4 de julio de 2026

En una campaña que empezó hace cuatro (4) años cuando Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia, los opositores ideológicos a la búsqueda de la equidad social, la igualdad ante la ley y la materialización de medidas afirmativas para poblaciones tradicionalmente excluidas, segregadas, marginadas, “los condenados de la tierra” (en las categorías de Fanon), se encargaron de difundir un fantasma “triunfó el comunismo, la ideología de género, la debacle del capitalismo y la muerte de la economía de mercado”

Todavía se recuerda cómo se creyó que atesorar dólares sería la forma más fácil y expedita de aumentar la riqueza, pero pronto vino la decepción. El dólar en Colombia cerró el mandato de Iván Duque en $4.337 y hoy, 4 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es de $3.334,93, es decir mil pesos menos.

Así ha sucedido con cada uno de los indicadores económicos, el desempleo se encuentra en cifras históricamente bajas (8 % ); se pagó la deuda del Fondo Monetario Internacional FMI que había adquirido Duque (5.400 millones de dólares) a un corto/mediano plazo para la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 (dinero que presuntamente fue a parar a los bolsillos de un candidato del Centro Democrático para la campaña 2022); la inflación bajó a 5,84% y la población aumentó el consumo de bienes y servicios básicos; tanto la extrema pobreza como la pobreza monetaria disminuyeron.

También, la política social tuvo resultados significativos y positivos: disminuyó el índice de mortalidad en neonatales y en madres gestantes y lactantes, aumentaron los subsidios a poblaciones como madres cabeza de hogar, jóvenes y adulto mayor; cambió el modelo de financiamiento con matrícula cero en la educación pública y la fórmula para calcular el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) permitiendo un crecimiento de su presupuesto más acorde a su necesidad.

Los profesionales residentes de la medicina, los aprendices SENA y los jóvenes que prestan el servicio militar ahora tienen una bonificación mensual de 1 SMMLV. Se fortaleció la política de distribución de tierras en Colombia sin expropiación, con la anuencia de terratenientes, ganaderos y propietarios rurales y a través de la alianza estratégica con la Sociedad de Activos Especiales.

También se recordó la importancia de la salud publica en Colombia con la aplicación de un modelo de medicina preventiva en regiones apartadas, e importantes esfuerzos como el buque hospital Benkos Biohó que combina la mejor tecnología con la opción preferencial por los pobres y olvidados del pacífico; a pesar de todos los tropiezos provenientes de los defensores del modelo privatizador, quienes vieron afectadas sus jugosas ganancias.

A pesar que en el mediano plazo Gustavo Petro demostró que era factible combinar democracia, economía de mercado, y gerencia estatal para el desarrollo del país; a pesar que millones de colombianos salieron de la pobreza extrema (aproximadamente 4 millones) y la pobreza monetaria (un millón setecientos mil); a pesar que “no nos volvimos como Venezuela o como Cuba”; tampoco se implantó “la ideología de género”; ni mucho menos se expropió tierra para la reforma agraria; en paralelo el fantasma del “anticomunismo” y la “afrenta del guerrillero Petro” caló en las conciencias de los Colombianos algunos pobres, otros clase media.

El gobierno Petro enfrentó a gran parte de la institucionalidad, que tomó decisiones en contravía de su proyecto: el Congreso negó dos leyes de financiamiento y redujo el presupuesto de 2026 en 10 billones de pesos; las altas Cortes declaran inconstitucionales puntos centrales de recaudo de la reforma tributaria de 2022 como la no deducción de las regalías del impuesto de renta; el Banco de la República adoptó tasas de interés al alza que hoy se ubican en el 12%. A pesar de todo, una parte importante del gasto público estuvo dirigido a generar medidas de equidad. Aumentó la vinculación laboral con el estado, con rostro de mujer y de población tradicionalmente excluida: hoy hay madres comunitarias que son trabajadoras oficiales en el ICBF, gran logro del gobierno del cambio.

