El voto por el verdugo: ¡En juego el trabajador!

Es de resaltar que una de las principales fuentes de empleo para las mujeres en Colombia es la administración pública, que ha incidido en el aumento de los indicadores de acceso al mercado laboral (OCDE, 2024); de acuerdo con el DAFP (2026) el 52% de las personas servidoras son mujeres. La pérdida de empleos en el sector público afectaría directamente las oportunidades de las mujeres y su derecho a una vida digna y con igualdad de género. 

Dado que la única promesa de fortalecimiento del estado del candidato de extrema derecha tiene que ver con “las fuerzas de seguridad”, y teniendo en cuenta que en la actualidad es el personal que tiene mayor representatividad en el empleo público, surge la pregunta ¿Se espera que el estado colombiano quede reducido a la fuerza pública?

Los Impactos Sectoriales de la «Motosierra» Institucional

La aplicación de este modelo de «Estado Neoliberal» desataría una crisis multidimensional que afectaría de manera crítica a sectores estratégicos de la vida nacional, a continuación, se presentan algunos ejemplos, basados en la propuesta del asesor Daniel Raisbeck:

• Supresión de órganos de control de la rama ejecutiva: con la reducción de 10 a 3 de las entidades que ejercen control administrativo, siendo estas últimas la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se haría énfasis en las actividades estatales que regulan el mercado y el capital, sin garantizar la vigilancia para la garantía de derechos, ni la función social del estado.
• Sector Educación: la propuesta contempla la liquidación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ente rector de la formación de los servidores públicos del país. Paralelamente, la educación superior pública sufriría un vuelco hacia la privatización, obligando a las universidades públicas a la venta de servicios para su autofinanciación y transformando el modelo de financiamiento público hacia una política de subsidio a la demanda (vía créditos y váuchers) y no a la oferta, lo que profundizaría la segregación educativa y aumentaría la desigualdad social.
• Sector Ambiente: Con la intervención del sistema nacional ambiental, la protección de los ecosistemas quedará subordinada a las dinámicas extractivas del mercado generalizado, profundizando los conflictos ambientales.
• Sector Vivienda, Ciudad y Territorio:  el catastro multipropósito perdería su función social, intensificando el modelo de privatización en la gestión y operación catastral que inició Duque con resultados negativos en la sostenibilidad financiera de los entes catastrales quienes ahora deben autofinanciarse con la venta de sus servicios, afectando la planeación de las entidades territoriales y favoreciendo la contrareforma rural y urbana, al dejar a la deriva el sistema de administración de tierras se abre la puerta para el despojo y en consecuencia el desplazamiento.
• Institucionalidad del Acuerdo de Paz: la propuesta elimina de tajo todas las entidades que se crearon en cumplimiento al Acuerdo de Paz suscrito por el estado colombiano, institucionalidad con enfoque territorial y de derechos que prioriza la acción estatal en los territorios más afectados por el conflicto armado interno. De suprimirse esta institucionalidad sería el caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico y de la acción de las bandas criminales, tal cual sucedió cuando el gobierno Duque hizo trizas el Acuerdo de Paz.  
• Desatención de la población vulnerable: siguiendo con la propuesta del asesor Raisbeck, entidades esenciales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ICBF y Prosperidad Social se verían fusionadas o reducidas a menos de la mitad de su capacidad operativa, dejando en la absoluta indefensión a las poblaciones vulnerables, desplazadas y afectadas por crisis climáticas.
• Desaparición del ente rector de la función pública: se plantea la descentralización de esta función en los municipios, retrocediendo los avances alcanzados en la materialización del mérito para el acceso al empleo público, favoreciendo dinámicas clientelistas, gamonalismo y en general las prácticas del Estado corrupto.

El Impacto Socioeconómico: Precarización y Efecto Cascada

La desvinculación de 700 mil trabajadores generaría un impacto macroeconómico devastador. Al privar a cientos de miles de familias de sus ingresos estables, se destruiría de manera inmediata el poder de consumo de una parte sustancial de la clase media y trabajadora. El comercio local, la pequeña industria y el sector de servicios experimentaría una contracción severa debido a la falta de liquidez en el mercado, sumiendo a la economía nacional en una espiral recesiva.

