1 de marzo de 2025.
Por Saín Jeí, politólogo.
El 7 de agosto de 2022, con la Plaza de Bolívar y el centro de Bogotá D.C. a reventar de multitudes expectantes y esperanzadas, Gustavo Francisco Petro se posesionó como presidente de la República de Colombia. Después de casi un siglo, desde que Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia, llegó un mandatario que, desde el primer día, prometía un conjunto de reformas, incluida la rural, para transformar el país. Y, cerca de siglo y medio después de José María Melo, quizá el último presidente orgánico de un movimiento popular revolucionario, como lo eran las sociedades democráticas.
Los gobiernos de Alfonso López y José María Melo deben considerarse como marcos de referencia para analizar el ciclo que ha implicado este gobierno y la actual coyuntura electoral. Esto no sólo por el hecho que han aparecido reiteradamente en los discursos de Gustavo Petro; sino porque ambos representan arquetipos de gobiernos con pretensiones transformadoras en la historia de Colombia.
Por un lado, Alfondo López Pumarejo, aunque siempre fiel a su clase, permitió la apertura de una alianza circunstancial entre sectores de la oligarquía del Partido Liberal y un movimiento popular campesino y obrero que buscó, luego del gobierno de Enrique Olaya Herrera, profundizar las reformas y la transición de un Estado aún anclado en instituciones heredadas de más de tres décadas de hegemonía conservadora (1886-1930). La reforma constitucional de 1936, vinculada a la Revolución en Marcha, apuntó a transformar distintos aspectos del Estado.
Aunque esta reforma también puede interpretarse como una forma de gestión del cambio desde arriba, incorporó elementos que activaron y potenciaron la organización social, en especial del movimiento campesino alrededor de la función social de la propiedad. Esto provocó la reacción política y violenta de la oligarquía liberal y conservadora, expresada en la contrarreforma durante el gobierno de Eduardo Santos. Este ciclo de reforma y contrarreforma inauguró una contradicción política (tanto institucional como violenta) y económica (de clase y gremial) en torno a la estructura agraria, que luego se convirtió en un factor constitutivo del conflicto armado y de sus trayectorias.
Por otro lado, José María Melo, indígena pijao, socialista utópico y soldado de Simón Bolívar, llegó a la presidencia tras un golpe militar, en el contexto de la búsqueda de profundización de los ciclos reformistas de José Hilario López y José María Obando (1849-1853). Melo, orgánico a un movimiento popular y plebeyo articulado en las sociedades democráticas, buscó profundizar el papel del sujeto popular, en el marco de una de una clase obrera en emergencia, en sintonía con los horizontes de la Patria Grande (siempre desde un pensamiento bolivariano).
Las sociedades democráticas y el gobierno de Melo configuraron un gobierno popular de facto, que puede interpretarse como un proceso constituyente abierto orientado a ampliar los horizontes del sistema social colombiano (realmente fue nuestra Comuna de París). De allí la reacción oligárquica posterior, marcada por la constante alianza liberal-conservadora apoyada por Gran Bretaña, principal eje del imperialismo de la época.
Entre 2006, con el paro nacional de secundaria contra la reforma a la ley de transferencias, y el 2021/2022, con el estallido social, pasando por los paros agrarios de 2013 y 2015, las movilizaciones universitarias de la MANE en 2011 y la UNES en 2019, así como las movilizaciones en apoyo al proceso de paz en 2016, en las clases subalternas colombianas, especialmente urbanas, se fue constituyendo un conjunto de sujetos populares, principalmente de carácter juvenil. Estos sujetos, aunque no lograron consolidar espacios organizativos autónomos más allá de la calle y el barrio, se expresaron en una base electoral de izquierda que ha crecido de manera progresiva.
Esto implica que hoy, en el espectro de la izquierda y el campo popular, no existe una unidad organizativa y política plenamente cohesionada. Las formas partidarias, como el Pacto Histórico y los demás pequeños partidos, apenas han trascendido su función como empresas electorales que otorgan cierto nivel de representación a esos sujetos popular. El gobierno de Gustavo Petro ha operado como articulador de esa base popular, que muchos reducen equivocadamente a electores, y de los proyectos partidarios de izquierda, en una confluencia estratégica (no hay que caer en el error de creer que son lo mismo). Sin embargo, aunque varios líderes de izquierda han jugado un papel importante en la configuración de esos sujetos populares, también es cierto que muchos de estos partidos y sus dirigencias se encontraron con estos sin buscarlos y es la hora que no los han comprendido (como ciertos sindicatos que aún creen que decretaron el estallido social).
Con lo anterior se expone una primera contradicción que estructura esta coyuntura electoral: sujetos populares con experiencias propias, no siempre dotados de la autonomía necesaria, en tensión con aparatos partidarios institucionales que, en pocos casos, logran interpretarlos. Estos aparatos han buscado reiteradamente subordinar y restringir a estos sujetos populares en una función electoral e institucional. El Pacto Histórico ha priorizado su papel de unificación partidaria sobre su desarrollo como movimiento político, a pesar de que esa fue una de sus premisas iniciales. Aun así, en comparación con otras expresiones del (entre comillas) “frente amplio”, sigue siendo el espacio electoral que mayor apertura ofrece a la organización social.
