Editorial 094: De la Crisis Imperial a la claudicación de la soberanía en Colombia.
15 de noviembre de 2026. Por Comité Editorial Revista KontraPortada
Editorial 094: De la Crisis Imperial a la claudicación de la soberanía en Colombia
El mundo atraviesa un cambio de época. La hegemonía unilateral de EE.UU. muestra grietas evidentes frente al ascenso de un orden multinodal liderado por potencias como China, Rusia e India. En medio de esta transición, los conflictos bélicos vuelven a redefinir fronteras y equilibrios. Mientras la sombra de una confrontación nuclear persiste como la última instancia disuasoria donde nadie ganaría, las guerras asimétricas actuales demuestran que el poder ofensivo de Washington ya no basta para imponer regímenes a su medida, dejando a su paso Estados fallidos funcionales a sus intereses extractivos.
El frente de Medio Oriente es la prueba más clara de este desgaste. Lejos de capitular ante la coerción financiera y la ofensiva militar de EE.UU. e Israel, Irán equilibró la balanza mediante una defensa estratégica y el uso de drones y cohetería. Más aún, Teherán trasladó el centro de gravedad del conflicto al terreno económico: al tensar las rutas energéticas y disparar los precios del crudo, golpeó el corazón del capital financiero occidental. Este revés militar y económico ya le pasó factura interna a Donald Trump en las elecciones de medio término, debilitando el proyecto MAGA y acelerando un reacomodo regional donde países como Arabia Saudita, Turquía y Pakistán comienzan a mirar más allá del antiguo escudo protector estadounidense.
A este reordenamiento se suma una dimensión silenciosa pero letal en las altas esferas del poder: la vulnerabilidad de las élites políticas y tecnocráticas frente al escándalo y el espionaje. Desde las turbulencias corporativas en gigantes tecnológicos como NVIDIA hasta los coletazos judiciales de redes de chantaje en Washington, queda claro que en la geopolítica contemporánea la vida privada se convierte en arma estratégica cuando compromete la seguridad nacional o la estabilidad institucional. No ha sucedido lo mismo con el caso Epstein, tal vez no ha tocado las fibras de la geopolítica y de los intereses estratégicos de Occidente: la ética y la verdad quedan subordinadas al poder.
Mientras el poder mundial se diversifica, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió remar en dirección contraria. Con la firma del Pacto de Barranquilla junto a Marco Rubio, el Ejecutivo alineó incondicionalmente al país con la facción política republicana —justo cuando esta sufre un revés electoral— y entregó a EE.UU. la condición de comprador único sobre veintiocho minerales estratégicos, incluyendo elementos como el litio. En lugar de procesar estos recursos para impulsar la reindustrialización y la transición energética nacional, se renuncia a la competencia internacional y se somete al país a los precios y condiciones de una sola potencia. Esta improvisación diplomática ya tiene costos. Los ataques previos del canciller Omar Bula contra el Partido Demócrata obligaron a enviar tardías cartas de disculpa al congresista Gregory Meeks. En Washington las disculpas se reciben, pero las facturas se cobran, y con el próximo control demócrata en el Congreso estadounidense, el margen de maniobra del gobierno colombiano será cada vez más estrecho.
En el plano interno, los primeros cien días de la llamada «Patria Milagro» revelan un preocupante deterioro democrático, donde invariablemente los proyectos de ley tramitados por el ejecutivo han propuesto facultades extraordinarias para el presidente que insiste en gobernar por decreto sin el control del Congreso. Hasta la fecha el control vía judicial solo se ha ejercido por juzgados municipales a quienes se les anuló la potestad de tramitar tuteles contra el ejecutivo, las altas cortes han brillado por su silencio o por manifestaciones de anuencia de la arbitrariedad del poder presidencial como en el fallo de tutela del 13 de noviembre de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre laicidad y neutralidad religiosa del estado.
De las promesas de campaña ya logró sepultar la Paz total con la reciente Ley de Sometimiento a la Justicia (Ley 2640 de 2026), sin dar respuesta a cómo superar el fenómeno de estructuras criminales asociadas al narcotráfico que ejercen control territorial y vulneran sistemáticamente derechos humanos, abriendo en cambio la puerta a rebajas de penas y legalización de capitales. Las otras dos promesas de choque en seguridad y saneamiento financiero de las EPS se diluyeron entre el aumento de acciones armadas, crisis de orden público y propuestas que trasladan el rescate del negocio de la salud al bolsillo de los trabajadores y la clase media.
