27 de septiembre de 2026.

Por Sain jeí, KontraPortada.

En las últimas semanas, en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha desarrollado lo que podría caracterizarse como el piloto militar del gobierno de Abelardo de la Espriella. Este ofrece un primer abrebocas de las prácticas militaristas con las que el nuevo Gobierno nacional parece dispuesto a asumir la conflictividad armada, incluso con el riesgo de pasar por encima de las comunidades y de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Abelardo de la Espriella, quien pareciera verse a sí mismo como Tom Cruise en una película de acción, ha liderado y orientado una ofensiva militar contra los denominados “objetivos de alto valor” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta ofensiva ha contribuido a intensificar la conflictividad armada en la Sierra Nevada de Santa Marta y en municipios aledaños de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Desde la década de 1970, con el surgimiento de ejércitos privados vinculados a la protección de la bonanza marimbera, puede rastrearse una presencia continua de actores y proyectos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos no se han limitado al ejercicio de la violencia, sino que, en distintos momentos, se han constituido en estructuras de ejercicio efectivo de gobierno local, paralelas o superpuestas a los gobiernos municipales estatales. Son cerca de cincuenta años de presencia armada y de distintas formas de gobierno militar-local.

Las ACSN surgieron como una “empresa” criminal heredera de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente del Frente Resistencia Tayrona. Entre la desmovilización de las AUC y la constitución formal de las ACSN, la Oficina Caribe y Los Pachencas aparecen como sus antecedentes organizativos más directos.

Tras el proceso de dejación de armas de las antiguas FARC-EP en 2017, los proyectos armados que posteriormente se condensaron en las ACSN adquirieron una suerte de posición hegemónica en términos de control territorial y ejercicio efectivo de gobierno local en distintas zonas de la Sierra Nevada. Este proceso ha estado acompañado de confrontaciones recurrentes por la disputa de dicho control, especialmente con el Clan del Golfo.

A pesar de que Santa Marta está constituida como Distrito Turístico, Cultural e Histórico, condición que le permite acceder a recursos de la Nación, y de que durante los últimos años se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país, el territorio acumula profundas desigualdades estructurales. En ellas se reproducen las condiciones económico-políticas que posibilitan la persistencia de los actores armados, particularmente mediante la subordinación y vinculación de sectores juveniles excluidos de los circuitos económicos legales de la región.

Con ocasión de esta conflictividad social y armada, el gobierno de Gustavo Petro impulsó un Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) con las ACSN, que funcionó formalmente entre agosto de 2024 y agosto de 2026, cuando Abelardo de la Espriella lo revocó mediante la Resolución No. 349 del 28 de agosto de 2026. Se trató, así, del primer ECSJ revocado por el actual gobierno.

En desarrollo de este espacio, el Gobierno nacional y las ACSN suscribieron dos acuerdos: uno relativo al funcionamiento del ECSJ y otro dirigido al desescalamiento de las violencias. Este último incorporó compromisos específicos relacionados con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, particularmente con disposiciones contenidas en el Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de Ginebra.

Asimismo, durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían identificado y adelantado acciones relacionadas con 507 proyectos de transformación territorial en Dibulla, La Guajira, y en Santa Marta y Ciénaga, Magdalena. En principio, estos proyectos estarían orientados a intervenir algunas de las condiciones de desigualdad estructural que han contribuido a la reproducción de la conflictividad armada en la región.

En este punto conviene recordar que el DIH reconoce la categoría de conflicto armado no internacional (CANI). Su existencia se determina fundamentalmente a partir de dos criterios: i) el grado de organización de las partes armadas, que supone examinar elementos como la existencia de una estructura de mando y su capacidad para desarrollar operaciones militares sostenidas y concertadas; y ii) la intensidad de las hostilidades, que puede observarse a partir de factores como la cantidad, recurrencia y frecuencia de los enfrentamientos, la gravedad de los ataques, el tipo de armamento utilizado y sus consecuencias humanitarias, entre otros elementos.

Lo anterior resulta relevante porque, aunque las ACSN han sido catalogadas como grupo armado organizado por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja no las ha reconocido como parte de alguno de los CANI que identifica actualmente en Colombia. En ese sentido, este piloto militar del gobierno de Abelardo de la Espriella se estaría desarrollando en un escenario que, hasta ahora, no ha alcanzado el umbral de intensidad y organización requerido para ser clasificado de esa manera. Cabe preguntarse, entonces, cuáles podrían ser las consecuencias de replicar una estrategia semejante en territorios donde sí existen CANI reconocidos y donde la intensidad de las hostilidades y las capacidades militares de las partes son considerablemente mayores. Los efectos humanitarios y sobre el orden público podrían adquirir allí una dimensión distinta.

Ahora bien, ¿por qué Abelardo de la Espriella habría comenzado precisamente por la Sierra Nevada? Mi hipótesis es que uno de los principales factores corresponde a una convergencia y subordinación estratégica respecto de los intereses de Estados Unidos, particularmente en materia de extradición, narcotráfico y por el carácter geoestratégico de Santa Marta en el Caribe.

En su alocución del 26 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella señaló que procedería con la extradición de cinco integrantes de grupos armados organizados cuya extradición había sido concedida durante el gobierno de Gustavo Petro, pero cuya entrega había sido diferida mientras participaran en mesas de diálogo de paz o espacios de conversación sociojurídica. Entre estas cinco personas se encontrarían dos de los principales dirigentes de las ACSN: los hermanos Carmen Evelio Castillo y Freddy Castillo.

