Falsos audios pretenden comprometer la campaña de Iván Cepeda
“Colombia enfrenta hoy una decisión histórica. Aprender de las tragedias del pasado y proteger la pluralidad democrática, o volver a deslizarse hacia la lógica oscura de la persecución política disfrazada de información”.
17 de marzo de 2026
Hugo René Orejuela. KontraPortada.
Colombia vuelve a encontrarse frente a uno de los fantasmas más peligrosos de su historia política, la utilización de campañas mediáticas, acusaciones sin sustento y operaciones de desprestigio para destruir moral y políticamente a quienes representan proyectos alternativos de poder.
Las recientes informaciones difundidas por medios corporativos y redes sociales sobre unos audios de un supuesto grupo armado ilegal respaldando la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda Castro, no pueden analizarse como un hecho aislado o simplemente periodístico. El problema no radica únicamente en la existencia de versiones, rumores o filtraciones.
El verdadero peligro aparece cuando este tipo de contenidos son presentados de manera sesgada, sin contexto, sin verificación rigurosa y con una clara intencionalidad política orientada a sembrar sospecha sobre una candidatura progresista en pleno escenario electoral.
En momentos que la candidatura de Cepeda presenta un importante porcentaje en intención de voto en las encuestas verificables y los candidatos de la ultra derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia luchan codo a codo por llegar a como de lugar a una segunda vuelta electoral.
En Colombia, ese tipo de prácticas no son nuevas. Existe una larga y dolorosa tradición donde la estigmatización política ha servido como antesala de la violencia física.
La historia nacional demuestra que señalar públicamente a dirigentes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos o líderes de izquierda como supuestos aliados de grupos armados o considerados como, “enemigos internos” ha terminado alimentando persecuciones, amenazas, exilios y asesinatos. Lo ocurrido con la Unión Patriótica sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país.
El exterminio de la Unión Patriótica no fue producto de hechos espontáneos ni de simples excesos individuales. Fue la consolidación de una maquinaria de terror político donde confluyeron sectores del Estado, estructuras paramilitares, narcotráfico, élites políticas regionales y organismos de inteligencia bajo la lógica de eliminar cualquier posibilidad de transformación democrática desde sectores populares y de izquierda.
Miles de militantes, alcaldes, congresistas, concejales, líderes comunitarios y candidatos presidenciales fueron asesinados en medio de una narrativa que los señalaba constantemente como aliados de la insurgencia. Primero vino la estigmatización mediática y política; después llegaron las balas.
Por eso resulta profundamente irresponsable que en pleno 2026 ciertos sectores vuelvan a jugar con fuego en medio de una campaña presidencial marcada por una fuerte polarización política. Los candidatos de la ultra derecha en medio de esta campaña están utilizando señalamientos que fomentan el odio en lugar de argumentos válidos que determinen la confianza de sus electores.
Iván Cepeda no es solamente un dirigente político. Es uno de los principales defensores de derechos humanos del país, hijo de una víctima del terrorismo Estado político colombiano y una de las voces que más ha insistido en la necesidad de verdad, memoria y reconciliación nacional. Durante décadas ha acompañado procesos de víctimas, investigaciones sobre paramilitarismo y denuncias contra estructuras criminales enquistadas en el poder.
Aida Quilcué, por su parte, representa la resistencia histórica de los pueblos indígenas y la lucha social desde los territorios. Su liderazgo ha estado ligado a la defensa de la vida, la tierra y los derechos colectivos de las comunidades históricamente excluidas.
Intentar asociar de manera irresponsable sus candidaturas con estructuras armadas ilegales no solo afecta su imagen política. También pone en riesgo su seguridad personal y la estabilidad democrática del país. En una nación con el historial de violencia política de Colombia, las palabras, acusaciones infundadas y señalamientos, tienen consecuencias.
Los medios de comunicación tienen la obligación ética de informar con rigor, equilibrio y responsabilidad. Pero cuando ciertos sectores mediáticos actúan como actores políticos más que como periodistas, el periodismo deja de cumplir una función democrática y termina convirtiéndose en un instrumento de confrontación y manipulación.
El problema es todavía más grave en un contexto donde las redes sociales amplifican rumores, fragmentos de información descontextualizada y campañas emocionales diseñadas para destruir reputaciones en cuestión de horas. La política contemporánea ya no se libra únicamente en plazas públicas o debates ideológicos; hoy también se disputa desde laboratorios de desinformación y estrategias de miedo.
Y precisamente ahí radica el enorme riesgo para Colombia. Porque cuando se normaliza nuevamente la idea de que un candidato progresista debe ser asociado permanentemente con el terrorismo, el caos o la amenaza armada, se comienza a construir un clima social peligroso donde algunos sectores terminan justificando la eliminación moral, judicial o incluso física del adversario político.
Eso ya ocurrió en el pasado, y Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de transformar al adversario político en un enemigo al que se debe perseguir, silenciar o eliminar.
La democracia no puede construirse sobre montajes, insinuaciones o campañas de odio. Una sociedad democrática se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante ideas, propuestas y debate político limpio, no mediante operaciones de desprestigio orientadas a sembrar miedo y odio colectivo.
Colombia enfrenta hoy una decisión histórica. Aprender de las tragedias del pasado y proteger la pluralidad democrática, o volver a deslizarse hacia la lógica oscura de la persecución política disfrazada de información.
Por eso, defender hoy las garantías democráticas para Iván Cepeda, Aida Quilcué y cualquier otro actor político no significa necesariamente compartir todas sus posiciones ideológicas. Significa algo mucho más profundo, defender el derecho en Colombia a debatir sobre su futuro sin volver al terror político que durante décadas ensangrentó al país.
Porque cuando la mentira se utiliza como arma política, no solo se intenta destruir una candidatura; lo que realmente se pone en riesgo es la democracia misma, la convivencia social y el derecho de un pueblo a decidir su futuro sin miedo, odio ni violencia.