A esto se suma el contraste entre el discurso de austeridad y moralidad administrativa y la realidad del secuestro de la institucionalidad estatal a favor de intereses particulares de los financiadores de campaña, familia y exsocios del entorno presidencial y las oligarquías subnacionales cuya acumulación originaria proviene de capitales ilícitos y procesos de despojo y contra reforma agraria. Mientras se frena la inversión social y se plantean reformas regresivas y de reducción del estado, en paralelo se crean nuevas nóminas con altos salarios como las del Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto, no censan los cuestionamientos por falta de transparencia en las cuentas de la primera dama y se generan beneficios tributarios que terminan favoreciendo al propio presidente. La ley de rescate fiscal y la política de endeudamiento con el BID y el FMI profundizan los impuestos regresivos y el desmantelamiento del estado colombiano, iniciando con la posible venta de acciones de ECOPETROL.
Frente a este panorama, el oficialismo y ciertos sectores mediáticos intentan desviar la mirada hacia un espectáculo moralista sobre la vida íntima de Gustavo Petro. La respuesta de los sectores alternativos no puede ser caer en esa trampa ni amplificar cortinas de humo. Tampoco basta con la autocrítica pendiente que debilitó el proyecto transformador desde adentro. El momento exige rigor político, movilización social con verdadero arraigo popular y una oposición firme en el Congreso que defienda la soberanía nacional frente a quienes pretenden administrar el país como un negocio privado.
Mientras a ADLE y su entorno de negocios expoliadores les va muy bien en los primeros 100 días de gobierno, la Revista Kontraportada invita a los trabajadores, a la clase media, al campesinado, a los sectores popular a movilizarse el 19 de noviembre rechazando el desmonte de las reformas sociales del cambio y del estado social de derecho, la pérdida de soberanía nacional, la profundización de los beneficios al extractivismo, la anulación de los esfuerzos de paz y la ley de rescate fiscal que desmantela el estado colombiano, lanza un nuevo salvavidas al negocio de las EPS sin garantizar el derecho a la salud: ¡Impuestos sí, pero no así!
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La Revista Kontraportada, ofrece a sus lectores el siguiente artículo para profundizar en los planteamientos de la Editorial 094, un análisis sobre las políticas que se mueven a nivel mundial, sobre la situación colombiana y sobre la interrelación de la geopolítica multinodal y unipolar de los Estados Unidos con respecto a la realidad de Colombia.
La amenaza atómica, el ocaso unipolar y las nuevas reglas de la guerra
El recuento de la coyuntura internacional demuestra que el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha estado marcado por la amenaza, la coerción y la coacción. Esta intimidación advierte que los actores pueden dar pasos hacia una acción positiva de guerra mayor, es decir, hacia la guerra atómica. El enfrentamiento nuclear no ha estallado porque no existe una reciprocidad de fuerzas atómicas, pues hasta ahora ninguna instancia ha corroborado que Irán posea una bomba nuclear. Un ataque de esa naturaleza constituiría una acción unilateral de suma mayor, lo que la doctrina denomina la ultima ratio, la última instancia de una ofensiva militar para quienes poseen arsenales atómicos.
Salvo los precedentes de Hiroshima y Nagasaki, los gobiernos siempre han mantenido el acuerdo y la cordura, por más extremas que sean sus confrontaciones, de no cruzar ese umbral, porque el ser humano creó un arma que convierte la guerra mayor en un escenario donde no existen ganadores, sino únicamente perdedores. Los actores enfrentados, junto con sus gobiernos, políticos y militares, verían extinguirse la civilización tal como la conocemos y desaparecer múltiples formas de vida. Por esa razón, así como persiste la amenaza, se generaliza el temor a desencadenar una acción positiva de guerra atómica.
Este análisis recoge la línea editorial que Kontraportada ha desarrollado para interpretar el cambio de época desde el poder unilateral norteamericano hacia los poderes multinodales, donde China, Rusia y la India emergen como los nodos en medio de escenarios bélicos. Aunque la India y China aún no han entrado en una confrontación armada directa, el tablero regional se transforma mediante conflictos militares y reordenamientos geopolíticos profundos. La historia demuestra que las fronteras no se alteran ni cambian por contradicciones políticas; la guerra termina siendo es el único fenómeno que redefine los límites y los espacios. La guerra posee la capacidad de derrocar regímenes políticos, alterar el statu quo y transformar por completo el escenario internacional. Este principio conlleva un gradiente adicional: en la contienda solo prevalece la moral de quien triunfa, y la historia siempre se escribe desde la perspectiva de los vencedores.
