paz, mayorías electorales y el riesgo al retorno.
“Colombia se encuentra, una vez más, ante una decisión que marcará su historia. No se trata únicamente de elegir un presidente o un Congreso. Se trata de decidir si el país avanza hacia la consolidación de una democracia más amplia, más incluyente, o si retorna a un modelo donde el poder permanece concentrado y el cambio es contenido”.
22 de febrero de 2026
Por: Hugo René Orejuela. KontraPortada
Colombia ha entrado en una fase de su historia donde las decisiones políticas han dejado de ser una simple alternancia de élites para convertirse en una disputa abierta por el sentido mismo del Estado. Lo que está en juego hoy no es únicamente el resultado de unas elecciones legislativas o presidenciales. Es, en un sentido más profundo, la definición del modelo de país que emergerá después de décadas marcadas por la exclusión política y el control del poder por estructuras que, con distintas caras, preservaron un mismo orden.
Para comprender el momento actual es indispensable mirar hacia atrás y entender el peso histórico del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Más allá de sus debates, sus limitaciones y sus resistencias, ese acuerdo significó algo más que el silenciamiento parcial de los fusiles.
Representó la ruptura simbólica de un paradigma político que durante más de medio siglo había estado condicionado por la lógica de la guerra. Colombia vivió durante décadas bajo el espectro de un sistema heredero del Frente Nacional, un pacto que, aunque formalmente terminó en 1974, dejó una estructura política profundamente cerrada, donde el poder se rotaba entre sectores afines y donde las opciones alternativas eran sistemáticamente marginalizadas o asociadas al enemigo interno.
La guerra no fue solamente un conflicto armado. Fue también un dispositivo de ordenamiento político. Permitió justificar la concentración del poder, limitar el pluralismo real y construir una narrativa donde cualquier proyecto de transformación estructural podía ser presentado como una amenaza al orden democrático. En ese contexto, el miedo operó como un mecanismo de control social y político. El país aprendió a vivir en un estado de excepcionalidad permanente.
El acuerdo de paz alteró esa ecuación. No la eliminó por completo, pero abrió una grieta en ese edificio histórico. Por primera vez en décadas, el debate político comenzó a desplazarse, al menos parcialmente, del terreno militar al terreno social. Las preguntas dejaron de centrarse exclusivamente en la seguridad y comenzaron a girar en torno a la desigualdad, la justicia social, el acceso a derechos. Ese cambio no fue automático ni lineal. Tuvo resistencia desde múltiples frentes. Pero su impacto fue innegable.
En ese nuevo escenario, la elección del gobierno de Gustavo Petro, que propuso reformas estructurales no puede entenderse como un accidente ni como una anomalía. Fue la consecuencia de una reconfiguración lenta pero profunda del campo político. La paz, aun incompleta, permitió que emergieran nuevas mayorías sociales que durante décadas habían permanecido invisibles o silenciadas. Permitió que sectores históricamente excluidos se reconocieran como sujetos políticos.
Sin embargo, ese cambio de paradigma sigue siendo frágil. Las estructuras que dominaron el poder durante décadas no han desaparecido. Siguen presentes en las instituciones, en los grandes grupos económicos, en los medios de comunicación, en las redes de influencia que atraviesan el Estado. La política colombiana vive hoy una tensión entre dos tiempos, la del viejo orden, que busca preservarse, y la de una nueva mayoría social que busca consolidarse.
En este contexto, el Congreso se ha convertido en un escenario decisivo. La experiencia reciente ha demostrado que sin mayorías parlamentarias sólidas, cualquier intento de transformación queda expuesto a la dilación, la fragmentación o el bloqueo. El Ejecutivo puede tener la legitimidad electoral, pero es el Legislativo el que traduce o neutraliza esa legitimidad en normas concretas. La correlación de fuerzas en el Congreso no es un detalle técnico. Es el corazón de la gobernabilidad.
Pero el punto más crítico se encuentra en el horizonte de la presidencia. La posibilidad de dar continuidad a un proyecto de reformas sociales depende no solo de ganar las elecciones, con un candidato progresista como el Senador Iván Cepeda, sino de cómo se ganan.