En segundo lugar, emerge otra contradicción fundamental: la relación entre la izquierda y el campo popular con sectores de la política tradicional que resultan necesarios para la viabilidad de un gobierno de izquierda. Esta tensión se manifestó en los últimos cuatro años y se proyecta hacia la campaña y un eventual nuevo gobierno.
Desde la segunda vuelta presidencial de 2014 y, con mayor claridad, durante la defensa del Acuerdo Final de Paz de 2016, en el plebiscito, la refrendación y la implementación normativa en el Congreso, se consolidó una confluencia entre la izquierda y sectores de la política tradicional asociados al llamado santismo.
En contraste con las elecciones de 2018, en las que se impuso la promesa de hacer trizas la paz, en 2022 el santismo, con operadores políticos como Roy Barreras, Armando Benedetti, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, logró articularse con la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, así como con el avance en el Senado y la Cámara de Representantes.
A partir de ese momento, en distintas entidades y ministerios, se asignaron cargos de dirección a figuras de ese espectro de la política tradicional que, aunque orgánicas a las élites del país, participaron en la victoria electoral y debían contribuir a garantizar la gobernabilidad necesaria para impulsar las reformas prometidas.
Sin embargo, las confluencias tácticas o estratégicas que permiten victorias electorales no se traducen necesariamente en acuerdos programáticos. Por ello, durante estos cuatro años, el Gobierno nacional ha concentrado múltiples contradicciones programáticas. Varios de estos operadores, pese a emplear narrativas heterodoxas y liberales, han actuado como defensores de elementos constitutivos del neoliberalismo en Colombia. Esto se evidenció en figuras como Cecilia López y Alejandro Gaviria, quienes, además de promover políticas contrarias al programa de gobierno en sus respectivas carteras, obstaculizaron el avance de reformas en otros sectores.
Esta situación también se extendió más allá de los ministerios, con directivos y funcionarios que no asumieron el programa de gobierno y defendieron las formas institucionales heredadas del sistema político colombiano.
Aunque, al mismo tiempo, el gobierno permitió la llegada de ministros, directores y funcionarios provenientes del campo popular, muchos de los cuales han mostrado resultados destacados. Entre ellos se encuentran las militantes comunistas de Gloria Inés Ramírez y Marta Carvajalino, en los ministerios de Trabajo y Agricultura, respectivamente, cuyas gestiones contribuyeron a las reformas laboral, pensional y rural. También destacan Andrés Camacho y Edwin Palma en el Ministerio de Minas, Antonio Sanguino en Trabajo, Daniel Rojas en la SAE y Educación, entre otros, quienes han mantenido coherencia con el programa de gobierno y con las luchas del campo popular.
De este modo, considero que las dos contradicciones señaladas anteriormente constituyen el nudo gordiano de la actual coyuntura electoral. Por un lado, sujetos populares que hicieron posible la victoria de un gobierno de izquierda, pero que no han sido plenamente potenciados en su autonomía. Y, por otro, alianzas con sectores de la política tradicional que, además de recurrir a prácticas cuestionables, siguen representando el proyecto neoliberal y buscan gestionar el cambio desde arriba.
Así, la coyuntura actual remite tanto a la contradicción encarnada por José María Melo, donde un sujeto popular que buscaba profundizar las transformaciones fue bloqueado por las oligarquías, como a la de la Revolución en Marcha, en la que las reformas, aun cuando alcanzan institucionalidad, derivan en contrarreformas desde arriba.
En este contexto, el poder y el proceso constituyente abierto se perfilan como elementos centrales, tanto en el plano interpretativo como en el práctico, para destrabar estas contradicciones. El Pacto Histórico y los sectores afines deben consolidar su papel como instrumentos electorales, con miras a obtener victorias en la presidencia y en el Congreso, pero también asumir la tarea de promover un proceso constituyente que solo puede surgir de los sujetos populares que se han constituido en las últimas décadas. Esto implica avanzar hacia una lógica de partido movimiento y no de simple empresa electoral.
En este panorama, resulta perjudicial para la izquierda y el campo popular la proliferación de coaliciones y candidaturas minoritarias que reproducen prácticas oportunistas de la política tradicional y del santismo. Figuras como Roy Barreras (el exuribista) y Daniel Quintero (el mil partidos) se presentan como expresiones visibles de esta dinámica.
Ambos han articulado redes clientelares y maquinarias electorales, con alianzas con clanes regionales y con la subordinación de procesos organizativos. Incluso sectores del campo popular han priorizado la viabilidad electoral sobre el proyecto político, optando por estas alianzas, aun cuando ello implica renunciar a un horizonte constituyente, subordinando a los sujetos populares. La debilidad programática de candidatos como Roy y Quintero se refleja en su escasa presencia en las encuestas, frente a lo cual muchos responden (con cierto aire de arrogancia): “las encuestas no miden las maquinarias”. Es posible que obtengan resultados superiores a los que anticipan las encuestas; sin embargo, ello no representa el proyecto político que se requiere consolidar.
Será preciso mantener alianzas con sectores no necesariamente de izquierda, pero sin sacrificar el programa ni el horizonte constituyente. Estos últimos cuatro años evidencian avances importantes; no obstante, en el futuro será necesario profundizar los cambios de forma coherente y fortalecer los sujetos populares capaces de apropiarse de este proceso y de resolver las contradicciones existentes. De lo contrario, la frustración y la desmovilización harán campaña y, como advertía Gramsci: “en ese claroscuro surgen los monstruos”.
