Sumario: El paro habría sido una demostración de control territorial y serviría como respuesta a la presión de las autoridades.

El paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) paralizó Santa Marta, afectó el comercio y el transporte y dejó a la población bajo restricciones durante cuatro días.

Los principales afectados fueron los habitantes de sectores periféricos y vulnerables, como Gaira y el barrio Once de Noviembre, que vivieron jornadas de confinamiento forzado bajo zozobra y miedo. Las clases presenciales en colegios y universidades públicas y privadas también fueron suspendidas ante la falta de garantías de seguridad.

El golpe económico fue devastador: miles de establecimientos cerraron por completo y los pequeños tenderos, sin esquemas de protección policial, fueron los más castigados. El gremio hotelero reportó cancelaciones masivas que desplomaron la ocupación hotelera por debajo del 15 %, justo en vísperas de temporadas clave de receso escolar.

Así mismo, se registró la quema intencional de autobuses, un tractocamión y varios taxis en vías urbanas y rurales lo que llevó a la suspensión del transporte público dejando la ciudad prácticamente paralizada durante los días más álgidos del paro.

El 25 de septiembre la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, confirmó el levantamiento del paro y el retorno gradual a la normalidad en la capital y zonas aledañas. Pese al regreso de la calma, el comercio, el turismo y el transporte quedaron profundamente afectados.

El paro se habría originado en la noche del 21 de septiembre como respuesta a una operación de la Fuerza Pública en la que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo al mando de la organización.

Sin embargo, este operativo también se encuentra bajo la lupa por un presunto falso positivo.

La familia del joven identificado como Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, aseguró que era un campesino que trabajaba como arriero de ganado en una finca cercana al lugar del campamento y que no hacía parte de las ACSN.

Su cuerpo fue incluido por el Gobierno entre los integrantes de la estructura armada abatidos durante el operativo, pero su familia rechaza esa versión y pide que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Diversos analistas, señalan que el paro fue una retaliación directa y previsible por giro drástico que se dio al sepultar los diálogos y la «paz total» de la administración anterior, para desatar una ofensiva militar total en la Sierra Nevada.

También advierten que lanzar operaciones de alto impacto (como el asalto en el que murió alias Cholo y otros siete miembros de las ACSN) sin activar planes de contingencia social y protección urbana expuso a la población civil a las venganzas criminales. Voces de la defensora del Pueblo, cuestionan que la estrategia parezca diseñada «para las cámaras más que para proteger a la gente».

En paralelo, y en medio de la misma ola de violencia regional, un atentado con explosivos destruyó la vía férrea y provocó el descarrilamiento de un tren de carga de la multinacional Cerrejón. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del martes 22 de septiembre, a la altura del kilómetro 60, en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

La detonación provocó la destrucción total de al menos 20 vagones; sin embargo, el tren se desplazaba vacío y el personal ferroviario fue evacuado a tiempo, evitando que se presentaran heridos o víctimas mortales. Las autoridades investigan de forma preliminar si el atentado fue ejecutado por el ELN, sumando así el sexto ataque contra ese tren carbonero en lo que va del año.

Los hechos volvieron a poner en el centro del debate la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La administración ha respondido con operaciones militares y una mayor presencia de la Fuerza Pública pero, ¿tiene realmente la capacidad para responder a las estructuras armadas?

A esta situación se suma otro frente: los recursos destinados a las instituciones encargadas de implementar y sostener componentes del proceso de paz. En la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el bloqueo de $68.266 millones ya tuvo consecuencias sobre su funcionamiento y sobre trabajadores vinculados a sus servicios.

Ahora se suman las discusiones sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción de $170.000 millones. $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. Los recursos serían trasladados principalmente a la justicia ordinaria y al sector deporte.

El presidente de la JEP, cuestionó el impacto de la reducción y advirtió que, de mantenerse, la entidad podría quedar sin capacidad suficiente para desarrollar sus funciones. La decisión todavía debe avanzar en el trámite presupuestal en las plenarias del Congreso, por lo que sus efectos definitivos dependerán de lo que ocurra en las siguientes etapas.

Así, mientras en las calles se multiplican las señales de una seguridad todavía frágil, las entidades encargadas de la reincorporación, la justicia transicional y la atención a las consecuencias del conflicto enfrentan restricciones presupuestales.

La coincidencia de ambos fenómenos deja abierta una preocupación de fondo: qué capacidad tendrá el Estado para responder a la violencia y, al mismo tiempo, sostener las herramientas creadas para cerrar las heridas del conflicto.

Por: Laura Urbano
Periodista KontraPortada