La actual contienda entre Rusia y Ucrania confirma que, aunque se libra como una guerra convencional, no deja de ser profundamente asimétrica. Las guerras convencionales suelen enfrentar a ejércitos que miden su capacidad ofensiva y defensiva, pero en ellas no necesariamente vence quien ataca, pues quien sabe defenderse con eficacia puede terminar imponiéndose. De hecho, en las guerras asimétricas, quien invade y asume la iniciativa ofensiva suele terminar derrotado. Esta regla explica por qué EE.UU. ha perdido sus guerras recientes: sus tropas invaden, obtienen victorias tácticas iniciales y, como máximo, dejan estados fallidos de los cuales extraen ventajas adicionales. Como ejército de ocupación capaz de imponer un régimen político estable, Washington ha demostrado una baja eficacia. No obstante, la creación de estados fallidos resulta altamente beneficiosa para los intereses estadounidenses, como ocurrió en Irak o en Libia, donde Washington logró controlar los recursos petroleros tras fragmentar las estructuras estatales.
Este patrón se repitió en Venezuela mediante una operación que no buscó una extradición formal, sino la extracción del presidente Nicolás Maduro para dejar una situación en la que Venezuela opera casi como un Estado adicional a los cincuenta de la Unión y al Estado asociado de Puerto Rico: la supuesta restauración de la democracia y los derechos de los venezolanos fue lo que no contó. Aunque la distancia y las circunstancias diferencian el caso de Irak del venezolano, en ambos escenarios Washington regula las dinámicas económicas, controla la vida política y administra un estado fallido, que constituye la condición más conveniente para un imperio.
La resistencia estratégica de Irán y el desplazamiento económico del conflicto
En el frente de Medio Oriente, Estados Unidos e Israel intentaron imponer un cambio de régimen contra el gobierno de los ayatolás mediante la coerción, la coacción y diversos mecanismos de presión que Washington domina a la perfección. Al comprobar que no podían doblegar políticamente a Teherán mediante el asedio económico, las sanciones y la asfixia financiera, la coalición estadounidense-israelí recurrió a la intervención militar directa. Esta decisión configuró una acción positiva ofensiva que contrasta radicalmente con la acción positiva defensiva ejecutada por Irán. Quien ataca no opera bajo las mismas condiciones que quien se defiende. Contra todo pronóstico occidental, los estrategas asumieron que Irán sucumbiría en pocos días o que, tras dos o tres meses de bombardeos, su capacidad defensiva y ofensiva quedaría quebrada.
La teoría militar exige distinguir entre lo ofensivo y lo defensivo, pero ambos bandos comparten la necesidad de ejecutar acciones positivas. Cuando un contendor carece de una acción positiva defensiva, simplemente entrega las armas y capitula. En este conflicto, la respuesta iraní equilibró en el campo de batalla la ofensiva estadounidense e israelí. El ejército iraní no ha sido derrotado, no ha capitulado ni ha permitido un cambio de régimen o de instituciones; por el contrario, Irán se da hoy el lujo de rechazar los términos y condiciones que intenta imponer EE.UU.
Esta realidad no representa un simple empantanamiento general de la guerra, sino el empantanamiento específico de EE.UU., lo cual otorga a Teherán una ventaja estratégica adicional. Washington e Israel intentaron aplicar la máxima de Carl von Clausewitz para imponer su voluntad al adversario, pero fracasaron tanto en la vía diplomática y de sanciones como en la opción militar y sobre todo en la economía. Resulta indispensable analizar estos acontecimientos desde una óptica militar, pues quien carece de teoría militar lee la realidad geopolítica con astigmatismo y distorsiona los hechos. Bajo este lente se observa que Irán ha pasado de la postura defensiva a una acción ofensiva directa contra las bases militares estadounidenses en la región, generando un desequilibrio estratégico-militar.
Al mismo tiempo, Teherán ha manejado el frente político con notable destreza. A pesar de ser una fuerza con restricciones, sin una aviación de gran envergadura y sin un arsenal nuclear declarado, Irán aprovechó su innovación tecnológica en drones y cohetería para desplegar una ofensiva estratégica que hoy equilibra la balanza. Este empate estratégico mantiene a Israel profundamente preocupado ante la posibilidad de que EE.UU. abandone el teatro de operaciones, una retirada que Donald Trump necesita y debería ejecutar.
