La Justificación de EE.UU. en las Operaciones Militares en el Caribe Contra Venezuela
“Informes de la DEA indican que el tráfico principal de drogas hacia Estados Unidos no transcurre a través de Venezuela, sino por rutas del Pacífico y Centroamérica”.
24 de agosto 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y del Equipo Editor de KontraPortada.
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se ha intensificado en los últimos años, alcanzando su punto álgido con la implementación de sanciones económicas que buscan ahogar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro. Estas incluyen bloqueos a la comercialización del petróleo venezolano, un recurso vital para la economía del país. En este artículo presento un examen de las estrategias de ambas naciones bajo la luz del derecho internacional y las repercusiones geopolíticas de estas acciones.
Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto severas sanciones sobre PDVSA, la estatal petrolera venezolana, prohibiendo la importación de crudo venezolano y extendiendo las sanciones a cualquier empresa o país que realice transacciones con Venezuela. Este embargo de facto ha hecho prácticamente imposible que Venezuela comercialice su petróleo en mercados regulados, obligando al gobierno a buscar soluciones no convencionales y arriesgadas para seguir financiando sus operaciones.
Frente al cerco económico, Caracas ha adoptado varias tácticas para seguir vendiendo su petróleo: Ventas a China e India Mediante Triangulación Utilizando intermediarios, Venezuela ha sido capaz de vender su crudo en mercados asiáticos, aunque a un precio reducido debido a los riesgos involucrados. Utilizando el trueque en algunos casos, el petróleo ha sido intercambiado directamente por alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales necesarios en Venezuela. Las Transferencias de Barco a Barco en Aguas Internacionales, una operación conocida como «ship-to-ship», el petróleo venezolano es transferido de un barco a otro en alto mar para evadir el seguimiento y las sanciones. Estas prácticas, desde la perspectiva venezolana, son vistas como un derecho soberano de comerciar recursos naturales frente a medidas unilaterales consideradas ilegítimas, pero desde el punto de vista estadounidense, constituyen actividades ilícitas asociadas a entidades sancionadas.
Estados Unidos ha justificado su presencia naval en aguas cercanas a Venezuela alegando operaciones antidrogas, argumentando que el gobierno de Maduro está involucrado en el narcotráfico, específicamente con el llamado “Cartel de los Soles”. No obstante, informes de la DEA indican que el tráfico principal de drogas hacia Estados Unidos no transcurre a través de Venezuela, sino por rutas del Pacífico y Centroamérica. Los críticos sostienen que la narrativa antidrogas es un pretexto para aumentar la presión y obstaculizar el comercio petrolero venezolano.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela no puede analizarse sin considerar el papel de otros actores globales, particularmente China y Rusia, quienes han sido firmes aliados del gobierno de Maduro. Estos países han proporcionado apoyo financiero y militar a Venezuela, desafiando abiertamente las sanciones estadounidenses y promoviendo una nueva dinámica geopolítica en la región.
China ha invertido significativamente en la infraestructura petrolera venezolana, mientras que Rusia ha firmado contratos de suministro de armamento y cooperación militar. Este apoyo no solo fortalece a Venezuela, sino que también representa un desafío directo a la influencia estadounidense en América Latina.
El petróleo venezolano es uno de los recursos energéticos más importantes del hemisferio occidental. Para Estados Unidos, controlar o restringir este flujo es crucial para mantener su dominio económico y político en la región. Para Venezuela, diversificar sus mercados y romper el bloqueo es vital para la supervivencia económica del pueblo venezolano.
Dentro del escenario político interno y externo, dos figuras emergen como catalizadores de la estrategia estadounidense contra el pueblo venezolano: María Corina Machado y Juan Guaidó. En junio de 2025, Machado instó a Estados Unidos y sus aliados a intensificar las sanciones económicas contra Venezuela, proponiendo compartir inteligencia internacional sobre los supuestos vínculos criminales del gobierno de Maduro. Esta acción buscaba no solo la presión económica, sino también aumentar la presión para revocar licencias a compañías como Chevron, incrementando así el impacto del bloqueo.
Autoproclamado presidente interino en enero de 2019, Guaidó obtuvo rápido reconocimiento internacional, especialmente de Estados Unidos. Bajo esta falsa legitimidad, facilitó la imposición de sanciones más estrictas, manejando activos estatales y promoviendo el aislamiento diplomático del gobierno de Maduro. La administración de Trump implementó una política de “máxima presión” que incluía sanciones en sectores clave como el petróleo, el oro y la banca. Esta política encontró respaldo en la imagen internacional de Guaidó y la narrativa de corrupción y violación de derechos humanos promovida por Machado.
Las sanciones y el bloqueo han tenido un impacto devastador en la población venezolana, exacerbando la crisis humanitaria existente. La escasez de alimentos, medicamentos y bienes esenciales ha llevado a un éxodo masivo de venezolanos, buscando mejores condiciones de vida en otros países. Diversas organizaciones internacionales han criticado la postura de Estados Unidos, argumentando que las sanciones violan principios humanitarios fundamentales y agravan la situación de los más vulnerables. El bloqueo y las sanciones afectan directamente a los derechos humanos de la población, limitando el acceso a recursos básicos y aumentando la pobreza y la desesperación en el país.
La comunidad internacional está dividida respecto a las sanciones: algunos países gobernados por políticas de derecha, apoyan la postura de Washington, mientras que otros condenan las medidas por sus consecuencias humanitarias.
El bloqueo económico y comercial de Estados Unidos sobre Venezuela revela una compleja red de intereses geopolíticos y estrategias que van más allá del ámbito meramente económico. Las sanciones, justificadas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, buscan debilitar al gobierno de Maduro y limitar su capacidad de maniobra financiera. Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto nefasto en la población venezolana, exacerbando la crisis humanitaria y socioeconómica.
Es fundamental una reevaluación de las políticas aplicadas y un diálogo constructivo entre las partes implicadas. La solución pasa por respetar la soberanía nacional y buscar mecanismos que promuevan la estabilidad y el bienestar de la población. En este orden de ideas se pone de manifiesto la necesidad urgente de soluciones multilaterales y diplomáticas que favorezcan una salida pacífica y sostenible a la crisis venezolana, donde la interferencia externa sea reemplazada por el respeto a la autodeterminación y el desarrollo inclusivo.
