El Balance Fiscal: Rigidez Estructural, Impacto Social y Sostenibilidad Macroeconómica (2022-2026)

19 julio 2026

El cierre del periodo macroeconómico del Gobierno del Presidente Gustavo Petro presenta notables avances en variables sociolaborales y desafíos en materia fiscal. La gestión económica de este periodo estuvo guiada por un enfoque de economía pública expansiva orientada al fortalecimiento del gasto social, la diversificación de la canasta exportadora y la transición productiva. Con este norte, las autoridades económicas defienden la solidez del modelo señalando que no existe una crisis macroeconómica en el país, mientras que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y sectores de oposición alertan sobre las presiones de financiamiento y la sostenibilidad del endeudamiento público en el mediano plazo.

A continuación, se contrastan los puntos de vista de los tres actores clave de este debate y se examina a fondo la realidad contable de las cuentas públicas del Sector Hacienda.

1. El Punto de Vista del Gobierno de Gustavo Petro

Bajo la óptica del saliente Ministro de Hacienda, Dr. Germán Ávila sustentado en cifras oficiales, el país se entrega con una economía robusta, en permanente crecimiento y con estabilidad jurídica y financiera, sustentado en tres grandes pilares: .

• Dinámica Sociolaboral y Crecimiento: La economía retomó una senda de crecimiento sostenido proyectada en un 2.6 % para 2026, superando el promedio de América Latina. Asimismo, se alcanzó la tasa de desempleo más baja del siglo (8.1 %), generando más de 2.5 millones de empleos, con un claro énfasis en la formalización.

• Disminución de la Pobreza y Equidad: El indicador más importante de la administración es la superación de 5 millones de colombianos de la pobreza monetaria y 2 millones de la pobreza monetaria extrema. Esto se vio complementado por una reducción sustancial de la desigualdad, reflejada en el descenso del coeficiente de Gini de 0.563 a 0.531.

• Control de Pasivos e Inflación: Se logró reducir la inflación desde niveles superiores al 13 % hasta estabilizarla en un 5.84 %. En el plano fiscal, el gobierno asumió el alto costo político de sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), destinando 83.9 billones de pesos para extinguir una enorme deuda heredada que presionaba las arcas públicas.

2. El Punto de Vista del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)

El CARF, como organismo técnico independiente encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas estatales, enfoca su análisis en la vulnerabilidad del frente fiscal. Sus observaciones se resumen en:

• Riesgo Estructural de Tendencia: Más allá del dato aislado de una vigencia, al CARF le preocupa el desequilibrio persistente donde los egresos corrientes superan con creces los ingresos tributarios, amenazando con volver estructural el déficit.

• Sostenibilidad de la Deuda: Aunque acepta que la deuda neta está estabilizada en torno al 57.9 %-58.6 % del PIB, advierte que mantener déficits elevados durante periodos consecutivos reduce la capacidad de maniobra estatal para absorber futuros choques externos.

• Insuficiencia del Ajuste: El comité calificó de optimistas las proyecciones presupuestales gubernamentales y consideró que el esfuerzo fiscal planteado por el ejecutivo era insuficiente, motivo por el cual emitió conceptos técnicos desfavorables cuando se activaron flexibilidades en la aplicación de la regla fiscal.

3. Los Juicios de Valor del Gobierno Entrante (Abelardo de la Espriella)

Desde la orilla de la administración entrante y los sectores afines a su propuesta política, se ha articulado una narrativa de severas alertas fiscales. Estos analistas e integrantes del nuevo equipo económico afirman que:

• El país recibe un déficit fiscal «desproporcionado» o una situación cercana a la insolvencia de las cuentas nacionales.

• Ha existido un aumento descontrolado y deficiente del gasto del sector público que desborda las metas fiscales y menoscaba la confianza de los mercados institucionales.

• La incertidumbre regulatoria y tributaria generó un debilitamiento de la inversión privada en algunos sectores clave de la producción nacional.

4. Radiografía Técnica del Déficit Fiscal y Sustentación de Cuentas

Para aclarar las posiciones e interpretaciones políticas, los datos oficiales del sector Hacienda provee la evidencia contable real sobre el origen y la magnitud del déficit.

Ingresos vs. Gastos totales (Como % del PIB)

El desfase en las cuentas no nació de forma exclusiva en este cuatrenio; responde a una tendencia de asimetría histórica:

Año	Ingresos (% del PIB)	Gastos (% del PIB)	Inflexibilidad del Gasto (%)
2024	16.5%	23.2%	87.5%
2025	17.0%	24.1%	93.1%
2026	18.1%	24.3%	93.7%

La Inflexibilidad Absoluta del Gasto

El principal argumento técnico que deshace la tesis de un «despilfarro discrecional «es que el 93.7 % del Presupuesto General de la Nación es legal o constitucionalmente inmodificable. De un presupuesto total de 546.9 billones de pesos, el Estado solo dispone libremente de un 6.3 % (34.5 billones de pesos). Las obligaciones inexorables se distribuyen así:

• Servicio de la deuda pública: 18.4 % (100.4 billones de pesos).