El primero, según información del INPEC, se encontraría privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá D. C. El segundo sería actualmente uno de los principales objetivos de las operaciones militares desarrolladas en la Sierra Nevada de Santa Marta y, de acuerdo con la mencionada alocución presidencial, tendría igualmente aprobada su extradición.

Existe, además, una dimensión territorial que no puede desconocerse. Desde la bonanza marimbera de la década de 1970, la Sierra Nevada ha constituido un corredor estratégico para el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas. Su ubicación permite articular el mar Caribe con corredores terrestres hacia la Serranía del Perijá y, más ampliamente, con las dinámicas fronterizas del nororiente colombiano. En el Catatumbo, además, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre presencia o reductos asociados a las ACSN. Desde la perspectiva de la política hemisférica de seguridad de Estados Unidos, por tanto, este territorio puede adquirir —cuando menos en el plano estratégico y discursivo— una importancia particular para el control de las economías ilegales y de las rutas del Caribe.

Hay, además, una segunda hipótesis, mucho más especulativa y que debe ser tratada expresamente como tal. No debería perderse de vista la relación histórica entre determinadas intervenciones internacionales de Estados Unidos, la apertura de nuevos espacios para la acumulación de capital y la disputa por territorios y recursos estratégicos. Bajo el gobierno de Donald Trump, esta relación ha adquirido expresiones particulares alrededor de minerales estratégicos, tierras raras, infraestructura y grandes proyectos inmobiliarios y turísticos.

A partir de ello podría plantearse, únicamente como hipótesis de seguimiento y no como una relación actualmente demostrada, si una mayor militarización y transformación del control territorial en Santa Marta podría terminar generando condiciones favorables para nuevos proyectos de inversión turística y de capital extranjero. Por ahora, sin embargo, no existen elementos suficientes para afirmar una relación causal entre la actual ofensiva militar y eventuales proyectos turísticos estadounidenses. Se trata, más bien, de una línea de análisis que tendría que contrastarse con el comportamiento futuro de la inversión, la propiedad y los proyectos de desarrollo territorial en la región.

Finalmente, existe un elemento político-electoral que tampoco debería excluirse del análisis. Durante la última década, el departamento del Magdalena se ha convertido en un territorio significativo para proyectos políticos alternativos al establecimiento regional tradicional. Independientemente de las críticas que puedan formularse a su trayectoria, Fuerza Ciudadana, liderada por Carlos Caicedo, consiguió construir allí un importante arraigo electoral y organizativo. Cualquier interpretación sobre los efectos políticos de la intervención militar debería considerar también esta configuración territorial del poder, aunque ello no permita, por sí mismo, atribuir una motivación electoral a las operaciones militares.

En síntesis, la intervención militar en la Sierra Nevada de Santa Marta, justificada alrededor de operaciones contra “objetivos de alto valor” y atravesada por las presiones estadounidenses en materia de lucha contra el narcotráfico y extradición, puede analizarse dentro de un proceso de mayor alineamiento de la política de seguridad colombiana con Estados Unidos. En el corto plazo, aparecen objetivos concretos relacionados con capturas y extradiciones; en un horizonte más amplio, se encuentra la disputa por el control de corredores estratégicos de economías ilegales —entendiendo que control no significa necesariamente desaparición de dichas economías— y, como hipótesis todavía por demostrar, las posibles transformaciones de las condiciones territoriales para nuevos enclaves de acumulación de capital. Todo ello ocurre, además, sobre un territorio cuya base social ha mostrado durante los últimos años una importante inclinación hacia alternativas políticas de izquierda y progresistas.

Sin embargo, hay un último elemento que resulta especialmente preocupante. La intervención de las Fuerzas Militares, acompañada por una propaganda gubernamental grandilocuente, pareciera estar desarrollándose con un importante grado de improvisación operacional y política. Donde se han incorporado la utilización aviones kfir, lo cual de por si resulta costosa y totalmente infeciente en términos operativos para la situación específica.

Tras las muertes, en circunstancias que requieren ser esclarecidas, de Naín, conocido como “Bendito Menor”, y de “Cholo” —este último, además de ser oriundo de la región, habría desempeñado un papel político significativo dentro de la estructura—, la situación de seguridad se ha deteriorado considerablemente sin que resulte evidente la existencia de una capacidad estatal suficiente para contener las consecuencias de la propia ofensiva. En términos coloquiales: se está incendiando Santa Marta sin que aparezca con claridad una estrategia contingente para controlar el incendio.

Más grave aún, han surgido denuncias sobre posibles afectaciones al Derecho Internacional Humanitario y, particularmente, al principio de distinción entre quienes participan directamente en las hostilidades y la población civil. Entre los episodios que requieren esclarecimiento se encuentran muertes inicialmente presentadas como bajas de integrantes de la estructura cuya pertenencia posteriormente habría sido controvertida —incluido el caso de una persona inicialmente identificada como supuesto hijo de Freddy Castillo, versión posteriormente desmentida por el propio ministro de Defensa—, así como capturas de mototaxistas señalados de pertenecer a las ACSN.

Si estas denuncias se confirman, el problema trasciende la discusión sobre la eficacia militar de la ofensiva. Lo que estaría en juego sería el modo mismo en que el nuevo gobierno pretende administrar la conflictividad armada: privilegiando la producción rápida de resultados operacionales y propagandísticos sobre la construcción de capacidades estatales territoriales, el tratamiento de las condiciones sociales que reproducen la violencia y las garantías humanitarias de las comunidades que llevan décadas habitando en medio de sucesivos proyectos armados.