entre la política de drogas y la política de paz de total.
“El contubernio político refleja cómo la política antidrogas se utiliza como herramienta de presión interna, distorsionando el discurso de la “paz total” y asociándolo falsamente con una supuesta permisividad frente al narcotráfico”.
2 de noviembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y miembro del Consejo de Redacción de KontraPortada
La reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro en la «Lista Clinton» marca un hito en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Es la primera vez que un jefe de Estado colombiano en ejercicio enfrenta sanciones bajo la legislación antidrogas estadounidense. La medida, que conlleva la congelación de activos y restricciones financieras, se justifica, según el informe oficial del Tesoro, por la “falta de cooperación” del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y el aumento de la producción de cocaína en los últimos dos años.
Pero más allá de los datos y las cifras, la inclusión de Petro en la lista es una manifestación clara de la hipocresía de la política antidrogas estadounidense y un reflejo de las tensiones estructurales entre ambos países. Estados Unidos se presenta como el guardián de la lucha contra las drogas, pero al mismo tiempo defiende un modelo de prohibicionismo que ha fracasado rotundamente a lo largo de las últimas décadas.
En su informe, Washington critica la política de “paz total” promovida por el gobierno de Petro, argumentando que el cese al fuego y los diálogos con actores armados ilegales como el ELN y disidentes de las FARC han creado “zonas de tolerancia” que han permitido el fortalecimiento de redes de narcotráfico. Pero esta acusación es profundamente cuestionable. ¿No es acaso esta política un intento legítimo de abordar las raíces estructurales del narcotráfico, como la pobreza rural y la desigualdad social, en lugar de perpetuar una guerra sin fin que solo alimenta más violencia?
El gobierno de Petro ha insistido en que su estrategia no renuncia a la acción policial ni al cumplimiento de compromisos internacionales, pero sí busca una forma de política antidrogas más humana y menos destructiva. A través de cifras concretas, como las más de 800 toneladas de cocaína incautadas entre 2022 y 2025 y las más de 120 extradiciones de jefes de carteles del narcotráfico a Estados Unidos, el gobierno colombiano defiende que su lucha contra el narcotráfico sigue siendo firme. Sin embargo, Washington parece ignorar este esfuerzo y centrarse en un enfoque miope que favorece resultados inmediatos sin atender las causas profundas del problema.
Detrás del discurso moralista de Washington se esconden intereses económicos, geopolíticos y de control regional. Desde la década de 1980, la “guerra contra las drogas” ha servido a Estados Unidos como herramienta de intervención política y militar en América Latina. Bajo su amparo se han firmado tratados de cooperación que garantizan acceso a recursos naturales estratégicos, bases militares y contratos de defensa para la industria armamentista norteamericana.
La narrativa del narcotráfico ha permitido justificar la presencia de tropas y asesores estadounidenses en países como Colombia, Perú, México y Honduras, consolidando un modelo de dependencia y subordinación en materia de seguridad. La política antidrogas, lejos de buscar erradicar el problema, funciona como un dispositivo de control sobre los gobiernos que intentan ejercer soberanía plena, especialmente aquellos que adoptan políticas progresistas o de integración latinoamericana.
En este sentido, la sanción a Petro no solo castiga su política de “paz total”, sino que también envía un mensaje disciplinador a otros gobiernos de la región que busquen independencia frente a Washington. La inclusión del mandatario colombiano en la “Lista Clinton” revela que el narcotráfico sigue siendo el pretexto preferido para intervenir, condicionar ayuda y debilitar proyectos políticos alternativos que no se alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Lo que está en juego aquí no es solo una disputa sobre los métodos de lucha contra las drogas, sino una confrontación ideológica. La política estadounidense ve en la “paz total” de Petro una amenaza a su narrativa, que se basa en la criminalización y la erradicación a gran escala como única vía para combatir el narcotráfico. Esta postura no solo ha fracasado en reducir la producción de cocaína, sino que ha dejado una estela de violencia, desplazamientos forzados y el fortalecimiento de estructuras criminales.
