la disputa electoral que definirá el rumbo del país.
“El principal reto de estas elecciones no será únicamente elegir un presidente. Será garantizar que todos los actores políticos respeten la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia no puede depender de quién gane o pierda. Su fortaleza radica precisamente en que las reglas sean aceptadas por todos”.
30 de mayo de 2026.
Hugo René Orejuela. KontraPortada
Las elecciones presidenciales de Colombia han entrado en una fase decisiva. A pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas, el escenario político muestra movimientos que hace apenas algunos meses parecían improbables. Por un lado, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y de la Gran Alianza por la Vida, mantiene el liderazgo en buena parte de las encuestas. Por otro, el abogado Abelardo de la Espriella ha logrado un crecimiento acelerado que lo ha llevado a disputar el segundo lugar e incluso a acercarse peligrosamente a la candidatura progresista.
Sin embargo, detrás de los números hay una realidad más compleja. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Lo que se define es si Colombia profundiza el ciclo de transformaciones sociales iniciado en 2022 o si opta por un giro político hacia posiciones eufemísticas más conservadoras, centradas en la seguridad, el orden y una visión económica más cercana a los sectores tradicionales de poder.
Uno de los fenómenos más interesantes de esta campaña ha sido la consolidación de Iván Cepeda como candidato de una coalición mucho más amplia que el propio Pacto Histórico. Durante los últimos meses, su candidatura ha logrado sumar el respaldo de sectores sindicales, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, plataformas juveniles, organizaciones sociales y dirigentes políticos que, aun sin identificarse plenamente con la izquierda, consideran necesario dar continuidad a las reformas sociales impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Ese apoyo explica por qué Cepeda ha logrado sostener niveles importantes de intención de voto pese al desgaste político que la derecha ha pretendido hacer al proyecto político de Petro, después de cuatro años de gobierno. A diferencia de otros candidatos progresistas en América Latina, su campaña ha intentado presentarse como una propuesta de continuidad con correcciones, defendiendo avances en materia de derechos sociales, implementación del Acuerdo de Paz, reforma laboral, democratización de la educación y fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios históricamente abandonados.
Mientras tanto, Abelardo de la Espriella ha logrado capitalizar el descontento de una parte importante del electorado. Su crecimiento no se explica únicamente por sus propuestas. También responde a una estrategia política cuidadosamente diseñada para presentarse como una figura independiente, ajena a los partidos tradicionales y capaz de encarnar el sentimiento de frustración de sectores que consideran insuficientes los resultados del actual gobierno.
Paradójicamente, buena parte de ese crecimiento se ha producido a costa del Centro Democrático y de la candidatura de Paloma Valencia. La que durante años fue la principal referente de la oposición al progresismo parece haber perdido capacidad de movilización. Muchos votantes conservadores han migrado hacia una opción que consideran más confrontativa, más mediática y más eficaz para enfrentar al proyecto político que hoy gobierna Colombia.
Sin embargo, la construcción de la imagen pública de De la Espriella también presenta contradicciones. Aunque intenta proyectarse como un outsider de la política, su trayectoria profesional ha estado vinculada a la defensa jurídica de personajes altamente controvertidos y a sectores tradicionalmente cercanos a las élites económicas y políticas del país.
Asimismo, a lo largo de su carrera han surgido cuestionamientos y controversias públicas relacionadas con el ejercicio de su profesión, aspectos que forman parte del debate político y que inevitablemente acompañan su aspiración presidencial.
Pero quizá el aspecto más preocupante de esta campaña no sea el crecimiento de uno u otro candidato, sino el deterioro progresivo de la calidad del debate público.
Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena Aída Quilcué, han sido objeto de una intensa campaña de desinformación en redes sociales y plataformas digitales. En las últimas semanas han circulado videos manipulados, declaraciones sacadas de contexto, montajes gráficos y mensajes diseñados para asociarlos con escenarios de caos, radicalismo político o supuestas amenazas a la democracia colombiana.
En el caso de Aída Quilcué, los ataques han estado acompañados de un fuerte componente de estigmatización hacia los pueblos indígenas y los movimientos sociales. En muchos de estos mensajes se perciben prejuicios históricos que buscan presentar las reivindicaciones indígenas como una amenaza para la institucionalidad, cuando en realidad forman parte de las luchas democráticas y constitucionales por el reconocimiento de derechos colectivos.
No se trata simplemente de una confrontación ideológica. Lo que está ocurriendo forma parte de una tendencia global donde la desinformación se convierte en una herramienta política para moldear emociones, construir temores y alterar percepciones electorales.
Al mismo tiempo, resulta llamativo el tono triunfalista que rodea la candidatura de Abelardo de la Espriella. Desde determinados sectores mediáticos, cuentas en redes sociales y plataformas digitales se intenta instalar la idea de que su victoria es prácticamente inevitable. Esta estrategia tiene una doble función. Por un lado, busca atraer votantes indecisos mediante el llamado efecto ganador. Por otro, puede contribuir a sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados en caso de que las urnas arrojen un desenlace distinto al que esas narrativas anticipan.
La experiencia internacional demuestra que este tipo de fenómenos deben analizarse con seriedad. En Estados Unidos, la construcción de una narrativa de fraude electoral terminó alimentando el asalto al Capitolio en enero de 2021. En Venezuela, la disputa permanente sobre la legitimidad de los resultados electorales ha contribuido a profundizar la polarización y la confrontación política durante años.
Colombia tiene una institucionalidad diferente y una historia propia, pero no está exenta de riesgos. Cuando la política se transforma en una batalla de percepciones donde cada sector construye su propia realidad informativa, la confianza en las instituciones democráticas puede comenzar a deteriorarse.
El principal reto de estas elecciones no será únicamente elegir un presidente. Será garantizar que todos los actores políticos respeten la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia no puede depender de quién gane o pierda. Su fortaleza radica precisamente en que las reglas sean aceptadas por todos.
Esta elección presidencial, representan una encrucijada histórica. De un lado está la posibilidad de consolidar un proyecto de reformas sociales que busca profundizar los cambios iniciados durante el actual gobierno. Del otro, una propuesta que promete restaurar el orden mediante una visión de extrema derecha que pretende hacer trizas las conquistas sociales, económicas y políticas del progresismo.
La decisión corresponderá exclusivamente a los ciudadanos. Pero cualquiera que sea el resultado, Colombia necesitará más diálogo, más institucionalidad y menos polarización. Porque el verdadero desafío no será ganar las elecciones, sino preservar la democracia después de ellas.