La élite dirigente del país como creadora del “fantasma del comunismo y la ideología de género”, renunció a la decencia que había aparentado hasta la fecha: ¡Cuatro décadas de narcotráfico en el país fueron suficientes! Aparentemente la derecha civilista desapareció y se impuso aquella con presuntos nexos con la mafia y las economías subterráneas.

Es así como la Patria Milagro emerge. Tras unas cuestionadas elecciones, donde para muchos colombianos hubo fraude. Se pudo evidenciar que la campaña ganadora recurrió a toda suerte de estrategias, desde la IA para generar una propaganda mentirosa contra el contendor, posible incurrencia de delitos electorales, hasta cooptación de la población más débil e inerme como las personas con deficiencias cognitivas, enfermedades mentales o adultos mayores institucionalizadas sin red de protección que se vieron circular el 21 de junio haciendo el gesto de “Firmes con la Patria” con la camiseta de la selección de Colombia.

Tras la aceptación del triunfo de ADLE, Iván Cepeda invita a la desobediencia civil ante las posibles acciones inconstitucionales, de pérdida de soberanía, fascismo o autoritarismo, o que resquebrajen la institucionalidad democrática del país. ADLE desaparece de la escena, como lo hizo previo a la segunda vuelta presidencial, su escudero Restrepo en un acto de prestidigitación toma el control del EMPALME para señalar que nada funcionó, que las cifras son mentirosas, que todo es una farsa del gobierno saliente y que es necesario hacer una AUDITORIA FORENSE ANTICORRUPCIÓN.

Por su parte ADLE solo aparece en un video para informar a la opinión pública que cuenta con 60 millones de dólares de un crédito NO reembolsable del BID para el empalme. Toda la opinión pública se conmociona, a excepción de los abelardistas en sus distintas expresiones que van desde el vergonzante hasta el furibundo o integrante irracional de manada que está dispuesto de manera voluntaria a ejecutar la orden de destripar la izquierda, como ya está ocurriendo según denuncias en Puerto López, Meta.

¿Por qué un empalme que es a costo cero valdría 60 millones de dólares, aproximadamente 200.000 millones de pesos? ¿Por qué si existe déficit fiscal se invierte esta suma sin precedentes en un empalme? ¿Por qué el BID le presta dinero a un individuo y no a un gobierno como es la costumbre? ¿Acaso ADLE no conoce el funcionamiento mínimo del estado que lo lleva a hacer afirmaciones con ignorancia supina o está ocultando alguna información asumiendo que su electorado es analfabeto? Importante que el candidato ganador (en unos comicios cuestionados) responda.

Las redes sociales no han parado: Restrepo el “vicepresidente anticorrupción y firme con la Patria”. “Iván Cepeda y 12.708.712 colombianos nos sentimos desconcertados”. ¿Será que la palabra corrupción nació con Petro? ¿Por qué Restrepo se silenció durante el gobierno de Duque del cual participó como Ministro de Hacienda? ¿lealtad ciega a Duque por encima de la Constitución y la ley? ¿Por qué no se pronunció con el escándalo de Centros Poblados, con relación a los vínculos de Duque con José Guillermo Hernández (el ‘Ñeñe’ Hernández), con el escándalo de las marionetas, frente a las irregularidades en la destinación de los recursos de la paz (OCAD-Paz)?, ¿por qué tampoco lo hizo, en relación a la corrupción de la UNGRD en la Reconstrucción de San Andrés y Providencia o incluso frente a los cuestionamientos del uso de los recursos de la pandemia para apalancar campañas políticas? ¿Por qué se le olvidó que su bandera es anticorrupción cuando tramitó un artículo en el Presupuesto General de la Nación que burlaba la Ley de Garantías (LG) en 2022? ¿Por qué no se pronunció frente a su campaña sucia que recurrió a mentiras? Aunque sus votantes no tienen memoraría, todos estos hechos de corrupción se encuentran documentados.

