América Latina ante una renovada ofensiva neocolonial.
09 de agosto de 2026.
“Las dictaduras militares pertenecen al pasado, pero la disputa por el control de América Latina continúa. Gobiernos de ultraderecha, seguridad, dependencia tecnológica y nuevas alianzas hemisféricas configuran una forma distinta de intervención”.
Por Hugo René Orejuela. KontraPortada.
América Latina conoce bien el precio de convertirse en territorio de disputa de las grandes potencias. Durante los años setenta y ochenta, las dictaduras militares justificaron la persecución política, la desaparición forzada, la tortura y la suspensión de las libertades en nombre de la lucha contra el comunismo.
Estados Unidos veía entonces la región como una frontera estratégica de la Guerra Fría, y bajo la Doctrina de Seguridad Nacional se construyó la figura del “enemigo interno”: dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales y organizaciones populares fueron perseguidos porque sus proyectos podían alterar el orden regional que Washington consideraba necesario preservar. El Plan Cóndor mostró hasta dónde podía llegar esa coordinación represiva entre Estados.
Cincuenta años después, sería un error buscar una repetición exacta de aquel modelo. Las nuevas formas de dominación política no necesitan necesariamente generales gobernando desde los palacios presidenciales, congresos clausurados ni tanques ocupando las plazas. Pueden desarrollarse dentro de instituciones formalmente democráticas.
Ahí aparece lo que podríamos llamar una generación de pseudodictaduras o democracias de creciente contenido autoritario: gobiernos que llegan mediante elecciones y conservan parlamentos, tribunales y constituciones, pero que construyen su legitimidad alrededor del orden, la seguridad y la existencia permanente de una amenaza.
El miedo facilita después la concentración del poder y convierte al adversario político en sospechoso. Esa transformación del concepto de enemigo es uno de los hilos que conecta el viejo autoritarismo latinoamericano con determinadas experiencias contemporáneas.
El Salvador ofrece una expresión extrema de esa política de seguridad. Nayib Bukele consiguió reducir drásticamente el poder territorial de las pandillas y obtuvo por ello un enorme respaldo social, pero el régimen de excepción también ha provocado denuncias por detenciones masivas, restricciones al debido proceso y vulneraciones de derechos humanos.
Ecuador ha convertido la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en el centro de su política de seguridad, mientras la confrontación con el correísmo se ha desplazado también hacia los terrenos judicial e institucional. En Argentina, Javier Milei impulsa una transformación radical del Estado, confronta abiertamente con sindicatos y movimientos sociales y reivindica una relación política estrecha con Washington. Perú arrastra una prolongada crisis institucional después de la caída de Pedro Castillo. Chile experimentó un desplazamiento político hacia la derecha, alimentado en buena medida por las preocupaciones sobre seguridad y migración.
Y ahora aparece Colombia. La elección de Abelardo de la Espriella abre una etapa distinta después del primer gobierno progresista del país. Su discurso de autoridad, endurecimiento penal y confrontación con el progresismo lo aproxima políticamente a esa nueva derecha continental.
Más preocupantes resultan las amenazas de judicialización contra Gustavo Petro y otros dirigentes del Pacto Histórico. Si esas declaraciones pasan del discurso electoral a convertirse en política de gobierno, Colombia podría incorporarse a una tendencia regional en la que el adversario deja de ser derrotado exclusivamente en las urnas y comienza a ser neutralizado mediante mecanismos judiciales.
Pero reducir todo esto a una coincidencia ideológica entre gobiernos latinoamericanos sería quedarse en la superficie. Detrás existe una disputa geopolítica mucho mayor.
Estados Unidos ya no ejerce sobre América Latina la hegemonía casi indiscutida que tuvo después de la desaparición de la Unión Soviética. China se convirtió en uno de los principales socios comerciales de numerosos países latinoamericanos y aumentó su presencia en infraestructura, energía, minería y telecomunicaciones. Los BRICS ganaron peso y el sistema internacional avanza, con contradicciones y conflictos, hacia una estructura más multipolar.
