Después de las urnas:

“Los escenarios que enfrenta Colombia tras la victoria de la ultraderecha”. 

12 de julio de 2026. 

Por Hugo René Orejuela. KontraPortada 

La elección presidencial de 2026 no constituye únicamente la alternancia entre dos proyectos políticos antagónicos. Representa el comienzo de una nueva etapa en la historia contemporánea de Colombia y, probablemente, uno de los episodios de mayor trascendencia geopolítica para América Latina durante la última década. 

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia no solo pone fin al primer gobierno progresista encabezado por Gustavo Petro; también abre una profunda discusión sobre la calidad de la democracia colombiana, la creciente influencia de las tecnologías digitales en los procesos electorales y el papel que las potencias internacionales continúan desempeñando en la disputa política de la región. 

Como ocurre en toda democracia, los resultados oficiales proclamados por las autoridades electorales producen efectos jurídicos y políticos. Sin embargo, ello no impide que existan cuestionamientos, solicitudes de revisión o investigaciones posteriores cuando distintos actores consideran que existen elementos que ameritan ser esclarecidos.

La fortaleza de un Estado de derecho no radica en impedir el debate, sino precisamente en garantizar que las controversias puedan resolverse mediante las instituciones y con pleno respeto por la legalidad. 

En ese contexto se inscriben las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro, quien manifestó públicamente sus dudas sobre distintos aspectos del proceso electoral, particularmente en relación con la infraestructura tecnológica utilizada durante el escrutinio y el procesamiento de la información electoral. 

Petro ha solicitado que esas inquietudes sean investigadas por las autoridades competentes para determinar si existieron o no irregularidades que hubieran podido afectar la transparencia del proceso. Corresponde ahora a los organismos judiciales y electorales establecer, con base en pruebas técnicas y periciales, si esas denuncias tienen fundamento o si, por el contrario, el proceso se desarrolló conforme a las garantías previstas por la ley. 

Más allá del desenlace que puedan tener esas investigaciones, las denuncias vuelven a poner sobre la mesa una realidad ineludible: las elecciones del siglo XXI ya no se libran exclusivamente en las urnas.

Hoy la disputa por el poder también transcurre en los centros de procesamiento de datos, en los algoritmos de las redes sociales, en las plataformas de publicidad digital y en la capacidad de influir sobre la percepción colectiva mediante el manejo estratégico de la información. 

Precisamente por ello, la elección colombiana no puede analizarse como un hecho aislado. Durante los últimos años varios procesos electorales latinoamericanos han estado acompañados por denuncias sobre campañas masivas de desinformación, utilización de herramientas de microsegmentación política, manipulación emocional del electorado y operaciones de influencia digital. Uno de los casos que merece atención es el ocurrido en Perú.

Tras las elecciones presidenciales, diversos dirigentes políticos, entre ellos el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, plantearon cuestionamientos sobre el comportamiento del voto proveniente del exterior y sobre la necesidad de revisar determinados aspectos del proceso electoral. 

Aunque cada elección responde a contextos nacionales específicos y no existe evidencia suficiente para afirmar que ambos procesos obedecen a una misma operación, resulta legítimo preguntarse si América Latina está enfrentando patrones similares en la forma como se diseñan y ejecutan las campañas electorales contemporáneas de la derecha y ultraderecha. 

La pregunta adquiere mayor relevancia cuando se observa la creciente sofisticación de las herramientas tecnológicas disponibles para la comunicación política. Hoy las campañas pueden segmentar audiencias con un nivel de precisión impensable hace apenas una década. Cada ciudadano recibe mensajes diferentes según su edad, ubicación geográfica, nivel educativo, hábitos de consumo, intereses culturales y comportamiento en internet.

La política ha ingresado definitivamente en la era del análisis masivo de datos. En ese escenario también han cobrado fuerza las denuncias sobre operaciones internacionales de influencia política.

Durante los últimos meses, el denominado Honduras Gate volvió a poner en evidencia la preocupación existente sobre la utilización coordinada de plataformas digitales, redes de influenciadores y campañas de comunicación destinadas a moldear la opinión pública en distintos países latinoamericanos, especialmente Colombia y Mexico. 

Las denuncias divulgadas por diversos medios y actores políticos forman parte de un debate que aún requiere ser plenamente esclarecido, pero ilustran un fenómeno ampliamente reconocido por especialistas en comunicación estratégica: la creciente importancia de la llamada guerra cognitiva. 

La guerra cognitiva constituye una nueva forma de confrontación donde el objetivo ya no consiste en ocupar territorios mediante el uso de la fuerza militar, sino en influir sobre la manera como las sociedades perciben la realidad.