Ahora el vicepresidente electo (con presunto fraude) de manera ceremonial e histriónica en el proceso de empalme que es público por decisión y vocación democrática de Gustavo Petro, presenta ocho alertas estratégicas y financieras: 1) Situación fiscal: Inconsistencias en las cifras de déficit fiscal y la deuda neta frente al PIB, además de dudas sobre la caja proyectada y cuentas por pagar; 2) Paz Total: Preocupación por el manejo de los procesos de diálogo y el control territorial de estructuras criminales; 3) Salud: Incertidumbre sobre el estado financiero y la transición del sistema de salud; 4) Energía: Alertas sobre la estabilidad del sector y el riesgo de crisis energética; 5) Gestión del riesgo: Estado de los preparativos y recursos para contingencias climáticas y desastres; 6) ICBF: Preocupación por las cifras de reclutamiento de menores y la situación operativa del instituto; 7) Tierras: Manejo y transparencia en los procesos de entrega y restitución de tierras. 8) Litigios de la ANI: Riesgo fiscal contingente derivado del aumento de pretensiones en tribunales de arbitramento (con demandas por más de $18 billones).

Al respecto Germán Ávila, ministro de Hacienda del gobierno saliente, entre otros aspectos responde: 1) Invita al gobierno entrante a hacer un empalme técnico y no “espectáculo”. 2) Señala que las cifras que maneja Restrepo corresponden a las especulaciones de los medios de comunicación y no a la información oficial; 3) Recuerda que todos los datos se recaban con una metodología estandarizada, por el momento se tiene fecha de corte del primer trimestre del año 2026 y se proyecta entregar actualizado al segundo trimestre a mediados de julio; 4) Que el presupuesto 2027 tiene varios momentos de elaboración de acuerdo a la norma, y por tanto el primer anteproyecto que se presenta en abril no cuenta con la actualización de la regla fiscal de mediano plazo. Esto es de público conocimiento.

Por su parte 12.708.712 colombianos leemos entre líneas la alocución del nuevo agente anticorrupción:

1) Situación fiscal: entre otros aspectos surge de la incongruencia del Congreso, aprobar el presupuesto, sin aprobar la Ley de Financiamiento. Durante los cuatro años de gobierno hubo una oposición férrea a la justicia tributaria; en todo caso, el gobierno Petro aun remando contra corriente, tuvo un manejo responsable de la economía, a cierre de 2025 la deuda neta del gobierno nacional fue del 58,6% del producto interno bruto, por debajo del máximo registrado en la pandemia (60,7%) y ha cumplido puntualmente con el servicio de la deuda; luego no es cierto que haya una crisis financiera sin precedentes. ¿Cuál es el motivo para orquestar en la opinión pública que el gasto del estado es descontrolado? ¿ADLE propone reducir el Estado porque financieramente es inviable o porque viene a intensificar el modelo neoliberal para generar mejores oportunidades de negocio a agentes privados? El Banco J Morgan ya emitió el informe “Tigre” donde califica a Colombia tras el triunfo cuestionado de ADLE como un país favorable para la inversión de capitales extranjeros en torno a los commodities exchange, la precarización laboral y la flexibilización en la regulación ambiental.

2) Paz Total: las bandas delincuenciales se encuentran articuladas a la Junta Internacional del Narcotráfico, y se expresan en varios países incluidos los que tienen gobierno de derecha como Ecuador y de izquierda como México, luego no es un fenómeno exclusivo de Colombia; es necesario avanzar en la legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de los cultivos de uso ilícito. De otro lado, llama la atención que concluidas las elecciones culminaron los atentados atribuidos a grupos armados ilegales en Colombia ¿es simple coincidencia? ¿realmente quienes se benefician de su acción criminal?. La guerra no acaba la guerra, tesis que ya fue probada en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, donde se concentra la mayoría de las 7.837 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

3) Salud: Existe un claro debate de la política pública ¿la salud es un derecho o un negocio?; ¿Se debe priorizar la atención del ciudadano o la rentabilidad de la empresa privada? ¿Qué pasó con el suministro de medicamentos en el periodo de la administración Petro? ¿Acaso hubo prácticas de monopolio sobre los medicamentos para socavar la atención en salud? ¿El sistema de salud actual es incapaz de funcionar sin rescate financiero? ¿El modelo de EPS de la Ley 100 es sostenible?