El revés electoral de Trump y la reconfiguración de Medio Oriente
En el frente interno estadounidense, las elecciones de medio término (midterms) parecieron dejar inicialmente noqueado a Donald Trump, pero el mandatario conserva el enorme recurso del poder político-militar que otorga la presidencia de los EE.UU.. Aunque perdió el control del poder legislativo, el sistema político estadounidense no sufrió un cambio de régimen. Paradójicamente, el cambio de régimen que Washington y Tel Aviv pretendían provocar en Teherán amenaza ahora con producirse en Israel, mientras Trump enfrenta un debilitamiento ante un Partido Demócrata que recuperó su preeminencia con la misma fuerza apoteósica con la que Trump había ganado anteriormente.
Todas las cifras muestran hoy a un Partido Demócrata fortalecido, aunque esa colectividad arrastrará sus propias contradicciones tras haberse convertido, bajo la administración de Joe Biden, en abanderada de las guerras estadounidenses al asumir que valía la pena arriesgar una guerra atómica contra Putin con tal de derrotar y fragmentar la Federación Rusa.
En Irán ocurrió exactamente lo opuesto a los planes de Washington: ni siquiera el asesinato del líder supremo logró debilitar el poder de los ayatolás, quienes hoy mantienen su cohesión y golpean a sus adversarios en el terreno económico. Los estrategas iraníes dieron una lección al mundo occidental: el corazón del capital financiero, los petrodólares y el suministro energético de Occidente y Oriente residen en su entorno geopolítico. Mediante sus maniobras militares y el control de las rutas energéticas, Teherán impulsó el precio del petróleo hacia niveles históricos que superaron las barreras de los 110 y 150 dólares, desatando una escalada inesperada. De este modo, Irán trasladó el centro de gravedad de la guerra desde el ámbito político-militar hacia el plano económico, logrando alterar el curso de la confrontación.
Esta doble realidad —haber iniciado una guerra contra un país que se preparó exhaustivamente durante cuarenta años y haber respaldado los objetivos estratégicos de Benjamín Netanyahu— condujo a Trump a una derrota militar, económica y política tanto en el exterior como en la política interna, contradiciendo su propia promesa electoral de no involucrar a EE.UU. en nuevas guerras. El propio vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, reconoció explícitamente que la guerra provocó la derrota republicana en las elecciones de medio término, un revés impulsado tanto por el conflicto contra Irán como por la crisis de Israel en Gaza.
Aunque Vance omitió mencionar la crisis económica, resulta evidente que la economía estadounidense atraviesa una situación crítica. Las bolsas de valores pueden subir temporalmente al ritmo de la retórica triunfalista de Trump, pero los flujos reales de los mercados no obedecen a cantos de sirena y terminan imponiéndose bajo el principio de realidad. La inestabilidad, la inflación y el encarecimiento del costo de vida golpearon el bolsillo del pueblo norteamericano y determinaron el castigo electoral.
La gran derrota consiste en el debilitamiento del poder unilateral estadounidense, aunque afirmar que el imperio colapsará mañana constituye un relato meramente ideológico que ignora el funcionamiento real de la geopolítica. EE.UU. mantiene disputas económicas con China y rivalidades estratégicas con Rusia, pero aún conserva poderosos recursos. Entre ellos destaca su intento por cerrar filas en torno a Occidente —abarcando Europa, países aliados en Asia y el continente americano— bajo la doctrina MAGA, una estrategia de control hemisférico que no le ha dado los resultados esperados, siendo el Escudo de las Américas el frente más exitoso.
Las consecuencias de las elecciones de medio término coinciden con una reconfiguración en Medio Oriente, ilustrada por el acuerdo de defensa entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía —analizado por el profesor iraní Seyed Mohammad Marandi—. Esta alianza demuestra que tres potencias regionales clave acudieron ante Teherán para reconocer que el antiguo orden basado en la preeminencia estadounidense y la hegemonía israelí ha caducado.
A este bloque se suman actores como Egipto, Yemen, Irak y Afganistán, naciones que rechazan la supremacía israelí sobre Cisjordania, Gaza, Siria y Libia, así como los intentos por hegemonizar sectores de Irak. La región ya no gira en torno a Israel ni a Jerusalén como centro de gravedad occidental; hoy el eje simbólico y estratégico se ha desplazado hacia Irán. Este movimiento anuncia una transformación estructural en el corazón energético del mundo, afectando el mercado del petróleo, el petrodólar y el capital financiero global.
Arabia Saudita, que enfrenta conflictos con los hutíes de Yemen —aliados fundamentales de Irán—, evidencia la fragilidad de las monarquías petroleras árabes, las cuales comienzan a desplazarse hacia los poderes multipolares o multinodales, término que Kontraportada suscribe para describir la nueva arquitectura hegemónica mundial. Al comprobar que EE.UU. ya no garantiza su seguridad porque su escudo protector fue vulnerado por Irán, las naciones del Golfo Pérsico buscan nuevos aliados siguiendo la lógica pragmática del poder: en la guerra, los actores regionales terminan sumándose al bando que demuestra mayor fortaleza militar y capacidad de disuasión.