La historia reciente de América Latina ofrece una advertencia clara. Cuando las fuerzas progresistas no logran consolidar una victoria contundente en primera vuelta, el escenario de segunda vuelta se convierte en un terreno de recomposición de las élites tradicionales.
Es en ese momento donde las diferencias entre sectores conservadores y de ultraderecha suelen diluirse. Lo que en la primera vuelta aparece fragmentado, en la segunda se unifica bajo un objetivo común: impedir la continuidad de un proyecto de transformación. Esa convergencia no es espontánea. Responde a intereses concretos, tanto internos como externos.
La experiencia de países como Chile y Argentina es ilustrativa. En ambos casos, proyectos políticos que representaban una continuidad de agendas sociales enfrentaron en segunda vuelta una coalición amplia de sectores conservadores que, más allá de sus diferencias, encontraron un punto de unidad en la necesidad de revertir el rumbo político. En Honduras, las tensiones políticas también han estado atravesadas por la intervención directa e indirecta de factores externos que buscan preservar determinados equilibrios de poder.
Colombia no está exenta de esa dinámica. Su posición geopolítica, su papel histórico como aliado estratégico de Estados Unidos y su importancia en el equilibrio regional la convierten en un país donde los procesos electorales son observados con especial atención. Estados Unidos ha sido, durante décadas, un actor determinante en la configuración del aparato de seguridad colombiano y ha influido en la orientación de su política exterior. Pensar que permanecerá indiferente ante un eventual proceso de transformación profunda sería desconocer esa historia.
Esto no implica necesariamente intervenciones abiertas, como la recién invasión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolas Maduro, u otras que marcaron el siglo XX en América Latina. La influencia se ejercerá a través de los mecanismos que EE.UU siempre ha utilizado, presión diplomática, condicionamientos económicos, construcción de legitimidades internacionales, respaldo simbólico a determinadas candidaturas. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo, preservar un orden favorable a determinados intereses estratégicos.
Por eso, la primera vuelta adquiere una importancia que va más allá de lo electoral. Una victoria clara en primera vuelta no es solo un triunfo político. Es un acto de afirmación democrática que reduce el margen de maniobra para recomposiciones posteriores. Es la expresión de una voluntad popular que no deja espacio a ambigüedades.
Por el contrario, una segunda vuelta abre un periodo de incertidumbre. Permite que sectores que en la primera fase compitieron entre sí se reorganicen. Permite la activación de alianzas que no responden necesariamente a afinidades programáticas, sino a la necesidad de preservar un determinado equilibrio de poder. Permite, en última instancia, que el resultado final no refleje plenamente la voluntad original de las mayorías.
El riesgo, entonces, no es vago. Es histórico. Colombia ha vivido durante décadas bajo un sistema donde el cambio era administrado, contenido o neutralizado. La apertura política incompleta que hoy existe es real, pero no irreversible. Depende de la capacidad de las mayorías sociales de consolidarse políticamente.
En el fondo, la pregunta que enfrenta el país es sencilla, pero a su vez profunda en sus consecuencias: ¿será el pueblo colombiano quien defina el rumbo de la nación, o ese rumbo será nuevamente condicionado por la recomposición de los poderes tradicionales?
La paz abrió una puerta que durante generaciones permaneció cerrada. Pero abrir una puerta no significa haber cruzado el umbral. El tránsito hacia un nuevo modelo de país requiere no solo voluntad política, sino también respaldo social sostenido. Requiere que la ciudadanía comprenda que su participación no es un gesto simbólico, sino un acto de poder real.
Colombia se encuentra, una vez más, ante una decisión que marcará su historia. No se trata únicamente de elegir un presidente o un Congreso. Se trata de decidir si el país avanza hacia la consolidación de una democracia más amplia, más incluyente, o si retorna a un modelo donde el poder permanece concentrado y el cambio es contenido.
El futuro, como siempre, no está escrito. Está en manos de quienes decidan ejercer, plenamente, su derecho a definirlo.