4) Energía: El dilema principal versa en la soberanía, adaptación al cambio climático y transición energética, ¿realmente se necesita el Fracking?, ¿quién asume los pasivos? ¿Quién disfruta las ganancias?

5) Gestión del riesgo: Colombia se encuentra ubicada en el Ecuador, por tanto, sometida a los fenómenos de la variabilidad climática, con los ciclos y afectaciones que se pueden generar. Para el modelo neoliberal la gestión del riesgo es un negocio: Restrepo conoce de cerca la experiencia en el gobierno Duque con la reconstrucción inconclusa de San Andrés y Providencia tras el Huracán Iota, donde una solución de vivienda en materiales de dudosa calidad o procedencia. tuvo costos superiores a 600 millones de pesos, dejando cuantiosas márgenes de ganancia para sus ejecutores y aliados.

6) ICBF: El reclutamiento de menores siempre será considerado como una grave afectación a los derechos humanos, por tanto, hace parte de la política pública generar las acciones para prevenir y/o mitigar el fenómeno y restablecer los derechos de estos menores. Dentro de los aspectos operativos del ICBF se resalta la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras oficiales, lo cual es uno de los principales motivos de orgullo del gobierno del cambio.

7) Tierras: La reforma Agraria en Colombia obedece a una política de la modernidad aplazada desde principios del siglo XX. Los gobiernos liberales de Alfonso López Pumarejo, Carlos Lleras Restrepo, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos adelantaron reformas para la redistribución de la tierra, que fueron consolidadas en el gobierno de Gustavo Petro con el aumento significativos de beneficiarios de reforma agraria como sujetos colectivos (aproximadamente 800 mil de ha entregadas), a través de enajenación voluntaria, entrega de predios del fondo para la reparación de las víctimas, así como los obtenidos por extinción de dominio. Lo anterior sin contar, con la formalización de un millón ochocientos mil hectáreas de la propiedad rural. Posterior a la segunda vuelta, beneficiarios de la reforma agraria han presentado denuncias de amenazas por parte de actores que pretenden defender a sangre y fuego la contra reforma, pues hay que “destripar a la izquierda”.

8) Litigios de la ANI: Los contratos de obra pública en Colombia representan uno de los grados de complejidad más alto, por lo que se requiere reforma de la Ley 80 para otorgar mayores garantías al estado. El aumento en el nivel de litigiosidad es una constante en las entidades que manejan obra pública, independientemente si el gobierno es de izquierda o de derecha y pueden ser heredados de administraciones anteriores.

En conclusión, las ocho alertas estratégicas y financieras presentadas por el gobierno entrante tienen que ver principalmente con el modelo de estado, no con presuntos hechos de corrupción. Es así como 12.708.712 colombianos nos resistimos a que Colombia entre en un nuevo ciclo neoliberal y antiderechos, donde los negocios estén por encima de la vida; donde se le cobren impuesto a la base y no a los millonarios y megamillonarios; donde se implemente el fracking en lugar de promover la búsqueda de fuentes alternativas de energía; donde se tercerice y se precarice el trabajo para la concentración de la riqueza para unos pocos; donde se persiga a los sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Por todo lo anterior, apoyamos la AUDITORÍA FORENSE YA, no al empalme espectáculo de Restrepo “experto en corrupción”(parafraseando la frase de la procuradora Cabello de la casa Char), sino al proceso electoral ampliamente cuestionado que dio como ganador a ADLE; Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvieron 12.708.712 votos reales de personas que apoyan las conquistas sociales del gobierno Petro y/o defienden la institucionalidad democrática , de lo demás no se tiene certeza y hay un manto de duda.

Por Blanca Elvia Sánchez, opinadora popular.