La crisis del Gobierno de Bart De Wever revela un conflicto que va más allá del presupuesto. Sindicatos, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales cuestionan unas políticas que reducen la protección frente al desempleo, endurecen las condiciones de jubilación y encarecen el acceso a la educación, mientras miles de familias afrontan el aumento del coste de la vida.

Por: Hugo René Orejuela. KONTRAPORTADA | Artículo de Opinión |

7 de noviembre de 2026

Bélgica atraviesa una crisis política y social que amenaza con debilitar uno de los pilares sobre los cuales se construyó su democracia después de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto Social entre trabajadores, empresarios y Estado. La coalición Arizona, encabezada por el primer ministro Bart De Wever, enfrenta una creciente oposición sindical, estudiantil y ciudadana contra sus reformas económicas y sociales.

Mientras sus cinco partidos consiguieron ponerse de acuerdo para aprobar una controvertida ley que permite determinadas intervenciones policiales en domicilios privados para detener a inmigrantes sin residencia legal, no han podido alcanzar un compromiso presupuestario. La confrontación llevó al primer ministro a presentar su dimisión ante el rey Felipe, quien la rechazó y le concedió un nuevo plazo para intentar salvar el Gobierno.

La crisis no comenzó con las negociaciones del presupuesto de 2027. Desde su llegada al poder en febrero de 2025, la coalición formada por la N-VA, el MR, Les Engagés, el CD&V y Vooruit ha impulsado reformas que modifican derechos laborales y mecanismos de protección social conquistados durante décadas. El Gobierno justifica estas medidas por la necesidad de reducir el déficit público, contener la deuda y estimular el empleo. Sin embargo, para una parte considerable del movimiento sindical, estas reformas trasladan a trabajadores, desempleados, pensionados y familias de bajos ingresos una carga económica que debería distribuirse de manera más equitativa.

Una de las decisiones más controvertidas ha sido la reforma de la subvención al desempleo. Bélgica mantenía un sistema que permitía recibir subvenciones a una persona desempleada sin un límite general de duración, siempre que se cumplieran las condiciones legales. La reforma aprobada en 2025 y aplicada progresivamente desde 2026 establece, como regla general, un máximo de veinticuatro meses de subvenciones, con excepciones y condiciones específicas.

Para quienes llevan años buscando empleo sin conseguirlo, esta modificación puede significar la pérdida de una fuente esencial de ingresos. El Gobierno sostiene que la limitación incentivará la reincorporación al mercado laboral, pero esa explicación supone que existen suficientes empleos disponibles y que las personas desempleadas pueden acceder a ellos independientemente de su edad, salud, formación o lugar de residencia, aunque la realidad en materia de empleo es otra.

El problema es que el desempleo no siempre depende de una decisión individual. Las transformaciones industriales, el cierre de empresas, la discriminación laboral y las dificultades de contratación de trabajadores mayores de edad condicionan las posibilidades reales de conseguir empleo. Retirar una prestación sin garantizar oportunidades efectivas de reinserción puede trasladar la pobreza desde el sistema de subvención al desempleo hacia los servicios comunales de asistencia social, los CPAS. El Estado federal podría reducir determinados gastos mientras las administraciones locales y las familias terminan soportando una parte de sus consecuencias.

La oposición sindical consiguió llevar esta controversia hasta el Tribunal Constitucional. En septiembre de 2026, la justicia anuló parcialmente determinadas disposiciones transitorias de la reforma, al considerar discriminatorio el tratamiento aplicado a algunos afectados. La decisión no eliminó la limitación general de las subvenciones, pero obligó a revisar los plazos de exclusión de aproximadamente 100.000 personas potencialmente afectadas. Este hecho demuestra que la confrontación no se limita a las manifestaciones callejeras, también existe una disputa jurídica sobre la manera en que el Gobierno está modificando la protección social.

Las pensiones constituyen otro motivo de preocupación. Bélgica elevó la edad legal de jubilación a 66 años en 2025 y está previsto llevarla a 67 años a partir de 2030, conforme a una reforma anterior al Gobierno Arizona. La coalición actual ha endurecido las condiciones para reconocer determinados períodos de carrera profesional y ha introducido cambios en los mecanismos de cálculo y jubilación anticipada. Las organizaciones sindicales cuestionan especialmente el sistema de penalizaciones que puede reducir la pensión de quienes se jubilen anticipadamente sin cumplir determinados requisitos de trabajo efectivo.

Estas reformas afectan de manera desigual a los trabajadores. Una persona que ha desarrollado su vida laboral en una oficina, sin querer minimizar su labor, no enfrenta necesariamente las mismas condiciones físicas que quien ha pasado décadas en la construcción, la limpieza industrial, el transporte o los servicios de cuidados. También existen trayectorias laborales interrumpidas por enfermedades largas, desempleo o responsabilidades familiares, situaciones que afectan especialmente a muchas mujeres. Exigir carreras profesionales más largas sin reconocer suficientemente esas diferencias puede terminar castigando a quienes ya han soportado condiciones laborales más difíciles.