Mientras tanto, dentro de EE.UU. persiste una dinámica de alternancia bipartidista que mantiene incólume el régimen político. Demócratas y republicanos comparten consensos estructurales en política interna y externa, preservando los equilibrios institucionales entre la presidencia, el Congreso y las cortes. Trump había concentrado un poder inmenso sobre el ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial, pero tras perder el Senado y la Cámara de Representantes ve erosionado su control territorial y el prestigio de su administración.
Aunque inicialmente insinuó una disposición al diálogo con los demócratas, el mandatario retomó rápidamente su línea dura, designó cuadros estratégicos de la ultraderecha y renovó las amenazas contra Irán. Sin embargo, Teherán es el actor menos interesado en negociar bajo condiciones estadounidenses. Este escenario anticipa nuevas semanas de ataques recíprocos que perjudicarán a EE.UU. y a Israel, aun cuando el gobierno israelí apueste por la escalada con la esperanza de desgastar a Irán.
La sexualidad como arma geopolítica y vulnerabilidad del poder tecnocrático
En este entramado de juegos de poder globales resulta indispensable examinar cómo el ejercicio de la sexualidad se convierte en un factor crítico de vulnerabilidad política y corporativa. El fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, enfrentó una crisis por involucrarse sentimentalmente dentro de su entorno corporativo y estratégico. Este fenómeno resulta recurrente en las altas esferas del poder mundial. En EE.UU., el escándalo de la lista de Jeffrey Epstein amenaza con golpear profundamente a Donald Trump y a una inmensa red de figuras públicas que hoy sufren chantajes tras haber participado en conductas que creían clandestinas y que ahora salen a la luz pública mediante investigaciones judiciales.
La relación entre política y sexualidad exige parámetros claros, pues la política mundial siempre ha estado atravesada por estas dinámicas. El caso de Bill Clinton y Monica Lewinsky estuvo a punto de costarle la presidencia al mandatario demócrata, aunque los partidos optaron entonces por proteger la estabilidad de un gobierno que mostraba buenos resultados de gestión. Aquel episodio abrió debates sobre la validación de conductas privadas, una discusión que hoy se cruza con las corrientes de la política woke. Sin embargo, en la esfera pública no todo resulta válido: aunque exista libertad entre adultos para ejercer su sexualidad y buscar el placer, los sectores alternativos deben abordar este debate con criterios políticos claros.
El costo financiero y estratégico para NVIDIA ilustra la magnitud del problema. NVIDIA es una de las corporaciones más valiosas de la bolsa de valores, un gigante que moviliza recursos multimillonarios y concentra un poder inmenso dentro de la tecnocracia global. La complejidad de los sistemas tecnológicos contemporáneos —evidenciada en fallas críticas de software e inteligencia artificial, como la que llevó a a paralizar miles de vuelos y alterar la operación aeroportuaria— demuestra que el capital tecnológico domina hoy la infraestructura vital del mundo.
Sin embargo, el escándalo personal de Jensen Huang le costó, no tanto por un juicio moralista sobre su vida privada, sino por la implicación de espionaje internacional. Los organismos de control estadounidenses señalaron que la mujer vinculada sentimentalmente al prestigioso ingeniero eléctrico actuaba como agente de inteligencia extranjera. Si no hubiera existido el componente del espionaje, la conducta personal habría pasado desapercibida; pero al comprometer la seguridad nacional de una empresa clave en la producción de microchips, la sexualidad demostró su capacidad dual para construir o destruir el poder.
El Pacto de Barranquilla y la entrega de la soberanía colombiana
Este panorama de transición desde un orden unipolar hacia un mundo multinodal impacta directamente la realidad nacional de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella suscribió con ímpetu el denominado Pacto de Barranquilla junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ya en Kontraportada se había advertido que resultaba un error alinear incondicionalmente a Colombia con un partido político estadunidense, en este caso el gobierno de Trump y con el movimiento MAGA. Aunque esa decisión responda a la ideología y al proyecto político de De la Espriella, el acuerdo compromete gravemente el futuro del país al entregar nuestros recursos estratégicos a EE.UU. en calidad de oferente único, excluyendo de plano a potencias como China o Rusia.
