las víctimas en el centro de la historia, la disputa por la memoria y el futuro de la paz en Colombia
¿Está Colombia dispuesta a sostener un modelo de paz que pone a las víctimas en el centro, o volverá a una lógica donde la estabilidad se construye a costa del olvido?
12 de abril de 2026
Hugo René Orejuela. KontraPortada
Cada 9 de abril, Colombia no solo conmemora a las víctimas del conflicto armado. Se enfrenta, una vez más, a su propia historia. Una historia atravesada por la violencia, la exclusión y la negación sistemática del otro, pero también por la resistencia silenciosa de millones de personas que, en medio del horror, han pensado en la posibilidad de un país distinto.
El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas no es una fecha simbólica más. Es un recordatorio político de que la paz en Colombia no puede construirse sin reconocer a quienes han cargado el peso de la guerra. Y en ese sentido, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP marcó un giro histórico; por primera vez, las víctimas dejaron de ser un actor marginal para convertirse en el eje central de un proceso de negociación.
Durante décadas, los acuerdos de paz en el mundo se construyeron sobre una lógica pragmática, poner fin a la guerra a cualquier costo, incluso si eso implicaba sacrificar la verdad y la justicia. América Latina y Europa ofrecen ejemplos claros de este enfoque.
El acuerdo de paz con el M-19 en 1990, aunque fundamental para la apertura democrática en Colombia, no incorporó un sistema robusto de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Fue un proceso centrado en la reintegración política, pero limitado en su capacidad de sanar las heridas del conflicto.
En Centroamérica, los acuerdos de Contadora y los procesos de paz en países como El Salvador y Guatemala lograron poner fin a guerras devastadoras, pero lo hicieron bajo esquemas donde la impunidad fue, en muchos casos, el precio de la “estabilidad”. La justicia quedó subordinada a la urgencia de terminar los conflictos.
El caso de Irlanda del Norte, con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, es igualmente revelador. Si bien logró una transformación política profunda y una reducción significativa de la violencia, dejó abiertas múltiples heridas relacionadas con la verdad y la rendición de cuentas.
Frente a estos antecedentes, el acuerdo de paz colombiano de 2016 introdujo un elemento disruptivo, la centralidad de las víctimas como condición de legitimidad del proceso.
La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, representa un intento sin precedentes en la región de equilibrar paz y justicia.
No se trata de una justicia tradicional, sino de una justicia transicional que busca reconocer responsabilidades, reconstruir la verdad histórica y ofrecer mecanismos de reparación. En el centro de este sistema está una idea fundamental, sin verdad no hay reconciliación, y sin reconocimiento de las víctimas no hay paz sostenible.
La Comisión de la Verdad permitió escuchar miles voces que durante décadas fueron silenciadas. La JEP abrió un espacio para que actores armados, tanto estatales y paraestatales, como insurgentes, respondan por sus crímenes. El Centro de Memoria, por su parte, ha sido un instrumento clave para preservar el relato histórico frente a intentos de negación o distorsión.
Este enfoque no es perfecto. Ha enfrentado críticas, limitaciones y tensiones. Pero su existencia marca una diferencia sustancial frente a otros procesos donde la paz se construyó sobre el olvido.
Sin embargo, el reconocimiento de las víctimas y la implementación del acuerdo no han estado exentos de confrontación. Desde su firma, sectores de la derecha han cuestionado, debilitado y, en muchos casos, intentado deslegitimar el proceso.
La narrativa de “hacer trizas” el acuerdo no fue una metáfora. Fue y sigue siendo, una estrategia política orientada a desmontar sus pilares fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la justicia transicional y el reconocimiento de responsabilidades, donde el juego de intereses de la derecha son profundos.
En esta disputa, las víctimas vuelven a estar en el centro. No solo como sujetos de derechos, sino como campo de batalla simbólico. Mientras unos defienden su papel como base de la reconciliación, otros las instrumentalizan o minimizan en función de intereses políticos.
A pesar de estas tensiones, el reconocimiento de las víctimas sigue siendo uno de los logros más significativos del proceso de paz colombiano. No como un gesto de reparación suficiente, que aún está lejos de concretarse plenamente, sino como un principio ético y político.
La memoria no es un ejercicio del pasado. Es una herramienta para el presente y el futuro. Recordar no es abrir heridas, como suelen argumentar algunos sectores, sino evitar que se repitan.
La resiliencia de las víctimas, su capacidad de transformar el dolor en exigencia de verdad y justicia, es, quizás, uno de los activos más poderosos de la sociedad colombiana. En un país donde la violencia ha sido recurrente, esa resiliencia es también una forma de resistencia. Es destacar el lugar de las víctimas en la construcción de una paz duradera.
El 9 de abril no es un punto de llegada. Es una pausa para evaluar en qué punto está Colombia en su camino hacia la implementación integral del acuerdo de paz. El acuerdo de 2016 abrió una posibilidad histórica, pero su consolidación depende de decisiones políticas concretas, de voluntad institucional y de la capacidad de la sociedad de defender lo avanzado.
La pregunta que atraviesa esta conmemoración es una piedrita en el zapato, pero necesaria: ¿está Colombia dispuesta a sostener un modelo de paz que pone a las víctimas en el centro, o volverá a una lógica donde la estabilidad se construye a costa del olvido? En su respuesta no solo se debe definir el legado del acuerdo de paz. Se debe definir, en buena medida, el tipo de país, cual es la Colombia que queremos.
