“El caso Cerimedo en Bolivia, el acercamiento militar en Colombia y los silencios selectivos en Ecuador revelan las ambigüedades de una alianza que promete seguridad por entrega de soberanía”. 

04 de octubre de 2026. 

Por: Hugo René Orejuela
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Lo que está ocurriendo en América Latina en materia de seguridad, soberanía y recomposición del poder estadounidense en la región parece, por momentos, sacado de una película de ciencia ficción. Pero no es ficción. Estamos ante una disputa política y geopolítica que redefinirá nuevamente las relaciones entre Washington y buena parte del continente. 

Donald Trump y Marco Rubio han colocado la lucha contra lo que denominan «narcoterrorismo» en el centro de su política hacia América Latina. Dentro de esa estrategia aparece el llamado Escudo de las Américas, creado en marzo de 2026 bajo liderazgo estadounidense y presentado como una alianza hemisférica para coordinar inteligencia y enfrentar conjuntamente las estructuras criminales transnacionales. 

Nadie sensato puede cuestionar la necesidad de combatir el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de activos y las organizaciones criminales que durante décadas han extendido sus redes por todo el continente. El problema comienza cuando nos preguntamos algo más importante: ¿quién controla esa cooperación, quién produce la inteligencia, quién determina quién constituye una amenaza y hasta dónde puede llegar la intervención de una potencia extranjera en las decisiones políticas, judiciales, policiales y militares de los países latinoamericanos? 

Durante la semana de la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump y Rubio convocaron una reunión con mandatarios vinculados al Escudo, donde se profundizaron mecanismos de intercambio de información y coordinación antinarcóticos. Algunos gobiernos han insistido en que esa cooperación no autoriza operaciones militares extranjeras y que cualquier actuación respetará sus legislaciones. Esa aclaración es importante, pero también revela que la soberanía es precisamente uno de los puntos sensibles de esta alianza. 

La diferencia entre cooperación y tutela es enorme. Si cada Estado conserva el control de sus instituciones, verifica la información que recibe y decide conforme a su propio ordenamiento jurídico, estamos ante cooperación internacional. Pero si una potencia concentra progresivamente la inteligencia, identifica objetivos, condiciona decisiones judiciales y utiliza su peso económico, diplomático y militar para orientar las decisiones internas de otros países, dejamos de hablar de cooperación. Comenzamos a hablar de tutela. Bolivia es el escenario donde esta pregunta deja de ser teórica. 

Fernando Cerimedo, estratega argentino y asesor político de varios líderes de ultraderecha latinoamericana, fue detenido en agosto de 2026 por la presunta orden de un tiroteo contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller. Las investigaciones posteriores, lideradas por el fiscal general Roger Mariaca, alcanzaron presuntas redes de corrupción, operaciones económicas irregulares y una estructura de miles de cuentas y granjas de bots destinadas a intervenir en el debate político regional. 

Según esas investigaciones, el entorno de Cerimedo se vinculaba directamente con el propio presidente Rodrigo Paz, hombre a quien Cerimedo asesoró en su campaña, e incluso con la manipulación de resultados electorales en varios países. Por eso resulta preocupante cualquier interferencia que impida que esas investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. 

El 1 de octubre, el gobierno de Paz detuvo sin orden judicial al fiscal general Mariaca, al fiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y a otros funcionarios, alegando acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico provenientes de la DEA estadounidense. Los fiscales rechazaron las acusaciones y denunciaron un plan urdido desde Washington para frenar el caso Cerimedo. Desde Washington, Marco Rubio respaldó públicamente las decisiones de Paz y ese mismo jueves le retiró la visa a otros 20 funcionarios bolivianos, en el marco de la alianza del Escudo de las Américas. 

Un detalle de esa semana debería inquietar a cualquier demócrata. Durante la votación en la Asamblea Plurinacional para destituir a Mariaca, funcionarios de países del Escudo, incluidos estadounidenses, repartieron entre los diputados un código QR. La imagen de operadores de una potencia extranjera presenciando y distribuyendo material dentro de una votación constitucional boliviana, en plena crisis institucional, es difícil de explicar cómo mera cooperación técnica. 