El acuerdo otorga a Washington preeminencia absoluta para negociar minerales críticos indispensables para sus cadenas de suministro, las cuales EE.UU. intenta asegurar para competir con Rusia y, especialmente, con China. Como ha señalado el analista Álvaro Pardo, exdirector de la ANLA, en una entrevista concedida a la Revista Raya, el gobierno colombiano aceptó ampliar una lista inicial de diecisiete materiales estratégicos —entre los que figuran el cobre, el níquel, el oro, las esmeraldas y el carbón coquizable— hasta alcanzar veintiocho elementos, incluyendo incluso el litio pese a que no existen yacimientos confirmados de ese mineral en el territorio nacional. Esta negociación desproporcionada constituye una cesión total de soberanía sin reciprocidad alguna ni garantías de beneficio mutuo como las que suele plantear China en sus acuerdos comerciales. Peor aún, De la Espriella apuesta todo al proyecto político republicano que acaba de sufrir un duro revés en las elecciones de medio término.
Al entregar estos recursos como materia prima, el estado colombiano incumple la legislación que regula el manejo soberano del sector minero-energético. Como advierte Álvaro Pardo, Colombia posee estos minerales para procesarlos internamente, agregarles valor y convertirlos en motores de cuatro ejes fundamentales para el desarrollo nacional: la reindustrialización de la economía, la transición energética, el fomento agrícola y la construcción de infraestructura. Si el país decidiera exportar parte de esos recursos, debería hacerlo al mejor postor en el mercado internacional, pero al aceptar a EE.UU. como comprador único, Colombia se somete a los precios que imponga Washington.
La crisis de la democracia colombiana, el sometimiento y el revés diplomático
La oposición frente a estas políticas no responde a una animadversión ciega contra el gobierno de De la Espriella, sino a la defensa de un programa democrático. Durante el gobierno de Petro se impulsaron democratizaciones sociales, económicas, culturales y políticas orientadas a atender las necesidades de los sectores populares. Cuando un país abandona ese camino, corre el riesgo de convertirse en una democracia fallida. Un estado puede seguir operando formalmente bajo la ley del más fuerte y la defensa privada, como sucede en Haití o en varios países del norte de África tras sus fallidas revoluciones, pero la ausencia de democracia real destruye el tejido social.
En Colombia, este retroceso se manifiesta también en el manejo de la política de paz. Mientras figuras como Humberto de la Calle intentan reivindicar la autoría histórica de los procesos de paz, la experiencia demostró desde el gobierno de Belisario Betancur hasta el de Juan Manual Santos, que el Estado debía negociar porque no logró derrotar militarmente a las insurgencias, que, si bien no se tomaron el poder por las armas, en la disimetría estratégica, su posición defensiva fue más persistente que la ofensiva del estado.
En la actualidad, los actores armados en Colombia responden principalmente a la lógica del poder narcotraficante; sin embargo, de acuerdo con la tradición institucional no es viable adelantar acuerdos de paz con estas estructuras, así la política de Paz Total intentó -sin éxito- la conformación de unas mesas regionales de diálogo para el sometimiento a la justicia, teniendo como punto neurálgico recuperar para el estado el control territorial y superar las graves afectaciones a los derechos humanos ejercidas por estos actores.
Por su parte, la reciente Ley de Sometimiento a la Justicia, Ley 2640 de 2026, sancionada el 4 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella, anuncia el fin de la Paz Total, sin generar un diseño institucional que permita que el estado colombiano sea el actor que garantice derechos en los territorios tradicionalmente afectadas por el conflicto que persiste por el control de rentas del narcotráfico. Con la ley se desvirtúan soluciones integrales para los territorios afectados, centrándose en otorgar privilegios a las estructuras criminales y narcotraficantes con opción de legalizar sus capitales. Una ley de sometimiento que concede rebajas de penas y control de recursos a cambio de entregas parciales sin castigo efectivo debilita al Estado, fomenta la impunidad y entrega la soberanía interna a organizaciones ilegales que controlan los flujos del narcotráfico.
Paralelamente, el alineamiento unilateral de De la Espriella con el movimiento MAGA ya genera costos diplomáticos para Colombia. El congresista demócrata Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recibió una carta de disculpas enviada por el canciller colombiano Omar Bula. En momentos de euforia partidista, Bula había atacado al Partido Demócrata, ignorando que la política estadounidense alterna ciclos como las estaciones del año. Tal como advirtió en su momento el exembajador Daniel García-Peña, ningún gobierno colombiano debe apostarlo todo a una sola facción en Washington. Incluso durante las fuertes tensiones entre Gustavo Petro y Donald Trump, ambos mandatarios lograron establecer canales de diálogo que, pese a sus asimetrías, evitaron una ruptura absoluta.