El campo de batalla deja de ser físico para trasladarse a la mente de los ciudadanos. Las armas ya no son únicamente los fusiles o los misiles; son las narrativas, las emociones, los algoritmos, los datos personales y la capacidad de construir percepciones colectivas. 

En este contexto, diversos analistas internacionales han advertido sobre el creciente papel que desempeñan empresas especializadas en análisis masivo de datos e inteligencia artificial. Plataformas desarrolladas para procesar enormes volúmenes de información permiten identificar patrones de comportamiento social y comprender con gran precisión las preocupaciones, temores y preferencias de distintos segmentos de la población. 

Es importante señalar que estas capacidades tecnológicas existen y son ampliamente conocidas; otra cuestión distinta es demostrar su utilización concreta en una campaña electoral específica. Esa diferencia resulta fundamental para mantener el rigor del análisis. 

Lo que sí parece indiscutible es que las campañas políticas contemporáneas ya no buscan únicamente convencer a los ciudadanos mediante propuestas de gobierno. Buscan, sobre todo, construir percepciones, instalar emociones y definir quién representa la esperanza y quién encarna la amenaza. Y fue precisamente sobre esa lógica donde se desarrolló buena parte de la campaña presidencial colombiana de 2026. 

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre organizaciones de derechos humanos, académicos y sectores democráticos tras la elección de Abelardo de la Espriella no es únicamente el contenido de sus propuestas de seguridad, sino el lenguaje político que acompañó buena parte de su campaña. 

Durante meses, el debate electoral estuvo atravesado por narrativas que presentaban al progresismo no como un adversario democrático, sino como una amenaza para la nación. Iván Cepeda fue representado en diversas piezas de propaganda como integrante de las antiguas FARC-EP; dirigentes de izquierda fueron asociados con el terrorismo, el comunismo o el denominado "castrochavismo"; y algunos discursos promovieron la idea de que era necesario "acabar" o "destruir" a la izquierda colombiana para recuperar el país. 

A ello se suma otro elemento que alimenta la preocupación de amplios sectores democráticos. Durante la campaña electoral, el entonces candidato Abelardo de la Espriella realizó declaraciones de fuerte confrontación política contra el presidente Gustavo Petro y otros dirigentes del progresismo. 

Entre ellas, manifestó públicamente su intención de promover la extradición de Petro hacia Estados Unidos. Hasta la fecha de este análisis no existe información pública sobre una orden judicial o un requerimiento formal emitido por autoridades estadounidenses contra el mandatario colombiano que sustente una eventual solicitud de esa naturaleza. 

Más allá de la viabilidad jurídica de tales afirmaciones, el episodio ilustra el elevado nivel de polarización que caracteriza el actual escenario político colombiano. En cualquier democracia constitucional, las diferencias políticas deben resolverse mediante los mecanismos previstos por la ley, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su posición ideológica. 

Fuera de la intensidad propia de una campaña electoral, este tipo de narrativas revive un concepto profundamente arraigado en la historia política latinoamericana: la Teoría del Enemigo Interno. 

Esta teoría comenzó a consolidarse durante la Guerra Fría bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos como estrategia para contener la expansión de movimientos revolucionarios en América Latina. 

Su principal característica consistía en trasladar el concepto tradicional de guerra desde las fronteras hacia el interior de cada país. El enemigo ya no era necesariamente un ejército extranjero, sino ciudadanos considerados una amenaza para el orden político establecido. 

Bajo esa lógica, opositores políticos, dirigentes sindicales, líderes campesinos, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso movimientos sociales comenzaron a ser observados, vigilados y, en numerosos casos, perseguidos como potenciales colaboradores de la insurgencia. 

Colombia no fue ajena a ese proceso. Durante varias décadas, la confrontación armada favoreció la consolidación de una cultura política donde la frontera entre oposición democrática e insurgencia terminó difuminándose peligrosamente en determinados discursos institucionales y mediáticos. 

La estigmatización del pensamiento crítico y la identificación de amplios sectores sociales como parte del "enemigo interno" contribuyeron a deteriorar el pluralismo democrático y alimentaron una espiral de violencia cuyas consecuencias aún siguen presentes. 

Quizá el episodio más dramático de esa historia fue el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Miles de sus militantes, dirigentes políticos, alcaldes, concejales, congresistas, líderes sindicales y candidatos presidenciales fueron asesinados, desaparecidos o forzados al exilio en una campaña sistemática de violencia política que posteriormente fue reconocida por distintas instancias judiciales y organismos internacionales como un genocidio político. 

