en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia
“Las elecciones presidenciales en Colombia no solo definirán un nuevo gobierno. También pondrán a prueba la madurez democrática de una sociedad que ha sido demasiadas veces manipulada por el miedo”.
26 de abril de 2026.
Hugo René Orejuela. KontraPortada.
Colombia conoce demasiado bien el lenguaje del miedo. Lo ha vivido durante décadas en forma de bombas, asesinatos selectivos, masacres, amenazas y campañas de terror diseñadas para sembrar incertidumbre colectiva. Por eso, cada atentado en tiempos electorales no puede leerse únicamente como un hecho criminal aislado. También debe analizarse en su dimensión política, a quién beneficia el caos, qué narrativa intenta instalarse y qué efectos produce sobre una ciudadanía llamada a decidir el rumbo del país el próximo 31 de mayo.
Los recientes hechos violentos en el Valle del Cauca, y en el Cauca, reabren una preocupación histórica. Cuando Colombia entra en ciclos electorales, sectores interesados en alterar el clima democrático suelen recurrir a la vieja fórmula de la desestabilización, generar miedo para condicionar el voto.
No es una tesis nueva ni una especulación gratuita. La historia política nacional muestra que, en distintos momentos, la violencia ha sido utilizada como telón de fondo para imponer agendas autoritarias, justificar medidas excepcionales o posicionar candidaturas que se presentan como únicas garantes del orden.
El terrorismo tiene múltiples objetivos. Busca causar daño, sembrar pánico y debilitar instituciones. Pero en contextos electorales agrega otro componente, manipular emociones colectivas. Una sociedad asustada es más vulnerable a discursos simplistas que prometen seguridad inmediata a cambio de libertades, debate o pensamiento crítico.
Ahí aparece el viejo libreto, cuando aumenta la sensación de inseguridad, ciertos sectores políticos resurgen ofreciendo mano dura, militarización y respuestas rápidas. El problema es que ese “modelo de seguridad” termina siendo más propaganda que solución real.
Colombia ya ha vivido esa experiencia. Gobiernos y proyectos políticos que llegaron con la bandera de la seguridad democrática, terminaron dejando nuevos ciclos de violencia, corrupción, desigualdad o graves cuestionamientos en derechos humanos. El miedo vende votos, pero no construye paz.
En la historia política contemporánea, diferentes estrategas han comprendido que el miedo moviliza más rápido que la esperanza. De allí surgen operaciones políticas y mediáticas orientadas a instalar caos, indignación e incertidumbre en momentos decisivos.
En ese marco, lo que algunos analistas denominan Operación Júpiter puede entenderse como una lógica de intervención sobre la opinión pública: amplificar hechos violentos, exacerbar la sensación de crisis, saturar a la ciudadanía con mensajes de colapso institucional y activar emociones primarias como rabia, angustia o desesperanza.
El objetivo de este tipo de estrategia no es solamente desestabilizar al gobierno del cambio. También busca influir en un segmento electoral particularmente decisivo, los trabajadores, las clases medias emergentes, los sectores populares urbanos y los votantes indecisos que suelen definir una elección presidencial.
Cuando estos sectores sienten amenazado su empleo, su seguridad cotidiana o su estabilidad familiar, pueden inclinarse hacia opciones que prometen orden inmediato, aun cuando esas promesas ya hayan fracasado en el pasado.
En política moderna, las campañas de comunicación y de terror, no solo disputan ideas; disputan emociones. El miedo, la indignación y la incertidumbre son herramientas poderosas para modificar conductas electorales.
Una explosión, un atentado o una cadena constante de noticias alarmistas puede tener más impacto en la percepción ciudadana que meses de buenos indicadores económicos. Esa es la crudeza de la comunicación política en tiempos de polarización.
Por eso, hechos violentos en coyuntura electoral no solo golpean la seguridad nacional. También impactan psicológicamente al votante trabajador que madruga, paga deudas, sostiene su hogar y teme perder lo poco que ha logrado avanzar. Ese ciudadano, que muchas veces no milita en partidos y vota desde la experiencia cotidiana, es la franja decisiva que buscan influenciar quienes convierten el caos en estrategia.
En ese contexto, la candidatura del senador Iván Cepeda representa una variable que inquieta a sectores tradicionales del poder. No solo por su trayectoria política y defensa de los derechos humanos, sino porque aparece como posibilidad de continuidad de un ciclo progresista iniciado con Gustavo Petro.
Para quienes han gobernado históricamente desde privilegios políticos y económicos, la continuidad de un proyecto reformista supone una amenaza real. Significa reformas pendientes, redistribución del poder y de la riqueza, nuevas prioridades sociales y un reordenamiento del mapa político nacional.
Iván Cepeda, además, encarna una figura distinta al liderazgo tradicional del miedo. Su perfil está más asociado al diálogo, la paz, la memoria histórica y la defensa institucional. Eso choca frontalmente con campañas basadas en polarización extrema y seguridad entendida como militarización sin límites.
Más allá de simpatías o críticas legítimas, el gobierno de Gustavo Petro llega al final de su mandato con un dato políticamente relevante, una imagen favorable considerable y una percepción en amplios sectores de que hay avances sociales y económicos importantes.
Reducción de inflación, recuperación del salario real, ampliación de programas y reformas sociales y una agenda internacional activa forman parte de ese balance que muchos ciudadanos valoran. También hubo errores, bloqueos institucionales y reformas inconclusas. Pero en política cuenta tanto la gestión como la percepción pública. Y hoy existe un sector importante del electorado que no quiere regresar al viejo modelo político.
La seguridad es una necesidad legítima. Ninguna democracia puede relativizar el dolor de las víctimas ni normalizar atentados terroristas. Pero otra cosa distinta es utilizar el temor ciudadano como plataforma electoral.
Cuando la seguridad se convierte en eslogan vacío, termina siendo un espejismo. Se ofrecen soluciones mágicas, se militariza el discurso y se simplifican problemas estructurales como narcotráfico, exclusión social, economías ilegales y abandono estatal de regiones enteras.
Las elecciones presidenciales en Colombia no solo definirán un nuevo gobierno. También pondrán a prueba la madurez democrática de una sociedad que ha sido demasiadas veces manipulada por el miedo.
Cada atentado debe investigarse con rigor y enfrentarse con toda la fuerza legítima del Estado. Pero también debe evitarse que el terror dicte la agenda política. Porque cuando el miedo vota, la democracia retrocede. Y cuando una ciudadanía logra decidir con memoria, serenidad y conciencia crítica, incluso en medio de la violencia, le arrebata a los violentos su principal victoria, el control de la voluntad a través del miedo.
