cuando el poder convierte la seguridad en castigo
“Hay que recordar que ningún poder, por grande que sea, está por encima del derecho a la dignidad, a la vida y a la justicia”.
14 de diciembre de 2025
Hugo René Orejuela, periodista de la Radio Air libres de Bruxelles y del Consejo de Edición de KontraPortada.
Cada 10 de diciembre, el calendario internacional conmemora la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se realizó en París en 1948. Setenta y siete años después, esta fecha persiste como un acto simbólico necesario, pero también incómodo.
Es necesario porque los derechos humanos siguen siendo una promesa inconclusa para millones de personas alrededor del mundo. Resulta incómodo porque la solemnidad con que se invoca contrasta con una realidad donde estos derechos son relativizados, condicionados o suspendidos ante intereses de poder.
En el año 2025, la situación global de los derechos humanos no puede entenderse como una suma de crisis aisladas. Se trata de un sistema de tensiones interconectadas, donde guerras abiertas, migraciones forzadas, desigualdad extrema, autoritarismos renovados y tecnologías de control convergen en un mismo punto: la erosión progresiva de la dignidad humana como principio rector del orden internacional.
América Latina, una región históricamente marcada por la violencia política, la desigualdad social y la dependencia externa, vive esta crisis de manera especialmente aguda. No solo por sus propias debilidades institucionales, sino por el impacto directo de las políticas de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos, cuya influencia sigue moldeando las agendas de seguridad, migración y control territorial en el continente.
En el discurso oficial estadounidense, la migración irregular es presentada como una amenaza existencial. En la práctica, esta narrativa ha servido para justificar una arquitectura de persecución, donde la frontera deja de ser un espacio administrativo y se transforma en un territorio de excepción jurídica.
La expansión de los centros de detención, muchos administrados por empresas privadas, ha normalizado el encarcelamiento masivo de personas migrantes. Hombres y mujeres que huyen de la pobreza, la violencia o el colapso institucional, son tratados como infractores peligrosos. La dimensión más alarmante de esta política es, sin duda, la detención de menores migrantes.
Niñas y niños han sido encerrados durante semanas, separados de sus familias, expuestos a condiciones insalubres y daños psicológicos profundos, representan una de las contradicciones morales más graves del sistema internacional contemporáneo. La infancia migrante se ha convertido en un daño colateral de una política que privilegia el efecto disuasorio sobre la protección de la vida. En nombre de la “seguridad fronteriza”, el derecho al asilo, uno de los pilares del derecho internacional humanitario, ha sido vaciado de contenido.
La persecución no termina en la frontera. En los últimos años, se ha consolidado una práctica aún más preocupante: la externalización del castigo migratorio. Ciudadanos venezolanos expulsados de Estados Unidos han sido trasladados, confinados y torturados en cárceles de máxima seguridad en El Salvador, como resultado de opacos acuerdos bilaterales entre Donald Trump y Nayib Bukele, que eluden la rendición de cuentas.
Este mecanismo no solo viola el principio de debido proceso, sino que introduce una forma contemporánea de destierro. Las personas migrantes no son simplemente deportadas a su país de origen; son enviados a sistemas penitenciarios ajenos, conocidos por sus graves violaciones de derechos humanos, sin evaluación individual ni garantías jurídicas.
La migración, en este esquema, deja de ser un fenómeno humano para convertirse en un mensaje político: un castigo ejemplar destinado a disuadir a otros. El cuerpo del migrante se utiliza como advertencia.
Mientras tanto, dentro de la región, ejercer la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. Líderes sociales, defensores ambientales, periodistas comunitarios y autoridades indígenas continúan siendo asesinados, amenazados o desplazados, especialmente en zonas donde confluyen economías ilegales, extractivistas y ausencia estatal.
Colombia, México, Brasil y países de Centroamérica concentran cifras de alarma de violencia contra quienes defienden el territorio y el medio ambiente.
Cada asesinato no es solo una vida truncada; Es una comunidad silenciada, un río sin defensa, una denuncia que nunca llegará a los tribunales. La impunidad estructural envía un mensaje devastador: proteger la vida, el agua o la tierra puede costar la propia existencia.
A este panorama se suma la militarización creciente del Caribe, bajo operaciones antidrogas y de “seguridad hemisférica” lideradas por Estados Unidos. En aguas internacionales y territorios insulares se han documentado acciones letales, uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, que a pesar de la denuncia internacional, se duda de su investigación de manera independiente.
El Caribe sigue siendo tratado como un espacio periférico, donde la soberanía es negociable y la rendición de cuentas opcional. La lógica es conocida: proteger rutas comerciales, contener flujos humanos y asegurar intereses estratégicos, incluso si ello implica sacrificar vidas invisibilizadas por la geografía y el silencio mediático.
Lo que atraviesa todas estas prácticas es un doble estándar persistente. Los Estados que se presentan como defensores de los derechos humanos en foros internacionales aplican, en la práctica, políticas que los vulneran sistemáticamente cuando se trata de poblaciones racializadas, migrantes o territorios periféricos.
Este doble estándar no solo afecta a las víctimas directas. Socava la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos y legitima que otros gobiernos reproduzcan la excepción, la represión y el autoritarismo bajo distintos pretextos. Cuando la potencia dominante normaliza la violación, la universalidad de los derechos se convierte en retórica vacía.
Lo que une estas prácticas, persecución migratoria, detención de menores, deportaciones punitivas, cárceles extraterritoriales y violencia militar, es una misma racionalidad: la seguridad entendida como dominación, no como protección de las personas.
Más allá de las fronteras físicas, de los muros y de las cárceles, existe una forma de violencia menos visible pero igualmente devastadora: la violencia económica planificada. Las llamadas “medidas coercitivas unilaterales”, eufemismo diplomático para referirse a bloqueos y sanciones, se han convertido en una herramienta central de la política exterior de Estados Unidos hacia países que no se alinean con sus intereses estratégicos. Cuba, Venezuela y Nicaragua son hoy los ejemplos más claros de esta práctica.
Estas sanciones no operan en el vacío. Golpean directamente los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas, afectando el acceso a alimentos, medicamentos, insumos médicos, energía, transporte, sistemas financieros y comercio internacional. Aunque se presenten como castigos dirigidos a “élites gobernantes”, en la práctica funcionan como castigos colectivos, prohibidos por el derecho internacional humanitario.
Estas políticas no solo vulneran derechos individuales; erosionan el sistema internacional de derechos humanos en su conjunto. Cuando la potencia que define buena parte de la agenda global normaliza la excepción, legitima su reproducción en otros Estados y debilita cualquier pretensión de universalidad.
América Latina enfrenta hoy un dilema profundo. Por un lado, debe asumir sus propias responsabilidades: combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho, reducir la desigualdad y proteger a quienes defienden la vida. Por el otro, debe cuestionar con claridad el impacto de una geopolítica que la reduce a frontera, mercado, cárcel o zona de intervención.
Los derechos humanos no pueden sobrevivir en un mundo donde la seguridad se define como dominación y la migración como delito. Tampoco en un sistema internacional debilitado, donde los organismos encargados de protegerlos operan al límite de sus capacidades.
Conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos exige algo más que discursos. Exige nombrar las violaciones, señalar a los responsables y recordar que la dignidad humana no es negociable, ni puede subordinarse a intereses estratégicos. Porque cuando los derechos se relativizan para algunos, tarde o temprano dejan de existir para todos. Hay que recordar que ningún poder, por grande que sea, está por encima del derecho a la dignidad, a la vida y a la justicia.