El malestar se extiende al mundo estudiantil. En la Federación Valonia-Bruselas, gobernada por una coalición regional diferente a la coalición federal Arizona, el aumento del “Minerval”, la matrícula universitaria, ha provocado protestas por sus consecuencias sobre el acceso a la educación superior. Para el curso 2026-2027, la tarifa ordinaria se ha establecido en 1.194 euros, aunque existen tarifas reducidas de 835 y 374 euros, además de exenciones para estudiantes becados. La reforma introduce una diferenciación según los ingresos familiares, pero también eleva considerablemente el coste de inscripción para numerosos estudiantes.

La Federación de Estudiantes Francófonos ha denunciado que el problema no termina con la matrícula. A ella deben añadirse el alquiler de habitaciones, la alimentación, el transporte, los materiales académicos y otros gastos. Según sus estimaciones publicadas en septiembre, un año de estudios superiores puede costar entre 8.100 y 13.600 euros, dependiendo de las condiciones del estudiante. Para familias que apenas consiguen cubrir sus necesidades mensuales, estas cifras pueden convertir la educación universitaria en una carga difícil de asumir. Una sociedad que encarece el acceso a la formación superior corre el riesgo de reproducir las desigualdades que la educación pública debería ayudar a reducir.

El deterioro del poder adquisitivo constituye otro elemento de la protesta social. Aunque la inflación belga no mantiene necesariamente los niveles máximos alcanzados durante la crisis energética de años anteriores, los aumentos acumulados de precios siguen pesando sobre los presupuestos familiares. Una desaceleración de la inflación significa que los precios aumentan lentamente, no que regresan a sus niveles anteriores. El alquiler, la alimentación, el transporte, el gas y la electricidad absorben una parte considerable de los ingresos de muchos hogares.

El sistema belga de indexación salarial y de determinadas prestaciones ha permitido compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, esa protección no beneficia de la misma manera a todas las personas y no elimina las dificultades de quienes tienen ingresos bajos o gastos de vivienda especialmente elevados. Cuando una familia destina una proporción creciente de su presupuesto al alquiler y a los servicios esenciales, cualquier gasto imprevisto puede convertirse en un problema económico. La precariedad deja entonces de ser una situación limitada a quienes carecen de empleo y alcanza también a trabajadores que reciben un salario, pero no consiguen llegar a fin de mes.

Frente a estas políticas, las organizaciones sindicales han desarrollado una oposición sostenida. La FGTB, la CSC y otras organizaciones de trabajadores han denunciado el debilitamiento de la concertación social y la distribución desigual de los sacrificios económicos. El 9 de octubre de 2026, una manifestación en Bruselas reunió a 30.000 personas según la policía y 50.000 según los sindicatos. Entre los participantes había trabajadores ferroviarios, docentes, funcionarios, estudiantes, artistas y representantes de asociaciones sociales. La diversidad de los manifestantes demuestra que el descontento supera ampliamente las reivindicaciones de un sector profesional.

La movilización continúa. Las organizaciones sindicales han convocado una nueva manifestación nacional para el 23 de noviembre en Bruselas, con la participación prevista de asociaciones de lucha contra la pobreza, empleados de la salud, organizaciones juveniles, colectivos feministas, movimientos ambientales y representantes de los pensionados. También se anuncian protestas estudiantiles y acciones del sector público durante las próximas semanas. La amplitud de esta convocatoria expresa el intento de construir una respuesta social común frente a políticas que afectan distintos aspectos de la vida cotidiana.

En medio de esta confrontación, el Gobierno consiguió aprobar el 6 de noviembre la controvertida legislación sobre visitas domiciliarias. La medida permite a la policía acceder, bajo determinadas condiciones y con autorización previa de un juez de instrucción, a viviendas donde se encuentren personas inmigrantes sujetas a decisiones ejecutorias de expulsión. El consentimiento de los residentes deja de ser indispensable en los supuestos contemplados por la ley. Aunque el Gobierno afirma que busca actuar contra personas que representan riesgos para el orden público o la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y representantes de la magistratura han advertido sobre los peligros de una interpretación amplia de esas facultades.

La inviolabilidad del domicilio está protegida por el artículo 15 de la Constitución belga y por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La situación administrativa irregular de una persona no elimina esos derechos. Tampoco convierte en delincuentes a familiares, amigos o ciudadanos que ofrecen alojamiento por razones humanitarias. La posibilidad de intervenir en esas viviendas plantea un problema que afecta al conjunto de la sociedad, hasta dónde puede llegar el poder del Estado cuando pretende ejecutar una decisión administrativa.

La oposición a esta legislación también ha salido a las calles. El 4 de noviembre, miles de manifestantes formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas, mientras se organizaron acciones en numerosas ciudades del país. Las organizaciones participantes denunciaron el riesgo de debilitar las garantías judiciales y de establecer una asociación injustificada entre inmigración irregular y delincuencia. La protesta demuestra que la defensa de los derechos de las personas extranjeras forma parte de una movilización más amplia por las libertades públicas.