Asimismo, se prevé una crisis sin precedentes en las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones). Al liquidarse organismos nacionales, las funciones constitucionales serían transferidas a los municipios y departamentos sin el debido respaldo presupuestal, provocando el colapso administrativo en los territorios periféricos, sumado a la sobrecarga laboral de la menguada función pública. Para financiar el aparato restante, la aplicación de este modelo neoliberal impulsa la privatización de los servicios públicos domiciliarios, lo que inevitablemente provocaría un alza desmedida en el costo de vida de los hogares colombianos mediante tarifas indexadas al lucro privado.

El Espejismo de la Austeridad a la Fecha

Las reformas de reestructuración administrativa en Colombia durante los gobiernos de César Gaviria Trujillo (1990-1994) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) marcaron transformaciones profundas en el aparato estatal, guiadas por enfoques económicos diferenciados. En la administración de Gaviria, la reestructuración se fundamentó en la política de la «Revolución Pacífica» y la apertura económica, buscando adaptar el Estado a los lineamientos del consenso de Washington mediante la descentralización y la privatización de monopolios públicos.

Este proceso conllevó la supresión de entidades y una masiva desvinculación de servidores públicos que, según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), superó los 40.000 empleados cesados bajo programas de retiro voluntario y liquidación de agencias gubernamentales. El impacto fiscal inmediato se tradujo en una reducción del gasto de funcionamiento centralizado, aunque los costos de indemnización y la creación de las nuevas agencias de regulación técnica e instituciones de control equilibraron la balanza del gasto a mediano plazo, transfiriendo responsabilidades y cargas operativas hacia el sector privado y los entes territoriales.

Por su parte, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó el programa de «Renovación de la Administración Pública» (PRAP), bajo la premisa de instaurar un «Estado Comunitario» que priorizaba la eficiencia fiscal, la reducción del tamaño del Estado y el fortalecimiento de la Seguridad Democrática. A diferencia de los noventa, la estrategia de Uribe se concentró en la fusión de ministerios (reduciendo su número de 16 a 13) y la liquidación o reestructuración profunda de entidades estatales como Telecom, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Caja de Previsión Cajanal.

No obstante, se resalta que el efecto colateral de esta eficiencia presupuestal fue una marcada precarización del empleo público, reflejada en el aumento de la contratación por Prestación de Servicios y cooperativas de trabajo asociado para suplir las vacantes de las plantas de personal suprimidas.

Mientras que la reforma de Gaviria introdujo la lógica del mercado y la privatización en los servicios públicos, la de Uribe centralizó funciones “secundarias” para priorizar el gasto de funcionamiento hacia el presupuesto de defensa y redes de informantes. Ambas reformas dejaron saldos complejos: una persistente inestabilidad laboral en el sector estatal, un debilitamiento de la representación sindical y una delegación de los derechos sociales básicos en lógicas de rentabilidad financiera y tercerización.

Se resalta también que mientras en la reforma de Gaviria se buscó suprimir servicios estatales y privatizarlos. En la de Uribe se pretendió achicar el aparato estatal haciendo fusiones de sectores administrativos. En la propuesta de Defensores de la Patria de «reducir el 40% de la administración pública» se conjugaría los dos enfoques. Sí en tiempos de Gaviria la reducción de 40.000 empleos desencadenó una crisis para muchas familias, es impensable el efecto de reducir 700.000 empleos.

Sí en tiempos de Uribe la fusión de entidades estratégicas como la cabeza del sector Ambiente con el de Vivienda favoreció la flexibilización de los requisitos y controles  ambientales, priorizó la agilización de licencias, que por ejemplo con la piñata minera favoreció la implantación de proyectos de megaminería que avocaron a las poblaciones al despojo y a la expoliación; y la fusión de Seguridad Social con el de Trabajo conllevo a la pérdida de rectoría, la desregularización de los derechos laborales, el desmantelamiento de la red de hospitales públicos, la atención primaria en salud y la facilitación para el aumento de las ganancias de los intermediarios de la salud invertidos en negocios especulativos. Con la propuesta de pasar de 19 ministerios a 7, el Estado Social de Derecho quedaría en cuidados intensivos en un país que ya se caracteriza por ser uno de los más inequitativos de América Latina.