Víctimas y opositores afirman que el fondo de la maniobra es salvar a Cerimedo. Evo Morales denunció que «está claro que buscan salvar al exasesor de Javier Milei», e incluso alegó que EEUU habría amenazado con detener al propio Paz si no liberaban al consultor. Esas versiones pertenecen al terreno de la denuncia política, no del hecho probado; pero el hecho probado, la detención de los fiscales sin orden judicial, violando el debido proceso, con respaldo estadounidense y en pleno avance de las investigaciones, es suficientemente serio para formular la pregunta. 

Si la cooperación en inteligencia termina proporcionando información utilizada para modificar equilibrios internos de poder, perseguir fiscales o fortalecer políticamente a determinados gobiernos, estamos ante un problema mayor que el narcotráfico: estamos ante un problema de soberanía. ¿Quién decide quién es corrupto? ¿Quién determina quién está vinculado al narcotráfico? ¿Quién verifica la inteligencia? ¿Ante qué tribunal puede defenderse una persona señalada con información de una potencia extranjera? ¿Puede una acusación internacional sustituir una investigación judicial nacional? 

Estas preguntas no buscan defender a narcotraficantes ni a funcionarios corruptos; buscan exactamente lo contrario. Si realmente queremos combatir el crimen organizado, las pruebas tienen que pesar más que los intereses políticos. De otra manera, «narcotráfico» puede convertirse en una acusación suficientemente grave para justificar medidas excepcionales y suficientemente flexible para ser usada contra adversarios políticos, fiscales incómodos o dirigentes sociales. Bolivia podría ser el laboratorio donde se observe hasta dónde llega ese mecanismo. 

Colombia plantea otra cara del mismo interrogante: con la incorporación del gobierno de De la Espriella al Escudo, vuelve a la mesa la vieja pregunta nacional sobre cuánta cooperación militar extranjera cabe sin comprometer la soberanía. Inteligencia, vigilancia aérea, identificación de objetivos y cooperación militar no son conceptos técnicos neutrales: detrás de cada uno existe una pregunta política. Compartir información no es lo mismo que entregar capacidad de decisión. 

Ecuador introduce el interrogante más incómodo. Si el objetivo declarado es combatir el narcotráfico, ¿qué ocurre cuando las investigaciones afectan a sectores próximos a gobiernos aliados de Washington? La investigadora Mónika Silva, que elaboró un informe sobre los vínculos de Noboa Trading con el narcotráfico y había entregado información a la Embajada de EEUU según The Guardian, apareció muerta, presuntamente asesinada. 

La fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, que investigaba los ataques con drones contra embarcaciones pesqueras y ejecuciones extrajudiciales, fue asesinada junto a su hermana en Manta el 14 de junio de 2026. ¿Las sanciones llegan con la misma rapidez cuando el investigado no es un fiscal incómodo de un gobierno aliado, sino un interés cercano al poder? 

Está el precedente más revelador, el indulto que Trump concedió en diciembre de 2025 a Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal de EEUU a 45 años de prisión por narcotráfico, posteriormente vinculado en audios filtrados, aún sin verificar judicialmente, a una supuesta trama regional de ultraderecha. El patrón no es secreto, los aliados se indultan, los incómodos se sancionan. 

Detrás de la arquitectura de seguridad comienza a dibujarse un proyecto geopolítico más ambicioso, reafirmar la preeminencia de Washington sobre América Latina y contener a otras potencias en una región considerada nuevamente estratégica. Es allí donde el «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe adquiere toda su dimensión. 

La lucha antinarcóticos deja de ser un problema de seguridad para convertirse en el marco que justifica mayor presencia militar, inteligencia, control de infraestructuras y disputa por los minerales críticos y recursos minero-energéticos del hemisferio. 

La pregunta que deberían hacerse nuestros pueblos es qué lugar ocuparán en esa nueva arquitectura, ¿socios soberanos capaces de negociar en reciprocidad, o países subordinados a las prioridades de Washington? Porque si el Escudo de las Américas termina produciendo mayor dependencia política, militar y económica y la entrega de recursos estratégicos a cambio de beneficios marginales, estaremos ante una vieja historia con nombre nuevo. 

Dos siglos después de la Doctrina Monroe, el peligro es que cambien las palabras, cambien los enemigos y cambien los instrumentos, pero permanezca intacta la vieja pretensión de considerar a América Latina un espacio reservado a los intereses estratégicos de Estados Unidos.