América Latina vuelve entonces a adquirir un enorme valor estratégico. Aquí están algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre, petróleo, agua y biodiversidad, además de puertos, corredores comerciales e infraestructura digital indispensables para la economía de este siglo.
Desde esta perspectiva podemos dar una interpretación de la política norteamericana hacia Latinoamérica de Donald Trump y Marco Rubio. Washington busca recomponer una hegemonía regional erosionada y cerrar espacios a China y a cualquier potencia capaz de disputar su influencia en el hemisferio. La vieja Doctrina Monroe reaparece, pero adaptada a nuestro tiempo. El método tampoco necesita ser el de 1973.
La intervención contemporánea puede realizarse mediante cooperación militar y de inteligencia, dependencia tecnológica, sanciones económicas, presiones diplomáticas, acuerdos comerciales y gobiernos regionales ideológicamente alineados con Washington. Son mecanismos distintos de los golpes militares del siglo XX, aunque pueden perseguir un objetivo geopolítico reconocible: conservar una región estratégica dentro de una determinada esfera de influencia.
Es precisamente dentro de esa lógica donde podemos considerar necesario analizar el llamado Escudo de las Américas. Si este proyecto termina articulando seguridad regional, inteligencia, cooperación militar y alineamiento político bajo el liderazgo estadounidense, no debería examinarse únicamente como una estrategia contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen transnacional.
La pregunta es, ¿qué arquitectura de poder construye y qué margen de autonomía conserva cada Estado participante?. Porque el problema de fondo es la soberanía, como lo ha señalado recientemente el presidente saliente Gustavo Petro: “Hemos perdido más de 200 años de independencia y soberanía a partir de este nuevo gobierno”.
Un país puede conservar bandera, Constitución, presidente y elecciones y, al mismo tiempo, ver progresivamente condicionadas decisiones esenciales de su política exterior, defensa, economía y explotación de recursos estratégicos.
Esa sería precisamente una modalidad contemporánea de neo-colonización, no administrar directamente el territorio, sino condicionar las decisiones fundamentales del Estado que formalmente continúa siendo soberano.
Israel también aparece dentro de esta arquitectura. Su relación estratégica con Estados Unidos incluye defensa, inteligencia, ciberseguridad y tecnologías de vigilancia, ámbitos en los que mantiene igualmente relaciones con distintos gobiernos latinoamericanos, incluido ahora Colombia donde el Gobierno de Abelardo de Espriella, abre de nuevo relaciones con Israel y considera abrir la embajada de Colombia en Jerusalén.
Es preocupante que un sistema democrático plantee la expansión de tecnologías capaces de combatir organizaciones criminales, pero que también puedan ser utilizadas para vigilar periodistas, dirigentes sociales, sindicatos y opositores. Por eso se puede considerar insuficiente hablar simplemente de un “giro a la derecha” en América Latina.
Lo que debemos preguntarnos es ¿qué función cumple ese giro dentro de la reorganización geopolítica del continente?. Trump y Rubio necesitan gobiernos aliados para reconstruir la influencia estadounidense en su antiguo espacio hemisférico. Los nuevos gobiernos de ultraderecha encuentran, a su vez, respaldo político y estratégico en Washington para desarrollar sus propios proyectos internos.
Allí pueden converger intereses que no son idénticos, pero sí compatibles, seguridad, control territorial, acceso a recursos estratégicos, contención de China y debilitamiento de proyectos políticos que reivindiquen una mayor autonomía latinoamericana.
La diferencia con los años setenta y setenta es fundamental. Entonces la dominación necesitó frecuentemente dictaduras militares. Hoy puede intentar conseguir resultados semejantes mediante gobiernos electos, dependencia económica, superioridad tecnológica, cooperación militar, control de la información y una política permanente del miedo.
Por eso el verdadero debate latinoamericano vuelve a ser el mismo que atraviesa dos siglos de nuestra historia, quién decide sobre nuestros territorios, nuestros recursos y nuestro destino político. Las formas de intervención cambiaron. La disputa por la soberanía permanece.