Finalmente es de recordar que estas reformas implementadas en la administración Gaviria y Uribe, además del daño antijurídico producido por la liquidación de entidades y trabajadores, también se generó afectaciones al patrimonio público y, sobre todo, heridas en las poblaciones y sus territorios, donde el Estado en lugar de ser garante de los derechos se convirtió en un cómplice de hechos victimizantes.

La Alternativa Democrática: Iván Cepeda

En contraste, el programa de gobierno de Iván Cepeda Castro – Presidente 2026-2030: El Poder de la Verdad, propone consolidar y profundizar el modelo de un Estado Social de Derecho fuerte, robusto y transparente, con mecanismos claros para prevenir y perseguir la corrupción. Iván Cepeda propone los siguientes ejes programáticos:

1. Defensa Estricta de la Carrera Administrativa: El acceso al empleo público debe estar garantizado por el mérito, la transparencia y la estabilidad laboral, blindando a las instituciones del clientelismo politiquero tradicional.
2. Revolución Social y Territorio: En lugar de suprimir la inversión, el programa prioriza la formalización laboral, el impulso de la educación pública gratuita y de calidad en todos sus niveles, y la consolidación de reformas estructurales como la agraria, la pensional y la laboral para dinamizar la economía desde la base popular, para superar los factores estructurales que causan el conflicto armado en Colombia.
3. Lucha Frontal contra la Macrocorrupción: Cepeda reconoce con rigor que la corrupción ha mutado en redes complejas que capturan instituciones. Su propuesta es crear el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, articulando la movilización ciudadana, veedurías comunitarias y unidades judiciales especializadas para recuperar los dineros públicos y redirigirlos a la inversión social
4. Austeridad Republicana.  se fundamenta en transformar la gestión del Estado bajo un principio estrictamente ético y de generación de valor público, eliminando los gastos que desvirtúan sus fines esenciales.

Conclusión y Llamado a la Clase Trabajadora

Trabajador de la administración pública, empleado, contratista, docente y trabajador oficial: la jornada electoral del 21 de junio de 2026 no admite indiferencia ni un voto desinformado. El proyecto de la extrema derecha ataca de frente el sustento de nuestros hogares, la educación de nuestros hijos y el patrimonio construido con esfuerzo, bajo la promesa engañosa e ilegal de indemnizar empleados para convertirlos, de la noche a la mañana, en «emprendedores» precarizados. Si usted pierde su estabilidad hoy, ¿cómo garantizará una vida digna para su familia? Ser servidor público es una vocación con un conocimiento y experticia particular que el sector privado no valora; ante un despido masivo, ¿dónde encontrará un empleo?

Esta amenaza real nos convoca a la solidaridad inmediata, pues la destrucción del empleo público tendría consecuencias devastadoras para toda la sociedad. Según datos del DAFP, el 52% de los empleados públicos son mujeres, por lo que un despido masivo profundizaría drásticamente la brecha laboral y la desigualdad de género. Además, el consecuente disparo de la informalidad desfinanciaría por completo los fondos pensionales, sepultando el derecho a una vejez digna para millones de familias trabajadoras.

Como bien exhorta el sindicalismo organizado, ha llegado la hora de la conciencia, la solidaridad y el voto unificado de la clase trabajadora. El empleo público no es un favor político ni una prebenda burocrática; es la herramienta constitucional indispensable para garantizar la salud, la educación, la paz y la dignidad en todos los territorios. Defender el voto por Iván Cepeda es defender la existencia misma de la institucionalidad democrática, la estabilidad de su hogar y el derecho fundamental a un trabajo digno.

Por todo esto, el próximo 21 de junio actúe con dignidad, memoria y conciencia de clase: vote realmente por la patria, por el futuro de su familia y por usted mismo. ¡Cepeda Presidente 2026–2030!