería incorrecto atribuir todo el ajuste belga al rearme: los déficits, la deuda, el envejecimiento de la población y los intereses financieros también influyen sobre sus presupuestos.
Alemania, por su parte, ha optado por una fuerte expansión de la inversión militar acompañada de endeudamiento y nuevas prioridades industriales. Su planificación presupuestaria para 2026 contemplaba aproximadamente 82.700 millones de euros de gasto federal en defensa, además de un incremento importante de sus compromisos de seguridad en relación con el PIB.
Pero Alemania también demuestra que la expansión militar no implica necesariamente una reducción inmediata y generalizada del gasto social. Sus cifras presupuestarias incluyen incrementos nominales en protección social, pensiones y otras partidas. El conflicto aparece al considerar la sostenibilidad futura de esas obligaciones y la necesidad de financiar simultáneamente defensa, infraestructura, transición energética y servicios públicos.Estos tres países muestran que no existe una única política europea.
Existen estrategias nacionales diferentes, pero todas enfrentan una pregunta común: cómo sostener un esfuerzo militar prolongado sin deteriorar el contrato social que ha caracterizado a buena parte de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Una nueva economía militar europea?
El rearme también está reorganizando intereses empresariales. Los contratos de defensa pueden beneficiar a fabricantes de armamento, empresas aeroespaciales, industrias electrónicas, productores de materiales estratégicos y compañías tecnológicas. También pueden estimular investigación, empleo industrial e innovación.
Pero el efecto distributivo dependerá de cómo se adjudican los contratos, dónde se produce el equipamiento, qué salarios se pagan, qué impuestos se recaudan y qué proporción de los beneficios permanece en la economía europea.
El riesgo es que la seguridad se convierta en un argumento suficiente para justificar inversiones de gran magnitud mientras otras necesidades públicas deban demostrar constantemente su viabilidad presupuestaria.
La cuestión no es oponer mecánicamente defensa y bienestar. Una sociedad necesita seguridad, pero también necesita hospitales, educación, vivienda, empleo, pensiones y estabilidad económica. La seguridad militar no sustituye la seguridad social. Y una Europa militarmente más fuerte, pero socialmente más desigual, podría terminar debilitando precisamente la cohesión interna que pretende proteger.
Las consecuencias políticas: una Europa socialmente más conflictiva
Las movilizaciones recientes en Francia y Bélgica muestran que el debate presupuestario ya está saliendo de los ministerios de Hacienda para instalarse en las calles. Los trabajadores no discuten solamente cifras. Discuten cuánto tiempo deberán trabajar antes de jubilarse, qué parte de sus ingresos absorberán los impuestos y los servicios básicos, qué calidad tendrá la educación de sus hijos y si las generaciones futuras disfrutarán de condiciones de vida comparables a las anteriores.
Cuando una sociedad percibe que se le exige sacrificarse permanentemente mientras determinados sectores económicos reciben nuevas oportunidades de acumulación, aparece una crisis de legitimidad. Esto no significa que Europa se encuentre inevitablemente ante una explosión social. Pero sí permite identificar varios escenarios.
Uno sería una expansión militar acompañada de crecimiento industrial, mayores ingresos fiscales y preservación de la protección social. Otro sería una etapa prolongada de endeudamiento, ajustes presupuestarios y deterioro de los servicios públicos. Un tercero, especialmente delicado, combinaría estancamiento económico, aumento de desigualdades, desconfianza institucional y una polarización política creciente.
En este último escenario podrían intensificarse huelgas, protestas y conflictos sociales, y aumentar el atractivo de movimientos que prometen respuestas radicales. No se puede determinar anticipadamente quién se beneficiaría políticamente de esa frustración ni suponer que desembocará necesariamente en violencia. Aunque los hechos ocurridos recientemente en las manifestaciones así lo demuestran.
Lo que sí enseña la historia europea es que las crisis económicas se vuelven crisis políticas cuando amplios sectores de la población dejan de creer que las instituciones pueden ofrecerles un futuro mejor.
¿Quién debe pagar la seguridad de Europa?
La transformación que atraviesa el continente obliga a plantear una discusión que no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos, mandos militares y grandes corporaciones. Si la seguridad europea requiere mayores inversiones, sus costes deben discutirse públicamente y distribuirse de forma transparente.
No existe ninguna necesidad económica inevitable de que el esfuerzo recaiga principalmente sobre salarios, pensiones o servicios públicos. Esa distribución dependerá de decisiones sobre impuestos, deuda, beneficios empresariales, contratación pública y prioridades de inversión.
Por eso el problema central no es simplemente cuánto gastará Europa en armamento. Es qué modelo de sociedad estará financiando mientras se rearma. Europa construyó buena parte de su legitimidad contemporánea sobre una promesa de prosperidad, derechos sociales, servicios públicos y protección frente a las grandes inseguridades de la vida.
Si el nuevo contexto geopolítico termina debilitando esa promesa, el continente podría conseguir mayores capacidades militares al precio de una profunda fractura social. La paradoja sería histórica, intentar garantizar la seguridad exterior mientras se deteriora la seguridad económica de quienes viven dentro de sus fronteras.
Y entonces la pregunta dejaría de ser exclusivamente cuánto le cuesta a Europa defenderse. Sería qué Europa se está defendiendo, para quién y a qué precio?