¿Para reformar el Estado o para perpetuarse en el poder?
“En medio del malestar social, la ciudadanía ecuatoriana parece menos dispuesta a aceptar maniobras de poder envueltas en discursos de seguridad. La “refundación” solo tendrá sentido si sirve para democratizar el poder, no para blindarlo”.
21 de septiembre de 2025
Hugo René Orejuela, Periodista de la Radio Air Libre de Bruxelles y del Equipo Editor de KontraPortada
Ecuador está atravesando uno de los momentos más tensos de su historia reciente. El triunfo electoral de Noboa, celebrado por sus simpatizantes como el advenimiento de una “nueva política”, llegó empañado por denuncias de irregularidades que la oposición no ha dejado de agitar.
Al malestar económico provocado por la eliminación del subsidio al diésel se suman crecientes denuncias de abusos policiales y militares en operativos de seguridad, mientras el presidente Daniel Noboa impulsa su proyecto estrella: una Asamblea Nacional Constituyente que, según sus palabras, “modernizará” el Estado y lo hará más eficaz frente al crimen organizado. La Corte Constitucional ha frenado la consulta popular, En paralelo, el CNE aprobó un referéndum para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras y suprimir el financiamiento estatal a partidos, parte del paquete “mano dura” antidrogas del Ejecutivo, pero el debate apenas comienza.
Daniel Noboa llegó a Carondelet con la imagen de un empresario joven y pragmático, una figura que contrasta con las élites tradicionales. Sin embargo, su victoria electoral fue cuestionada por la oposición, que alegó fraude y uso indebido de recursos públicos en campaña. Aunque no hay condenas firmes que respalden estas denuncias, el tema sigue vigente en la opinión pública. Además, reportajes han documentado cómo cargamentos de cocaína han contaminado exportaciones de empresas bananeras ligadas a la familia Noboa; aunque no existe sentencia judicial que vincule al presidente con esas operaciones, la coincidencia alimenta dudas sobre su discurso de “mano dura” contra el narcotráfico.
En septiembre, la eliminación del subsidio al diésel, una medida que encareció de golpe el combustible, provocó bloqueos, marchas y un estado de excepción en seis provincias. Organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han denunciado detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a menores de edad durante esos operativos. Amnistía Internacional ha advertido que “las medidas de excepción no pueden traducirse en violaciones al derecho a la vida ni en torturas”. Estas denuncias, aunque aún no han culminado en sentencias, reflejan un patrón preocupante: el endurecimiento de la política de seguridad ha ido acompañado de un debilitamiento de garantías básicas.
En este contexto, la propuesta de una Constituyente no es neutra. En teoría, podría servir para reforzar la lucha contra las mafias, modernizar la justicia y depurar instituciones corroídas. Pero también podría reconfigurar el sistema electoral y judicial a favor del Ejecutivo, eliminar el financiamiento estatal a partidos opositores, habilitar bases militares extranjeras y, en última instancia, allanar el camino para su perpetuación en el poder.
En Ecuador, la última Constituyente (2007-2008) sirvió para ampliar derechos y participación; La de Noboa podría hacer lo contrario si no hay salvaguardias. La posible presencia de bases militares extranjeras, reformas al financiamiento de partidos y cambios al sistema judicial implican reorientar el país hacia Washington en plena tensión regional, lo que también preocupa a sectores sociales.
Por otro lado, eliminar subsidios sin compensaciones y al mismo tiempo reescribir la Constitución crea una sensación de “shock” en la población: primero se les golpea el bolsillo, luego se les pide un cheque en blanco institucional.
La ética es un factor fundamental en este debate. Las denuncias, aunque no confirmadas judicialmente, exigen transparencia y garantías. Convocar a una Constituyente en medio de cuestionamientos tan graves es visto como un intento de blindarse frente a investigaciones.
Si la Corte Constitucional termina validando la consulta y la asamblea se instala, el país entrará en un proceso constituyente que no se presentaba desde 2008. El reto será que el texto resultante amplíe derechos y fortalezca instituciones en vez de debilitarlas. De lo contrario, Ecuador podría pasar de ser un país en crisis a un país con un nuevo marco legal hecho a la medida del oficialismo.
Si, en cambio, la Corte mantiene su veto, Noboa quedará debilitado y sin el escudo simbólico de una “refundación”. Tendrá que gobernar con las instituciones actuales y enfrentar un malestar social creciente sin la relación de cambio estructural. La oposición podría utilizar este espacio para acusarlo de haber usado a la Constituyente como cortina de humo.
Al analizar en profundidad los distintos elementos que componen la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente de Daniel Noboa, queda claro que se está ante una encrucijada de gran importancia para el futuro del Ecuador. La promesa de seguridad y modernización del Estado choca inevitablemente con las sombras de poder y las sospechas de intereses ocultos que rodean al presidente y su entorno.
Más allá de la batalla jurídica, lo que se decide es el rumbo del Estado ecuatoriano. ¿Será la Constituyente un instrumento para reconstruir un país jaqueado por la inseguridad y la desigualdad, o un ariete para capturar instituciones y neutralizar opositores? Las señales actuales: denuncias de abusos en protestas, cuestionamientos sobre la campaña electoral y reportajes sobre el plátano y la cocaína, justifican la desconfianza.
En medio del malestar social, la ciudadanía parece menos dispuesta a aceptar maniobras de poder envueltas en discursos de seguridad. La “refundación” solo tendrá sentido si sirve para democratizar el poder, no para blindarlo.
Finalmente, el papel de la ciudadanía no puede ser subestimado. La movilización social y la participación activa en el proceso de reforma son esenciales para asegurar que las decisiones tomadas reflejen verdaderamente el interés general y no el de grupos específicos de poder.
Ecuador enfrenta un momento decisivo en su historia. La propuesta de un Constituyente tiene el potencial de transformar el país, pero también de consolidar estructuras de poder si no se maneja con cuidado. Será la vigilancia, la transparencia y la participación amplia las que determinen si este proceso conduce a una verdadera democratización o a un retroceso en los avances logrados hasta ahora.
La decisión final recaerá en las manos y la voluntad del pueblo ecuatoriano, cuyo futuro está claramente en juego en esta batalla política y social. Sea cual sea el desenlace, es crucial mantener la esperanza y trabajar incansablemente por un Ecuador más justo, seguro y democrático.