• Sistema General de Participaciones (Regiones): 16.2 %.

• Sistema de Pensiones: 15.3 % (83.8 billones de pesos).

• Gastos de Personal: 11.3 % (62 billones, de los cuales el 81 % se blindó para las fuerzas militares, la policía y la rama judicial).

• Aseguramiento en Salud: 9.4 % (51.3 billones de pesos).

• Vigencias futuras comprometidas: 3.8 % (20.5 billones de pesos).

Los Factores que Explicaron el Déficit

El incremento del déficit total (que se ubicó en el 6.4 % del PIB en 2025) y el ensanchamiento del déficit primario (3.5 % del PIB) obedecen a una conjunción de múltiples factores y no a una sola causa:

1. La Reducción Coercitiva de Ingresos (Estrategia de Asfixia): Entre fallos de las altas cortes y modificaciones legislativas del Congreso, al Ejecutivo se le impidió recaudar un acumulado de 61.9 billones de pesos. Destacan la declaratoria de inexequibilidad de normas de la reforma tributaria de 2022 (6.7 billones) y la reiterada negativa a tramitar leyes de financiamiento que ya estaban indexadas al presupuesto (generando desbalances de 12 y 16.6 billones de pesos).

2. Costos Financieros y Pasivos Heredados: El incremento de las tasas de interés internacionales y locales (llevadas al 12.75 % por el Banco de la República) elevó de forma drástica el costo del servicio de la deuda interna y externa. A esto se sumó el pago obligatorio de 23.1 billones de pesos en el periodo para amortizar el crédito exprés de la Línea de Crédito Flexible con el FMI adquirido por la administración precedente.

3. Decisión de Proteger la Inversión Social: Frente a la caída del recaudo y las presiones de deuda, el Gobierno adoptó una postura de economía pública de corte keynesiano: decidió no realizar un recorte drástico de austeridad en salud, educación o subsidios, entendiendo que un ajuste fiscal acelerado habría destruido el empleo y frenado el consumo de los hogares más vulnerables.

Conclusión

La realidad demuestra que Colombia finaliza este periodo con desafíos fiscales, pero con fundamentales macroeconómicos y sociales robustos que desvirtúan cualquier hipótesis de quiebra técnica o insolvencia inminente. Para emitir un juicio riguroso sobre este balance, resulta indispensable evaluar las cifras dentro de su contexto macroeconómico y compararlas de forma sistemática con el comportamiento de gobiernos anteriores.

Al revisar la historia fiscal reciente de Colombia, queda en evidencia que el incremento del déficit no responde a un fenómeno aislado de esta administración. Mientras que los gobiernos de la primera década del siglo operaron bajo la ventaja de una boyante bonanza petrolera y de materias primas que infló los ingresos corrientes de manera temporal, las administraciones de la segunda década (Santos I y II) iniciaron una senda de fuerte endeudamiento (crecimiento del 71 % de la deuda pública) para compensar la caída de dichos precios internacionales. Posteriormente, la administración del presidente Iván Duque enfrentó la emergencia excepcional del COVID-19 en 2020, lo que disparó la deuda neta al máximo histórico del 65.3 % del PIB y llevó el déficit fiscal al récord del 7.8 %, heredando al actual periodo un piso fiscal sumamente deteriorado y restrictivo.

Bajo este marco comparativo, calificar el déficit actual de «desproporcionado» o atribuirlo exclusivamente a una deficiente gestión del gasto es una simplificación incompleta del análisis económico. Si bien es técnicamente cierto que el déficit de 2025 (6.4 % del PIB) se ubica entre los más altos de los tiempos normales modernos, la evidencia demuestra que el aparato público estatal arrastra una inflexibilidad del gasto del 93.7 % construida legalmente por décadas y que el Gobierno Petro logró una estabilización relativa de la deuda neta en torno al 57.9 % del PIB, registrando un crecimiento general de pasivos (43.97 %) sustancialmente menor al de los dos mandatos presidenciales precedentes.

En definitiva, la valoración de la gestión de las finanzas públicas no puede medirse con un indicador fiscal aislado. Un análisis responsable obliga a contrastar la urgencia técnica de reformas que amplíen los ingresos de la Nación, frente al mérito histórico de haber resguardado el crecimiento del salario real, el empleo y la inclusión social de los colombianos en situación de pobreza durante una coyuntura internacional restrictiva.

Por: Josefina Ortega – Economista