Aquel episodio demostró hasta qué punto la estigmatización del adversario puede destruir no solo organizaciones políticas, sino también la confianza de una sociedad en su propia democracia. Décadas después, Colombia volvió a enfrentar otro capítulo igualmente doloroso con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".

Aunque se trató de un fenómeno de naturaleza distinta, ambas tragedias compartieron un elemento común: la construcción de determinados sectores de la población como objetivos legítimos dentro de una lógica de guerra donde la prioridad dejó de ser la protección de los derechos fundamentales para privilegiar la obtención de resultados operacionales. 

Es precisamente desde esa memoria histórica que deben analizarse algunas de las propuestas formuladas durante la campaña presidencial de 2026, teniendo en cuenta que la Dotrina de Seguridad Nacional y la Teoría del Enemigo Interno, aún siguen vigentes en Colombia a pesar que en 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, la guerrilla más grande que haya existido en América Latina. 

La iniciativa de conformar bloques urbanos de seguridad, integrados por ciudadanos y militares en retiro, con el propósito de colaborar en tareas de vigilancia y prevención del delito, devela un inminente peligro para las organizaciones políticas de izquierda, progresistas, sociales y populares al momento de ejercer el derecho democrático y constitucional de hacer oposición. 

Sus promotores sostienen que estas estructuras buscan fortalecer la seguridad ciudadana y recuperar el control territorial frente al crecimiento de la criminalidad. Sin embargo, diversos analistas advierten que Colombia ya experimentó mecanismos similares con las antiguas cooperativas Convivir, que fueron instituidas mediante el Decreto 356 de 1994 durante el gobierno del presidente César Gaviria y reglamentadas en la administración de Ernesto Samper, supuestamente para apoyar a la Fuerza Pública. 

Aunque las Convivir nacieron dentro del marco jurídico del Estado, numerosas investigaciones judiciales documentaron que fueron infiltradas o terminaron articulándose con estructuras paramilitares, facilitando procesos de expansión territorial y graves violaciones a los derechos humanos. 

Naturalmente, establecer una equivalencia automática entre las propuestas actuales y las experiencias del pasado es metodológicamente correcto, precisamente porque Colombia ya conoce las consecuencias que puede producir la estigmatización del adversario político, la construcción del enemigo interno apuntando a lideres de oposición, campesinos, estudiantes, etc., y es por eso que este debate resulta indispensable. 

Una democracia sólida necesita instituciones fuertes para combatir el crimen organizado, pero también requiere preservar un principio igualmente esencial: quien piensa diferente no puede convertirse en enemigo del Estado. La oposición política constituye un componente indispensable de cualquier régimen democrático.

Cuando el contradictor deja de ser reconocido como un actor legítimo y comienza a ser presentado como una amenaza que debe ser neutralizada, perseguida o eliminada, el riesgo de deterioro institucional aumenta considerablemente. 

Por ello, el principal desafío del nuevo gobierno no consistirá únicamente en reducir los índices de criminalidad. También deberá demostrar que sus políticas de seguridad respetarán plenamente la Constitución, los derechos humanos y las garantías políticas de quienes ejercen la oposición, aunque por los discursos violentos de Abelardo de la Espriella, el respeto de estas garantías quedan en muchas dudas. 

El reto más complejo, sin embargo, no será únicamente para el nuevo gobierno. También lo será para el progresismo. Después de cuatro años en el poder, la izquierda colombiana enfrenta de nuevo el desafío histórico de ejercer una oposición democrática desde una base social mucho más amplia que la existente antes de 2022. Más de doce millones de ciudadanos respaldaron una propuesta política que consolidó al progresismo como una de las principales fuerzas electorales del país. Ese capital político no desaparece con una derrota.

Por el contrario, constituye la base desde la cual deberá reorganizarse una oposición que tendrá la responsabilidad de defender las reformas sociales alcanzadas durante el gobierno Petro, ejercer control político dentro de las instituciones y construir una alternativa capaz de disputar nuevamente el poder en futuras elecciones. La experiencia latinoamericana demuestra que los ciclos políticos son dinámicos.

Ninguna fuerza gobierna de manera permanente y ninguna derrota electoral representa necesariamente el final de un proyecto político histórico. 

La historia colombiana ofrece suficientes lecciones sobre las consecuencias que puede tener la sustitución del debate democrático por la lógica del enemigo interno. Ignorar esa memoria no solo sería un error político; sería renunciar a una de las enseñanzas más dolorosas que dejó el conflicto armado.