Hoy, en cambio, la improvisación diplomática pasará una factura al país. Gregory Meeks no solo preside un comité clave en el Congreso estadounidense, sino que ha impulsado cuestionamientos e investigaciones sobre los vínculos y actuaciones de Abelardo de la Espriella. Aunque los demócratas aceptaron formalmente las disculpas del canciller para preservar la relación bipartidista, en Washington perdonan, pero no olvidan; y cuando el Partido Demócrata asuma el control pleno del Congreso en enero, el gobierno de De la Espriella lo más probable es que enfrentará presiones.
Mientras tanto, los compromisos adquiridos con el estado norteamericano mediante el memorando de Barranquilla resultan prácticamente irreversibles, pues cuando se concede un centímetro a una potencia imperial, esta termina apropiándose de un kilómetro, en este caso, sin importar si es republicano o demócrata. El único contrapeso posible provendrá del Congreso de la República de Colombio o de las Altas Cortes, que por el momento sufren de ceguera.
En el plano interno, el ascenso de De la Espriella reveló al país la existencia de una extrema derecha aún más radical que la representada tradicionalmente por el Centro Democrático, que, entre otros, concede voz política a la oligarquía subnacional que ha legalizado capitales ilícitos y que desde la década de los 80 ha respaldando candidatos y elecciones. El germen de esta deriva histórica inició con Pablo Escobar, cuando fue elegido representante a la Cámara en 1982, (suplente del congresista Jairo Ortega) por el movimiento Civismo en Marcha, adscrito inicialmente al movimiento Nuevo Liberalismo liderado por Luis Carlos Galán.
Esta fuerza exhibe una mentalidad vertical y autoritaria dispuesta a profundizar la marginalidad y el arrinconamiento de los sectores populares. Sin embargo, sus propios excesos terminarán debilitándola, por lo cual los sectores alternativos deberían aplicar el proverbio chino que aconseja no interrumpir al adversario mientras comete errores.
El debate de los sectores alternativos: movilización, corrupción y rigor político
Ante esta coyuntura, el movimiento alternativo enfrenta una disyuntiva estratégica entre la acción institucional en el Senado y la Cámara y la movilización social en las calles. La protesta callejera no puede trivializarse ni convertirse en un recurso desgastado por organizaciones que carecen de capacidad y coherencia para la convocatoria popular. Aunque las próximas movilizaciones deben respaldarse porque la calle es un espacio legítimo de disputa democrática, la oposición también debe ejercerse con rigor en el Congreso defendiendo el programa de transformaciones iniciado durante el gobierno de Petro, un proyecto político que muchos dirigentes alternativos parecen haber olvidado.
Mientras tanto, el país observa con indignación el escándalo del Fondo Milagro, entidad creada para gestionar la reconstrucción tras el devastador terremoto. Lejos de ofrecer soluciones efectivas a las comunidades damnificadas, el fondo ha exhibido sueldos millonarios para sus directivos frente a una ejecución mínima y opacidad en las cuentas. Este despilfarro confirma cómo la corrupción y la ineficiencia administrativa sustituyen las políticas sociales reales, mientras se impulsan iniciativas como el IVA a la canasta familiar y se retrasan los recursos para los territorios afectados. La propuesta de reducción del estado para disminuir los gastos de nómina realmente encubre el desmantelamiento de la institucionalidad colombiana y el control de recursos públicos para los financiadores de la campaña de ADLE.
Para encubrir estos fracasos y desviar la atención pública de la entrega soberana del país en sus primeros cien días de gobierno, los sectores oficialistas y mediáticos montan un espectáculo moralista en torno a la vida sentimental de Gustavo Petro. Kontraportada sostiene que a una maniobra política se le debe responder con argumentos políticos, no con sermones moralistas. Mientras no exista uso de recursos públicos ni delitos como el abuso o la pederastia, las relaciones consentidas entre adultos pertenecen al ámbito privado, aunque resulte necesario analizar con rigor cómo el poder atrae intereses y exige una conducta prudente por parte de quienes lo ejercen, así como una reflexión que no se puede disculpar con que el amor revolucionario.
Es inaceptable que el debate nacional se reduzca a la vida íntima de Petro para ocultar problemas estructurales como la corrupción —un flagelo persistente en Colombia que se parece a la vejez porque hasta la fecha, ha sido inevitable— o las concesiones lesivas a la soberanía nacional del gobierno de De la Espriella. Parte del movimiento alternativo se ha sumado a estas campañas, al amplificar el mensaje. Por el momento, este tipo de escrutinio en Colombia solo se ha dado sobre la figura de Petro, lo que revela que este dirigente es el que ha afectado las fibras del poder y el control de rentas estatales, a diferencia del presidente actual o su antecesor Pastrana vinculado a la lista Epstein.