¿Cuántas vidas más tendrán que perderse para que Estados Unidos reconozca que el prohibicionismo ha sido un fracaso rotundo?
La sanción a Petro también tiene una dimensión política evidente. El presidente colombiano ha sido un crítico constante de la política antidrogas estadounidense, a la que califica de “fracaso global” y de instrumento de control colonial sobre América Latina. Para Estados Unidos, la inclusión de Petro en la «Lista Clinton» no es solo una medida administrativa, sino un claro mensaje político: una advertencia para aquellos gobiernos latinoamericanos que se atrevan a desafiar el modelo impuesto desde Washington.
Pero más allá de las dinámicas de poder, el argumento de Estados Unidos se desploma bajo el peso de la contradicción. Si el problema del narcotráfico es global, ¿por qué la responsabilidad recae exclusivamente sobre los países productores como Colombia? ¿Por qué no se cuestiona la demanda de drogas en Estados Unidos, que sigue siendo el principal motor de la industria del narcotráfico?
Mientras Washington exige resultados inmediatos, ignora la dimensión estructural del problema, que solo puede abordarse mediante un enfoque integral que contemple la justicia social, el desarrollo rural y la sustitución de cultivos. De hecho, la misma medida de sancionar a Petro por “fomentar la producción de cocaína” pone en evidencia lo poco que le importa a Estados Unidos la situación social en Colombia y en América Latina en general.
Es curioso también que quienes apoyan la sanción a Petro en Colombia, principalmente sectores de la ultraderecha y seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, coincidan en su crítica a la política de paz del actual gobierno. Figuras como Federico Gutiérrez y Juan Carlos Pinzón han viajado en varias ocasiones a Washington para hacer lobby con congresistas republicanos y demócratas de extrema derecha, pidiendo específicamente que no se sancione al Estado colombiano, sino a Petro y su entorno.
Este contubernio político refleja cómo la política antidrogas se utiliza como herramienta de presión interna, distorsionando el discurso de la “paz total” y asociándolo falsamente con una supuesta permisividad frente al narcotráfico.
Todo esto ocurre en un momento decisivo de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en el que la derecha, dentro y fuera del país, implementa estrategias para impedir la continuidad del proyecto político progresista liderado por Petro.
En el plano internacional, la sanción se inserta en la disputa por el control político e ideológico de América Latina, donde Estados Unidos busca frenar el avance de gobiernos soberanos y neutralizar la influencia de actores emergentes como China y Rusia.
En definitiva, la inclusión de Gustavo Petro en la “Lista Clinton” expone el choque entre dos visiones contrapuestas. Por un lado, la visión estadounidense, que sigue apostando por un modelo de guerra contra las drogas basado en la erradicación y la interdicción, pero que ha demostrado ser ineficaz en la reducción de la producción y el consumo.
Por otro lado, la visión colombiana, que propone un enfoque de seguridad humana, que no renuncia a la lucha contra el narcotráfico, pero que también aborda las raíces sociales del fenómeno. Ambas visiones comparten el objetivo de reducir el narcotráfico, pero la diferencia radica en el enfoque: mientras Estados Unidos se obsesiona con las cifras de incautación y erradicación, Colombia apuesta por una solución integral que va más allá de la pura represión.
La decisión de incluir a Petro en la “Lista Clinton” tiene consecuencias profundas para la relación bilateral, al poner en riesgo la cooperación en materia de seguridad, desarrollo rural y sustitución de cultivos. Sin embargo, esta crisis podría convertirse en una oportunidad para revisar un modelo de lucha contra las drogas que ha costado miles de vidas y ha sumido a Colombia en una espiral de violencia que no parece tener fin.
El dilema persiste: ¿se mide el éxito por las toneladas de droga incautadas o por las hectáreas erradicadas? Quizá el verdadero reto no sea elegir entre uno u otro, sino entender que solo un enfoque multidimensional puede dar una solución sostenible a este flagelo si verdaderamente se pretende combatir.