La coincidencia de estas dos crisis revela una contradicción política. Los cinco partidos de la coalición Arizona lograron superar sus diferencias para respaldar una legislación migratoria restrictiva, pero no consiguen acordar cómo distribuir los aproximadamente 10.000 millones de euros de ajuste presupuestario que discuten para estabilizar las finanzas públicas. El MR se resiste a nuevos aumentos de impuestos que afecten a los ciudadanos, mientras otros socios reclaman un reparto más equilibrado del ajuste económico. Las diferencias sobre ingresos fiscales, gasto social y poder adquisitivo han bloqueado las negociaciones.

La dimisión presentada por Bart De Wever el 2 de noviembre, posteriormente rechazada por el rey Felipe, confirma la fragilidad de una coalición que encuentra mayores dificultades cuando debe afectar intereses económicos con capacidad de presión política. Los inmigrantes sin residencia legal carecen de representación electoral directa, mientras las reformas presupuestarias enfrentan a organizaciones sindicales, sectores empresariales y partidos que deben responder ante sus bases sociales. Esta diferencia ayuda a explicar por qué determinados acuerdos sobre control migratorio pueden resultar políticamente más fáciles a acordar que una reforma fiscal que exija mayores contribuciones a los sectores de ingresos y patrimonios elevados.

La orientación del Gobierno también plantea una discusión sobre el papel de la derecha y la extrema derecha en la política belga. La coalición Arizona reúne partidos de extrema derecha, liberales, democristianos y socialdemócratas; no todos pertenecen a la extrema derecha, valga la aclaración. Sin embargo, la influencia del discurso nacionalista y de las propuestas migratorias restrictivas se ha extendido más allá de los partidos que tradicionalmente las defendían. La N-VA, principal fuerza de extrema derecha de la coalición, ha conseguido situar el control de la inmigración entre las prioridades del Ejecutivo, mientras sus socios aceptan compromisos que generan tensiones con sus propias tradiciones políticas.

Esta evolución merece atención porque las conquistas sociales belgas fueron resultado de largas luchas obreras y de acuerdos entre sindicatos, empresarios y Estado. La seguridad social, las pensiones, la subvención al desempleo y los servicios públicos no surgieron como concesiones espontáneas del poder capitalista. Se construyeron mediante fuertes conflictos, negociaciones y compromisos que permitieron distribuir una parte de la riqueza producida por la sociedad. Su modificación exige, por tanto, un debate democrático que reconozca esa historia y examine las consecuencias reales para quienes dependen de esas protecciones.

El Pacto Social belga nunca eliminó las desigualdades ni los conflictos entre capital y trabajo. Pero estableció mecanismos de negociación que permitieron resolver parte de esas tensiones sin trasladar todos los riesgos económicos a los trabajadores. Cuando los sindicatos denuncian que las decisiones se adoptan sin una concertación suficiente, están cuestionando también el método de gobierno. Una reforma puede contar con mayoría parlamentaria y, al mismo tiempo, encontrar una oposición social considerable si quienes soportarán sus consecuencias consideran que no han sido escuchados.

Bélgica necesita resolver sus problemas presupuestarios. Su déficit y su deuda pública no pueden ignorarse, como tampoco las presiones derivadas del envejecimiento de la población y las necesidades de financiación de los servicios públicos. Pero la sostenibilidad financiera admite distintas alternativas políticas. Aumentar la contribución de las grandes fortunas, revisar determinados beneficios fiscales o combatir la evasión tributaria, son propuestas que forman parte del debate sindical. Su viabilidad y capacidad recaudatoria deben evaluarse con rigor, del mismo modo que deben examinarse las consecuencias de reducir prestaciones sociales o encarecer servicios esenciales.

La crisis del Gobierno Arizona expresa así un conflicto sobre el modelo de sociedad que Bélgica pretende conservar. Para quienes defienden las reformas, el Estado necesita reducir gastos, aumentar la actividad laboral y reforzar su capacidad de control migratorio. Para quienes se movilizan contra ellas, el riesgo es que esas políticas terminen debilitando la seguridad económica de las familias, el acceso a la educación y las garantías jurídicas de las personas más vulnerables.

La protesta sindical y social demuestra que buena parte de la población no está dispuesta a aceptar pasivamente ese cambio. La defensa de las pensiones, las subvenciones al desempleo, los salarios, la vivienda asequible y los derechos de los inmigrantes ha comenzado a reunir sectores que anteriormente actuaban por separado. Esa convergencia puede convertirse en un factor decisivo para el futuro político de Bélgica.

Bart De Wever, podrá al fin de cuentas encontrar una salida presupuestaria que permita mantener su coalición. Pero incluso si consigue superar la crisis gubernamental, seguirá enfrentando una sociedad movilizada que cuestiona la orientación de sus reformas de extrema derecha. El conflicto ya no se limita a determinar cuánto debe ahorrar el Estado. Lo que está en discusión es quién pagará ese ahorro, qué derechos se conservarán y hasta dónde está dispuesta a llegar la coalición Arizona para imponer su programa frente a la resistencia sindical y social.