También genera reflexiones hacia el ejercicio de poder alternativo, donde, en algunos casos en lugar de ser ejercido por servidores que le apostaran al Proyecto Colombia Potencia de la Vida, prevaleció el arribismo y el otorgamiento de cargos a personas sin mérito ni formación ni trayectoria, marginando a individuos valiosos del movimiento. Gobernar con oportunistas tiene un costo alto, pues quienes se acercan al poder por conveniencia terminan traicionando el proyecto colectivo en cuanto cambian los vientos políticos. Este es el debate político que Kontraportada propone abrir junto a todos sus lectores.
Adenda. Las aparentes buenas noticias a los 100 días de la Patria Milagro.
A solo 100 días del gobierno de ADLE, según Cesar Caballero de Cifras y Conceptos, la manada del tigre es pequeña y la favorabilidad mandatario menor que la de Petro para la misma medición. Los encuestados destacan como aspectos positivos las visitas a las regiones, los traslados de personas privadas de la libertad a cárceles de máxima seguridad, la seguridad, la aspersión de cultivos de uso ilícito y el activismo o laboriosidad del mandatario; lo que genera más rechazo incluye el exceso de espectáculo, uso de expresiones religiosas como “Viva Cristo Rey”, la batalla cultural, las medidas de retiro de obras del Museo Nacional, impuestos, reforma tributaria y el autoritarismo del mandatario.
Dentro de las promesas de campaña de ADLE para los primeros noventa días se había propuesto un Plan de Choque de orden público para restablecer el control territorial y destinar 10 billones de pesos para sanear y reducir las deudas de las EPS. Situación que lógicamente no ocurrió, en materia de seguridad han aumentado las acciones armadas de los grupos ilegales, las bajas de efectivos de la fuerza pública, los asesinatos extrajudiciales de civiles (los mal llamados falsos positivos), las crisis de orden público como lo ocurrido en Santa Marta y la Sierra Nevada o en el Catatumbo; la única promesa cumplida en este asunto fue dar fin a la política de paz total mediante la expedición de la Ley de sometimiento a la justicia.
En materia de salud la crisis se ha profundizado, el control efectivo que venía realizando la Superintendencia de Salud desapareció y la ley de rescate fiscal ahora plantea que sean los asalariados los que hagan aportes adicionales para sanear las finanzas de las EPS. Es de destacar que no prometió mejorar el sistema de salud, sino lanzar un nuevo salvavidas al negocio de las EPS.
El 13 de noviembre el Departamento Nacional de Planeación expidió las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 “Colombia, la Patria Milagro”, organizado alrededor de 7 pilares o “siete milagros”, con dos referencias al antiguo testamento una del Deuteronomio y otra de Isaías. Aunque en lo conceptual incluye la doctrina social de la Iglesia Católica, no son los sectores populares y empobrecidos los sujetos de política pública, sino los empresarios más ricos, sector financiero, la oligarquía subnacional que acompañó su campaña y exsocios de firmas de abogados y empresas fracasadas.
En materia económica, las acciones del ejecutivo han estado orientadas a resquebrajar la soberanía colombiana en relación con los minerales estratégicos y al sector energético; aumentar la dependencia del estado a empréstitos internacionales con el BID y el FMI que a su vez exigen adopción de medidas neoliberales; aumentar los negocios de banca privada y sus fiduciarias; proponer impuestos regresivos; resquebrajar el fortalecimiento del sector rural iniciado en la administración Petro.
ADLE y la primera dama, presuntamente se han beneficiado pecuniariamente tras la elección presidencial. ADLE a través del nombramiento de su antiguo socio y abogado Andrés Felipe Velásquez Reyes, como director de la DIAN quien a través de un concepto sobre el Decreto Legislativo 1419 de 2026 -expedido bajo el estado de emergencia por el terremoto del 10 de agosto-, extendió beneficios tributarios millonarios a la firma De la Espriella Lawyers (fundada por Abelardo y de la cual Velásquez fue socio y abogado defensor en un proceso tributario en la DIAN). Por su parte la primera dama, continúa sin presentar cuentas tanto a los donadores como a la opinión pública. De esta forma es posible concluir que a ADLE, su familia y sus socios les va muy bien en los primeros 100 días de gobierno, pero no al pueblo colombiano.